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Doctrina

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Código Unívoco
1317
Revista
Familia & Niñez
Número
203
Título
Control judicial de la internación por padecimiento mental de un niño, niña o adolescente
Autor
María Fernanda Yucra y Hugo Fernando Conterno
Texto

Sumario: 1. Introducción. 2. Esquema temático del decreto. 3. Por qué se debe controlar jurisdiccionalmente la internación por razones de salud mental de un N.N.A. 4. Aspectos de competencia. 5. Derecho de fondo. 6. Procedimiento administrativo y judicial. 7. Representante complementario y abogado del niño. 8. Una mirada.



1. Introducción

La presente nota es el comentario a un decreto realizado por la jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Género del Cuarto Turno de la ciudad de Córdoba. La magistrada resuelve una cuestión que hasta la fecha carece de reglamentación y acuerdo entre los diferentes operadores políticos, sociales y judiciales involucrados en la temática: la competencia y el procedimiento para el control de una internación por padecimiento de salud mental de una niña, niño o adolescente (en adelante N.N.A.). La competencia se deriva de manera nítida de la normativa. La creación pretoriana del procedimiento a estos fines requiere de un juego armónico en donde se llena un vacío legal con razonabilidad por medio de analogías jurídicas y principios.

La adopción de nuevos paradigmas en materia niñez y salud mental ha propiciado sendos cambios normativos, pero aún faltan importantes ajustes en el espacio de confluencia de dichos universos jurídicos. La jueza da un orden al caos al toparse con un caso concreto de internación de un N.N.A. por cuestión de salud mental. Como todo orden puede valorárselo: entendemos que se logró una organización útil y debidamente fundamentada.

La resolución de la jueza asume una solución que compartimos e invitamos por la presente glosa a su atenta lectura. En lo que sigue realizamos un esquema general del camino seguido por la magistrada y sumaremos algunos aportes.



2. Esquema temático del decreto

El diseño del decreto se constituye de tres ejes temáticos: a) competencia, b) derecho de fondo y c) procedimiento judicial.

Pero antes de ingresar en estos tres ejes, damos respuesta (que el decreto contiene) a la pregunta de: por qué debe entenderse que es necesario un control judicial de la internación de un N.N.A.

Esta respuesta está íntimamente vinculada con la competencia, por ello la jueza las trata en el mismo bloque argumentativo, pero a los fines expositivos nos licenciamos a separar el tópico.



3. Por qué se debe controlar jurisdiccionalmente la internación por razones de salud mental de un N.N.A.   

En la internación de un menor por razones de salud mental, la ley nacional presume, sin admitir prueba en contrario, que es involuntaria (art. 26, Ley Nacional Nº 26.657, en adelante L.S.M.). Es siempre importante aclarar que las presunciones no responden necesariamente a razones probabilísticas, puesto que es muy factible que un adolescente preste su consentimiento y en base a la capacidad progresiva sea una voluntad jurídicamente determinante. La presunción absoluta dispuesta responde a razones de política, a una decisión que impone aceptar un elemento de juicio sin más evaluación en base a la protección de algo que el legislador entiende importante. De este modo, el tribunal debe asumir que el N.N.A. no da su consentimiento (aun sabiendo a priori que lo puede dar y que ello puede cuestionarse desde la capacidad progresiva,  luego tendremos una respuesta a esta inquietud).

Esta presunción (absoluta y tomada con fines de política de salud pública y resguardo de los derechos del N.N.A.) procura garantizar los derechos del sujeto internado que se ve privado de: su centro de vida, la convivencia familiar, la libertad ambulatoria, todo en ello en el marco de su especial padecimiento de salud. En definitiva, no implica ignorar el consentimiento del adolescente, en ejercicio de su capacidad progresiva, sino extremar su protección en virtud de especial situación de vulnerabilidad (tal como ocurre con el control judicial de las internaciones voluntarias de adultos por periodos que superen los 6 meses).  Esta necesidad de mayor protección obliga a una intervención estatal (veremos si administrativa, judicial o ambas).

La internación de un N.N.A. por cuestiones vinculadas a su salud mental importa una afectación a su derecho a la salud, a su libertad ambulatoria, como así también la privación de su centro de vida, por lo que es equiparable a una medida excepcional o de tercer nivel (arts. 48, 49 y 56, Ley 9944). Ello es así, toda que el artículo 26 de L.S.M. estipula que las internaciones de personas menores de edad se reputan involuntarias, incluso cuando son consentidas.

Estas medidas excepcionales deben ser controladas por el Juzgado de Niñez, Juventud y Violencia Familiar (art. 64 inc. a, Ley 9944).



4. Aspectos de competencia

Antes de proseguir se aclara que estarían en juego dos competencias generales y una de ellas dividida en dos específicas. Las generales: 1) civil y 2) niñez, mientras que esta última podría ser 2.a) juez de control (Juez de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar y Género) o 2.b.) penal juvenil.

La jueza concluye, lo que también suscribimos. La regla es: la competencia para controlar la internación involuntaria de un N.N.A. en la provincia de Córdoba, corresponde al Fuero de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Género. Excepcionalmente, al Juez Penal Juvenil, cuando esté interviniendo respecto de  N.N.A. por razones previas que hacen a su materia específica.

La excepcionalidad aludida está determinada por el principio de inocencia, legalidad, razonabilidad y en definitiva por las garantías del debido proceso. Así las cosas, agotado el proceso penal en virtud de una sentencia de sobreseimiento o absolución, o bien ausentes o superados los indicios de peligrosidad procesal que autoricen una medida de coerción personal sobre el adolescente, si aún subsiste cuestiones vinculadas exclusivamente a su derecho a la salud entendemos que corresponde que el Juez Penal Juvenil se aparte de seguir entendiendo y se de intervención al Juez de Niñez para continuar con el control periódico y/o el eventual mantenimiento, atenuación o supresión de la medida.

Tal solución que propiciamos encuentra respaldo normativo en la Ley Nacional 26.061 en cuanto prescribe que las medidas de protección integral de niñas, niños o adolescentes en ningún caso podrán consistir en privaciones de libertad, entendido como tal aquella ubicación de la niña, niño o adolescente en un lugar de donde no pueda salir por su propia voluntad (arts. 19 y 36 de la ley 26061). Por su parte las Reglas de Beijing establecen en ese sentido que las restricciones a la libertad personal de las personas menores de edad se impondrán solo tras cuidadoso estudio y se reducirán al mínimo posible y solo se impondrá la privación de libertad personal en el caso de que el menor sea condenado por un acto grave en el que concurra violencia contra otra persona o por la reincidencia en cometer otros delitos graves, y siempre que no haya otra respuesta adecuada.



5. Derecho de fondo

En este punto, la jueza nos da su razonamiento en la forma de un silogismo judicial clásico: se adentra primero en la premisa fáctica.

En prieta síntesis: adolescente de diecisiete años que fue internado en un establecimiento de salud mental, por orden de una profesional médica, por presentar riesgo para sí. Si bien no opuso resistencia a su internación, tampoco se adjunta su consentimiento informado a los referidos fines.

La jueza entiende que debe coordinar dos marcos legales. El primero de ellos es el referido a salud mental, así las prescripciones de la L.S.M.  y Dec. Reg. 607/ 2013,  como  la Ley Provincial de Salud Mental (L.P.S.M.) y Dec. Reg. 1022/2010 y sus especificidades en materia de N.N.A. El segundo marco legal es el  Código Civil y Comercial de la Nación (en lo sucesivo C.C.C.N.) que irrumpe con el reconocimiento de capacidad de hecho a los N.N.A.

En materia de salud mental se operó un importante cambio de paradigma, que impide las prácticas anteriores de internación involuntaria a pedido de pariente e, incluso, ordenada por Juez. En la actualidad debe ser valorada por el equipo de técnico de la institución que lo recibe, y de ser involuntaria debe ser controlada judicialmente.

Se nos presentan los dos subsistemas normativos que atrapan la plataforma fáctica, las leyes de salud mental (nacional y provincial) y el Código Civil Comercial de la Nación, que regula la capacidad de hecho.

A grandes pinceladas, el C.C.C.N., establece en su art. 26 que todo adolescente mayor de dieciséis años, es considerado adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Se presenta entonces la pregunta: la internación en un establecimiento de salud mental de un joven adolescente de más de dieciséis años es siempre involuntaria (art. 26 L.S.M.)  o puede serlo voluntariamente (art. 26 C.C.C.N.).

La magistrada está avanzando más allá de su caso concreto, puesto que está preparando la argumentación para llenar el vacío legal de la manera más amplia posible, nos muestra que hay dos alternativa: a) desde los dieciséis años, el adolescente podría solicitar su internación voluntaria sin ser controlado por autoridad jurisdiccional. b) En cuestiones de internación por razones de salud mental, no debe contemplarse la capacidad progresiva.

La magistrada, solución que compartimos,  presenta  una tercera postura: que concilia el espíritu de ambas regulaciones, reconociéndole al adolescente mayor de dieciséis años el derecho a solicitar su propia internación por motivo de salud mental, la cual deberá tener un control jurisdiccional como las involuntarias. Que se añada un control no quita el reconocimiento de una voluntad que decimos respetar, por lo que se comparte esta tesitura por el respeto a la capacidad progresiva del N.N.A. a la vez que entraría en juego, para sopesar, el interés superior del niño.



6. Procedimiento administrativo y judicial

El Tribunal Superior de Justicia (T.S.J.) había indicado la necesidad de que se realice un protocolo para el control jurisdiccional de las internaciones por salud mental de N.N.A. en la provincia de Córdoba. Lo que a la fecha está pendiente. Ante dicha ausencia de marco legal regulatorio, la jueza presenta una subsanación.

Explica que los plazos y órganos de toma de decisión de las medidas a aplicar por L.S.M., L.P.S.M. y Ley 9.944 no son coincidentes. Pero como ambos universos jurídicos,  ante la vulneración de los derechos de un N.N.A. derivan en formas de medidas excepcionales: se impone  que el control por parte del Poder Judicial  sea en cabeza del mismo tipo de tribunal competente (Juzgado de Niñez).

De este modo enlaza desde el juzgado -que debe controlar ambas medidas- la licencia jurídica para aunar entre los universos legales de Niñez y Salud Mental un procedimiento que regula desde el principio del camino de una internación por razones de salud mental de un N.N.A.    

Esta particular internación se perfila como medida excepcional atípica, y de ahí fija ámbitos de responsabilidades para las instituciones de salud mental y el Órgano de Protección de Derechos (SeNAF).

- Son responsabilidades estrictamente de las instituciones de Salud Mental:

a) Orden de internación de un N.N.A.

b) Indicar lugar de internación, tratamiento y tiempo.

c) Determinar alta médica y sus condicionamientos.

- Responsabilidades de SeNAF:

a) Verificar que esta internación involuntaria no sea causa o consecuencia de vulneración de derechos del N.N.A., incluso generados por él mismo.

b) Trabajar con medidas de segundo nivel en el entorno familiar del N.N.A.

c) Garantizarle al N.N.A. un establecimiento para su albergue si las medidas de acompañamiento familiar durante su internación no fueron suficientes para revertir las causas que impiden su retorno al centro de vida al momento de su externación.

d) Garantizarle al N.N.A., el tratamiento de salud mental a su egreso como medida de segundo nivel de acompañamiento al N.N.A. a los fines que la internación sea parte de un tratamiento continuo.

Para organizar este sui generis control de legalidad, luego de fijar las responsabilidades de la institución de Salud Mental y SeNAF, organiza las tareas que debe realizar cada una de ellas.

- Tareas debidas por el establecimiento de salud mental:

1) La autoridad sanitaria interviniente que valore como necesaria la internación de un N.N.A como recurso terapéutico de excepción y última ratio deberá poner en conocimiento de los Juzgados de  N.A.V.F.y G. la medida. Tal comunicación deberá cursarse en el término de 10 horas, mediante la remisión de un mail a la mesa de entrada de los Juzgados, a los fines que se controle prima  facie la internación del N.N.A.

2) Una vez avocado el juzgado, la autoridad sanitaria deberá remitir al correo oficial de aquel  y en el lapso de cuarenta y ocho horas: a) Dictamen profesional interdisciplinario e integral del servicio asistencial que realice la internación. Se debe precisar la existencia de una situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros y deberá estar firmado al menos por dos profesionales, uno de los cuales deberá ser necesariamente psicólogo o psiquiatra.  b) Se deberá indicar la ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento. c) Corresponderá informar acerca de las instancias previas implementadas si las hubiera, como todo otro dato de interés respecto de su grupo familiar que se tome conocimiento. d) Consentimiento informado de la niña, niño o adolescente o del representante legal cuando corresponda.

3) Replicar información, con remisión de la copia de idéntica documentación al correo electrónico de legales de SeNAF, en el mismo momento que a la Oficina de Entradas del Fuero de Niñez, Adolescencia, Violencia Familia y Género.

- Tareas debidas por SeNAF:

Una vez tomado conocimiento, SeNAF deberá implementar las medidas de protección de derechos necesarias y el acompañamiento familiar que corresponda. Por el caso, analizar el lugar de egreso y si por las condiciones familiares no permiten el retorno a su centro de vida, se debe prever el lugar de guarda.

SeNAF debe informar al Juzgado la necesidad o no de un plan estratégico de acción, a los fines de su control, en el lapso de diez días de la notificación cursada por el establecimiento dónde se encuentra siendo tratado médicamente el N.N.A.  Buscando contar con una base dispuesta y expedita si, a la externación del N.N.A. del establecimiento de salud mental, fuera necesaria la continuidad de medidas de protección del NNA fuera de su centro de vida, como lo prevé el art. 47, Ley 9944.



7. Representante complementario y abogado del niño    

Estando en juego los derechos e intereses de un N.N.A. corresponde la inmediata intervención del representante complementario.

En el presente caso, atento la capacidad progresiva, se designó abogado del niño, práctica que entendemos indispensable en todos los supuestos que el N.N.A. puede expresar su voluntad, puesto que es un modo de tomar en serio sus derechos.

Aquí se pone de resalto el rol esencial de la defensa, en miras a garantizar al niño, niña o adolescente el control de las condiciones en que se lleva adelante la internación. Vale destacar que la especial situación de vulnerabilidad que aquí nos ocupa, impone la obligación de extremar los recaudos para asegurar la defensa de los derechos esenciales de N.N.A., logrando proporcionarles los medios necesarios para contar con asistencia técnica eficaz, ágil y expeditiva, atendiendo las cambiantes circunstancias que involucran la situación de salud de los jóvenes, desde el momento inicial del procedimiento y durante todas las instancias del mismo, hasta su efectivo cese.



8. Una mirada

La presentación que hemos realizado es una mirada al decreto de la jueza, entendemos que ella asumió un rol activo, con tintes legislativos y dando una argumentación jurídica a su paso.  La magistrada se encontró con un caso en una zona de indeterminación, iluminado  por dos focos normativos distintos, buscó el Interés Superior de este adolescente concreto y a su vez, plasmó lo que entiende debe ser el mapa de actuación ante cada caso de un N.N.A. que deba ser internado por razones de salud mental. Como siempre el mapa podrá ser mejorado, tendrá mojones que se pueden correr y ajustar, pero es el primer avance analítico en este territorio por demás necesitado ante el jaque a los derechos fundamentales de los N.N.A. y nos invita a avanzar en este camino de crear un protocolo de actuación que garantice de manera plena y efectiva los derechos afectados de este grupo especialmente vulnerable, por su estado de salud y su condición de personas en crecimiento.



A continuación, se trascribe el proveído objeto de comentario:



Juzg. Niñez, Adol., Viol. Fliar. y Género 4º Nom., Córdoba, 04/05/2020, “C., J. – Control de Legalidad (Ley 9944 - Art. 56)”



Por recibido escrito de la Sra. Asesora de Niñez de Cuarto turno de la ciudad de Córdoba. La situación que se trae a resolver, control de una internación por padecimiento de salud mental de un Niño, Niña o Adolescente (en adelante NNA), en este caso de J.C.,  debe ser resuelta en su totalidad y complejidad, no solamente en cuanto a la competencia de la suscripta, sino en cuanto a los derechos de fondo involucrados y el proceso judicial mismo, atento a la carencia de protocolo sobre el particular. Trataremos las tres cuestiones por separado. I) Primera cuestión, aspectos de competencia: I.1.) El Acuerdo Reglamentario Número Mil Quinientos Setenta y Cinco.- Serie “A” de dos mil diecinueve, que protocoliza la intervención jurisdiccional en materia de internaciones involuntarias, en apartado C., Situaciones Particulares, punto III. Fuero de Niñez, Adolescencia Violencia Familiar y de Género, refiere normas de fondo en materia de salud mental, Ley Provincial de Salud Mental 9848 y su Decreto Reglamentario 1022/2011 (en adelante LPSM), como así la norma especial en materia Niñas, Niños y Adolescentes, Ley Nº9944 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la  Provincia de Córdoba (en adelante Ley 9944),  puntualizando que esta última regula la actividad en el Fuero y fija la competencia del Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar (art.64) y del Asesor de Niñez y Juventud (art.67), y las tareas que le son propias, entre ellas, el resguardo del derecho de salud de NNA (arts.5 a 8,  11 a 13, 50, 64, 67, 72). Lo expresado implica que la competencia en materia de internaciones por salud mental de personas menores de edad corresponde a Magistradas y Funcionarios del Fuero e instituciones específicas, sustrayendo las mismas del fuero Civil.  I. 2.) El AR N° 1575 Serie “A” 2019, debe ser integrado con la Resolución Número Ciento Noventa y Siete de dos mil diecinueve de la Administración General, en cuyo punto III) Aclara que, lo establecido en el último párrafo del apartado A.- III), debe entenderse como sigue: “Lo expresado implica, que las internaciones en virtud de la Ley de Salud Mental, tratándose de Niños, Niñas o Adolescentes, excede la competencia del Juez Civil e instituciones de salud propias de mayores de edad, por lo que debe elaborarse un protocolo de actuación entre el Poder Judicial, Ministerio de Salud y Ministerio de Justicia, todos ellos de la Provincia de Córdoba, conforme las prescripciones legales arriba indicadas, debiendo realizar el control de tales internaciones involuntarias el Juez de Niñez o el Penal Juvenil, según quien se encuentre interviniendo.”. Ésta Resolución N° 197/19 de la Administración General, fue Rectificada por Resolución Número Doscientos Cuatro (dos mil diecinueve) debiendo entenderse dónde reza A III “Fuero de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género”, como sigue : C III “Lo expresado implica, que las internaciones en virtud de la Ley de Salud Mental, tratándose de Niños, Niñas o Adolescentes, excede la competencia del Juez Civil e instituciones de salud propias de mayores de edad, por lo que debe elaborarse un protocolo de actuación entre el Poder Judicial, Ministerio de Salud y Ministerio de Justicia, todos ellos de la Provincia de Córdoba, conforme las prescripciones legales arriba indicadas, debiendo realizar el control de tales internaciones involuntarias el Juez de Niñez o el Penal Juvenil, según quien se encuentre interviniendo.” I.3.) En igual sentido el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba en autos “Exhorto del Juez Penal Juvenil de Séptima Nominación de la ciudad de Córdoba, en autos C., L. A. p.s.a. Robo” Expte. …” (Expte …), que refiere en II.c Internaciones: “La internación de un menor por razones de salud mental, que la ley nacional presume, sin admitir prueba en contrario, que es involuntaria (art. 26 y cc. Ley n.º 26657), y por tal motivo la reviste de particularidades en procura de garantizar los derechos del sujeto internado, constituye, en los términos de los artículos 48 y cc. de la Ley n.º 9944 (en particular, artículo 49, inc. g) una medida excepcional o de tercer nivel -en tanto priva temporalmente al menor de su medio familiar- que ha de ser dispuesta por el órgano administrativo con el concurso de las autoridades sanitarias en materia de salud mental y que, en virtud de lo prescripto por el artículo 56 de la ley local, ha de ser objeto de revisión jurisdiccional por el Juzgado de Niñez, Juventud y Violencia Familiar (art. 64 inc. a)”. Refiriéndose al AR 1575 “A” 2019, consigna:  “Téngase presente que la intención de la mencionada guía  ha sido la de “pautar la intervención de los operadores judiciales y sanitarios en los procesos que conllevan las internaciones hospitalarias involuntarias en la órbita civil” de personas mayores de edad, y por ello, como “Situaciones Particulares”, se contemplan, en el apartado C, algunas hipótesis que merecían una indicación especial, tal la que refiere al caso de los menores incorporada como punto III del mismo. La aclaración brindada por el señor Administrador General del Poder Judicial mediante Resolución n.º 197 del 4 de septiembre ppdo. (rectificada por su similar n.º 204 del 20 de ese mes y año), en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 2, 3 y 6 del Acuerdo Reglamentario n.º 916 Serie ‘A’ del año 2007 (y sus modificatorios y ampliatorios), va en línea con ello, y por tal motivo indica que “las internaciones en virtud de la Ley de Salud Mental, tratándose de Niños, Niñas o Adolescentes, excede la competencia del Juez Civil e instituciones de salud propias de mayores de edad”, y concluye que debe realizar el control de tales internaciones involuntarias el Juez de Niñez (regla general) o el Penal Juvenil (excepción, conforme ha sido expuesto precedentemente), según quien se encuentre interviniendo”. I. 4.) Desde este marco jurídico, la competencia para controlar la internación involuntaria de un NNA en la provincia de Córdoba, corresponde al Fuero de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Género como regla, excepcionalmente cuando esté interviniendo respecto del mismo NNA, el Juez con competencia en Penal Juvenil. No registrándose en autos, la intervención simultánea de un Juez Penal Juvenil respecto al adolescente J.C., que habilitaría la competencia excepcional del control de esta internación por parte de este último Fuero, considero que corresponde por tanto el Avocamiento de la suscripta al conocimiento de la presente causa. II) Segunda cuestión, derecho de fondo: II.1) El caso que nos ocupa, de acuerdo a las constancias de autos, refiere de J.C., un adolescente de diecisiete años que, acompañado por su progenitora, fue internado en el Sanatorio Morra, establecimiento de salud mental, por orden de la Dra. B. D. M.P. …, presentando riesgo para sí. Si bien no opuso resistencia a su internación, tampoco se adjunta su consentimiento informado a los referidos fines. II.2) Tratándose de la internación por salud mental de un adolescente de diecisiete años, se deben coordinar dos marcos legales. El primero de ellos es el referido a Salud mental, así las prescripciones de la ley de Salud Mental Nacional 26.657 (en lo sucesivo LSM)  y Dec. Reg. 607/ 2013,  como  la LPSM y Dec. Reg. 1022/2010 y sus especificidades en materia de NNA. El segundo marco legal  es el  Código Civil y Comercial de la Nación (en lo sucesivo CCCN) con las especificidades propias generadas a partir del reconocimiento de capacidad de hecho a los NNA. II. 2. a.) El nuevo paradigma en materia de salud mental no solamente que obtura la internación involuntaria a pedido de pariente e, incluso, ordenada por Juez, sino que, valorada por el equipo de técnico de la institución que lo recibe, debe ser controlada judicialmente. Si bien es cierto que la causa de su falta de libertad ambulatoria, no lo es por razones penales, no es menos cierto que el adolescente J.C.,  no puede circular libremente por una disposición ajena al mismo y, en el caso que nos ocupa, dentro de un organismo dependiente del Estado Provincial. Pese a ser tan evidente esta limitación a un derecho constitucional, no ha sido motivo de revisión alguna al interesado como nos obliga el art. 191 del la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 75 inc. 22 Constitución Nacional), para garantizarle que esta limitación a su libre circulación, no sea arbitraria. La LSM, establece en su art. 262 que toda internación en virtud de la LSM de menores de edad, debe ser controlada conforme lo establecido para por los artículos que regulan las internaciones involuntarias. Los Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental Adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 46/119, de 17 de diciembre de 1991, integrativa de la LSM por previsión del art. 3 de esta última, prevé un apartado referido a NNA que hace mención a su representación legal3. En igual sentido los Principios de Brasilia Principios Rectores Para el Desarrollo de La Atención en Salud Mental en las Américas, integrativa de la LSM por previsión del art. 3, advierte preocupante la situación de NNA con padecimientos de salud mental4. A su vez la LPSM, contempla un dispositivo legal particular en tratamientos de NNA, en su art. 125, no refiriendo especificidades en internaciones de NNA en los artículos pertinentes a las voluntarias e involuntarias (48, 49 y 506). II. 2. b) El segundo de estos estatutos, derecho de fondo nacional en materia de capacidad de hecho, es el CCCN, el cual no deroga la LSM conforme arts. 3 y 4  de la ley 26.993. El CCCN, establece en su art 267, que todo adolescente mayor de dieciséis años, es considerado adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. II. 3) Atento la tensión en el sistema de derechos que se advierte, entre los  dos puntos que preceden, lo que se debe resolver es si la internación en un establecimiento de salud mental de un adolescente de más de dieciséis años es siempre involuntaria (art. 26 LSM)  o puede serlo voluntariamente (art. 26 CCCN) en razón de la especificidad de que se trata y valorando la regulación concurrente en el caso en especie. En principio, la regla es el reconocimiento de las mayores capacidades de hechos a los NNA, incluso la edad que fija la regulación legal, no debe ser interpretada como un límite insalvable, sino como un piso a partir del cual se le reconoce la plenitud del ejercicio por sí de los derechos, con menos edad de la estipulada por ley, el NNA puede ejercer por si sus derechos conforme la valoración de su competencia. Esta línea de trabajo en materia de salud mental en NNA, es la que con claridad meridiana establece el Comité de los Derechos del Niño en la Observación General Nº 12 (2009) El derecho del niño a ser escuchado (en adelante OG12), estatuto en cuyo apartado C., La observancia del derecho a ser escuchado en diferentes ámbitos y situaciones, punto 3., En la atención de salud, párrafo  1028. Una interpretación en este sentido, daría a entender que a partir de los dieciséis años, el adolescente podría solicitar su internación voluntaria sin ser controlado por autoridad jurisdiccional. Ahora bien, al momento de sancionar la LSM, se encontraban vigente, incluso el propio art. 26 LSM los menciona, los estatutos legales nacionales e internacionales que sustenta la capacidad progresiva de los NNA, es decir que el legislador hace una opción específica en el sentido de requerir el control jurisdiccional de toda internación por salud mental de un NNA, alineado con las prescripciones del art. 199 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Decreto Reglamentario 603/2013 de la LSM, posterior en el tiempo, retoma la participación del niño en la toma de decisión de su internación10. Por aplicación de los principios de la capacidad progresiva, el ejercicio por si de sus derechos queda condicionado en un niño a su edad y madurez, no estáticamente a un criterio cronológico. No obstante lo cual, la LSM 26.657 da un tratamiento de involuntaria a toda internación por salud mental de un NNA, adherido tal criterio en Córdoba por nuestro Tribunal Superior de  Justicia en el precedente “Ceballos”. Ello así por la delicada temática que trata, materia sensible si las hay, que permite que, incluso la internación voluntaria de un adulto, pueda ser pasible de control jurisdiccional como involuntaria en determinadas situaciones previstas en esta ley11 y la LPSM12. II. 4) Llegada esta instancia, nos encontramos con dos posturas: a. por LSM toda internación por materia de salud mental  de un NNA, es involuntaria y debe ser judicialmente controlada para su mayor garantía, y b. de acuerdo al CCCN, todo adolescente mayor de dieciséis años puede solicitar por si una internación voluntaria y, por motivos de peligrosidad para sí o terceros, ser involuntariamente internado tras la valoración de los profesionales de la institución que lo recibe (con idéntica exigencias a la de los adultos) con los controles jurisdiccionales legalmente previstos. Nos inclinamos por una tercera postura que concilia el espíritu de ambas regulaciones, reconociéndole al adolescente mayor de dieciséis años el derecho a solicitar su propia internación por motivo de salud mental, la cual deberá tener un control jurisdiccional como las involuntarias. Esta previsión lo es en idénticas condiciones a las previstas por la LSM y LPSM a los adultos con internaciones voluntarias de más de sesenta días (art.18 y 48 respectivamente). Asimismo, esta postura concilia las regulaciones del CCCN en la materia con lo resuelto en autos “Ceballos” y reconociéndosele el ejercicio de la capacidad progresiva al NNA se le  resguardan sus derechos en coherencia a las 100 Reglas de Brasilia, que establece la menor edad y estado mental como factores de vulnerabilidad13, y la concurrencia de más de un factor en la misma persona como categoría de mayor vulnerabilidad14. Esto último implica la mayor exigencia de facilitarle el acceso a la justicia para la revisión de los asuntos que afecten sus derechos. Por lo antes dicho, considero que toda internación de un NNA, con a sin su consentimiento informado e independientemente de su edad, debe ser controlado jurisdiccionalmente. III) Tercera Cuestión, derechos procedimentales: No existe un protocolo para el control jurisdiccional de las internaciones por salud mental de NNA en la provincia de Córdoba. Tanto la LPSM 9848 en su art. 4915 y los pertinentes del decreto reglamentario 1022/201016, como el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, en autos  “Exhorto del Juez Penal Juvenil de Séptima Nominación de la ciudad de Córdoba, en autos C., L. A. p.s.a. Robo” Expte. …” (Expte …), dan cuenta de la necesidad de concretar un protocolo entre Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia todos ellos de la provincia de Córdoba. III. 1) La LSM 26.657, establece en materia de internaciones involuntarias, plazos exiguos a los fines de la comunicación desde el establecimiento de salud mental al juez que debe controlar la regularidad de tal internación17, como así el Dec. Reg. 603/201318 establece ciertas pautas a los fines de la agilidad y celeridad de tales comunicaciones. Si bien es cierto que la procedimental  es materia no delegada al Legislador Nacional (art. 75 C.N.), estas prescripciones deben aplicarse en trámites de especialísima naturaleza, en razón que estas pautas de derechos procesales son el vector necesario de la realización de los derechos de fondo, en los mismos términos que en materia alimentaria el CCCN los regula. Este posicionamiento es coherente con los Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental Adoptados por la Asamblea General en su resolución 46/119, de 17 de diciembre de 1991, integrada a la LSM por su art. 3, que prevé la internación involuntaria sujeta a revisión19, las características de esta revisión20, garantías procesales del paciente21 y acceso a la información22 en materia de salud mental. En el mismo sentido arriba indicado, la Convención Sobre los Derechos de los Niños (art. 75 inc. 22 CN) en su art. 2523. III. 2) A más de los plazos y modalidades establecidos en la legislación nacional e internacional, se cuenta con los parámetros dados por el TSJ en los autos de referencia y algunas prescripciones del derecho local en materia de internaciones. Así en autos “Ceballos”, el TSJ refiere: “II.c Internaciones La internación de un menor por razones de salud mental, que la ley nacional presume, sin admitir prueba en contrario, que es involuntaria (art. 26 y cc. Ley n.º 26657), y por tal motivo la reviste de particularidades en procura de garantizar los derechos del sujeto internado, constituye, en los términos de los artículos 48 y cc. de la Ley n.º 9944 (en particular, artículo 49, inc. g) una medida excepcional o de tercer nivel -en tanto priva temporalmente al menor de su medio familiar- que ha de ser dispuesta por el órgano administrativo con el concurso de las autoridades sanitarias en materia de salud mental y que, en virtud de lo prescripto por el artículo 56 de la ley local, ha de ser objeto de revisión jurisdiccional por el Juzgado de Niñez, Juventud y Violencia Familiar (art. 64 inc. a). …..”. Esta calificación de Medida Excepcional no opera neutramente en el proceso que nos ocupa, ya que el Control de Legalidad de una Medida Excepcional que toma el órgano de aplicación de la ley 9944, la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familiar (en adelante SeNAF), tiene un proceso de control jurisdiccional regulado en los arts. 56 y 5724 de la Ley 9944. III. 3) Es de señalar, que los plazos y órganos de toma de decisión de las medidas a aplicar por LSM/LPSM o Ley 9944 no son coincidentes, no obstante lo cual es una materia claramente concurrente entre los estatutos de Niñez y los de Salud Mental que debe ser controlada por la suscripta. III. 4) Veremos cómo se perfila esta Medida Excepcional Atípica para dar cumplimiento a la regulación legal y jurisprudencial, a los fines de delimitar las incumbencias de las área de Salud Mental y SeNAF  en esta materia concurrente. III. 4. i) Es una responsabilidad estrictamente de Salud Mental: a. La orden de internación de un NNA; b. el establecimiento dónde se cursa la internación del área de salud pública o privada; c.  la determinación del tratamiento; d. lapso del mismo y e. alta médica y sus condicionamientos. III. 4. ii) Es una responsabilidad estrictamente de Senaf: a. verificar que esta internación involuntaria no sea causa/consecuencia de vulneración de derechos del NNA, incluso generados por el mismo, conforme art. 42 Ley 994425; b. trabajar con medidas de segundo nivel en el entorno familiar del niño a fin de remover las eventuales causas subyacentes a esta internación, ya que no puede operar la internación por salud mental como un sucedáneo a carencias sociales, conforme lo establecido en el art. 48 inc h LPSM26; c. garantizarle al niño un establecimiento para su albergue si las medidas de acompañamiento familiar durante su internación no fueron suficientes para revertir las causas que impiden su retorno al centro de vida al momento de su externación, conforme art. 48 inc i  la LPSM27 y d. garantizarle al NNA, el tratamiento de salud mental a su egreso como medida de segundo nivel de acompañamiento al NNA a los fines que la internación sea parte de un tratamiento continuo como lo prevé la LPSM28 y la Declaración de Caracas29 Adoptada por aclamación por la Conferencia Reestructuración De la Atención Psiquiátrica en América Latina Caracas, Venezuela 11-14 de noviembre de 1990 integrante de la LSM por su art. 3. A todo evento, se señala que la Declaración de Caracas ha sido utilizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un estándar para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos legales en los informes relacionados con los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con afectaciones mentales. III. 5) Por aplicación de la responsabilidad del Estado Argentino30  y el principio de no discriminación e igualdad31, que la Convención Americana sobre Derechos Humanos les reconoce a los NNA, el establecimiento de salud mental, debe accionar a los fines que los sujetos de derecho NNA se les supervise su internación por padecimiento de salud mental en paridad de condiciones que un adulto, lo cual claramente no sucede, ya que no solamente no se da comunicación al órgano jurisdiccional en las diez horas que establece el art. 21 LSM, sino que no se acompaña la documentación que el mismo artículo indica. III. 5. i) Para organizar este control de legalidad, hasta tanto se materialice un acuerdo entre las áreas de Salud Mental, SeNAF y Poder Judicial, y atento el marco legal art 26 LSM y su Dec. Reg. 603/2013, el establecimiento de salud mental debe: 1. comunicar la internación de un NNA en el término de 10 horas al Juzgado de NAVFyG al correo electrónico  de la Oficina de Entradas del Fuero NAVFyG juzvfmof-cba@justiciacordoba.gob.ar  a los fines que controle prima  facie la internación del NNA conforme art. precitados de la LSM y Dec. 603/2013. 2. Una vez avocado el juzgado, deberá remitir al correo oficial de Juzgado y Secretaría, y en el lapso de cuarenta y ocho horas: a) Dictamen profesional del servicio asistencial que realice la internación. Se debe determinar la situación de riesgo cierto e inminente a que hace referencia el primer párrafo de este artículo, con la 26 Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 firma de dos profesionales de diferentes disciplinas, que no tengan relación de parentesco, amistad o vínculos económicos con la persona, uno de los cuales deberá ser psicólogo o médico psiquiatra. b) Ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento. c) Informe acerca de las instancias previas implementadas si las hubiera. (art. 20 y 21 LSM). 3. Comunicar al correo electrónico de legales de Senaf, legalessenaf@gmail.com , en el mismo momento que a la Oficina de Entradas del Fuero de Niñez, Adolescencia, Violencia Familia y Género, con idéntica documentación. III. 5. ii) Una vez tomado conocimiento la Senaf, el órgano de aplicación y por defección de sus responsables legales y/o entorno familiar, a los fines de garantizarle al NNA por los principios de igualdad y no discriminación32, como así el de efectividad33, los derechos que se le reconocen a la buena calidad de vida34,  integridad personal35 y salud36, art. 10. 11. 12. 13 y 17 de la Ley 9944 respectivamente y art. 2437 Convención sobre los Derechos del Niño (Art. 75 inc. 22 Constitución nacional), art. 19 inc. 138 y 5939 de la Constitución de la Provincia de Córdoba. Para cumplir con su legal cometido, conforme art. 37 incs. d, h, k, n, ñ y s Ley 994440 la Senaf deberá implementar las medidas de protección de derechos41 y acompañamiento familiar que fueran necesarias, la continuidad de su tratamiento médico al momento de su externación42, atento las prescripciones del art. 45 incs. c, d,y e Ley 9944,  como así el lugar en el que el niño se alojará a su egreso las condiciones familiares no permiten el retorno a su centro de vida, todo ello conforme III. 4. ii). Estas acciones deberán ser coordinadas con el establecimiento de salud mental dónde se encuentra bajo tratamiento el NNA como así y con el área correspondiente de salud  Pública de la Provincia (ver art. 37 ley 9944 citada). Dicho plan de acción, o su no necesidad,  deberá ser presentado al Juez que entiende en el control de la Medida Excepcional, vía correo electrónico arriba indicado, a los fines de su control, en el lapso de diez días de la notificación cursada por el establecimiento dónde se encuentra siendo tratado médicamente el NNA.  Ello así en virtud de las características de esta atípica Medida Excepcional y la necesidad de contar con una base dispuesta y expedita si, a la externación del NNA del establecimiento de salud mental, fuera necesaria la continuidad de medidas de protección del NNA fuera de su centro de vida, como lo prevé el art. 47 ley 994443. IV) Atento se está ventilando un asunto que afecta a un adolescente, dese intervención al Representante Complementario y desígnase abogado del niño al Asesor Letrado que le sigue en turno. V) Por último, no puede la suscripta dejar de poner de manifiesto la invisibilidad extrema de un NNA con padecimientos de salud mental permanentes o transitorios, cuyos derechos no impactan en práctica alguna de los organismos que intervienen a su respecto. Pese a la profusa previsión legislativa que le reconoce derechos, las cuales son transcriptas en esta resolución al solo efecto de registrar las que no se le cumplen, las prácticas en materia de salud mental de NNA son básicamente rupestres, con responsabilidades concurrentes de las distintas áreas de la Administración Pública Provincial y del propio Poder Judicial que al día de la fecha no ha puesto un límite a tales omisiones. Esto es inadmisible en Córdoba, una provincia que se precia de ser pionera a nivel nacional en brindar respuestas efectivas y oportunas a los vulnerables, como de hecho este propio fuero de NAVFyG lo hace con las víctimas de violencia familiar y de género. Un NNA con padecimientos de salud mental es doblemente discriminado sino se controla su internación, ya que no es tratado como un sujeto de derecho en paridad con otros niños ni con adultos con idénticos padecimientos, cuando se le debería reconocer un efecto sinergético a la concurrencia  de dos estatutos que lo debieran privilegiar en su reconocimiento y efectividad de derechos.



Por lo expuesto RESUELVO:

I) Avocarme al tratamiento de los presentes;

II) Emplazar al Sanatorio Morra a los fines que en 48 hs, eleve la documentación exigida por art. 21 LSM conforme apartado III. 5. i);

III) Notificar de los presentes a la SeNAF a fin que elabore un plan de acción conforme III,  5. ii), a cuyo fin ofíciese;

IV) Dar participación al Representante Complementario;

V) Designar abogado del niño en los términos del considerando IV). Notifíquese.





Notas

1 Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

2 Artículo 26. En caso de internación de personas menores de edad o declaradas incapaces, se debe proceder de acuerdo a lo establecido por los artículos 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de la presente ley. En el caso de niños, niñas y adolescentes, además se procederá 30 Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 de acuerdo a la normativa nacional e internacional de protección integral de derechos.

3 Principio 2 Protección de menores Se tendrá especial cuidado, conforme a los propósitos de los presentes Principios y en el marco de la ley nacional de protección de menores, en proteger los derechos de los menores, disponiéndose, de ser necesario, el nombramiento de un representante legal que no sea un miembro de la familia.  

4 Advierten:….. 2. El aumento de la mortalidad y de la problemática psicosocial de la niñez y adolescencia;

5 Artículo 12. Derechos de los niños y adolescentes pacientes. Los niños y adolescentes con padecimiento mental, gozarán de los derechos enunciados en el artículo 11 -excepto lo dispuesto en el inciso i)- de la presente Ley, además de lo establecido en la Ley Nacional Nº 26.061-de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes-, en la Ley Nº 9396 -de adhesión provincial a la norma antes citada-, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y demás tratados y reglas internacionales que protegen el derecho de las personas del mencionado rango etario.

6 Artículo 48. Requisitos. Toda internación de una persona con padecimiento mental debe ajustarse a las siguientes pautas: a) La internación será considerada como un recurso terapéutico de excepción, lo más breve posible, cuya factibilidad y pertinencia están intrínsecamente relacionadas con el potencial beneficio para la recuperación del paciente; b) Será precedida por la correspondiente evaluación, diagnóstico interdisciplinario e integral y motivación justificatoria, con la firma de por lo menos dos (2) profesionales del servicio asistencial donde se realice la internación, los que necesariamente deberán ser un médico y un psicólogo; c) Cuando haya dos o más equipos de salud tratantes de un mismo paciente, deberán realizarse las interconsultas necesarias con el fin de  establecer la necesidad de internación o la derivación a otra alternativa terapéutica menos restrictiva; d) La internación será solo una etapa o modalidad, en un proceso continuo de tratamiento, dentro del sistema de salud mental; e) Durante su término, deberá facilitarse el mantenimiento de los vínculos del paciente con familiares o personas que compongan su entorno; f) En caso que el paciente no esté acompañado durante la internación, deberá procederse a la búsqueda de datos de identidad y familiares, solicitando, de ser necesario, la colaboración de otros organismos públicos; g) Durante la internación deberá registrarse diariamente en la historia clínica la evolución del paciente y las intervenciones del equipo de salud; h) No deberá prolongarse la internación con el fin de resolver problemáticas sociales de competencia de otros organismos del Estado, debiendo acudirse a ellos con el fin de proceder a la externación; i) Los pacientes que en el momento de la externación no cuenten con un entorno que los contenga, serán albergados en establecimientos que al efecto dispongan las autoridades competentes de otras áreas del Estado, en coordinación con la Autoridad de Aplicación; j) Las internaciones recomendadas por las Juntas Médicas Provinciales deben acogerse a las mismas disposiciones que establece la presente Ley, y k) La internación deberá contar con el Consentimiento Informado del paciente o del representante legal cuando corresponda. Sólo se considerará válido el consentimiento cuando el paciente manifieste lucidez y comprensión de la situación. No se considerará válido si dicho estado no se conserva durante la internación, ya sea por el estado de salud como por el tratamiento; en ese caso deberá procederse como si se tratase de una internación involuntaria.

Artículo 49. Abandono de la internación. La persona internada bajo su consentimiento puede, en cualquier momento, decidir por sí misma el abandono de la internación. En caso de intervención judicial, debe procederse conforme a lo establecido por el Acuerdo Reglamentario Nº 948-Serie A del Tribunal Superior de Justicia o por el instrumento que en el futuro lo reemplace.

Artículo 50. Internación involuntaria. La internación involuntaria puede utilizarse como recurso terapéutico excepcionalísimo, cuando, a criterio del equipo de salud interviniente en la etapa prejurisdiccional, se considere que existe situación de riesgo cierto e inminente para el paciente o para terceros y se determine la inconveniencia momentánea de otra alternativa terapéutica.En este supuesto, se procederá de acuerdo a las pautas fijadas en el instrumento formativo indicado en el artículo 48 de esta Ley.

7 Artículo 26. Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne así como a participar en las decisiones sobre su persona. Se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico. A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.

8 102. El Comité celebra que en algunos países se haya establecido una edad fija en que el derecho al consentimiento pasa al niño, y alienta a los Estados partes a que consideren la posibilidad de introducir ese tipo de legislación. Así, los niños mayores de esa edad tienen derecho a otorgar su consentimiento sin el requisito de que haya habido una evaluación profesional individual de su capacidad, después de haber consultado a un experto independiente y competente. Sin embargo, el Comité recomienda enérgicamente que los Estados partes garanticen que, cuando un niño menor de esa edad demuestre capacidad para expresar una opinión con conocimiento de causa sobre su tratamiento, se tome debidamente en cuenta esa opinión.

9 Art. 19: Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

10 Artículo 26. En las internaciones de personas declaradas incapaces o menores de edad sé deberá: a) Ofrecer alternativas terapéuticas de manera comprensible, b) Recabar su opinión, c) Dejar constancia de ello en la historia clínica, d) Poner a su disposición la suscripción del consentimiento informado. En caso de existir impedimentos para el cumplimiento de estos requisitos deberá dejarse constancia de ello con informe fundado. Asimismo deberá dejarse constancia de la opinión de los padres o representantes legales según el caso. Para las internaciones de personas menores de edad el abogado defensor previsto en el artículo 22 de la Ley Nº 26.657 deberá estar preferentemente especializado en los términos del artículo 27 inciso c) de la Ley Nº 26.061.

11 Artículo 18. La persona internada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el abandono de la internación. En todos los casos en que las internaciones voluntarias se prolonguen por más de SESENTA (60) días corridos, el equipo de salud a cargo debe comunicarlo al Órgano de Revisión creado en el artículo 38 y al juez. El juez debe evaluar, en un plazo no mayor de CINCO (5) días de ser notificado, si la internación continúa teniendo carácter voluntario o si la misma debe pasar a considerarse involuntaria, con los requisitos y garantías establecidos para esta última situación. En caso de que la prolongación de la internación fuese por problemáticas de orden social, el juez deberá ordenar al órgano administrativo correspondiente la inclusión en programas sociales y dispositivos específicos y la externación a la mayor brevedad posible, comunicando dicha situación al Órgano de Revisión creado por esta ley.

12 Artículo 48. Requisitos. Toda internación de una persona con padecimiento mental debe ajustarse a las siguientes pautas:

k) La internación deberá contar con el Consentimiento Informado del paciente o del representante legal cuando corresponda. Sólo se considerará válido el consentimiento cuando el paciente manifieste lucidez y comprensión de la situación. No se considerará válido si dicho estado no se conserva durante la internación, ya sea por el estado de salud como por el tratamiento; en ese caso deberá procederse como si se tratase de una internación involuntaria.

13 (3) Una persona o grupo de personas se encuentran en condición de vulnerabilidad, cuando su capacidad para prevenir, resistir o sobreponerse a un impacto que les sitúe en situación de riesgo, no está desarrollada o se encuentra limitada por circunstancias diversas, para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. En este contexto se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas quienes, por razón de su edad, género, orientación sexual e identidad de género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, o relacionadas con sus creencias y/o prácticas religiosas, o la ausencia de estas encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

14 (2) Se recomienda la elaboración, aprobación, implementación y fortalecimiento de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Los servidores y operadores del sistema de justicia otorgarán a las personas en condición de vulnerabilidad un trato digno, adecuando el servicio a sus circunstancias singulares. Asimismo se recomienda priorizar actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia de aquellas personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad, ya sea por la concurrencia de varias causas o por la gran incidencia de una de ellas.

15 Artículo 49. Abandono de la internación. La persona internada bajo su consentimiento puede, en cualquier momento, decidir por sí misma el abandono de la internación. En caso de intervención judicial, debe procederse conforme a lo establecido por el Acuerdo Reglamentario Nº 948-Serie A del Tribunal Superior de Justicia o por el instrumento que en el futuro lo reemplace.

16 Artículos 48º a 50º. La autoridad de aplicación establecerá, por si y mediante acuerdos con el Poder Judicial cuando así resulte procedente, las pautas para la implementación operativa de los procesos de internación a los que se refiere el Capítulo II del Título III de la Ley 9.848.

17 Artículo 21. La internación involuntaria debidamente fundada debe notificarse obligatoriamente en un plazo de DIEZ (10) horas al juez competente y al Órgano de Revisión, debiendo agregarse a las CUARENTA Y OCHO (48) horas como máximo todas las constancias previstas en el artículo 20. El juez en un plazo máximo de TRES (3) días corridos de notificado debe: a) Autorizar, si evalúa que están dadas las causales previstas por esta ley. 27 Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 b) Requerir informes ampliatorios de los profesionales tratantes o indicar peritajes externos, siempre que no perjudiquen la evolución del tratamiento, tendientes a evaluar si existen los supuestos necesarios que justifiquen la medida extrema de la internación involuntaria y/o. c) Denegar, en caso de evaluar que no existen los supuestos necesarios para la medida de internación involuntaria, en cuyo caso debe asegurar la externación de forma inmediata. El juez sólo puede ordenar por sí mismo una internación involuntaria cuando, cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 20, el servicio de salud responsable de la cobertura se negase a realizarla.

18 Artículo 21. Las DIEZ (10) horas deben computarse desde el momento en que se efectivizó la medida, incluso cuando su vencimiento opere en día u horario inhábil judicial. La comunicación podrá realizarse telefónicamente o por otra vía tecnológica expedita y verificable que habrán de determinar en acuerdo la Autoridad de Aplicación local, el Poder Judicial y el Órgano de Revisión. El Juez deberá garantizar el derecho de la persona internada, en la medida que sea posible, a ser oída en relación a la internación dispuesta. a) Sin reglamentar. b) La petición de informe ampliatorio sólo procede si, a criterio del Juez, el informe original es insuficiente. En caso de solicitar el mismo o peritajes externos, el plazo máximo para autorizar o denegar la internación no podrá superar los SIETE (7) días fijados en el artículo 25 de la ley Nº 26.657. Entiéndese por «servicio de salud responsable de la cobertura» al máximo responsable de la cobertura de salud, sea pública o privada.

19 Principio 16. Admisión involuntaria…. 2. Inicialmente la admisión o la retención involuntaria se hará por un período breve determinado por la legislación nacional, con fines de observación y tratamiento preliminar del paciente, mientras el órgano de revisión considera la admisión o retención. Los motivos para la admisión o retención se comunicarán sin demora al paciente y la admisión o retención misma, así como sus motivos, se comunicarán también sin tardanza y en detalle al órgano de revisión, al representante personal del paciente, cuando sea el caso, y, salvo que el paciente se oponga a ello, a sus familiares.

20 Principio 17. El órgano de revisión 1. El órgano de revisión será un órgano judicial u otro órgano independiente e imparcial establecido por la legislación nacional que actuará de conformidad con los procedimientos establecidos por la legislación nacional. Al formular sus decisiones contará con la asistencia de uno o más profesionales de salud mental calificados e independientes y tendrá presente su asesoramiento. 2. El examen inicial por parte del órgano de revisión, conforme a lo estipulado en el párrafo 2 del principio 16 supra, de la decisión de admitir o retener a una persona como paciente involuntario se llevará a cabo lo antes posible después de adoptarse dicha decisión y se efectuará de conformidad con los procedimientos sencillos y expeditos establecidos por la legislación nacional. 3. El órgano de revisión examinará periódicamente los casos de pacientes involuntarios a intervalos razonables especificados por la legislación nacional. 4. Todo paciente involuntario tendrá derecho a solicitar al órgano de revisión que se le dé de alta o que se le considere como paciente voluntario, a intervalos razonables prescritos por la legislación nacional. 5. En cada examen, el órgano de revisión determinará si se siguen cumpliendo los requisitos para la admisión involuntaria enunciados en el párrafo 1 del principio 16 supra y, en caso contrario, el paciente será dado de alta como paciente involuntario. 6. Si en cualquier momento el profesional de salud mental responsable del caso determina que ya no se cumplen las condiciones para retener a una persona como paciente involuntario, ordenará que se dé de alta a esa persona como paciente involuntario. 7. El paciente o su representante personal o cualquier persona interesada tendrá derecho a apelar ante un tribunal superior de la decisión de admitir al paciente o de retenerlo en una institución psiquiátrica.

21 Principio 18. Garantías procesales. 1. El paciente tendrá derecho a designar a un defensor para que lo represente en su calidad de paciente, incluso para que lo represente en todo procedimiento de queja o apelación. Si el paciente no obtiene esos servicios, se pondrá a su disposición un defensor sin cargo alguno en la medida en que el paciente carezca de medios suficientes para pagar. 2. Si es necesario, el paciente tendrá derecho a la asistencia de un intérprete. Cuando tales servicios sean necesarios y el paciente no los obtenga, se le facilitarán sin cargo alguno en la medida en que el paciente carezca de medios suficientes para pagar. 3. El paciente y su defensor podrán solicitar y presentar en cualquier audiencia un dictamen independiente sobre su salud mental y cualesquiera otros informes y pruebas orales, escritas y de otra índole que sean pertinentes y admisibles. 4. Se proporcionarán al paciente y a su defensor copias del expediente del paciente y de todo informe o documento que deba presentarse, salvo en casos especiales en que se considere que la revelación de determinadas informaciones perjudicaría gravemente la salud del paciente o pondría en peligro la seguridad de terceros. Conforme lo prescriba la legislación nacional, todo documento que no se proporcione al paciente deberá proporcionarse al representante personal y al defensor del paciente, siempre que pueda hacerse con carácter confidencial. Cuando no se comunique al paciente cualquier parte de un documento, se informará de ello al paciente o a su defensor, así como de las razones de esa decisión, que estará sujeta a revisión judicial. 5. El paciente y su representante personal y defensor tendrán derecho a asistir personalmente a la audiencia y a participar y ser oídos en ella. 6. Si el paciente o su representante personal o defensor solicitan la presencia de una determinada persona en la audiencia, se admitirá a esa persona a menos que se considere que su presencia perjudicará gravemente la salud del paciente o pondrá en peligro la seguridad de terceros. 7. En toda decisión relativa a si la audiencia o cualquier parte de ella será pública o privada y si podrá informarse públicamente de ella, se tendrán en plena consideración los deseos del paciente, la necesidad de respetar su vida privada y la de otras personas y la necesidad de impedir que se cause un perjuicio grave a la salud del paciente o de no poner en peligro la seguridad de terceros. 8. La decisión adoptada en una audiencia y las razones de ella se expresarán por escrito. Se proporcionarán copias al paciente y a su representante personal y defensor. Al determinar si la decisión se publicará en todo o en parte, se tendrán en plena consideración los deseos del paciente, la necesidad de respetar su vida privada y la de otras personas, el interés público en la administración abierta de la justicia y la necesidad de impedir que se cause un perjuicio grave a la salud del paciente y de no poner en peligro la seguridad de terceros.

22 Principio 19. Acceso a la información. 1. El paciente (término que en el presente principio comprende al ex paciente) tendrá derecho de acceso a la información relativa a él en el historial médico y expediente personal que mantenga la institución psiquiátrica. Este derecho podrá estar sujeto a restricciones para impedir que se cause un perjuicio grave a la salud del paciente o se ponga en peligro la seguridad de terceros. Conforme lo disponga la legislación nacional, toda información de esta clase que no se proporcione al paciente se proporcionará al representante personal y al defensor del paciente, siempre que pueda hacerse con carácter confidencial. Cuando no se proporcione al paciente cualquier parte de la información, el paciente o su defensor, si lo hubiere, será informado de la decisión y de las razones en que se funda, y la decisión estará sujeta a revisión judicial. 2. Toda observación por escrito del paciente o de su representante personal o defensor deberá, a petición de cualquiera de ellos, incorporarse al expediente del paciente.

23 Artículo 25: Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento por las autoridades competentes para los fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental a un examen periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás circunstancias propias de su internación.

24 Artículo 56. Control de legalidad. Recibidas las actuaciones por el Tribunal o Juzgado competente en la materia, el Juez dará audiencia a la niña, niño o adolescente, a sus representantes y a quienes tengan interés legítimo en la cuestión con presencia del ministerio pupilar y resolverá por auto fundado y en el término de cinco (5) días sobre la legalidad de las medidas excepcionales adoptadas por la Autoridad de Aplicación o sus dependencias autorizadas, ratificándolas o rechazándolas.

Si una vez recibidas las actuaciones se advierte que los informes técnicos no se hallan actualizados o resulta indispensable un nuevo estudio relativo a la niña, niño, adolescente o a su entorno familiar, podrá el Tribunal o Juzgado interviniente posponer la audiencia por un plazo máximo de tres (3) días para posibilitarlo. Mientras se sustancie el trámite no se suspenderán las medidas otorgadas administrativamente.

Artículo 57. Resolución. Resuelta la ratificación de la medida, el Tribunal o Juez competente notificará a la autoridad que solicitó el control de legalidad. Rechazada la medida por el Tribunal o Juez competente, éste debe notificar a la respectiva autoridad administrativa que solicitó el control de legalidad, en cuyo caso la niña, niño o adolescente será reintegrado a la familia o centro de vida de donde fue retirado con motivo de las medidas excepcionales. La resolución adoptada debe ser notificada a la niña, niño o adolescente, su letrado si hubiera intervenido, los representantes legales, familiares o responsables y sus letrados, el ministerio pupilar y demás partes en el proceso. En contra de la resolución del Tribunal o Juez competente procederá el recurso de apelación, el que deberá ser fundado e interpuesto en el término de cinco (5) días de notificado. En ningún caso el recurso interpuesto suspenderá la medida adoptada por la administración hasta tanto exista sentencia dictada por la Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar. La Autoridad de Aplicación podrá, sin embargo, insistir en la medida excepcional antes dispuesta conforme nuevos informes y fundamentos que así lo exijan. En tal caso, el Tribunal o Juez lo evaluará y dispondrá -previa audiencia de los interesados- en un plazo no mayor a cinco (5) días. Cuando las circunstancias lo requieran, adoptará las medidas urgentes indispensables hasta su resolución que será recurrible para los interesados.

25 Artículo 42. Medidas de protección de derechos. Son aquellas adoptadas y emanadas de la Autoridad de Aplicación, sus dependencias, Unidades de Desarrollo Regional (UDER) o por las autoridades administrativas de promoción y protección de derechos en el ámbito de los municipios y comunas, ante la amenaza o violación de los derechos o garantías de una o varias niñas, niños o adolescentes individualmente considerados, para preservar o restituir a los mismos el goce y ejercicio de los derechos amenazados o vulnerados o la reparación de las consecuencias de su vulneración. La amenaza o vulneración a que se refiere este artículo puede provenir de la acción u omisión de los padres, la familia, representantes legales o responsables, de la propia conducta de la niña, niño o adolescente o del Estado, de la sociedad y de los particulares. Ante esta vulneración de derechos, todos los actores sociales involucrados (familias, comunidad, Estado y sociedad civil) deben poner en práctica estrategias específicas de intervención inmediata y pertinente para restablecer ese derecho.

26 Art. 48 LPSM inc. h No deberá prolongarse la internación con el fin de resolver problemáticas sociales de competencia de otros organismos del Estado, debiendo acudirse a ellos con el fin de proceder a la externación;

27 Art.  48 LPSM inc. i. Requisitos. Toda internación de una persona con padecimiento mental debe ajustarse a las siguientes pautas: .. Los pacientes que en el momento de la externación no cuenten con un entorno que los contenga, serán albergados en establecimientos que al efecto dispongan las autoridades competentes de otras áreas del Estado, en coordinación con la Autoridad de Aplicación.

28 Art. 48 LPSM inc. d) La internación será solo una etapa o modalidad, en un proceso continuo de tratamiento, dentro del sistema de salud mental;

29 2. Que la reestructuración de la atención psiquiátrica en la Región implica la revisión crítica del papel hegemónico y centralizador del hospital psiquiátrico en la prestación de servicios; 6. Que las Organizaciones, asociaciones y demás participantes de esta Conferencia se comprometen mancomunada y solidariamente a abogar y desarrollar en los países programas que promuevan la reestructuración, y al monitoreo y defensa de los derechos humanos de los enfermos mentales de acuerdo a las legislaciones nacionales y los compromisos internacionales respectivos.

30 Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

31 Artículo 24.  Igualdad ante la Ley.  Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

32 Artículo 10. Principio de igualdad y no discriminación. Las disposiciones de esta Ley se aplicarán por igual a todas las niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna fundada en motivos raciales, de sexo, color, edad, idioma, religión o creencias, opinión política, cultura, posición económica, origen social o étnico, discapacidad, apariencia física o impedimento físico, de salud, de nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.

33 Artículo 11. Principio de efectividad. Los organismos del Estado, la sociedad y la familia deben adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos reconocidos en esta Ley y en todo el ordenamiento jurídico nacional, provincial, municipal y comunal.

34 Artículo 12. Derecho a la vida. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida, a su disfrute, protección y a la obtención de una buena calidad de vida.

35 Artículo 13. Derecho a la dignidad y a la integridad personal. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a: a) La dignidad como sujetos de derecho y de personas en desarrollo; b) No ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante o intimidatorio; c) No ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante, y

d) A su integridad física, sexual, psíquica y moral. La persona que tome conocimiento de malos tratos o de situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de una niña, niño o adolescente -o cualquier otra violación a sus derechos-, debe comunicar dicha situación a la autoridad local de aplicación de la presente Ley. Los organismos del Estado deben garantizar programas gratuitos de asistencia y atención integral de todas las niñas, niños y adolescentes.

36 Artículo 17. Derecho a la salud. Los organismos del Estado deben garantizar: a) El acceso a los servicios de salud respetando las pautas familiares y culturales reconocidas por la familia y la comunidad a la que pertenecen, siempre que no constituyan peligro para su vida e integridad; b) Programas de asistencia integral, rehabilitación e integración; c) Programas de atención, orientación y asistencia dirigidos a su familia, y d) Campañas permanentes de difusión y promoción de sus derechos dirigidas a la comunidad a través de los medios de comunicación social. Toda institución de salud debe atender prioritariamente a las niñas, niños y adolescentes y mujeres embarazadas. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su salud, a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de oportunidades a los servicios y acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud.

37 Artículo 24. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

38 Artículo 19. Todas las personas en la Provincia gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio: 1. A la vida desde la concepción, a la salud a la integridad psicofísica y moral y a la seguridad personal.

39 Artículo 59. La saluda es un bien natural y social que genera en los habitantes de la Provincia el derecho al más completo bienestar psicofísico, espiritual, ambiental y social. El Gobierno de la Provincia garantiza este derecho mediante acciones y prestaciones promoviendo la participación del individuo y de la comunidad. Establece, regula y fiscaliza el sistema de salud, integra todos los recursos y concerta la política sanitaria con el Gobierno Federal, Gobiernos Provinciales, municipios e instituciones sociales públicas y privadas. La Provincia en función de lo establecido en la Constitución Nacional, conserva y reafirma para sí la potestad del poder de policía en materia de legislación y administración sobre salud. El sistema de salud se basa en la universalidad de la cubertura, con acciones integrales de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, e incluye el control de los riesgos biológicos sociales y ambientales de todas las personas, desde su concepción, Promueve la participación de los sectores interesados en la solución de la problemática sanitaria. Asegura el acceso en todo el territorio provincial, al uso adecuado, igualitario y oportuno de las tecnologías de salud y recursos terapéuticos.

40 Artículo 37. Funciones. d) Reconstruir el entramado social al diseñar y proponer políticas públicas capaces de dar respuestas efectivas y viables a las problemáticas que atraviesan las niñas, niños, adolescentes y familias; h) Promover la transversalidad en las políticas públicas a partir de actividades y programas conjuntos; k) Planificar y ejecutar estrategias de atención, orientación, capacitación y fortalecimiento a familias en riesgo; n) Coordinar, controlar y celebrar convenios con organismos públicos o privados que atiendan la problemática de las niñas, niños y adolescentes; ñ) Promocionar, desarrollar y ejecutar políticas públicas que recuperen y fortalezcan los mecanismos familiares, comunitarios e institucionales de control, protección, acompañamiento, contención y asistencia a las niñas, niños y adolescentes en procura de su desarrollo integral; s) Promover y fortalecer relaciones interinstitucionales con organismos gubernamentales, no gubernamentales y educativos y con especialistas vinculados a las áreas específicas.

41 Artículo 42. Medidas de protección de derechos. Son aquellas adoptadas y emanadas de la Autoridad de Aplicación, sus dependencias, Unidades de Desarrollo Regional (UDER) o por las autoridades administrativas de promoción y protección de derechos en el ámbito de los municipios y comunas, ante la amenaza o violación de los derechos o garantías de una o varias niñas, niños o adolescentes individualmente considerados, para preservar o restituir a los mismos el goce y ejercicio de los derechos amenazados o vulnerados o la reparación de las consecuencias de su vulneración.

42 Artículo 45. Medidas a adoptar. Comprobada la amenaza o violación de derechos deben adoptarse, entre otras, las siguientes medidas de promoción y protección integral: c) Inclusión de niñas, niños, adolescentes y las familias respectivas en programas tendientes al fortalecimiento y apoyo familiar; d) Cuidado de niñas, niños y adolescentes en su propio hogar, orientando y apoyando a los padres, representantes legales o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones, juntamente con el seguimiento temporal de la familia y de las niñas, niños y adolescentes a través de un programa; e) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico ambulatorio de niñas, niños y adolescentes o de alguno de sus padres, responsables legales o representantes;

43 Artículo 47. Adopción de medidas de protección. La Autoridad de Aplicación, sus dependencias, las Unidades de Desarrollo Regional (UDER) y los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos que conforme al territorio provincial corresponda su actuación, con el informe técnico interdisciplinario adoptarán todas las medidas de protección que dispone la presente Ley, lo que debe ser debidamente documentado por los organismos intervinientes, constituyéndose así en la fundamentación necesaria ante la eventual adopción de medidas excepcionales.

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