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Doctrina

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Código Unívoco
1240
Revista
Civil y Comercial
Número
297
Título
LA REGLA DE PRIORIDAD EN LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO -Despejando dudas, equívocos, y malas interpretaciones-
Autor
Ariel A. Germán Macagno.
Texto

1) Accidentes de tránsito: aspectos generales

Todo daño causado por automotores insertos en la vía de circulación (en movimiento) obedece al riego propio de las cosas y también al de la actividad desarrollada. Por consiguiente, los accidentes que los tengan como protagonistas (cualquiera sea la forma y modo en que se produzcan) resultan alcanzados por la responsabilidad civil por riesgo creado (no sólo el titular registral sino también el conductor) siendo indiferente si el resultado de la lesión hubiera sido producido por el obrar del hombre o por el propio rodado1.

Este esquema legal no se ve alterado por el hecho de que en el suceso dañoso hubieran participados dos (o más) vehículos, porque frente a tales supuestos los riesgos no se neutralizan2. En todo caso, concurren en el sentido de que el dueño o guardián de cada uno de los vehículos que intervino en la colisión debe responder por los daños causados al otro, salvo que se acredite una eximente idónea para desvirtuar la presunción de adecuación causal que se materializó en su contra.

Efectivamente, cuando el accidente de tránsito ha tenido como protagonista a dos o más vehículos en movimiento (acótese: con independencia del porte de cada uno) demostrada la conexión material entre un determinado hecho y el resultado (léase: imputación física del daño al agente) queda materializada una presunción de adecuación causal a favor del dueño o guardián por los daños sufridos por el otro con fundamento objetivo en el riesgo (art. 1113, párr., 2, sup. 2, CC. -hoy: art. 1757, CCyC).

Ahora bien, la mentada presunción no es absoluta sino susceptible de ser desvirtuada (total o parcialmente) mediante la invocación y justificación de una causa ajena (léase: hecho de la propia víctima, hecho de un tercero por quien no se debe responder, caso fortuito o fuerza mayor) cuya prueba trasunta en un aspecto que en el sistema de responsabilidad civil requiere de una ponderación severa; o lo que es lo mismo: certeza de que el daño no obedece a la causa aparente que se imputa a dicho sujeto, sobre la base de una interpretación estricta para no zaherir el principio de reparación integral (art. 19, CN.; ex: art. 1083, CC. -hoy: art. 1740, CCyC)3.



2) Una regla general: la de prioridad de paso (alcance y efectos)

Puede acontecer que en el marco de un proceso se plantee como discusión el alcance que cabe otorgarle a la regla de tránsito de la prioridad de paso.

En las normativas de tránsito se suelen establecer reglas de prioridad de paso, cuya inobservancia importa no sólo un proceder antijurídico, sino que, además, funda una presunción de culpabilidad4. Esto se debe a que esta prioridad no solo está regulada legalmente, sino que constituye una valiosísima regla de conducta para una circulación segura y eficaz.

No obstante ello, la regla sobre prioridad de paso no debe ponderarse en abstracto sino en cada caso concreto, de conformidad a las circunstancias particulares que rodearon al evento lesivo5. Y ello así, pues la regla que establece la preferencia por la derecha no confiere ningún bill de indemnidad para el conductor que goza de paso preferente, quien no queda eximido por ello de cumplir con las reglas básicas del tránsito vehicular conservando el dominio de su vehículo6.

Para traducir normativamente este debate imaginario, cabe echar mano a lo previsto en la norma del art. 52, Ley 8560 (y sus mod., Ley 9169)7 manda legal que sienta una regla clara en materia de tránsito, que persigue evitar una puja cada vez que hubiera de transponerse un cruce urbano, pues si lo hubiera querido de esa manera habría dicho que la preferencia le corresponde a quien llegue primero, y no sentar una regla de evidente razonabilidad: establecer la preferencia sin competencias fortuitas o de habilidad para los conductores a favor de quien accede al cruce desde la derecha.

Efectivamente, se otorga prioridad de paso al vehículo que se presenta en la encrucijada por la derecha, obligándolo al conductor subordinado (o sea: al que circula por la izquierda) a aminorar la marcha e incluso a detenerse si fuere necesario para cederle voluntariamente el paso a aquél.

Tanto en la jurisprudencia como en la doctrina se evidencian distintas posiciones. Mientras unos afirman que la prioridad de paso de quien circula por la derecha es una regla absoluta, otros sostienen un criterio más flexible.

Entre los primeros, están los que opinan que: “… si se respeta la sabia letra de la ley que otorga prioridad absoluta de paso a quien en una encrucijada viene por la derecha, nunca jamás podría ocurrir un choque (...) Si quien llega al cruce por la izquierda detiene su marcha para dar paso a quien viene por la derecha, es físicamente imposible que se produzca un embestimiento…”. Se añade que el origen del accidente, en caso de no respetarse la prioridad de paso, es la violación de una ley de orden público que ordena detenerse a quien se aproxima por la mano izquierda y, por ende, se ha convertido en causa eficiente y adecuada del accidente y de los perjuicios de él derivados…”8.

En una postura cercana (aunque algo más flexible) se entiende que la prioridad de paso sólo cedería en casos excepcionales fijados por la propia ley o por otras circunstancias de similar entidad (v. gr.: como el exceso de velocidad o la maniobra antirreglamentaria del conductor de paso preferente).

Quienes se enrolan en esta tesitura, lo hacen porque la regla que sostiene que la prioridad de paso rige independientemente de quién ingrese primero a la encrucijada, debiendo ponerse énfasis en la obligación primaria que tiene quien circula por la izquierda: frenar y ceder el paso9.

Otros, en tanto, hacen una interpretación más flexible de la prioridad de paso de quien aparece por la derecha en una bocacalle, regla que no se considera absoluta. Por el contrario, dicha presunción tiene que ser analizada en cada caso en concreto, pues: “... la prioridad de paso no concede un derecho adquirido ni significa una autorización para embestir a quien se coloque en la línea de marcha de quien la goza…”10.

De todas ellas, me seduce la idea de que la aplicación material de esta regla no es automática por el mero hecho de que el sujeto que circula por la derecho cuenta con prioridad de paso, sino que (contrariamente a ello) hay que estar a las circunstancias de cada caso en particular11. Empero, valga aclararlo: las circunstancias particulares que rodearon al hecho con las cuales se pretenda mitigar, atenuar o derechamente neutralizar la aplicación de la regla aludida, deben ser ponderada estrictamente. Luego, frente a la duda, cabe mantener a rajatabla la prioridad de paso.

Recapitulando: como principio, el conductor que llegue a una bocacalle desde la izquierda debe reducir la velocidad y tiene la obligación de ceder espontáneamente el paso a aquel que lo hace por la vía pública ubicada a su derecha.

La violación a tal regla constituye una contravención grave contra la seguridad del tránsito, que crea en contra de su autor una presunción iuris tantum de culpa, la que (como lo puso de relieve la doctrina) admite prueba en contrario12. Y, justamente, el onus probandi se encuentra en cabeza de quien deba desvirtuar la presunción de responsabilidad que pesa sobre él13.

Vuelvo sobre algo ya dicho: cuando de lo que se trata es de interpretar la regla en cuestión, no se trata de la interpretación de una norma jurídica como entidad abstracta, sino de la valoración de circunstancias de hecho, a partir de lo cual se colige que no es viable imponerse una regla fija e inamovible, pues en cada caso a juzgar habrá aspectos diversos que pueden generar importantes diferencias imposibles de receptar adecuadamente en una unívoca regulación.

No tengo duda alguna que la aplicación material de la regla que se viene examinando, no confiere un bill de indemnidad, pues no autoriza a dejar de lado elementales reglas de prudencia ni otorga a quien la goza un derecho absoluto, al punto de poder llevarse por delante cuanto encuentre a su paso, agravando los riesgos propios de la circulación. Esto está claro, porque admitirlo, sería convalidar la utilización antifuncional de la mentada obligación (art. 10, CCyC. -ex: art. 1071, CC.-). Empero, representa en el sistema legal un principio general de referencia que ha de jugar en función de las circunstancias de cada caso14. Esto me lleva a despojar de validez aquel argumento, según el cual: se ha ganado el derecho a paso, porque: “… considerar que quien llega primero al cruce tiene ganado el derecho al paso, resulta ser una simple adaptación ciudadana de la ley de la selva…”, que es precisamente lo que la reglamentación que se viene analizando busca o persigue evitar15.

Para poner las cosas en su lugar: si el conductor que carece del beneficio que le irroga la mentada prioridad, cumple con la obligación de fuente legal (y me estoy refiriendo a la de detenerse o aminorar o ceder el paso) interrumpe la causalidad en el accidente (ex: arts. 901 y 903 CC. -hoy: art. 1727, CCyC.). De haberse cedido el paso, seguramente no será necesario revisar los resultados de una colisión. La interpretación que propicio importa evitar la especulación que frente a la flexibilización desmedida de la regla, llevaría a evitar aminorar la marcha y, al contrario, hacer ceder a quien posee prioridad obligándolo a frenar, frente al intento de traspasar la mitad de la bocacalle de quien está subordinado16.

No se trata de ser riguroso en el alcance que cabe otorgarle a la regla aludida, sino de serlo a la hora de ponderar las circunstancias que eventualmente se muestren idóneas para neutralizarla o atenuar su aplicación en concreto. No se trata de estar de acuerdo con una aplicación objetivada o automática de la regla (esto es: por el mero hecho de haberse vulnerado la prioridad de paso que anida en ella) sino de sopesar en cada caso puntual en el que deba ser materialmente aplicada, las circunstancias particulares que lo rodearon, las que interpretadas restrictivamente pueden en ciertos casos excepcionales, menguar o atenuar los efectos que la violación de la regla produce.

En pocas palabras: lo que no puede admitirse es que cualquier circunstancia excluyente termine convirtiendo en regla lo que constituye una excepción, con efectos abrogatorios de la regla en cuestión. Esto no quita (valga la reiteración) que para su aplicación material no deba atenderse a las circunstancias particulares de cada caso, porque de lo contrario se irrumpiría en el sistema de la libre valoración de la prueba con sujeción a las reglas de la sana crítica racional.

En cuanto a su alcance concreto, la regla descansa en que: el conductor que se aproxima a una encrucijada no semaforizada debe (en todos los casos) reducir la velocidad y ceder siempre y espontáneamente el paso, a todo vehículo que se presente por un vía pública situada a su derecha.

Se puso de relieve también que esta prioridad sólo se pierde, por ejemplo: - i) - señalización específica en contrario; -ii) - los vehículos ferroviarios; -iii) - los vehículos del servicio público de urgencias en cumplimiento de una emergencia, cada vez que lo requieran con señales acústicas o lumínicas; -iv)- las reglas especiales para rotondas; -v) - en cualquier circunstancias cuando: - a) - se desembocara de una vía de tierra a una pavimentada; -b) - se circule al costado de vías férreas, respecto del que sale del paso a nivel; -c) - se vaya a girar para ingresar a una vía transversal; - d) - se conduzcan animales o vehículos de tracción a sangre”) y claramente la conducta que adoptara la parte demandada no engasta en ninguna de esas excepciones que torne viable (al menos en grado de concurrencia causal) un apartamiento o neutralización de la regla de prioridad de paso cuya aplicación vengo examinando para este caso puntual.



3) La calidad de embistente de quien circula con prioridad de paso

En la práctica se puede avizorar que usualmente se utiliza como argumento para alterar la regla de prioridad de paso, la calidad de embistente del rodado conducido por quien se beneficiaba con aquélla.

Tengo para señalar al respecto que la circunstancia que el vehículo de quien contaba con prioridad de paso hubiera sido el embistente no conmueve la interpretación que le cabe a la regla en cuestión, pues la normativa de tránsito habla de ceder el paso a toda movilidad que se presente por la derecha, y lo hace sin distinguir según lleguen juntos o lo haga un poco más retrasado, debiendo en todos los casos extremar la prudencia al acercarse a un cruce de calles disminuyendo la velocidad, para no constituirse en un obstáculo o peligro para el conductor de paso preferente17.

Como es dable colegir, el sólo argumento de ser embistente no desvirtúa el hecho que la prioridad de paso le asistía a este vehículo. Esa regla de tránsito prima por sobre el hecho del criterio de quién resulta embistente, que sólo puede atenderse en paridad de condiciones, pues convalidar algo diferente al amparo de una interpretación extensiva o laxa del principio de prioridad de paso, importaría abrogar la regla y admitir que en vez de frenar los vehículos y ceder espontáneamente el paso, se deba acelerar para ‘ganar el paso’, dado que con ello se evita la aplicación del principio normativo de prioridad que tenía el otro vehículo que circulaba por la derecha. Y, justamente, no ha sido ésta la ratio en la que abreva la regla en cuestión, sino en que se respete al otro de un modo ordenado, especialmente, cuando no se cuenta con preferencia de paso y no se configura ninguna situación de excepción a su respecto18.

Repárese para ello, que una sola maniobra (por ejemplo de esquive, adelantamiento, etc.) puede transformar o trocar rápidamente la condición de embestidor en embestido, y admitir esa conducta disvaliosa puede conducir a consagrar un reconocimiento injusto y carente de equidad. En esto la doctrina se ha mostrado uniforme19. Y ello así (valga insistir con lo mismo) porque el conductor obligado a ceder el paso en un cruce debe transponerlo únicamente cuando esté seguro de salir de él a tiempo y no constituir un peligro para el titular del paso preferente. No le basta con fundarlo en el hecho de haber llegado primero, cualquiera sea la proximidad del otro vehículo, pues la regla habla de derecha antes que izquierda y no de privilegio “a quien llegue primero”20.

El mayor adelantamiento de quien no goza de la prioridad, no autoriza a invertir la responsabilidad que se infiere de la aplicación de dicha regla, la que no deja de aplicarse por el simple hecho que uno de los conductores inicie el cruce unos instantes antes. Dicha ventaja mínima no justifica un apartamiento del mandato legal.

No puede perderse de vista que entre dos vehículos en movimiento es muy fácil pasar de la posición de embistente a la de embestido, mediante el sencillo recurso de aumentar la velocidad a fin de adelantarse en el cruce, de allí que la condición de embistente tiene un valor insignificante (o si se quiere, relativo) para sortear el cumplimiento de la regla aludida.

En el mejor de los casos el carácter de embistente configura sólo un indicio que per se no basta para imputar responsabilidad21.

Recapitulando: como regla no resulta relevante la calidad de embistente y embestido, cuando media prioridad de paso, y al llegar a la intersección, el conductor que carecía de ella se lanza a cruzar sin respetarla, constituyéndose en un obstáculo insalvable para aquél que la tenía, quien inevitablemente lo embiste.



4) La velocidad excesiva de quien circulaba con prioridad de paso

Otro de los argumentos que se utiliza en la práctica para neutralizar la prioridad de paso, es la velocidad excesiva del conductor que se encontraba beneficiado con ella.

Con relación al tema, vale precisar algunos puntos.

En primero lugar, sopesando la manera en que se introduce el tema, por lo general se hace como argumento para liberarse de la responsabilidad que se le imputa, o sea: como una causa ajena (hecho de la propia víctima). De ser así, su prueba le incumbe a la parte que la invoca, y su ponderación debe ser severa y restrictiva.

En segundo lugar, veamos de qué manera podría impactar la proyección lesiva que la velocidad del rodado produce.

Tengo para señalar al respecto que: “… la velocidad adecuada a la situación constituye un factor esencial al dominio del vehículo, justamente porque, tanto el conductor está supeditado a su propia potencialidad de respuesta psicomotriz, como su unidad se encuentra sometida a la legislación natural reguladora de las fuerzas de masa, fricción, centrifuga, etc., cuyos tiempos resultan progresivamente comprimidos por el incremento que medie en relación con el espacio recorrido, lo que gráficamente se traduce en a mayor velocidad, menor posibilidad de control…” -el resaltado me pertenece-22.

Conteste con esta mirada, el Código de Tránsito de la Provincia de Córdoba (ley 9169) en la norma del art. 48, señala: “… todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta, además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características del estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a las mismas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse…” -el resaltado me pertenece- manda legal que precisa el comportamiento básico expectable que se debe asumir con relación a la velocidad del vehículo en circulación23.

La imprudencia en orden a la velocidad que transita un vehículo, no debe ser valorada única y exclusivamente en función de su cuantificación numérica, sino fundamentalmente sobre la base del modelo de conducta exigible que se construye ponderando la diligencia y cuidado que el caso concreto imponía, atendiendo a la naturaleza de la obligación, a las circunstancias de las personas, y a las de tiempo y lugar (art. 512, CC. -hoy: .1724, CCyC.-; art. 48, LPT., 9169) y ponderando en qué medida la velocidad ha sido factor etiológico, contribuyente o determinante para la producción del accidente y reproche subjetivo en la conducta del agente.

Tampoco la inadecuada velocidad debe ser valorada solo al analizar la mecánica de la colisión en sí misma considerada, sino también en la incidencia que aquélla ha tenido en la dimensión de los daños, lo que necesariamente conduce a atribuir mayor porcentaje de responsabilidad a quien circulaba a velocidad inadecuada, tal como acontece en otros supuestos en los cuales la conducta de la víctima no guarda relación de causalidad con el impacto en sí mismo sino con el agravamiento de las consecuencias (v.gr.: falta de uso de casco protector o de cinturón de seguridad)24.

Para determinar con precisión la velocidad en la que circula un vehículo, es necesario contar con una prueba técnica a su respecto, material de probática que no puede ser suplido con prueba testimonial (principios de especificidad de los medios probatorios) ni siquiera por la declaración de un testigo técnico.

No se puede prescindir de que los peritos son llamados por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, para suministrar al juzgador argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de las gentes25. En efecto, cuando el juez no se encuentra en condiciones de conocer o apreciar un hecho por sus propios medios, sea porque no se halla al alcance de sus sentidos, sea porque su examen requiere aptitudes técnicas que solo proporcionan determinadas disciplinas ajenas a los estudios jurídicos, se encuentra obligado (como tal) a recurrir al auxilio de personas especializadas que reciben el nombre de peritos26.

En nuestro sistema de Derecho adjetivo, el juzgador no está obligado a sujetarse al dictamen de los peritos (art. 283, CPC.) sino que debe guiarse por los principios que informan la sana crítica racional, teniendo en cuenta la calidad y fundabilidad de las conclusiones así como la eficacia de los conocimientos técnicos y científicos expuestos27. Justamente, la norma del art. 283, CPC., en cuanto prevé que el mérito del dictamen pericial se apreciará según “las reglas de la sana crítica racional”, otorga al juzgador una herramienta útil para desconocer la eficacia convictiva de aquellos dictámenes que se presenten claramente inidóneos, conforme a lo que indican las reglas de la lógica o del pensamiento y de la experiencia28.

Ahora bien, el juez no puede (como principio) desde su condición de componedor del conflicto jurídico, enervar una conclusión propia de las ciencias, artes, técnicas y prácticas ajenas al derecho, sin un parámetro técnico, objetivo e impersonal, que así lo indique29. Esto no significa que el juzgador deba respetar las conclusiones periciales, cuando se advierta su palmaria irracionalidad mediante el mero auxilio del sentido común, porque el sistema de apreciación de pruebas instrumentado en nuestro sistema de Derecho procesal (reglas de la sana crítica racional) incluye como herramienta de evaluación a las reglas de la experiencia, o sea: el medio apto para enervar cualquier elemento de prueba cuya tendencia convictiva se oponga a lo que indica el curso natural y ordinario de las cosas, o el normal saber y entender de un estándar racional medio.

Recapitulando: la eficacia convictiva de la prueba pericial se mide por su apoyo gnoseológico y científico (rectius: por la seriedad, prolijidad y exhaustividad del camino seguido por el experto para arribar a sus conclusiones) y si bien es cierto que la prueba pericial no obliga al juzgador (art. 283, CPC.) también lo es que para apartarse de sus conclusiones se exige aportar suficientes elementos de juicio que conduzcan a demostrar el error o desvío del perito con principios lógicos o máximas de experiencia, porque la concordancia de la competencia del perito y los postulados técnicos en que se funda, no pueden ser controvertidos mediante simples discrepancias sin apoyos en sólidos fundamentos probatorios30.

Puede suceder que lo que fuera dictaminado por el experto oficial, sea puesto en duda por el asesor técnico que la parte contradictor hubiera designado a sus efectos.

Esto me lleva a precisar qué valor probatorio le cabe a la mentada intervención. En este derrotero, lo primero que tengo para señalar es que el consultor técnico pericial es un órgano procesal que ha sido designado por una de las partes para que la asesore en el estudio de los dictámenes de peritos e informes técnicos que se produzcan en el proceso31. Se trata de un genuino defensor de los intereses del sujeto proponente, de lo que se sigue que entre la estimación del perito oficial y la del consultor técnico, en defecto de otro elemento de juicio que autorice a inclinarse por una u otra postura, cabe estar a la del técnico que ha sido designado de oficio, desechando la del asesor de la parte interesada, pues las garantías que rodean su designación hacen presumir su imparcialidad, otorgándole mayor atendibilidad32.

Precisamente, atendiendo a esta especial vinculación con una de las partes de la relación jurídica procesal (acótese: sin demérito de la idoneidad profesional del suscriptor de tal informe) a los fines probatorios no es dable equiparar derechamente el trabajo de los peritos y el de los consultores, ni otorgarles a estos últimos la importancia que le corresponde aquellos, pues en el esquema del sistema legal adjetivo su figura no brinda garantía de imparcialidad, cuando (a fuer de reiterativos) su función consiste en una suerte de patrocinio técnico de quien lo ha propuesto, aspecto que influye en el orden de injerencia que cabe otorgarles en el acto pericial33.

Vale aclararlo: esto no significa que su participación y mérito no deba ser ponderada en el proceso, comparativamente, con lo que fuera dictaminado por el experto oficial.

De conformidad a lo previsto en la norma del art. 262, CPC., prevé que su: “… única función será la de evaluar y, en su caso, criticar el dictamen pericial…”, manda lega de la que es dable colegir que (como tal) los consultores técnicos de parte cumplen una doble función: a) la de control, que les permite asistir a las diligencias periciales y formular a partir de ello las observaciones que estimen pertinente; y b) la de opinión, pues en el plazo de cinco días de notificada a las partes la agregación del dictamen, podrán presentar un informe en forma fundada, sea en apoyo o en disidencia, con el de los peritos, exponiendo cuáles son las conclusiones correctas34.

Esto me lleva a coincidir con la opinión según la cual: “… los consultores técnicos podrán presentar un informe que, como su nombre lo indica, no reviste el carácter de un dictamen judicial…”35, pues su misión: “… no es la de hacer una pericia conjunta con el perito oficial (en el caso que coincida con ella) ni hacer una contra pericia (en el caso del disenso) sino que su labor debe consistir en demostrar que el método realizado por el perito oficial ha sido acertado o desacertado; en el primer caso deberá explicar si se han usado las leyes de una buena técnica o de su arte y en segundo explicar dónde está el error y demostrar cuáles son las que deberían haber utilizado…”36. Y así “… como el perito oficial se encuentra limitado por los puntos de pericia, el consultor técnico se encuentra constreñido por el dictamen pericial presentado por aquel, desde que no se tendrán en cuenta los informes que no se refieren expresa y concretamente al presentado por los peritos…”37.

Recapitulando: el consultor técnico es el reemplazante de la parte que lo ha designado, para que por ella y en su nombre, efectúe las observaciones pertinentes, controle técnicamente el desarrollo de las diligencias periciales, y pueda, si lo desea, presentar su propio informe acerca de los puntos de pericia que han sido propuestos. Empero, su orden de actuación en las distintas fases de la pericia no es el mismo que el que le ha sido reconocido los peritos oficiales, lo que es razonable pues su rol en el marco del desarrollo del acto pericial no es equiparable al de aquellos, porque no se trata de un tercero imparcial (acótese: como sí lo debe ser el perito de la lista oficial) pues sólo asesora a la parte que lo ha contratado y, en tal función, no puede participar de la deliberación, porque ello no es compatible con su tarea de asesoramiento de la parte y de su trabajo “partial”, pudiendo con su intromisión entorpecer la tarea de los expertos oficiales quienes, por regla, no tienen ningún interés en el pleito que comprometa la imparcialidad de su dictamen38.

No reniego de que el asesor técnico de parte sea un verdadero perito técnico, que actúa en el proceso bajo la supervisión del tribunal, aunque hubiera sido propuesto por una de las partes. Empero, lo hace en defensa y asesoramiento de la parte que lo designara. Y en esto, cabe el distingo con el perito oficial. Ahora bien, esto no significa que su opinión no deba ser valorada o ponderada, sobre todo cuando se muestra fundada en razones objetivas de ciencia y lógica. En cuyo caso, hasta podría como argumento válido para justificar el apartamiento de lo dictaminado por el experto oficial39.

No es inusual toparse con casos en lo que se intenta suplir la prueba pericial mecánica con la declaración de un testigo técnico. Quien lo haga así en el marco de su estrategia defensiva debe saber que a lo depuesto por dicho testigo no cabe otorgarle la misma eficacia probatoria que le corresponde al dictamen del experto.

Hablar de un testigo técnico, es referir a aquél que por su oficio o profesión, tiene conocimientos especiales en determinadas materias, por lo cual sus observaciones objetivas pueden ser de singular importancia. Hasta aquí, todos de acuerdo. Lo que sucede es que no debe confundirse esta prueba con la pericial (ni con un informe pericial de un asesor técnico de parte en disidencia). Digo esto para remarcar que las respuestas brindadas por un testigo así calificado no son las de un perito, sino de una opinión distinta, dadas otras circunstancias y con un alcance diferente. Explayándose sobre el valor que cabe otorgarle a su deposición, empinada doctrina ha puesto de relieve que: “… Estos testigos exponen principalmente conceptos personales, basados en deducciones de lo percibido, que son el resultado de sus especiales conocimientos sobre la materia…”40. Y en este sentido, al testigo técnico no se le solicita un informe pericial, sino la interpretación de los hechos que ha percibido, en atención a la especial condición de conocimiento que tiene para formular una apreciación distinta41.

Insisto: no debe confundirse esta prueba con la pericial (ni con un informe pericial de un asesor técnico de parte en disidencia) aspecto que me lleva a tener que precisar hasta dónde puede extenderse el juicio técnico del testigo, sin exceder los límites de la prueba testimonial para invadir el terreno de la peritación técnica. El punto de inflexión o la clave para tal cometido está en circunscribirlo a la narración de los hechos percibidos, y a las deducciones técnicas que de ellos se formulen, pero sin extendernos al juicio de valor que exceden los límites del juicio técnico sobre sus percepciones (como testigo). Y lo que es más trascendente: no es viable procesalmente hablando suplantar una prueba con otra para acreditar lo que constituye objeto de prueba de la primera, porque el principio de especificidad de los actos procesales lo impide42.



5) Prueba del daño y su extensión

Por regla al damnificado le incumbe la cargas procesal de demostrar el perjuicio, no sólo a los efectos de la procedencia misma de la reparación, sino también para fijar su extensión y límites, pues debe indemnizarse el daño causado, todo ese daño y sólo él, procurándose que el resultado de esta última operación sea razonablemente idóneo para traducir el perjuicio en una indemnización justa y equitativa, en el sentido de mayor adecuación posible entre el menoscabo y la indemnización43.

Como principio inconcuso, el perjuicio debe ser cierto, efectivamente existente, no siendo resarcible el daño conjetural, posible o hipotético, recayendo la carga de acreditarlo (como regla) sobre la accionante (art. 377, CPCN.; y art. 887, CPC.).

Establecida la entidad del daño a la que está unida la reacción jurídica, deviene necesario (y esencial) fijar la medida del contenido de ese daño, porque no basta establecer de qué se compone y hasta dónde se extiende, sino que debe precisarse la medida del año. En lo que a este aspecto del tema refiere, hago mía la opinión de empinada doctrina, según la cual: “… la prueba de la existencia del daño consiste en la determinación ontológica del perjuicio, o sea cuál es su esencia y cuál es su entidad…”44. O lo que es lo mismo: “… Se trata de dos operaciones distintas (…) determinado de qué se compone y hasta dónde se extiende. Pero con esto no basta, ya que debe, además, procederse a la medida del daño (…) La medida del contenido del daño, ya que lo que se mide es su magnitud o entidad, en relación a los elementos que lo integran (contenido)…”45.

Ahora bien, mientras el daño debe estar acreditado al tiempo de la condena resarcitoria, los sistemas de rito instituyen para la cuantificación algunas liberalidades probatorias, ya sea habilitando la fijación prudencial del monto por el juez, o la postergación de la prueba para un estadio posterior al de la condena. Sobre este aspecto del tópico, la doctrina judicial del Tribunal de Casación local, se ha encargado de explicar el funcionamiento del sistema legal adjetivo en lo que al tópico se refiere (arts. 333, 334 y 335, CPC.) estableciendo como regla que en la sentencia se debe juzgar tanto la existencia de los rubros pretendidos como su extensión46. Como excepción, se admite que ésta establezca las bases sobre las que haya de hacerse la liquidación. Y por fin, para los casos en los que no pueda ni cuantificarse la condena, ni establecerse las bases en la sentencia, siempre que se trate de una situación que no sea imputable a la parte interesada (que no ha probado cuando ha debido hacerlo) será posible que el tribunal estime el daño conforme su prudente arbitrio y de conformidad con las reglas de la norma del art. 335, CPC. Empero, no se acepta la negligencia como excusa para que el juez fije prudencialmente el monto pretendido o difiera su determinación para la etapa de ejecución de sentencia. Si la existencia o la cuantificación no han sido acreditadas por esa razón (actitud negligente del interesado) la demanda debe ser rechazada.

Recapitulando, cuando en el caso no se ha producido prueba idónea para acreditar la extensión del daño, quedando en evidencia la negligente actitud procesal del apelante, no es viable su determinación conforme al prudente criterio judicial, pues no están dados los presupuestos que la norma de los arts. 333, 334 y 335, CPC.

Un aspecto estrechamente vinculado con el tema y que vale traer a colación, es el referido al valor probatorio de los hechos notorios.

Cuando se alude a “hechos notorios”, me refiere a esos hechos exentos de prueba, pues: “… son considerados como ciertos e indiscutibles por el conocimiento humano general, ya pertenezcan a la historia, ya a las leyes naturales, ya a los hechos sociales y políticos que interesen la vida pública actual; hablase también de una notoriedad más restringida, esto es, de los hechos que son comúnmente conocidos en un determinado lugar, de modo que cualquier persona que resida en él hállase en condición de saberlos…”47.

Si bien es cierto que no resulta indispensable que todos conozcan el hecho para que haya notoriedad, para que se encuentre exento de prueba es imprescindible que: “… sea conocido generalmente por las personas de cultura media en la rama del saber humano a que corresponda, siempre que el juez pueda conocer esa general o especial divulgación y que por su parte tenga certeza de tal hecho, en forma que no le deje dudas respecto de su existencia presente o pasada…”48. Y por qué lo remarco: porque la característica del hecho notorio es que sea de dominio público, es decir: que nadie lo ponga en duda, de tal manera que la convicción que de ella surge es tan firme como la que emana de una prueba directa y, por ello, puede el juez tenerlo por cierto en su sentencia aun cuando las partes no lo hubieran invocado49. Esto responde al principio de normalidad aplicado al proceso, en cuya virtud, cuando se ha sostenido algo contrario del orden normal de las cosas, constituye una regla de la experiencia que a falta de prueba, debe suponerse que los hechos han acaecido conforme a lo normal y regular en la ocurrencia de las cosas. Y esto lleva a posicionar la idea de que el conocimiento de cómo ocurren los hechos normales pertenece al saber privado del juzgador que éste puede invocar al fundamentar su sentencia50.

Recapitulando, cuando no existieran montos justificados del daño demandado, ni bases objetivas acreditadas, resulta inaplicable la norma del art. 333, CPC., pudiendo -en algunas hipótesis- fijarse el monto de la condena prudencialmente, en los términos de la norma de los arts. 334 y 335, ibid., cuando se reúnan las condiciones por ellos exigidas. De este modo, la norma del art. 334 del rito autoriza a que el tribunal estime el daño cuando fuere imposible la liquidación, y tal imposibilidad no sea ‘imputable de prueba’, esto es: cuando no hubiera existido negligencia de la parte interesada en la condena. O lo que es lo mismo: que la liquidación no haya sido posible de determinar ‘pese a la diligencia puesta por aquél a quien incumbe la carga’ (art. 335, inc. 3, CPC.). Asimismo, la ley adjetiva impone que además ‘la existencia de la obligación y su exigibilidad hayan sido demostradas’ (art. 335, inc. 1, CPC.) y ‘que la duda del tribunal recaiga sólo sobre el número, el valor de las cosas o la cuantía de los daños y perjuicios que se reclamen’ (art. 335, inc. 2, CPC). Estas tres circunstancias deben -indefectiblemente- darse de un modo simultáneo para que resulte procedente la fijación prudencial del monto de la obligación por parte del Tribunal”51.



6) A modo de epítome

El respeto a la regla sobre prioridad de paso, vuelve expectable que: el conductor que se aproxima a una encrucijada no semaforizada debe (en todos los casos) reducir la velocidad y ceder siempre y espontáneamente el paso, a todo vehículo que se presente por un vía pública situada a su derecha.

No obstante ello, la regla sobre prioridad de paso no debe ponderarse en abstracto sino en cada caso concreto, de conformidad a las circunstancias particulares que rodearon al evento lesivo.

Empero, estas circunstancias particulares que rodearon al hecho con las cuales se pretenda mitigar, atenuar o derechamente neutralizar la aplicación de la regla aludida, deben ser ponderada estrictamente. Luego, frente a la duda, cabe mantener a rajatabla la prioridad de paso.



Notas

1 PIZARRO Ramón D. - VALLESPINOS Carlos G. -Instituciones de Derecho Civil. Obligaciones. Tomo 4- Edit. Hammurabi, Bs. As., año 2008, pág. 629; en sentido similar: KEMELMAJER DE CARLUCCI Aída -Responsabilidad en las colisiones entre dos o más vehículos-; trab., pub., en: -Temas de responsabilidad civil. Libro homenaje al Dr. Morello Augusto M.- Edit. Platense, Bs. As, año 1981, pág. 232.

2 Doctrina de fuste avala lo que se viene propugnando (cfr.: TSJ -Sala Civil- Cba., Sent. 28, 30/11/93, in re: “EspíndolaElvio H. y otro c/ Loritz A. Roasenda Ordinario R. de Revisión”; criterio que ha sido ratificado recientemente por el mismo Tribunal en: Sent. N.° 68, 25/6/2008, in re: “Dutto Aldo Secundino c/ América Yolanda Carranza y Otro -Ordinario Recurso de Casación”)

3 ZAVALA DE GONZÁLEZ Matilde -Doctrina Judicial. Solución de Casos. Tomo VII- Edit. Alveroni, Cba., año 2010, pág. 279; KEMELMAJER DE CARLUCCI Aída en: BELLUSCIO Augusto C. - ZANNONI Eduardo A. -Código Civil. Tomo 5- Edit. Astrea, Bs. As., año 1994, pág. 523.

4 PIZARRO Ramón Daniel - VALLESPINOS Carlos Gustavo -Instituciones de derecho privado. Obligaciones. Tomo 4- Edit. Hammurabi, Bs. As., año 2008, pág. 625.

5 En este sentido, comparto el criterio de la doctrina según el cual: “… debe aceptarse la posibilidad que tiene quien venía por la izquierda de demostrar que no se ha configurado el hecho presumido o derivado, o que se ha quebrado el nexo lógico o causal entre el hecho base (prioridad de paso) y el hecho presumido (…) de modo que se puede probar que es lógico y congruente que el hecho presumido (daño) no deriva de la vulneración de la prioridad de paso, sino del actuar imprudente o negligente de la otra parte, o de un tercero o de un caso fortuito y que se ha interrumpido o neutralizado el nexo lógico causal…” (cfr.: PIEDECASAS Miguel A. -Una decisión compartida-; trab., pub., en: LLBA, 1998, 823; en el mismo sentido: AREÁN Beatriz A. -Juicio por accidente de tránsito. Tomo 2A- Edit. Hammurabi, Bs. As., año 2010, pág.483).

6 Doctrina de fuste avala lo que vengo sosteniendo (cfr.: GALDÓS Jorge M. -La prioridad de paso de quien circula por la derecha-; trab., pub., en: LL on line AR/DOC/851/2012).

7Art. 52: 1.- En las intersecciones, la prioridad de paso se verifica siempre ateniéndose a la señalización que la regule. 2.- En defecto de señal que regule la prioridad de paso, el conductor está obligado a cederle el paso a los vehículos que se aproximen por su derecha, salvo en los siguientes supuestos: a) Tienen derecho de prioridad de paso los vehículos que circulen por una vía pavimentada frente a los procedentes de otra sin pavimentar. b) Los vehículos que circulen por rieles tienen derecho de prioridad de paso sobre los demás usuarios. c) En las rotondas, los que se hallen dentro de la vía circular tienen prioridad de paso sobre los que pretenden acceder a aquéllas. Los que salen de las rotondas deben hacerlo desde el carril exterior. La circulación debe realizarse dentro de los carriles de las mismas y el cambio de carril y salida de la rotonda debe efectuarse según lo establecido en el artículo 76 de la presente Ley. d) Cuando se circule al costado de vías férreas, respecto del que sale del paso a nivel. 3.- En vías de doble sentido de circulación, cuando se vaya a girar hacia la izquierda para ingresar a otra vía o propiedad, tiene prioridad el que circula en sentido opuesto…”.

8 VÁZQUEZ FERREYRA Roberto A. -La prioridad de paso del que viene por la derecha. Una fórmula matemática para evitar más muertes-”; trab., pub., en: RCyS 2012-III, 71.

9 GALDÓS Jorge M. -La prioridad de paso de quien circula por la derecha-; trab., pub., en: LLC 2012, 147.

10 TRIGO REPRESAS Félix A. - LÓPEZ MESA Marcelo J. -Tratado de la responsabilidad civil. Tomo V- Edit. La Ley, Bs. As., año 2011, pág. 554.

11 En la práctica esto significa (adhiriendo a lo que piensa empinada doctrina) que: “… la prioridad de quien llega por la derecha no está condicionada a que se ceda el paso o no por quien se presenta por la izquierda a la encrucijada, sino que debe ser inexorablemente concedido a consecuencia de la mentada obligación, con la única excepción de que tal preferencia se hubiera hecho imposible de acatar en los hechos en razón de un grado de adelantamiento del vehículo subordinado que le permitiese en ese momento trasponer el cruce…” (cfr.: PIZARRO Ramón D. -Tratado de la responsabilidad objetiva. Tomo I- Edit. La Ley, Bs. As., año 2015, págs. 632/633).

12 TRIGO REPRESAS Félix A. - COMPAGNUCCI DE CASO Rubén H. -Responsabilidad civil por accidentes de automotores. Tomo I- Edit. Hammurabi, Bs. As., año 2008, págs. 315/316.

13 En otras palabras: “… quien aparece por la derecha tiene prioridad de paso, por lo cual la pérdida de esa prioridad debe acreditarla quien lo hace por la izquierda…” (cfr.: KEMELMAJER DE CARLUCCI Aída -comentario al art. 1113- en: BELLUSCIO Augusto C. - ZANNONI Eduardo A. [dirs.] -Código Civil. Tomo 5- Edit. Astrea, Bs. As., año 1994, pág. 505.

14 Qué pretendo significar con esto: que esa preferencia o autorización que se le reconoce al conductor que circula por la derecha no lo dispensa de la observancia del resto del ordenamiento de tránsito. Lo que sucede es que para neutralizarla, es menester que aquel que se desplazara sin dicha prerrogativa goce de una franca factibilidad de cruce, manifestada, por ejemplo: por un adelantamiento que hubiere impedido la colisión, pues sólo el hecho que el choque se hubiera producido, vuelve razonable la inferencia de que tuvo la posibilidad de observar la marcha del otro rodado y especuló con ganarle el paso, sin respetar la recordada prioridad que le imponía la detención del automóvil. Doctrina judicial avala lo que vengo señalando (cfr.: CNCiv. -sala G- 11/6/2010, in re: “Petracca Gustavo Martín c. Hutchison, Marcela y otros”; en el mismo sentido: -Sala B- 28/12/2017, in re: “Blanco, Horacio Luis c. Suar, Jorge Horacio y otro s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/les. o muerte).

15 MEILIJ G. -Responsabilidad Civil en los accidentes de tránsito- Edit. Nova Tesis, Bs.As., año 2003, pág. 83.

16 Doctrina judicial convalida la interpretación que vengo proponiendo, señalando: “… La especulación de que si el otro conductor llegó primero al centro de la bocacalle o si ya estaba cruzando cuando llegó el de la derecha la regla no se aplica, contribuye a generar confusión y a aumentar la irresponsabilidad de los conductores. Con esta especulación se logra que los más audaces intenten ganar el paso y luego pretendan escudarse en esa prioridad que no surge de la ley, sino de la equivocada mirada que fomenta la ley de la selva. Esto no quiere decir que el que tiene prioridad de paso tenga derecho para arrasar con todo (...) La regla no es de prioridad para el que llega primero, sino para el que se presente por la derecha…” (cfr.: Cám. 4, Civ. y Com., Cba., Sent. 187, 21/12/2010; fallo pub., en: SJ 1800, ejem: 31/3/2011; 442).

17Cám. Civ., Com., Lab., Flia. y Cont. Adm. Río Tercero, Sent. 84, 27/7/2016, in re: “Ghion, Gustavo Ezequiel c/ Prado, Lucio Alejandro - Ordinario (Expte. nº 430983) -voto de mi autoría-

18 En este sentido, la indagación sobre la particularidad de cuál de ellos asumió la condición de embestidor y cuál de embestido, no reviste mayormente trascendencia como elemento de consideración por sí mismo y de modo autonómico, perdiendo significación esencial, en tal condición, a los fines inculpatorios, porque deben atenderse a otras pautas de mayor importancia, siendo aquello un concepto relativo y uno entre los varios elementos que pueden ser tenidos en cuenta para discernir la responsabilidad.

19Cám. 2 Civ., Com., y Cont. Adm., Rio 4, 13/5/2013, in re: “Mateu, German Eduardo y otro c/ Oviedo Daniel Albano y otros. Ord.”; Cám. 9, Civ. y Com., Cba., Sent. 125, 11/10/2017, in re: “Antunez, Emilia Fernanda contra Bustos, Oscar Salomón y otro - Ordinario - Daños y perjuicios - Accidente de tránsito - Recurso de apelación (Expte. 5731700)”).

20 MOSSET ITURRASPE Jorge -Responsabilidad por daños. Vol. II B- Edit. EDIAR, Bs. As., año 1982, pág. 421.

21 En este sentido, se puso de relieve que: “… La normativa legal que establece la prioridad de paso de quien se conduce por la derecha autoriza a inferir la culpabilidad en la producción del evento dañoso del conductor del rodado que circulaba por la izquierda y no respetó la prioridad de paso del vehículo que lo hacía por la derecha, aun en el hipotético supuesto que hubiera llegado o arribado aquel antes a la bocacalle, por no haberse asegurado que transpondría sin problemas la calle, ya sea porque no calculó bien la distancia o la velocidad a la que venía el otro rodado que tenía prioridad de paso y se lanzó a cruzar, confiando que el mismo frenaría o le cedería el paso…” (cfr.: Cám. 6° Civ. y Com. Cba. Sent. 43, 13/05/2015, in re: “Cacciamano Jorge Daniel c/ Espeche Mabel Ruth y otro- ordinario- daños y perj.- Accidentes de tránsito- Recurso de apelación”).

22 TABASSO Carlos -Derecho del Tránsito. Los principios- Edit. B de F, Bs. As., año 1997, pág. 315.

23 El más elemental sentido común propio de las reglas de la experiencia me persuade de ello, pues es lo que normalmente ocurre según el curso ordinario de las cosas, sopesándose que cualquier obstáculo que surja en esa circunstancia devienen necesariamente en algo sorpresivo para el trasgresor que se conduce a una velocidad inadecuada, porque en su actuar inadecuado pierde la facultad de dominio. Doctrina judicial avala la interpretación que vengo propugnando (cfr.: Cám. Civ. y Com. de Azul, causas nº 42.670 “Poseidón” del 13.06.01; nº 42.967, “Diz” del 05.08.01; nº 45.346 “Alfonso” del 30.05.03.; nº 45.939 “Lucero” del 25.11.03; nº 48.559, “Marinangeli”, del 30.11.05.; nº 50.737, “Palma”, del 18.07.07.; n° 50.982, “Sáez” del 06.12.07.; n° 52457, “Benítez” del 18.02.09., n° 53.543, “Philipp” del 04.02.10., entre otras).

24 Es real que en algunos casos una colisión (o alguna otra contingencia similar del tránsito) no podría haber sido evitada aun cuando se circulara a la velocidad permitida o aconsejable según las circunstancias, pero no lo es menos que las consecuencias del infortunio podrían ser de menor gravedad, tal como lo ha puesto de relieve empinada doctrina (cfr.: GHERSI Carlos A. -Las responsabilidades en los accidentes viales-; trab., pub., en: JA. 1995-237).

25 DEVIS ECHANDÍA Hernando -Teoría General de la Prueba Judicial. Tomo II- Edit. Zavalía, Bs.As., año 1970, pág. 287.

26 ALSINA Hugo -Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial. Tomo III- Edit. EDIAR, Bs. As., año 1958, pág. 472; en sentido similar: COLOMBO Carlos J. - KIPER Claudio M. -Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Tomo IV- Edit. La Ley, Bs. As., año 2006, págs. 388/389.

27 Adhiero a la doctrina judicial del Tribunal de Casación local que señalar: “… el sistema de la sana crítica racional se vería contrariado si se adoptara automáticamente la pericia oficial sin analizar los desaciertos que pudiera contener u otros elementos de descargo que pudieran restarle aptitud probatoria…” (cfr.: TSJ -Sala Civil- Cba., Sent. 24/09, 158/2012, entre otras)

28 TSJ -Sala Civil- Cba., Sent. 188/2001, entre otras.

29 Algo similar sucede con la parte que lo objeta o impugna, quien debe satisfacer la carga procesal de invocar y demostrar dónde radica el yerro en el razonamiento del experto al formular su dictamen.

30 DEVIS ECHANDÍA Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Tomo II- Edit. Temis, Bogotá, año 2002, págs. 336 y ss.

31 Se trata de un auxiliar de dicha parte que se diferencia del perito oficial (en sentido estricto) en la circunstancia de que, mientras éste reviste el carácter de auxiliar del juez y, por lo tanto, adquiere su condición procesal a raíz del nombramiento judicial y de la subsiguiente aceptación del cargo, el consultor técnico es un verdadero defensor de la parte, quien lo designa para que la asesore en los ámbitos de la técnica ajenos al específico saber jurídico, pero que no deja de ser una opinión parcial representativo de una suerte de alegato técnico de parte, dirigido, primordialmente, a controlar la regularidad de la labor del perito (cfr.: PEYRANO Jorge W. -El proceso atípico- Edit. Universidad, Bs. As., año 1993, págs.. 146/147; mismo autor: -Procedimiento Civil y Comercial. Conflictos Procesales. Tomo 1- Edit. Juris, Rosario, año 2002, págs.. 542/543).

32 PERRACHIONE Mario C. -La prueba pericial- Edit. ACE, Cba., año 1999, pág. 20; en el mismo sentido: GONZÁLEZ Atilio -Estudios de Derecho Procesal- Edit. Ad Hoc, Bs. As., año 1990, págs. 172 y ss.; CNCiv. -Sala H- 29/5/97, in re: “Ferreira, Josefa J. c/ Ríos, Diego H. s/ daños y perjuicios”; en el mismo sentido: CNCiv. -Sala E- 8/8/97, in re: “Pérez, Juan O. c/ Brutto y otro s/ daños y perjuicios”; CNCiv. -Sala M-, 16/12/97, in re: “Aducci, Carlos A. c/ Díaz, Víctor M. y otro s/ daños y perjuicios”; entre mucho otros.

33 PEYRANO Jorge W. -Apuntes sobre el consultor técnico pericial-; trab. pub. en: LL 1983-B-831/833; Cám. Civ. y Com. Mar del Plata, sala I, 4/7/2006, in re: “Mapfre Aconcagua Cía. de Seguros v. Escaray, María I.”; fallo pub. en: LL Bs. As. 2007-320.

34 FERNÁNDEZ Raúl E. -Las pruebas pericial, testimonial, de presunciones e informativa en el nuevo C. de P.C. (ley 8465)- trab. pub. en: -Comentario al Código Procesal Civil y Comercial. Ley 8465- Foro de Córdoba, Cba., año 1996, pág. 110)

35 DIAZ VILLASUSO Mariano A. -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba. T.II- Edit. Advocatus, Córdoba, año 2016, pág. 104.

36 OLCESE Juan M. -Perito de control o perito de contralor o controloreador-; trab., pub., en SJ, Nro. 161.

37 DIAZ VILLASUSO Mariano A. -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba. Tomo II- Edit. Advocatus, Cba., año 2016, pág. 104.

38Cám. Civ. y Com., de Rosario -Sala I- 12/2/1998, in re: “Anso, Nidia R. c. La Florida S.R.L. Empresa de Transporte”; fallo pub. en: LL Litoral 1998-2-616.

39 Al respecto, la doctrina judicial del Tribunal de Casación local ha sido contundente, al señalar que: “… no solo que puede sino que debe ser tenida en cuenta por el juzgador al momento de motivar su pronunciamiento, e incluso puede ser preferida de encontrarse en ella razones más valederas que el peritaje oficial…” (cfr.: TSJ -Sala Civil- Cba., Sent. N.° 24, 31/03/2009, in re: “Rufeil Olga Azucena y ot. c/ D.A.S. (Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba) - Ordinario - Daños y perjuicios - Recurso directo”). Como lo destacara en otro precedente (completando el alcance que cabe otorgarle a la ponderación de la opinión del asesor técnico de parte): “… Así surge, con claridad, de lo normado en el art. 283 del CPCC que establece la obligatoriedad del Tribunal de considerar, en la ponderación de la prueba, los informes de los peritos de control. Y en nada obsta a esta facultad-deber lo dispuesto en el art. 278 del mismo cuerpo normativo desde que en dicha normativa no se establece ninguna regla de prevalencia o preferencia entre las opiniones de los expertos de oficio o de parte, sino que sólo se dispone que no se tendrán en cuenta los informes del perito de control que no refieran al dictamen presentado por el experto de oficio…” (cfr.: TSJ -Sala Civil- Cba., Sent. N.° 91, 13/8/2008, in re: “Rodríguez Silvia Adriana C/ Superior Gobierno De La Provincia De Córdoba -Ordinario- Recurso Directo” (R-09/05).

40 DEVIS ECHANDÍA Hernando -Compendio de la Prueba Judicial. Tomo II- Edit. RubinzalCulzoni, Sta. Fe, año 2006, pág. 9.

41 SCJ Bs. As., 3/11/2010, in re: “Gases Comprimidos SA c/ Municipios de San Miguel, Malvinas Argentinas y Provincia de Buenos Aires.

42 Dicho con otras palabras: la declaración (refiriéndome a los testigos técnicos) no deviene idónea para suplantar lo que constituye objeto de prueba pericial; y en tal sentido, adhiero a la doctrina judicial según la cual: “… Si el testigo técnico da su “juicio”, evaluando subjetivamente en base a conocimientos técnicos, no sólo la causa del daño, sino dictaminando sobre la envergadura de la zona dañada y respecto de la reparación que considera necesaria, todo ello conforma un proceso evaluativo, un juicio científico propio de una pericia. Por lo que su testimonio no es válido para probar la causa de los daños, la envergadura de los mismos, y las tareas de reparación que se necesitan. Para probar esto debió acudirse a la pericial…” (cfr.: Cám. 1, Civ. y Com., Cba., Sent. N.° 27, 5/4/1999, in re: “Bejarano Valdez M. c/ DIPAS y otros -ordinario-”; fallo pub., en: SJ 82 - 2000-A, 575).

43 ZAVALA DE GONZÁLEZ Matilde -El proceso de daños y estrategias procesales Edit. Juris, Rosario, año 2006, págs. 220 y 223.

44 Explicando el tema, Bustamente Alsina, enseñaba que: “… la prueba de la existencia del daño consiste en la determinación ontológica del perjuicio, o sea cuál es su esencia y cuál es su entidad. La esencia del daño material o patrimonial se demuestra mediante la comprobación de sus elementos constitutivos, esto es, el daño emergente y el lucro cesante. La entidad o magnitud resultarán de la extensión e intensidad de la repercusión que produzca aquél en los elementos del patrimonio (…) Para probar el daño material basta aportar los elementos probatorios que lleven a la conciencia del juez el convencimiento de la existencia de circunstancias objetivamente reveladoras de la presencia del perjuicio y su entidad (…) Luego de la determinación de la existencia y entidad del daño, éste deberá valuarse en términos de dinero para fijar la correspondiente indemnización. Si el daño es mensurable será relativamente fácil para el juez establecer por equivalencia su cuantía o valuación dineraria; cuando el daño no es mensurable por su propia índole, se debe recurrir a pautas relativas, según un criterio de razonabilidad que intente acercar la valuación equitativamente a la realidad del perjuicio. Tal es lo que ocurre con la valuación del perjuicio en caso de la pérdida de una chance, y con la fijación de la indemnización por daño moral…” (cfr.: BUSTAMANTE ALSINA Jorge -Equitativa valuación del daño no mensurable; trab., pub., en: LL 1992-A-318; ZAVALA DE GONZÁLEZ Matilde -El proceso de daños y estrategias procesales Edit. Juris, Rosario, año 2006, págs. 220 y 223).

45 DE CUPIS Adriano -El daño. Teoría General de la Responsabilidad Civil- Edit. Bosch, Barcelona, año 1975, págs. 343/44. Esto se explica, porque los valores no sólo varían según el tiempo y el lugar, y pueden ser subjetivamente disímiles conforme el contexto circunstancial de cada persona, sino que, además, el juzgador no cuenta con los conocimientos técnicos para dominar referentes de mercado, ni soporta una carga de averiguación que incumbe a las partes. Dado que el valor positivo de la indemnización representa la simple contrapartida del disvalor anexo al perjuicio, la convicción sobre la entidad económica de menoscabos patrimoniales es soporte insoslayable para liquidar el monto (cfr.: ZAVALA DE GONZÁLEZ Matilde -Doctrina Judicial. Solución de Casos. Tomo 7 Edit. Alveroni, Cba., año 2010, pág. 69).

46 TSJ -Sala Civil Cba. Sent. N° 138 16/12/2002 Trib. de origen: Cám. 1ª Civ. y Com. Cba. “Amarilla Lidia c/ Roberto E. Gatti - Ordinario Recurso Directo”; en el mismo sentido: Sent. 149, 26/8/2009 “Ortíz de Zárate Federico C/ Automóvil Club Argentino Y Otro Ordinario Recurso de Casación”.

47 CHIOVENDA Giuseppe -Principios de Derecho Procesal Civil. Tomo II- Edit. Reus, Madrid, año 1925, pág. 187.

48 DEVIS ECHANDÍA Hernando -Compendio de la prueba judicial. Tomo I- Edit. RubinzalCulzoni, Sta. Fe, año 2006, págs. 113 y 114.

49 ALSINA Hugo -Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial. Tomo III- Edit. EDIAR, Bs. As., año 1959, pág. 249.

50 PEYRANO Jorge W. -Doctrina de las Cargas Probatorias Dinámicas-; trab. pub. en: Procedimiento Civil y Comercial. Conflictos Procesales. Tomo I- Edit. Juris, Rosario, año 2002, pág. 554.

51 TSJ -Sala CyC- Cba. Sent.N.° 138/02; Sent. N.° 113/05; N.° 115/08, N.° 214/08, N.° 239/09, N.° 50/13, N.° 102/14, entre otros)

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