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Doctrina

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Código Unívoco
746
Revista
Penal y Proc. Penal
Número
162
Título
LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA: UN MECANISMO ALTERNATIVO DE REVALORIZACIÓN DE LA VÍCTIMA.
Autor
Marcela Meana
Texto

Sumario: 1. Introducción. 2. Fin de la pena. 3. Legalidad vs. oportunidad. 4. La suspensión del juicio a prueba: 4.1. Requisitos legales. 5. La víctima: 5.1. Revalorización de la víctima; 5.2. Orden constitucional; 5.3. La víctima y su participación en el proceso. 6. Reparación del daño causado: 6.1. Alcance jurisprudencial del TSJ de Córdoba. 7. Juez de Ejecución Penal. 8. A modo de cierre.


 


1. Introducción


En el presente trabajo analizamos el instituto de la suspensión del juicio a prueba. A tal fin, realizamos un breve panorama sobre el instituto en estudio, y en relación con ello, valoramos cuál es la situación procesal de la víctima y la posibilidad de resarcimiento por las consecuencias sufridas de una infracción punible en el proceso penal.


En referencia a la intervención de víctima en el proceso penal, entendiendo esta desde las primeras intervenciones policiales en la averiguación sumaria de los hechos hasta la propia ejecución de la pena, consideramos que las tradicionales figuras como la del actor civil, querellante particular, en los delitos de acción publicas no satisfacen plenamente sus derechos.


Expresa Bovino, “con frecuencia el interés de la víctima no consiste en la imposición de una pena sino, en cambio en una reparación por las lesiones o los daños causados por el delito” (Bovino. A: 2001:127). De tal forma, a pesar de las mencionadas instituciones, la víctima queda al margen del proceso penal y, consecuentemente del derecho a la reparación del daño causado por el delito.


A partir de lo dicho, se advierte la necesidad de incorporar de alternativas jurídicas de solución de los conflictos intersubjetivos, que representen los derechos de la victima.


Es por ello que creemos acertada la afirmación de Bovino al sostener que: “La ventaja de los mecanismo reparatorios como la suspensión del procedimiento penal del Código Penal consiste en que se pretende procurar a la victima una satisfacción lo más rápida y efectiva posible de sus reclamos de reparación. Frente a esto, las consideraciones acerca del fin de la pena, en su sentido tradicional, deben ceder el paso…En este sentido, la reparación como respuesta alternativa representa el quiebre de uno de los elementos más característicos del derecho penal estatal: la reacción punitiva como única y exclusiva solución” (Bovino. A: 2001:127).


 En este breve análisis pretendemos impulsar a la reflexión sobre la problemática que plantea la utilización de dicha alternativa, y en la medida de lo posible dar a conocer la literatura jurídica consultada, al tiempo que se esbozan criterios jurisprudenciales sobre el instituto bajo estudio.


 


2. Fin de la pena


El derecho penal a fin de proteger subsidiariamente los bienes jurídicos y consecuentemente, el mantenimiento del orden social, establece qué conductas pueden ser amenazadas con pena por el Estado. Resaltando que la función de las normas penales no debe ser confundida con la finalidad de la pena (Roxin: 1993).


Con referencia al fin de la pena, de modo sintético citamos tres concepciones: a) La teoría de la retribución, conocida desde la antigüedad y vigente en la conciencia del lego: la pena debe ser justa. A través de la imposición de un mal, la culpabilidad que el autor carga sobre sí como consecuencia de su accionar delictivo es retribuida en forma justa. b) La teoría de la retribución general, según la cual, la pena no actúa específicamente sobre el condenado, por el contrario influye sobre la generalidad, a la cual se le debe enseñar a través de amenazas penales y de la ejecución de las penas lo relativo a las prohibiciones legales, y disuadirla de su infracción. c) La teoría de la prevención especial, posición contraria a la teoría de la retribución. La misión de la pena es la prevención, dirigida al autor individual, “resociabilizándolo”, “reeducándolo” o logrando su “reinserción social” o “corrección” (Roxin: 1993: 15 a 27).


Como expresamos, la pena de prisión y capacidad de reinserción social del autor del hecho delictivo está en crisis, lo impulsa la búsqueda de nuevas alternativas que consideren la necesidad de resarcimiento de la víctima y la necesidad de resocialización del victimario.


En nuestro derecho vigente, la reparación de perjuicios es una consecuencia del delito de naturaleza civil, resuelta en el proceso penal solo si la víctima formula oportunamente la petición correspondiente. De tal modo, las reglas que refieren a la reparación del daño se limitan, en relación a la temática en estudio, como requisito de otorgamiento de la petición de la suspensión del juicio a prueba (art. 76 bis, párr. 3°, CP), previéndola como condición de la extinción de la acción penal (art. 76 ter, párr. 3°, CP) (Righi, E.: 2007:62).


 


3. Legalidad vs. oportunidad


Nuestro sistema de administración de justicia penal se caracteriza en atribuir la persecución penal al Estado (art. 71, CP). Constituye una excepción al monopolio del Estado en la persecución penal, los delitos de acción privada (art. 73, CP), en cambio, no es una excepción a la regla la instancia privada (art. 72, CP), pues la ley solo subordina el inicio de la persecución penal a una manifestación de voluntad de la víctima, una vez iniciada la acción la persecución continúa siendo pública (oficial).


El art. 71 del CP dispone de modo imperativo “Deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepción de las siguientes:


1. Las que dependieren de instancias privada;


2. Las acciones privadas.


De tal modo, establece el principio de legalidad como regla general.


Asimismo, el art. 274 del CP reprime la conducta del funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, dejare de promover la persecución y represión de los delincuentes, será reprimido con inhabilitación absoluta de seis meses a dos años, a menos que pruebe que su omisión provino de un inconveniente insuperable.


Paul Johann Anselm Von Feuerbach en el ámbito del derecho penal estableció este principio fundándose en la formulación latina nullum crimen, nulla poena sine praevia lege, es decir, no hay delito ni pena sin ley previa. La intimación al potencial delincuente exige saber qué conductas son calificadas como delito con anterioridad a la realización de esa conducta, y también, la clase y gravedad de la pena con la que será sancionada.


También desde el ámbito estrictamente procesal es conocido el significado que adquiere el principio de legalidad. En tal sentido, solo es el Estado quien debe investigar y penalizar todo delito del que toma conocimiento


El art. 18, párr. 1° de la CN consagra el principio de legalidad al formular que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa”. Por su parte, el art. 19 in fine, de la Carta Magna, complementa lo establecido en el art. 18, diciendo que “…ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.


Este principio está considerado en el Código Procesal Penal como una garantía fundamental, ya que en su art. 1° establece que “Nadie podrá ser juzgado sino en virtud de un proceso previamente tramitado con arreglo a este Código, ni juzgado por otros jueces que los instituidos por la ley antes del hecho y designados de acuerdo con la Constitución Provincial…”.


Como se advierte, en forma conjunta a la exigencia de ley previa, que supone la legalidad en sentido formal, la normativa constitucional prevé la legalidad procesal, que reconoce la exigencia de un juicio previo como condición ineludible para la aplicación de la pena.


La Constitución de Córdoba en su art. 171 establece, que el Ministerio Público ejerce sus funciones con arreglo a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica. La norma se integra señalando que el Fiscal General fija las políticas de persecución penal e instruye a los fiscales inferiores sobre el cumplimiento de sus funciones conforme a los principios relacionados, con arreglo a la ley.


Sin embargo, la realidad demuestra que el principio de legalidad no tiene plena efectividad. Podemos hablar de una selección práctica, algunas veces carente de todo criterio racional. Ello no es caprichoso, atento la gran cantidad de causas en trámite y la insuficiencia de recursos humanos y materiales para investigar y juzgar; Podemos mencionar también que los operadores judiciales ante el gran volumen de trabajo acumulado dejan de lado delitos menores o aquellos en los que la víctima no ejerce presión, la posibilidad de llegar a un juicio abreviado o de sobreseimiento por cualquiera de las causas enumeradas en el art. 348 del CPP.


Enseña Maier, que el proceso de selección comienza por los canales de información del sistema, en tal sentido, es la víctima del delito, fuente esencial de información, quien puede colocar el primer gran obstáculo, sea por falta de interés en la persecución y especialmente por desconocer que ha sido afectada por un delito (Maier, J.: 2002)


El Tribunal Superior de Justicia por Acuerdo Reglamentario sostuvo “La inclusión de la categoría de causas con prioridad de juzgamiento obedece a que esta preponderancia deriva de delitos relacionados con Convenciones Internacionales de estatus constitucional, de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, de Instrucciones de Fiscalía General o bien de los criterios que los magistrados y funcionarios del Fuero Penal que aplican en la selectividad de los procesos. En la actualidad si estos procesos no encuadran en las categorías en uso, pueden resultar inadvertidos entre la ingente cantidad de causas y para ello resulta imprescindible su individualización.”


En similar sentido señala Tarditti “…la común conciencia que ningún sistema judicial puede absolver la totalidad de los casos que se le presentan y la realidad que muestra que los jueces emplean criterios discrecionales de selección no siempre razonables, fueron los que posibilitaron que se instalara un clima de consenso para introducir la suspensión de la acción penal para la franja de delitos leves, permitiendo que la actividad de los tribunales se concentraran en aquellos de mayor impacto vulnerante “ (Tarditti, A.: 1994:39).


Clara expresión del principio de oportunidad es la creación, por Acuerdo Reglamentario Nº 1010 de fecha 22 de junio del año 2010, de la Oficina de Fiscales en el centro judicial de la ciudad de San Francisco conformada por tres áreas a) Área de atención inmediata b) Área de casos de flagrancia y ejecución c) Área de investigación de casos complejos. La mencionada oficina, se integra por todos los Fiscales de Instrucción y el Fiscal de Cámara, junto a Secretarios y Auxiliares, de tal modo desaparece la división de empleados por Fiscalía.


Como se ve, es un intento práctico de la justicia como forma de prevenir arbitrariedades que pudiesen derivar de la imposibilidad de una persecución penal pública de alcanzar la totalidad de acciones presuntamente delictivas que se denuncian.


Planteado así el tema, en nada se aleja de la realidad la necesidad de incorporar criterios de oportunidad reglada tanto en la “ley penal sustantiva como procesal”.


El principio de oportunidad implica que la ley acuerda a los titulares de la acción penal, por razones de política criminal o procesal, la posibilidad de no iniciar la persecución penal, de suspender provisoriamente la iniciada o en su defecto hacerla cesar definitivamente ante la sentencia. Los criterios de oportunidad priorizan otras soluciones por sobre la aplicación de la pena, así la reparación de la víctima o la resocialización del autor por tratamientos alternativos.


Encontramos manifestaciones del principio de oportunidad en el juicio abreviado inicial (art. 356, CPP); en el juicio abreviado durante la etapa de juicio (art. 415, CPP) y en la suspensión del juicio a prueba (art. 76 bis, ter y quater, CP).


 


4. La suspensión del juicio a prueba


La ley 24.316, promulgada y publicada en el mes de mayo de 1994, incorporó al Código Penal los arts. 76 bis, 76 ter y 76 quáter, regulando el instituto de la suspensión del juicio a prueba. Asimismo, la ley 24.316 introdujo otra causal de extinción de la acción penal, no enumerada por el art. 59 del CP y destinada a los delitos de acción pública.


La suspensión del juicio a prueba, como enseña Lascano, es conocida con la denominación equivocada de probation, tomada del derecho anglosajón (Lascano, C: 2003:128). Vitale explica que “...la llamada probation alude normalmente a un sistema de prueba aplicable a personas condenadas por sentencia firme y no a quienes se encuentran meramente sometidas a proceso”. A continuación, expresa que es conveniente designar el instituto en estudio como suspensión del proceso penal a prueba, reemplazando el término juicio por proceso, “... porque este último implica la posibilidad de paralizar el trámite en la etapa procesal que se considere conveniente.” (Vitale, G.: 2004: XIX).


En relación con la pena a tener en cuenta para la procedencia de la suspensión del juicio, la respuesta no es sencilla ya que “…conviene recordar que la deficitaria técnica legislativa que campea en la redacción de la ley 24.316 es, sin duda, generadora de cantidad de interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales contradictoria entre sí…” (considerando 1º del plenario “Kosuta” resuelto por la CNCAP voto de los señores jueces Dres. Casanovas y Tragant).


La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia se pronunció sobre la cuestión receptando la “tesis amplia”, que condiciona el otorgamiento del beneficio a una hipotética pena en concreto, no mayor a tres años de prisión, en oposición a la “tesis restrictiva”, que considera la escala penal conminada en abstracto del delito que se trata cuyo máximo no excede los tres años de prisión o reclusión.


El máximo tribunal provincial en el precedente “Balboa” por mayoría sostuvo: “Siguiendo la mentada tesis amplia en cuanto al punto aquí debatido, sostenemos que la procedencia de la probation siempre exige una hipotética condena condicional, y por ende una posible futura condena a pena de prisión no mayor a tres años (art. 26 en función del 76 bis, párr. 4º, CP). Sin embargo, cabe recalcar que pueden existir casos frente a los cuales procederá la condena condicional y no el beneficio del art. 76 bis del CP. Así, p.e., si ha participado en el delito un funcionario público en el ejercicio de sus funciones…”.


No podemos dejar de mencionar los principios constitucionales. Es que el derecho penal y la interpretación de su normativa involucran siempre la aplicación del derecho constitucional. En tal sentido, el instituto en estudio tiene como pilar el principio de mínima intervención de raigambre constitucional. Este principio “…supone aceptar un cierto nivel de conflictividad sin una consecuente reacción de las instancias de control jurídico-penal, pese a no haber dudas sobre la lesividad del comportamiento…Ello se asume a cambio de los beneficios en libertad individual obtenidos, los posibles errores en las decisiones penalizadoras que se puedan y la potenciación de una sociedad dinámica abierta a la eventual modificación de ciertas perspectivas valorativas (Diez Ripollés, José, citado en Lascano, 1998: 445). Como derivación de este principio se desprende el de subsidiariedad y el de fragmentariedad.


En línea con lo dicho, cobra interés el sistema de Las Reglas de Tokio, adoptadas por la Asamblea General de la ONU en su resolución 45/110, de 14 de diciembre de 1990. Así, la Regla 2.2 estipula que “…A fin de asegurar una mayor flexibilidad, compatible con el tipo y la gravedad del delito, la personalidad y los antecedentes del delincuente y la protección de la sociedad, y evitar la aplicación innecesaria de la pena de prisión, es sistema de justicia penal establecerá una amplia serie de medidas no privativas de libertad, desde la fase anterior al juicio hasta la fase posterior a la sentencia…”; y la Regla 2.6: “Las medidas no privativas de la libertad serán utilizadas de acuerdo con el principio de mínima intervención”.


Valorada la ley 24.316 de acuerdo con la política criminal, en búsqueda de alternativas a reacciones más gravosas al juzgar delitos leves, a modo de presentación preliminar, podemos expresar que el instituto de la suspensión del juicio a prueba constituye una excepción al principio de legalidad en su aspecto procesal. Sin embargo, la doctrina no es pacífica en lo respectivo a considerar esta medida como excepción al principio de legalidad.


Al respecto, autores como Vitale han señalado que “La suspensión del proceso a prueba constituye una excepción al principio de legalidad Importa una aplicación del mencionado principio de oportunidad en el proceso penal-aunque reglado por la ley y condicionado, en nuestra legislación, al ejercicio de un derecho por parte del imputado y a una decisión judicial que la disponga- en cuya virtud el Estado renuncia a investigar y jugar ciertos delitos, por razones de conveniencia establecidas legalmente…” (Vitale, G.: 2004:36).


 Por el contrario, Jorge De La Rúa afirma que “...aquellos casos en los cuales el Estado, dándose todas las condiciones para promover y ejercer la acción penal tendiente a la condena y aplicación de la pena al autor de un delito, dispone no promover o no ejercer dicha acción. Es decir, es una autolimitación del Estado en su pretensión punitiva; dicho en término procesales, la disponibilidad de la acción puede implicar hipótesis de no promover la acción penal, hipótesis de no continuar el ejercicio de la acción penal, e hipótesis de limitar el ejercicio de la acción penal cualitativamente o cuantitativamente. No iniciarla, no continuarla, reducirla, serían las tres hipótesis de disponibilidad de la acción” (De la Rúa, J. citado en Lascano, Carlos J. (h), 2003: 131).


Más allá de las afirmaciones doctrinales, no advertimos argumentos que permitan disminuir la importancia del instituto en estudio. Al suspenderse el trámite del proceso judicial. disminuye la actividad de los órganos jurisdiccionales, procurando el juzgamiento de delitos graves y consecuentemente, descomprimiendo el sistema penal.


 


4.1. Requisitos legales


Para la operatividad de la suspensión del juicio a prueba, la legislación penal exige el cumplimiento de ciertos requisitos como: a. que al imputado se le atribuya un delito de acción pública, reprimido con una pena de reclusión o prisión que no exceda de tres años- art. 76 bis, primer párrafo, CP; b. posibilidad de dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable- art. 76 bis, cuarto párrafo, CP; c. que el acusado realice una oferta de reparación del daño causado a todos los damnificados- art. 76 bis, tercer párrafo, CP; d. Que el imputado pague el mínimo de la multa, cuando el delito o alguno de los delitos que integran el concurso de delitos estuviera reprimido con pena de multa aplicable en forma conjunta o alternativa con la prisión -art. 76 bis, quinto párrafo, CP-; e. que se haya hecho abandono a favor del Estado de los bienes que presumiblemente resultarían decomisados en caso que recayere condena -art. 76 bis, sexto párrafo, CP.


 A continuación realizaremos un breve desarrollo centrándonos en el requisito de la “reparación del daño causado por el hecho ilícito”, que exige, en primer, considerar a la víctima en su dimensión jurídica, las controversias que la propia delimitación suscita desde diferentes perspectivas, los precedentes jurisprudenciales en el TSJ, su papel en el proceso penal y su rol en la suspensión del juicio de prueba.


 


5. La víctima


5.1. Revalorización de la víctima


Analizando la posición de la víctima en nuestro sistema jurídico penal, podemos entrever el resurgimiento de la víctima del delito. No siempre fue así. Como apunta Maier, “... la víctima fue desalojada de ese pedestal, abruptamente, por la inquisición, que expropió todas sus facultades, al crear la persecución penal pública, desplazando por completo la eficacia de su voluntad en el enjuiciamiento penal, y al transformar todo el sistema penal en un instrumento de control estatal directo sobre los súbitos” (Maier, J.: 1992: 185 y 186). Empero, como señala, desde hace por lo menos tres décadas y por diversos factores, se ha producido un importante movimiento en donde la víctima vuelve a adquirir el protagonismo, otrora perdido (Cesano, J.: 2001:15 a 20). En palabras de Albin Eser, “Si hasta ahora el Estado se había abocado de modo excesivamente parcial al castigo del delito, dejando librada a la víctima a su propia suerte, ahora se le dedica a ella, con toda justicia, mayor atención, puesto que la paz jurídica perturbada por el delito solo es verdaderamente restablecida cuando se le hace justicia no solo al autor, sino también a la víctima” (Albin Eser: 1992:30).


Podemos hablar de un cambio: el paso de un modelo de “justicia punitiva” a un modelo de “justicia reparatoria” según la cual, entre todos debe intentarse reparar la relación quebrantada: “... cuando alguien delinque, no solo viola una norma, un bien jurídico abstracto, sino que lesiona concretamente a una persona, a una comunidad, y es por ello que en el proceso de reparación deben intervenir activamente todas las partes involucradas (Fortete, C.: 1999).


 


5.2. Orden constitucional


La regulación constitucional con respecto al proceso penal se desarrolla fundamentalmente para que el imputado de un delito tenga los medios legales para garantizar sus derechos y libertades frente al poder acusador estatal. Sin embargo, esto no obsta para que esta regulación constitucional también sea extensiva a otros intervinientes en el proceso penal.


Es así que actualmente se les reconoce a algunas de estas garantías constitucionales un carácter bilateral al resguardar tanto los derechos del sospechado de haber cometido un delito como los derechos de la supuesta víctima.


La primera- y principal- garantía que se puede relacionar con la víctima es la del “debido proceso y del acceso a la justicia”, garantía que en el derecho argentino se ha derivado del art. 18 de la Constitución Nacional, en cuanto este consagra la “inviolabilidad de la defensa en juicio”. En otros casos, se la ha entendido emanada del art. 33 de la Carta Magna, que consagra los derechos no enumerados. (Bertolino, P.: 1986) La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “... todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal, consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional, sea que actúe como acusador o acusado, demandante o demandado” entendiéndose que tal doctrina se extiende al querellante y al damnificado por un delito (Fallos: 268-266, caso “Otto Wald”, citado en Pedro J. Bertolino (Coordinador, 2003: 45).


Bustos Ramírez expresa respecto de la víctima que “...resulta contradictorio que el Estado se apropie del conflicto y coloque en una especie de capacidad disminuida a la víctima, pues entonces se acentúa el proceso de victimización y, por tanto, de desigualdad en su posición en el sistema” (Bustos Ramírez y Larrauri, E.: 1996).


Trasladada esta expresión al ámbito constitucional, se hace necesario referirnos al principio de igualdad de todos los habitantes ante la ley, consagrado en el art. 16 de CN. Argentina, cuya proyección en el procedimiento penal debe alcanzar las posiciones de los protagonistas, incluyendo a la víctima, del conflicto que lo origina.


La incorporación en 1994 a la Constitución Nacional, con su misma jerarquía (art. 75, inc. 22) de la principal normativa supranacional sobre derechos humanos y su interpretación por organismos de aplicación, obliga a considerar el derecho de acceso a la justicia, la defensa en juicio y a la tutela judicial efectiva de la víctima.


 El art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone:


1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.


2. Los Estados partes se comprometen:


a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;


b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y


c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.


Si bien la normativa toma como eje central “… la persona”, ofreciendo una amplia protección, nuestra visión será desde el punto de vista quien se siente lesionado en sus derechos por un hecho ilícito: “la víctima” que, como persona, con familia, anhelos, esperanzas, responsabilidades, espera de igual modo, como sucede con el acusado, la protección judicial de sus derechos. Es fundamental, no solo para la víctima, también para la consecución de la paz social, que tanto la investigación penal preparatoria como el juicio se lleven a cabo sin menoscabo de sus derechos.


De lo expresado se deduce que, de acuerdo con la normativa internacional y las decisiones emanadas de los órganos encargados de su aplicación, la víctima tiene una situación similar a la del autor frente a determinadas garantías “bilaterales”, siendo estas: “igualdad ante los tribunales”, “acceso a la justicia y defensa en juicio” e “imparcialidad de los jueces”.


 


5.3. La víctima y su participación en el proceso penal


Del marco constitucional se desprenden prerrogativas que pueden- y deben - ser aplicadas a las víctimas de los delitos penales, desde la perspectiva procesal.


Por el art. 96 de la ley de rito, se le reconoce a la víctima el derecho a ser informada de sus facultades procesales- fundamentalmente constituirse en actor civil y querellante particular - y aun cuando no haya hecho uso de ellas, el de conocer las resoluciones que se dicten sobre la situación del imputado. El querellante particular es una figura a través de la cual la víctima de un delito puede canalizar su intervención en el proceso. El ofendido penalmente por un delito de acción pública podrá intervenir como querellante particular (art. 7, CPP), limitándose sus facultades solo a dos: acreditar el hecho delictuoso por un lado y por otro, la participación y responsabilidad penal del imputado (art. 94, CPP) y lo hace con carácter adhesivo, es decir, se introduce el ofendido en el proceso como tercero adherente a la acusación y conclusiones del Ministerio Público. El art. 402 del CPP por su parte nos señala que la conclusión final del actor penal privado (alegato) es el último acto permitido, salvo la absolutamente vía recursiva, que le impone el art. 471 del CPP el cual nos señala que el querellante particular solo podrá recurrir de las resoluciones jurisdiccionales cuando lo hiciera el Ministerio Público, salvo que se le acuerde expresamente tal derecho. Así, puede recurrir autónomamente el archivo (art. 334), el sobreseimiento (art. 352) y la sentencia absolutoria (art. 471). Pero el progreso de esa impugnación dependerá de que sea sostenido por el fiscal del tribunal del recurso (art. 464). Asimismo, el recurso de Revisión (arts. 489 a 491, CPP), está vedado al actor penal privado, procediendo únicamente a favor del condenado. Como corolarios de estos artículos surge la exclusión de la actuación de la víctima durante la ejecución penal. Coherente y derivadamente del carácter restrictivo de los artículos arriba señalados, es en el articulado contenido en el Libro Quinto, “Ejecución” del Código de Procedimiento Penal donde surge palmariamente la exclusión de la víctima en esta etapa del proceso penal.


Carlos Ferrer expresa que constituye un paso más en pro de la democratización de la justicia en materia penal permitiendo a la víctima tener derecho a hacer uso de lo que vendría hacer la penúltima palabra, haciendo mención a la oportunidad que el art. 402 del CPP ofrece a imputado después de la discusión final, en la postrimerías del debate e inmediatamente antes de la deliberación, cuando se le interroga si después todo lo que ha visto y oído durante el juicio, tiene algo que manifestar. En ese sentido, entiende que es oportuno y razonable que, con base en el reconocimiento que se le ha dado a la legitimidad del interés de la víctima, que el rito judicial le autorice hacer uso del derecho a ser oído. En cuanto al momento para hacerlo, sería cuando el caso está a punto de ser definido por el Tribunal, aunque obviamente, en forma previa a la del acusado, quien siempre tendrá la última palabra. Como demostración de lo que puede ser una manera de regular esta cuestión, menciona lo establecido por el art. 395 del Código Procesal Penal de la República del Paraguay, que establece, tras los alegatos: “Si está presente la víctima y desea exponer, se le concederá la palabra, aunque no haya intervenido en el procedimiento.” (Ferrer, C.: 2004:89 y 90).


 


6. Reparación del daño causado


En nuestra legislación penal, la reparación de la víctima se impone como condición para la suspensión del juicio a prueba.


Art. 76 bis, tercer párrafo. [“Al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada. La parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida, y en este último caso, si la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la acción civil correspondiente] (agregado al Código Penal por ley 24.316)”.


El mentado instituto tiene como fin brindar al imputado la oportunidad de reparar el daño causado, evitando de tal modo, la acción punitiva del estado y con ello posibilitar el mantenimiento de la paz en la convivencia social.


Bovino manifiesta al respecto de la reparación del daño causado por el hecho delictivo que “El concepto de reparación (...) no se debe confundir con el pago de una suma de dinero. La reparación se debe entender como cualquier solución que objetiva o simbólicamente restituya la situación al estado anterior a la comisión del hecho y satisfaga a la victima- Vg., la devolución de la cosa hurtada, una disculpa pública o privada, la reparación monetaria, trabajo gratuito, etc.” (Bovino, A.: 1998: 95 y 96)


 


6.1. Alcance jurisprudencial del TSJ de Córdoba


A continuación realizamos una reseña de fallos del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, vinculados al requisito de la reparación de la ofensa causada a la víctima, regulado en el art. 76 bis, tercer párrafo, del CP, a fin de sistematizar criterios de operatividad. De tal modo, nuestro máximo tribunal proporciona solución a conflictos que surgen ante la ausencia de su legislación en el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Córdoba. Más precisamente, tomamos como ejes temáticos perspectivas novedosas referidas a la víctima, a condiciones, procedimientos, mecanismos y modalidades de la reparación del daño.


 


6.1.1. Victima: nuevo paradigma


El alto tribunal provincial en el precedente “Luciani”, citando al Manual de Justicia sobre el “Uso y Aplicación de la Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctima del Delito y Abuso de Poder sostiene que el instituto de la suspensión del juicio a prueba “...se trata de una de las manifestaciones del cambio de paradigma de la justicia penal. Esto es, en lugar de la tradicional respuesta consistente en que la acción penal se agota en una sentencia que para el caso de condena impone una pena, el nuevo paradigma coloca como figura central la compensación de la víctima”.


Advierte también, que la reparación además de compensar el daño a la víctima, constituye “...un modo socialmente constructivo para que el autor sea obligado a dar cuenta de sus actos, ofreciendo a la vez el mayor espectro posible de rehabilitación”.


 


6.1.2. Existencia del damnificado


En primer lugar, debe haber una parte damnificada por el actuar delictivo destinataria del ofrecimiento de reparación por parte del imputado.”….Ello significa que el imputado solo debe cumplir con esta exigencia cuando se trate de un delito que haya producido un daño a raíz del cual se origine la responsabilidad civil de reparar a una o varias partes damnificadas identificables , titulares de la acción civil en su contra con motivo del daño causado…” (Bovino, A.: 2001:131 y 132).


El Máximo Tribunal ha expresado que no debe confundirse a la parte damnificada con el ofendido por el delito. Así, en los autos “Rubio” dijo que: “…es dable requerir la existencia de una oferta de reparación de los daños causados a los damnificados por el hecho atribuido …Ello así desde que la regla objeto de análisis hace expresa referencia a la “parte damnificada” y consecuentemente, tal como lo afirma la doctrina, debemos evitar la confusión entre quien resulta ofendido penalmente por la norma penal y el damnificado, quien si bien ha sufrido un daño causado como consecuencia del delito , no siempre es el ofendido, esto es, el protegido por la figura panal...”.


 


6.1.3. Constitución del damnificado en actor civil para poder acceder a la reparación


En referencia al tema, la doctrina no es uniforme; así Edwards Carlos expresa “… si no mediara la constitución de actor civil no sería necesario el ofrecimiento de la reparación del daño” (Edwards, C.: 1994:56).


En la posición contraria se enrola Marcelo Sayago quien manifiesta que “...si la ley hubiera querido limitar el cumplimiento de esta condición a las causas en donde el damnificado por el delito ha ejercido la acción civil, lo hubiera consignado expresamente […] pero además debe tenerse en cuenta que no se trata aquí de la reparación integral del daño causado por el delito, que determinaría la parte resolutiva de la sentencia condenatoria a que se refiere el art. 29 del C. Penal, caso en el que la doctrina sostiene la necesidad de interposición de la acción civil para su dictado[…] se trata del ofrecimiento voluntario por parte del imputado de reparar los perjuicios causados por el hecho ilícito que se le reprocha, como condición para obtener el beneficio de la suspensión del juicio que por tal motivo se le sigue…” (Sayazo, M.: 1999:44).


 La situación ha sido resuelta a nivel jurisprudencial: la Sala Penal del TSJ desde el precedente “boudoux” ha adoptado la segunda posición. La Dra. Aída Tarditti- rectificando su postura expuesta en artículos anteriores- señala que “…no es de recibo el argumento del quejoso consistente en que ese requisito no rige cuando el damnificado no se ha constituido en actor civil en el proceso penal, ni menos aún cuando la pretensión resarcitoria haya sido deducida en un proceso civil, como acontece en el caso. Para estas situaciones la aceptación del ofrecimiento de la víctima constituida en actor civil en el proceso penal o que ejerce la acción en un proceso civil, tendrá indudables repercusiones, pues conducirá a un acuerdo que homologado por el juez finiquitará la pretensión resarcitoria. Por el contrario, el rechazo del ofrecimiento, posibilitará la continuidad de la acción resarcitoria pero exclusivamente en sede civil, sin que rija la prejudicialidad penal (CP, 76 quater)…”.


 


6.1.4. Reparación del daño en la medida de lo posible


Identificada la víctima, el damnificado y producido el daño, el imputado deberá hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible.


El Excmo. Tribunal de justicia de la provincia, a través de reiterada jurisprudencia sostiene, que aun cuando el imputado que solicita la concesión de la suspensión del juicio a prueba se encuentre en una difícil situación económica, el requisito de la reparación del daño continúa siendo indispensable para el otorgamiento de la suspensión, ya que la prestación de un servicio individual constituye un sustituto de la reparación.


De tal modo, ha dicho en el fallo “Moya” que “ En efecto, esta Sala ha dicho que la carencia de medios económicos no constituye óbice al cumplimiento del requisito que tratamos, ya que no impide acudir a otros medios o actividades que tengan aptitud reparatoria como, v.gr., el “servicio individual”, es decir aquel que tiene como destinatario a la víctima…”


Podemos señalar por nuestra parte, más allá de las posiciones jurisprudenciales, que la posibilidad de reparar el daño en la medida de lo posible implica el uso igualitario del instituto, pues hace posible el acceso a él de imputado de escasos recursos, evidenciando a su vez, con su conducta un esfuerzo sincero de recomponer la situación causada por su accionar contrario a la normativa.


Sin embargo, en la doctrina surge el interrogante acerca de la solución que se debe adoptar respecto de delitos que por sus características, resulta difícil que la víctima acepte dichos servicios en concepto de reparación, haciendo referencia a los llamados delitos aberrantes, a modo de ejemplo, los relativos a abusos sexuales.


 


6.1.5. Forma del ofrecimiento de reparación a la víctima


El alto tribunal en causa “Giraudo” se pronunció al respecto “…el imputado deberá expresar detallada y circunstancialmente cuál es la reparación que ofrece y en qué plazo y modalidades la satisfará. De lo contrario, la víctima no podrá saber concretamente qué es lo que se le ofrece y no estará en condiciones de aceptar o rechazar el ofrecimiento (arg. art. 76 bis, 3er párr.); el tribunal no estará en condiciones de juzgar si la reparación es razonable a los fines de conceder la suspensión (id. arg. ant.), y, una vez suspendida, si el imputado ha dado cumplimiento a la reparación ofrecida (art. 76 ter. 4to. párr.), pues no habría parámetro alguno para examinar si se ha cumplido la reparación ofrecida. Por lo anterior, jamás bastará un ofrecimiento meramente genérico de “reparar los daños causados en la medida de las posibilidades” (lo remarcado me pertenece).


 En este andarivel el Máximo Tribunal expresa que el ofrecimiento de reparación no debe encontrarse sujeto a ninguna clase de condición, se trata de una reparación actual.


 


6.1.6. Juicio de razonabilidad del juez


El control judicial sobre la razonabilidad es una exigencia sine qua non para la concesión de la suspensión del juicio a prueba.


En autos “Morales” el TSJ de la provincia se expidió al respecto”…En cuanto a examen de razonabilidad sobre la oferta preparatoria, cabe señalar que si el fundamento de esta lo constituye la compensación a la víctima, su aceptación exime al juzgador del deber de practicarlo, salvo que el citado ofrecimiento importe un acto contrario al orden público, ilegal o prohibido, mediaren vicios de la voluntad o un aprovechamiento de la necesidad, ligereza o inexperiencia de la víctima (arts. 21, 953 y 954, CC). Esta afirmación procede ya que, se trata de cuestiones en las que impera el principio dispositivo, a raíz del cual mientras no esté en juego un interés público tutelado por el derecho, se acota el poder jurisdiccional sobre ellas, quedando limitando solo a las afirmaciones que las partes produzcan”.


 


6.1.7. Condiciones económicas del imputado y existencia de partes civiles en el proceso


En autos “Allende” se ha expresado:


1. Los fundamentos vertidos por el a quo evidencian una irrazonable ponderación de la oferta realizada por el imputado. En primer lugar, en el pedido de suspensión del juicio a prueba no se ha determinado qué monto de la oferta de reparación le corresponde a cada uno de los damnificados. De otro costado, el a quo al realizar el juicio sobre la razonabilidad de la oferta se sustentó solo en las condiciones económicas del imputado, sin ponderar la capacidad económica de quien puede resultar garante de las obligaciones pecuniaria del imputado que tiene su fuente en el hecho delictuoso.


2. Si bien es posible que la capacidad económica del imputado sea escasa, la suma ofrecida pagadera en cuotas, tornaba indispensable explorar las capacidades de quienes actuaban en el mismo proceso como partes pasivas o garantes de ellas. Repárese que el juicio de ponderación deberá haber incluido nada menos que a la aseguradora, cuya citación en garantía se requirió por los actores civiles, con mayor capacidad que la exigua del imputado.


 


6.1.8. El rechazo de la oferta de reparación del daño por la parte damnificada


El supuesto por el cual la víctima no aceptara la oferta de reparación por considerarla insuficiente y el tribunal considerándola razonable dispone la suspensión, plantea dos cuestiones respecto:


 


 A la conducta del acusado


 Al respecto en autos “Zelaya”, se ha sostenido haciendo alusión al cuarto párrafo del art. 76 quater, que “... concedida la probation, para la subsistencia del beneficio y para lograr la extinción de la acción penal, el imputado debe reparar los daños en la medida ofrecida, pese a que su oferta haya sido rechazada por la parte damnificada. En el sentido expuesto se expide también Luís M. García (…) cuando luego de reconocer que existen distintas opiniones en torno a este punto, sostiene que ‘si el ofendido rechaza el pago el imputado deberá depositar el pago ofrecido ante el tribunal, a disposición del ofendido. Solo así quedará demostrada una leal voluntad de reparación...’, pues de lo contrario se pasa por alto el contenido conciliatorio que subyace a la exigencia de que se repare en la medida ofrecida...”.


 


A la conducta de la víctima


El art. 76 bis, tercer párrafo, señala: “…la parte damnificada podrá acepta o no la reparación ofrecida, y en este último caso, si la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la acción civil correspondiente”.


La situación fue considerada por el Tribunal Superior de Justicia al disponer en “Sariaga Contreras” que “…la parte damnificada que no aceptó la reparación ofrecida, tendrá habilitada la acción civil correspondiente para hacer valer su pretensión, vía que evidencia la falta de irreparabilidad del perjuicio sobre el punto, y con ella, de resolución equiparable a sentencia definitiva, conforme lo exige el artículo 496 del CPP (arg. art. 76 bis del Código Penal)”.


 


7. Juez de Ejecución Penal


 Con el dictado de las leyes 9239 y 9203 se puso en marcha en la provincia de Córdoba la creación del fuero de ejecución penal.


 El art. 35 bis del Código Procesal Penal regula su competencia material, el que efectúa una enumeración de los casos que determinan su conocimiento, entre los cuales se establece: “...controlar el cumplimiento, por parte del imputado, de las instrucciones e imposiciones establecidas en los casos de suspensión del juicio a prueba, libertad condicional y condena de ejecución condicional”.


Puede suceder que la falta de control de cumplimiento de las reglas de conductas impuestas, hace que estas posean un carácter simbólico, quedando su cumplimiento solo a merced de la voluntad del imputado. Situación que, transmite un mensaje negativo a la sociedad en relación a la finalidad de prevención que persigue el instituto de suspensión del juicio a prueba. Por lo expresado, es relevante la función de contralor cumplimentada por los jueces de ejecución penal.


 En fallo “Carnelutto” el Juez de Ejecución Penal resolvió revocar la suspensión del proceso a prueba concedida a favor del interno por incumplimiento de la obligación de reparación del daño causado por el ilícito que se le atribuye: “…En las diferentes oportunidades en las que el imputado compareció por haber sido citado previamente por este Juzgado en ejercicio del contralor del presente proceso, este no brindó razones que merezcan ser atendidas y que puedan justificar legalmente el incumplimiento en el que ha incurrido (…) el ofrecimiento reparatorio no es una regla de conducta en los términos del artículo 76 ter, 1º párrafo, 2º disposición del Código Penal (precepto que reenvía al artículo 27 bis del mismo cuerpo normativo) sino- y como ya lo dije- una condición de subsistencia distinta de esta”.


 


8. A modo de cierre


En ocasión de nuestras reflexiones finales, nos remitiremos, en primer lugar, a la necesidad de regulación de la suspensión del juicio a prueba en el Código de Procedimiento Penal de Córdoba.


La República Argentina ha adoptado como forma de gobierno el régimen representativo, republicano y federal (art. 1, CN). Surge del art. 75, inc. 12, de la Carta Magna que el Congreso de la Nación es el encargado de dictar el Código Penal el cual legisla la persecución y ejercicio de la acción penal.


La ley nacional 24.316 incorporó al digesto penal de fondo el instituto de la suspensión del juicio a prueba, regulado a partir del art. 76 bis del CP. Ahora bien, en razón de la organización federal de gobierno, las provincias conservan para sí la facultad de sancionar sus códigos de procedimientos (arts. 121 y ss., CN).


No podemos perder de vista que el derecho procesal es el mecanismo a través de cual se pone en marcha el derecho penal. Derecho sustantivo y derecho procesal transitan por igual acera, especialmente con temáticas en las que están en juego derechos fundamentales y garantías constitucionales.


Por tal motivo, entendemos que debe reglamentarse procesalmente en nuestra provincia el instituto en estudio a fin de unificar criterios de aplicación. La disparidad de criterios o la superposición de criterios y las dificultades que ella acarrea pueden ser superadas por el aporte de los magistrados quienes, con sus sentencias, adaptan el funcionamiento judicial a la actuales necesidades de la víctima y promoviendo a su vez un acercamiento conciliatorio entre autor y víctima.


En relación a la justicia, son puntos siempre en debate, la lentitud de justicia, los interminables procesos que conspiran contra la confianza de los ciudadanos en la justicia. No debemos olvidar la situación de las prisiones, en exceso superpobladas, motines, huelgas de hambre y denuncias a violaciones a derechos humanos. A partir de lo dicho, puede advertirse que la pena de prisión, por antonomasia, como sanción propia del derecho penal está en crisis. La prisión con su finalidad resocializadora está en discusión. En suma, a la luz de lo expresado podemos señalar que la administración de justicia se encuentra hoy en día cuestionada.


El camino de las soluciones viene dado por el accionar del Estado que debe alentar el establecimiento de medidas no privativas de la libertad para delitos reprimidos con pena privativas de libertad de corta duración.


La función de la justicia supone cierta flexibilidad, cierto ajuste a nuestros tiempos; por tal motivo, creemos tal como señala Timini y López Lecube, que la suspensión del juicio a prueba “Respecta razonablemente el interés de la víctima a que el sistema penal dé una respuesta al padecimiento que ella sufrió. Esto se consigue con la exigencia que se pone en cabeza del imputado de ofrecer una indemnización a la víctima en la medida que le sea posible…” (Tamini y López Lecube: 1994:858).


El instituto del juicio a prueba, a la luz del respeto por el ser humano y su dignidad y que encuentra como fundamento el principio de oportunidad, como excepción al principio de legalidad imperante en nuestro sistema, procura que la víctima a través de la reparación del daño, abandone el rol de simple espectador de la colisión de intereses procurando una mayor intervención.


Todas nuestras reflexiones apuntan advertir la necesidad de implementar nuevos criterios de aplicación del derecho penal, que se adapten la realidad actual, a la justicia, a los principios constitucionales, para finalmente asegurar los derechos las víctimas.


 


Referencias


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B. Jurisprudenciales


TSJ Sala Penal Córdoba. Sentencia Nº 307. 19/11/2010. “Allende, Adrián Abel p.s.a Homicidio Culposo- Recurso de casación”.


TSJ, Sala Penal Córdoba. Sentencia Nº 77. 19//04/2004. “Balboa, Javier Eduardo p.s.a. defraudación por desbaratamiento de derechos acordados- Recurso de casación”.


TSJ. Sala Penal Córdoba. Sentencia Nº 2. 21/02/2002. “Boudoux, Fermín p.s.a. Homicidio culposo- Recurso de casación”.


Juzgado de Ejecución Penal de 1ª Nom. Auto Nº 3. 6/10/2010. “Carnelutto, Livio Víctor s/ Ejecución de suspensión de juicio a prueba”.


TSJ, Sala Penal Córdoba. Sentencia N° 289. 10/11/2010. “Giraudo, Jorge Guillermo. p.s.a. defraudación por desbaratamiento de derechos acordados, etc.- Recurso de casación”.


TSJ Sala Penal Córdoba. Sentencia Nº 61. 25/07/2007. “Luciano Gustavo Adolfo p.s.a. estafa- Recurso de casación”.


TSJ Sala Penal Córdoba. Sentencia Nº 23. 19/04/2004. “Moya, Néstor Miguel p.s.a. Lesiones culposas. Recurso de Casación”.


TSJ Sala Penal Córdoba. Sentencia Nº 146, 8/6/2009. “Sariaga Contreras, Luciano Facundo p.s.a. homicidio culposo, etc.- Recurso de casación”.


TSJ Sala Penal Córdoba. Sentencia Nº 105. 12/12/2002. “Silva, Pablo p.s.a Daño- Recurso de casación”.


TSJ Sala Penal Córdoba. Sentencia Nº 4. 26/2/2003. “Rubio, David Héctor y otro p.ss.aa. Lesiones leves, etc- Recurso de casación-”.


TSJ Sala Penal Córdoba. Sentencia Nº 94. 24/05/2007. “Zelaya Lori, Juan Francisco p.s.a. Homicidio Culposo- Recurso de Casación”.

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