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Doctrina

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Código Unívoco
1193
Revista
Civil y Comercial
Número
289
Título
Tutela procesal diferenciada a favor de las personas mayores: Impacto en los tiempos del proceso.
Texto

1. Las tutelas procesales diferenciadas: fundamento, legitimación internacional y alcances


En un proceso judicial las partes pueden encontrarse en un plano de igualdad fáctica o no, en este último caso, ofrecerles las mismas herramientas no asegura una habilidad igual para defender sus intereses en el proceso. Es necesario un concepto de igualdad no formal que tome en cuenta la diversidad de situaciones y la desigualdad. En ese marco, el modelo judicial debe desempeñar un papel atemperador de las diferencias y desventajas que afrontan las partes, diseñando instituciones equilibradoras de las posiciones concretas de las partes en litigio. Esos mecanismos tendientes al objetivo señalado, consisten en tutelas procesales diferenciadas y pueden tener distintos enfoques (accesibilidad a la justicia, aceleración de los tiempos procesales, búsqueda y prevalencia de la verdad objetiva, etc.1).


El fortalecimiento de este tipo de medidas se aprecia incluso desde el derecho internacional de los derechos humanos. A su respecto, la Corte IDH señaló que para que exista “debido proceso legal” es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables2, pero aclaró que “para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Es así como se atiende el principio de igualdad ante la ley y los tribunales, y a la correlativa prohibición de discriminación. La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses. Si no existieran esos medios de compensación, ampliamente reconocidos en diversas vertientes del procedimiento, difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas”3, de lo que se observa que la igualdad procesal no excluye la existencia de tutelas procesales diferenciadas como medios para lograr aquella. En el mismo sentido, señaló que el debido proceso se encuentra íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables4.


La Observación general nro. 31 del 2004, el Comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos dice, al referirse a las Obligaciones Generales en materia de Derechos Humanos que asumen los Estados, que además de la efectiva protección de los derechos del Pacto, los Estados parte deben asegurar “que los individuos también tengan recursos accesibles y efectivos para defender esos derechos. Dichos recursos deben estar adaptados apropiadamente, de modo de tener en consideración la especial vulnerabilidad de ciertas categorías de personas, incluyendo en particular a los niños”.


En coincidencia con esas bases, la Corte IDH, en el fallo “Furlan vs. Argentina”, reitera que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial. El Tribunal recuerda que no basta con que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre5.


En el plano nacional existen expresiones actuales de tutelas procesales diferenciadas, que buscan atemperar diferencias estructurales, en ese marco se inscriben los tratamiento ciertamente especiales respecto de los costos económicos del proceso judicial que reciben los consumidores6, los trabajadores7, las personas con recursos económicos reducido (el beneficio para litigar sin gasto), los amparos clásicos a nivel nacional8 y provincial9, además de otros amparos especiales, como los previstos para la tutela del ambiente10 o el acceso a la información pública11, etc. Lo que permite soslayar tasas de justicia, gastos, depósitos en recursos extraordinarios y, en algunos casos, incluso las costas del proceso.


También se inscriben allí los mecanismos de flexibilidad probatoria con los que cuentan los consumidores, los trabajadores, los procesos de familia y los daños y perjuicios regulados en el art. 1735 del CCCN. Un ejemplo de flexibilidad probatoria especial puede verse en el estándar probatorio especial fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la acreditación de los actos de discriminación, en donde “para la parte que afirma dicho motivo, resultará suficiente con la acreditación de hechos que, prima facie, resulten idóneos para inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al demandado -a quien se reprocha la comisión del trato impugnado- la prueba de que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación”12.


En otro orden, pero también desde una perspectiva de tutela procesal especial para la protección de determinados sujetos o derechos, existen cláusulas que disponen que en los procesos judiciales regirán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción correspondiente. Eso ocurre respecto de los consumidores13, de la acción para solicitar la historia clínica14, entre otros, y persiguen reducir los tiempos del proceso judicial cuando se encuentra involucrados determinados actores o derechos. El propio amparo constituye en sí mismo una medida de tutela procesal diferenciada15. Al igual que las medidas de tutela anticipada a favor de ciertas personas que reclaman resarcimiento por los daños y perjuicios sufridos a los fines de atemperar los efectos de aquellos (casos “Camacho Acosta”16 y “Pardo”17).


Como se observa, estas medidas de tutela especial algunas veces tienen en cuenta la vulnerabilidad de la persona involucrada en el proceso, en otras la naturaleza de los derechos que se procuran defender (vinculado a la especial protección constitucional de los mismos), en algunas ocasiones tienen fuente legal, en otras su fuente es directamente pretoriana. Lo cierto es que dichas medidas se van ajustando a la necesidad de una realidad compleja que demanda soluciones específicas. Debemos recordar que el fundamento final de esas tutelas procesales diferenciadas radica en el principio de la tutela judicial efectiva, y en la necesidad de lograr la operatividad en concreto del postulado genérico de acceso a la justicia y la efectividad de la protección de derechos que, precisamente por su connatural vulnerabilidad, merecen una tutela especial a través de herramientas que fortalezcan su concreción18. Es decir, brindar respuestas cualificadas frente a situaciones singulares que merecen una especial protección constitucional.


Por supuesto que para la vigencia de esos derechos no es suficiente un esquema normativo que lo disponga, sino que debe ir acompañada de prácticas judiciales19 que respondan a aquél modelo y jueces comprometidos y activos20. Esa necesidad se desprende de la postura de la Corte IDH en el fallo “Furlan vs. Argentina”, donde señaló que las autoridades judiciales argentinas, en un proceso civil por daños y perjuicios y cobro de indemnización, no actuaron con la debida diligencia y el deber de celeridad que exigía la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba Furlan.


Sagüés afirma que la Corte IDH en dicho precedente sostiene un principio opuesto al dispositivo en los casos en que son parte personas en situación de vulnerabilidad que demandan prestaciones impostergables, señalando que “la conducta de las autoridades judiciales no debe depender exclusivamente de la iniciativa procesal de la parte actora de los procesos” (párr. 169). En consonancia con ello, constata -y desaprueba- “una actitud pasiva” del juez en determinadas etapas procesales de la causa “Furlan” (párr. 182). Detecta, igualmente en términos condenatorios, “que la autoridad judicial no procuró en forma diligente que los plazos procesales se cumplieran, no cumplió [con] su deber de tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso” (párr. 186). Agregando que en situaciones especiales, “resultará necesario que el procedimiento avance con mayor diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve” (párr. 194). En definitiva, el supuesto de personas vulnerables, puede exigir una premura, impulso y atención judicial específica, por ejemplo, la priorización en la atención y resolución del procedimiento por parte de las autoridades a su cargo, con el fin de evitar retrasos en la tramitación de los procesos, de manera que se garantice la pronta resolución y ejecución de los mismos” (párr. 196)21.


Desde esa perspectiva, Sagüés afirma que estas directrices obligan a diferenciar, entre los procesos judiciales civiles y comerciales, los concernientes a sujetos vulnerables que demanda prestaciones impostergables y los que no lo son. Los primeros deberían diligenciarse expeditivamente, de oficio y con preferencia al resto de los expedientes, incluso en su resolución. En los demás podría seguir vigente el principio dispositivo tradicional.


           


2. La situación de vulnerabilidad de las personas mayores: necesidad de una tutela especial


Más allá de las distintas perspectivas que puedan existir sobre la calificación de un colectivo o grupo vulnerable, no caben dudas de que las personas mayores22 integran un colectivo en situación de vulnerabilidad. Esa situación de vulnerabilidad obedece a la visión “economicista” que impera en nuestras sociedades, la que contribuye a la construcción de una concepción que impulsa la marginación de las personas mayores23 y que se asienta “en los denominados ‘prejuicios’ y ‘estereotipos’, que consideran al conjunto de los mayores desde sus déficit más que desde su potencial”24. En ese ámbito se inscribe la común asociación de la vejez con la enfermedad y la improductividad, como una visión impulsada por el sistema económico capitalista, que deriva en un fenómeno generalizado de “descarte” de las personas mayores25. Mientras no se modifique el enfoque cultural sobre el valor de las personas mayores y nuestra cultura continúe otorgándole el limitado lugar de sujeto pasivo e improductivo, el sistema económico lo seguirá marginando, transformándolo en un sujeto débil, vulnerable y constriñendo su ámbito de actuación, todo lo cual favorece fenómenos como el destrato, el abuso, la violencia, la discriminación, el abandono y el empobrecimiento26.


La calificación de sujeto vulnerable de las personas mayores también obtuvo consenso en la comunidad internacional. En ese sentido se destaca que la Corte IDH, en el caso “Comunidad Indígena Yake Axa vs. Paraguay”, hizo alusión “a la especial consideración que merecen las personas de edad avanzada” señalando que “es importante que el Estado adopte medidas destinadas a mantener su funcionalidad y autonomía”27. También surge del caso “García Lucero y Otras vs. Chile”28 y especialmente del caso “Poblete Vilches y otros vs. Chile”29, donde menciona todos los instrumentos internacionales que procuran una protección especial de las personas mayores30. Sobre los mismos, la Corte IDH señala que “Tales instrumentos internacionales reconocen un catálogo mínimo de derechos humanos, cuyo respeto es imprescindible para el más alto desarrollo de la persona mayor en todos los aspectos de su vida y en las mejores condiciones posibles”, a la vez que afirma que “las personas mayores, tienen derecho a una protección reforzada y, por ende, exige la adopción de medidas diferenciadas”31. Luego aclara que “En vista de lo anterior, la Corte resalta la importancia de visibilizar a las personas mayores como sujetos de derechos con especial protección y por ende de cuidado integral, con el respeto de su autonomía e independencia”32.


La protección especial de las personas mayores encontró un fuerte impulso a nivel regional en la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, aprobada el 15 de junio de 2015 en el marco de la OEA, la que por su naturaleza constituye un hito dentro del evolutivo proceso de protección internacional de los derechos de las personas mayores. Dicho instrumento internacional se encuentra vigente y fue ratificado por nuestro país33. El mismo consagra la protección de los derechos humanos de las personas mayores (a partir de reconocer su situación de vulnerabilidad), entre los que se destacan los siguientes: derecho a la igualdad y no discriminación por razones de edad, a la vida y dignidad en la vejez, independencia y autonomía, seguridad y a una vida sin violencia, a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud, derecho a la libertad personal, de expresión, opinión y acceso a la información, nacionalidad y libertad de circulación, derecho a la privacidad e intimidad, seguridad social, trabajo, salud, educación, cultura, recreación, esparcimiento y deporte, derecho a la propiedad, vivienda, medio ambiente sano, accesibilidad, movilidad personal y derechos políticos, entre otros. Todo ello en función de reconocer que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política, de manera de fomentar un envejecimiento activo en todos los ámbitos.


Respecto de la protección especial que reclama el colectivo de personas mayores la Corte IDH destacó que la jurisprudencia de las “altas cortes de algunos Estados de la región han desarrollado la tutela de los derechos de las personas mayores en materia interna, destacando la necesidad de brindar una protección especial para el adulto mayor”34, mencionando distintos precedentes de los tribunales superiores de los países de la región. Respecto de Argentina destacó el fallo “Reynoso”35 (2006) referido a la protección especial del derecho a la salud de una persona de edad avanzada.


Nuestro país también contiene diversas normativas dirigidas a la protección de los derechos de las personas mayores, destacándose el artículo 75 inc. 23 de la Constitución Nacional, que dispone la promoción de medidas de acción positiva a favor de los ancianos en función de garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos. Sin embargo, una mirada sobre nuestra realidad permite observar que nuestro país, tanto en materia previsional como en otras, mantiene una deuda estructural y profunda con las personas mayores. Uno de los aspectos que conforman esa “deuda” que mantiene el Estado argentino con sus personas mayores, se vincula con lo percibido en concepto de jubilaciones y pensiones por las personas mayores, lo que se ha manifestado brutalmente en la enorme cantidad de personas mayores que, desde los años 90’, recurren a los sistemas judiciales en búsqueda de un reconocimiento íntegro de sus derechos previsionales, lo que no sólo demuestra la estrecha vinculación entre los derechos de la seguridad social y el derecho al acceso a la justicia, sino también la relevancia fundamental de este último en el pleno y efectivo goce de los derechos por parte de las personas mayores.


En este punto debemos recordar que el derecho al acceso a la justicia -en un sentido amplio- no implica sólo la posibilidad real de interponer una acción judicial en el Poder Judicial (a pesar de las barreras geográficas, económicas, culturales, etc. que puedan existir), sino también que la sustanciación de esa acción se lleve a cabo a través de un proceso justo que garantice los derechos de las partes, culminando en el dictado de una decisión de fondo útil, oportuna y que satisfaga las exigencias materiales de la justicia, garantizando al órgano judicial las herramientas necesarias para hacer cumplir en la realidad sus decisiones36.


 


3. Justicia rápida para las personas mayores


Sobre esa amplia gama de facetas que involucra el derecho al acceso a la justicia, nos concentraremos en la cuestión vinculada al factor temporal de los procesos judiciales, debido al claro impacto diferencial que produce en los juicios donde intervienen personas mayores.


En esa materia, y en especial con relación a los reclamos judiciales realizados por personas mayores en vinculación con sus derechos previsionales, lamentablemente se observan en nuestro país deficiencias estructurales con relación a los tiempos en los que se brindan las respuestas por parte del sistema judicial a los reclamos de los titulares de esos derechos. Parte de responsabilidad por esa situación tiene su origen en la Ley n° 24.463 (1995), que diseñó una profunda reforma del sistema jubilatorio y, en particular, del sistema de impugnación judicial de los actos administrativos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), que luego de muchos años corrigió la CSJN en los fallos “Itzcovich”37 (2005) y “Pedraza”38 (2014). En “Pedraza” la CSJN señala que la situación de colapso en la que se encontraba la Cámara Federal de la Seguridad Social afectaba en forma decisiva a uno de los grupos vulnerables de la sociedad -las personas mayores- impactando negativamente en su posibilidad de obtener, en forma rápida y eficiente, una respuesta jurisdiccional a sus reclamos de contenido netamente alimentarios.


Lo cierto es que más allá de los aciertos que implican los mencionados precedentes de la CSJN, aún existen demoras estructurales en la justicia para brindar respuestas oportunas a los reclamos de las personas mayores, los que al ser parte de un colectivo vulnerable, imponen la necesidad de gozar de una tutela procesal diferenciada, que tenga en cuenta la complejidad del fenómeno de la ancianidad al momento de adoptar decisiones judiciales de naturaleza procesal.


Esta perspectiva encuentra fundamento en el derecho internacional de los derechos humanos, en primer lugar debemos mencionar que en el Sistema Interamericano, el artículo 8.1 de la CADH dispone que “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial…”, lo que resulta aplicable a todos los procesos judiciales. Para valorar el plazo razonable, la Corte IDH fijó -finalmente- cuatro pautas de análisis39: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y d) la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo40. Respecto del último elemento, la Corte IDH ha establecido que si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve41.


Desde esa perspectiva, no podemos desconocer la vinculación que presenta esa pauta de análisis con el impacto diferencial que producen las demoras judiciales sobre las personas mayores que participan de esos procesos, dado que los tiempos vitales de las personas mayores -en general, limitados con relación a personas de otra franja etaria- inciden decisivamente en la necesidad de obtener un rápido pronunciamiento que reconozca sus derechos (ya sea neutralizando un acto que los afecta, permitiéndole hacer efectivo un derecho, etc.), de modo de poder gozar efectivamente de los mismos durante su vida. En efecto, las demoras durante un proceso judicial revelan especial relevancia en la situación integral de las personas mayores.


Sobre el particular, se destaca que en materia previsional se presenta un fenómeno tan singular como triste, y que consiste en que las extensas y estructurales demoras judiciales en los juicios por reconocimiento o reajustes de haberes jubilatorios -muchas veces dilatados a raíz de conducta procesal de los organismos obligados al pago-, provocan que muchas personas mayores (jubiladas) fallezcan antes de obtener una sentencia que reconozca su derecho, o bien, antes de que se dicha sentencia sea cumplida -a raíz de la reticencia de los organismos obligados al pago y las importantes demoras que se observan también en esa etapa procesal-, lo que no sólo significa frustrar definitivamente el goce de sus legítimos derechos a esas personas mayores, sino que también muchas veces significa que durante sus últimos años de vida no hayan podido satisfacer necesidades propias de una vida digna.


En función de lo analizado, el plazo razonable en los procesos en los que participan personas mayores, debe ser más reducido, imponiendo mayor celeridad y diligencia por parte del sistema judicial a los efectos de resolver con agilidad los asuntos en los que participan personas mayores, lo que trasciende a los juicio previsionales e impacta en procesos de cualquier naturaleza en los que estos intervengan.


Por su parte, también debemos resaltar que el artículo 31 de la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, dispone que “La persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” y agrega que “Los Estados Parte se comprometen a asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante la adopción de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas. Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales. La actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor”.


Por su parte el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de igual forma, en los casos “Codarcea vs. Rumanía” y “Jablonská vs. Polonia”, consideró que la avanzada edad de los accionantes requería de una especial diligencia de las autoridades en la resolución del proceso42.


 


4. Aplicación de las tutelas procesales diferenciadas a las personas mayores


Lograr el objetivo de que las personas mayores obtengan justicia en tiempos que se ajusten a sus específicas necesidades, reclama de tutelas procesales diferenciadas. En ese sentido, debemos recordar que éstas tienen la finalidad de asegurar el reconocimiento de los derechos de fondo y su operatividad, a partir de fortalecer las potestades judiciales en función de lograr esa tutela eficaz, la que no puede frustrarse por la incidencia de ápices puramente formales o la aplicación mecánica de una norma que resulta indiferente a la situación de desventaja que se encuentran las personas mayores43. Es que en un sentido moderno, la aproximación al valor igualdad implica la adopción de perspectivas especiales en el tratamiento procesal de fenómenos complejos que requieren una justicia de “acompañamiento” para la protección reforzada de los derechos de la parte desfavorecida en la relación sustancial, equilibrando y pacificando la situación relativa de los contendientes, y con ello la articulación de un modelo diferente de justicia44.


A partir de lo analizado, frente a la intervención de personas mayores en los procesos judiciales, se observa la necesidad de un proceso judicial más flexible y dúctil, donde el juez asuma un rol protagónico y activo para asegurar la celeridad del proceso. Es que la vejez reclama para sí criterios de justicia específicos45, todo lo cual exige considerar a la vejez como un dato diferenciador relevante para nuestro sistema jurídico en aras de lograr el respeto cierto de su condición en términos de igualdad ante la ley.


En ese marco, es necesario imprimir una especie de impulso de oficio, donde el órgano jurisdiccional debe activar el proceso y ocuparse que llegue a una sentencia, como lo sugiere la Corte IDH en el caso “Furlan vs. Argentina” y lo dispone la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”. Además de lo anterior, o bien como una alternativa de aquello, se podría disponer que los procesos judiciales donde intervienen personas mayores deban tramitarse a través del proceso judicial más ágil y rápido que contemple la regulación respectiva (como ocurre actualmente con determinadas pretensiones), en cuyo marco, y más allá de su posible desnaturalización, el amparo podría funcionar como vía de ajuste para la tutela efectiva de los derechos de personas mayores46, al menos con relación a créditos de contenido netamente alimentarios (v.gr.: juicios por reajustes de haberes jubilatorios), lo que resulta consistente con las “medidas de acción positiva” que reclama el artículo 75.23 de la Constitución Nacional.


En efecto, resulta imperioso emplear medidas de tutela procesal diferenciada para garantizar la tutela judicial efectiva de las personas mayores, lo que incluye, por supuesto, el acceso a una justicia útil, efectiva y oportuna, aun cuando para ello resulte necesario realizar innovaciones procesales o ajustes de procedimientos tendientes a tal fin.


 


Notas


1 Conf. BERIZONCE, Roberto O., “Fundamentos y confines de las tutelas procesales diferenciadas”, en Revista de Derecho Procesal, Nº 2008-2, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, p. 42.


2 Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 117.


3 Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 119.


4 Corte IDH, Caso Ruano Torres y otros vs. El Salvador, Sentencia del 5 de octubre de 2015 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 151.


5 Conf. Corte IDH. Caso Furlan y Familiares vs. Argentina. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, párr. 134.


6 Conf. art. 53 de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley nº 24.240).


7 Conf. art. 20 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley nº 20.744).


8 El art. 13 de la Ley nº 23.898 dispone que “Estarán exentas del pago de la tasa de justicia las siguientes personas y actuaciones:…b) Los recursos de hábeas corpus y las acciones de amparo cuando no fueren denegados”.


9 Conf. art. 14 de la Constitución de CABA dispone que “Toda persona puede ejercer acción expedita, rápida y gratuita de amparo…”; art. 24 del Cód. Procesal Constitucional de Tucumán dispone que las actuaciones en los amparos están “exentas del pago de sellado, depósitos y de cualquier otro impuesto, contribución o tributo provincial o local, sin perjuicio de la reposición, cuando haya condena en costas”, entre muchas otras.


10 Conf. art. 32 de la Ley General de Ambiente (Ley nº 25.675).


11 Conf. art. 6 y 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley nº 27.275).


12 CSJN, “Pellicori, L. S. c. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal”, 15/11/2011, Fallos 334:1387.


13 Conf. art. 53 de la Ley nº 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor).


14 Conf. art. 20 de la Ley nº 26.529 (Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud).


15 Conf. ROJAS, Jorge A., “¿Una tutela procesal diferenciada o la conmemoración del desamparo?”, en Revista de Derecho Procesal, Nº 2009-1, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, pp. 181 y ss.


16 CSJN, “Camacho Acosta, Maximino vs. Grafo Graf SRL y otros”, 07/08/1997, Fallos 320:1633.


17 CSJN, “Pardo, Héctor Paulino y otro c/ Di Césare, Luis Alberto y otro s/ art. 250 del C.P.C.”, 06/12/2011, Fallos 334:1691.


18 Conf. BERIZONCE, Roberto O., “Técnicas orgánico-funcionales y procesales de las tutelas diferenciadas”, en Revista de Derecho Procesal, Nº 2009-1, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, pp. 30 y ss.


19 Conf. Corte IDH. Caso Radilla Pacheco vs. México. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, párrs. 338-339.


20 Conf. MORELLO, Augusto M., La eficacia del proceso, 2° ed. ampliada, Buenos Aires, Editorial Hammurabi, 2001, p. 192.


21 Conf. SAGÜÉS, Néstor Pedro, “El debido proceso y el repliegue del principio dispositivo”, SJA 20/02/2013, 31.


22 La “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores” considera “persona mayor” a aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor.


23 Conf. DABOVE, María Isolina (Dir.), Derechos humanos de las personas mayores, 1ª ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Astrea, 2015, pág. 1.


24 IACUB, Ricardo, El “empoderamiento” como estrategia, en “Derechos humanos de las personas mayores”, Directora: María Isolina Dabove, 1ª ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Astrea, 2015, pág. 77.


25 Conf. CIURO CALDANI, Miguel Ángel, Derecho de la Ancianidad, nueva especialidad jurídica, en “Derechos humanos de las personas mayores”, Directora: María Isolina Dabove, 1ª ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Astrea, 2015, pág. 51.


26 Conf. TOLEDO, Pablo Roberto, “Personas mayores: su perspectiva con relación al derecho a obtener pronunciamiento dentro de un plazo razonable”, DFyP 2016 (junio), 118.


27 Conf. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 175


28 Conf. Corte IDH. Caso García Lucero y otras vs. Chile. Excepción Preliminar, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 267, párr. 231.


29 Conf. Corte IDH. Caso Poblete Vilches y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 349.


30 Conf. Corte IDH. Caso Poblete Vilches y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 349, párr. 126.


31 Conf. Corte IDH. Caso Poblete Vilches y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 349, párr. 127.


32 Conf. Corte IDH. Caso Poblete Vilches y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 349, párr. 132.


33 Conf. Ley nº 27.360 (2017).


34 Conf. Corte IDH. Caso Poblete Vilches y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 349, párr. 129.


35 Conf. CSJN, “Reynoso, Nilda Noemí vs. Instituto Nac. de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”, 16/05/2006, Fallos 329:1638.


36 El cumplimiento de las sentencias ha generado diversas controversias en nuestro país con relación a los juicios vinculados a derechos previsionales, provocando el dictado de la Acordada nº 14/2014 de la CSJN, de fecha 6 de mayo de 2014, donde el máximo Tribunal solicitó al P.E.N. disponer lo necesario para que las agencias bajo su ámbito lleven a cabo un acatamiento institucional de las decisiones reiteradamente tomadas por la CSJN.


37 CSJN, “Itzcovich, Mabel c. Administración Nacional de la Seguridad Social”, 29/03/2005, Fallos 328:566.


38 CSJN, “Pedraza, Héctor Hugo vs. ANSES s/ acción de amparo”, 06/05/2014, La Ley 2014-C, 348.


39 Cabe aclarar que en un primer momento solo fijo tres pautas y luego agregó una cuarta.


40 Conf. Corte IDH, caso “Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia”, sentencia de fecha 27 de noviembre de 2008 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 155.


41 Conf. Corte IDH, “Caso Kawas Fernández Vs. Honduras”, sentencia de fecha 3 de Abril de 2009 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 115.


42 Conf. T.E.D.H., “Caso Jablonská vs. Polonia” (No.60225/00), sentencia de 9 de marzo de 2004. Final, 9 de junio de 2004, párr. 43 (“Having regard to all the relevant circumstances and, more particularly, to the fact that in view of the applicant’s old age - she was already 71 years old when the litigation started - the Polish courts should have displayed particular diligence in handling her case”), y “Caso Codarcea vs. Rumanía” (No. 31675/04), sentencia de 2 de junio de 2009. Final, 2 de septiembre de 2009, párr. 89. Asimismo, “Caso Styranowski vs. Polonia” (No. 28616/95), sentencia de 30 de octubre de 1998, párr. 57 (“Therefore, in view of his age, the proceedings were of undeniable importance for him. Accordingly, what was at stake for the applicant called for an expeditious decision on his claim”), y “Caso Krzak vs. Polonia” (No. 51515/99), sentencia de 6 de abril de 2004. Final, 7 de julio de 2004, párr. 42.


43 Conf. BERIZONCE, Roberto Omar, “Técnicas orgánico-funcionales y procesales de las tutelas diferenciadas”, en Revista de Derecho Procesal 2009-1 Tutelas procesales diferenciadas II, dirigido por Roland Arazi, 1º ed., Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2009, p. 31.


44 Conf. BERIZONCE, Roberto Omar, “Técnicas orgánico-funcionales y procesales de las tutelas diferenciadas”, en Revista de Derecho Procesal 2009-1 Tutelas procesales diferenciadas II, dirigido por Roland Arazi, 1º ed., Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2009, p. 61.


45 Conf. DABOVE, María Isolina, Ciudadanía y derechos fundamentales de las personas mayores: de las políticas gerontológicas al derecho de la vejez, publicado en Revista de la Facultad -UNC-, 2013-1, 19.


46 Conf. TOLEDO, Pablo Roberto, “Personas mayores: su perspectiva con relación al derecho a obtener pronunciamiento dentro de un plazo razonable”, DFyP 2016 (junio), 118.

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Pablo Roberto Toledo
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