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Código Unívoco
1122
Revista
Civil y Comercial
Número
274
Título
TUTELA PROCESAL DEL CONSUMIDOR SOBREENDEUDADO.
Autor
Camilo Emiliano Appas
Texto

Sumario: I. Introducción. II. Sobreendeudamiento del consumidor: Régimen legal actual y tutela judicial efectiva. III. Tutela procesal del consumidor sobreendeudado: Proyectos en Argentina. IV. Necesidad de un procedimiento específico para el sobreendeudamiento del consumidor. Pautas que debe tener para la tutela judicial efectiva. V. Tutela procesal del consumidor sobreendeudado y su situación en Brasil. VI. Conclusiones


 


1. Introducción


Sabido es que por el fenómeno de la globalización, hoy nos encontramos inmersos en una sociedad de consumo, el que está fomentado por diversos medios que llevan al consumidor a agrandar sus deseos de adquirir más bienes de uso y servicios sin tener en cuenta su capacidad económico-financiera de hacer frente a sus compromisos y donde quién da créditos no se preocupa más que por seguir vendiendo, generando acreencias.


Esta sociedad de consumo arrastra a las personas creando nuevas necesidades, otorgando facilidades de pago, con mínimas exigencias y, como consecuencia de ello, se transforma en costumbre la obtención de créditos.


Podemos señalar brevemente, desde un aspecto psicológico, que dentro de esta situación la tenencia de bienes es un parámetro de comparación entre las personas, es decir que marca una diferencia entre quién tiene más y quien tiene menos, donde el que menos tiene, tiene deseos de tener más y como consecuencia de esto, el consumo se realiza “a cualquier precio”, lo que lleva al consumidor a estar en una situación financiera desfavorable, que llamamos sobreendeudamiento.


Este sobreendeudamiento es una constante en esta sociedad, y que se manifiesta al superar un cierto nivel de deudas, es decir que se trata de una situación patrimonial que obedece a la relación existente entre los ingresos del consumidor, y su verdadera capacidad de afrontar regularmente sus obligaciones exigibles -deudas-.


Esta sociedad espera que los consumidores hagan eso: consuman, porque moviliza la economía. Pero para consumir, se ha sostenido que el elemento imprescindible es el crédito: se trata de una facilidad que se otorga para conseguir un bien que de pago en contado/efectivo no se podrían obtener. Se podría resumir bajo el slogan: “compre hoy, pague mañana”.


Nos encontramos en una etapa de proliferación del crédito por la cual hay un “aumento de la disponibilidad general del crédito para los no comerciantes”, “pues… hasta hace poco el crédito solo estaba accesible para comerciantes o personas con un abultado patrimonio”1; o sea, se dan créditos a personas que no tienen una garantía patrimonial suficiente, a veces, basta con presentar solo una identificación , o a lo sumo un recibo o boleta de sueldo (fomentando así el consumo, y empujando a muchas personas al sobreendeudamiento que termina en un proceso concursal/falencial). Es por ello que se sostiene que el sobreendeudamiento va de la mano con el crédito.


De este modo, podemos afirmar que el sobreendeudamiento del consumidor es una problemática económica y social, pues en la mayoría de los casos también podemos hablar de sobreendeudamiento del grupo familiar, por lo que el sobreendeudamiento deja de ser “una cuestión de los particulares, sino que trasciende la esfera privada para ingresar al ámbito de orden publico económico que engasta en las políticas de bienestar general”2.


Si bien nuestro sistema legal (tanto en la constitución como demás leyes que regulan la materia) otorgan protección al más débil en una relación de consumo, tratando de equilibrar la desigualdad existente entre el comerciante/proveedor y el consumidor/usuario, surge la necesidad ante el sobreendeudamiento de una tutela legal y jurisdiccional que tienda a solucionar este problema y que efectivamente proteja a los consumidores más vulnerables evitando un abuso de su situación social, económica y financiera.


De este modo, como el sobreendeudamiento lleva a la persona a una crisis financiera (lógicamente), resulta necesario brindar una protección procesal que le permita reorganizar, “congelar”, redefinir o reestructurar sus deudas.


Mediante el presente trabajo trataré de analizar la protección procesal con la que cuenta hoy el consumidor sobreendeudado, si esta es suficiente o no, y acerca de la necesidad de una mejor tutela procesal diferenciada para el consumidor que se encuentra en estado de insolvencia.


 


2. Sobreendeudamiento del consumidor: Régimen legal actual y tutela judicial efectiva


Frente al sobreendeudamiento, nuestro régimen falimentario conoce dos grandes procesos: el concurso preventivo y la quiebra.


Mediante el primero, el deudor trata de reorganizar su deuda, logrando un acuerdo con sus acreedores respecto a cómo hará efectivo el cumplimiento de sus obligaciones, mientras que el segundo se trata de un proceso liquidativo, por el cual el deudor es desapoderado de sus bienes, los que se proceden a enajenar para afrontar su pasivo.


Estos procedimientos tienen un requisito objetivo que es la cesación de pagos (art. 1 LCQ) a la cual podemos definir como el estado de situación patrimonial por el que el deudor está imposibilitado de hacer frente de manera regular a sus obligaciones exigibles; y como requisito subjetivo, que el sujeto sea concursable (art. 2 LCQ)


La LCQ no brinda un procedimiento especial al consumidor para superar su crisis, si bien regula el pequeño concurso (art. 288 LCQ), éste permite que cualquier sujeto concursable, se trate de un deudor consumidor o no, pueda someterse a dicho proceso cumpliendo tan solo con uno de sus requisitos:


A los efectos de esta ley se consideran pequeños concursos y quiebras aquellos en los cuales se presente, en forma indistinta cualquiera de estas circunstancias:


1. Que el pasivo denunciado no alcance el equivalente a trescientos (300) salarios mínimos vitales y móviles.


2. Que el proceso no presente más de veinte 20) acreedores quirografarios.


3. Que el deudor no posea más de veinte (20) trabajadores en relación de dependencia sin necesidad de declaración judicial.


Reuniendo una de dichas circunstancias es suficiente para considerar “pequeño” al concurso o quiebra en cuestión y por lo tanto se aplique el régimen del art. 289 LCQ.


Atento a las circunstancias que rodean a un consumidor sobreendeudado, debo señalar que tanto este procedimiento especial (pequeño concurso) como la ley en sí misma, no tienen en cuenta especialmente la problemática de una persona consumidora sin patrimonio realizable.


Aunque se regulen distintos procedimientos en la ley, mediante estos no se logra garantizar el real cumplimiento del derecho a la tutela judicial efectiva que tienen los consumidores (como toda persona).


Este derecho a la tutela judicial efectiva, como derecho fundamental que goza de reconocimiento constitucional, comprende -la necesidad de- un procedimiento que haga efectivos (valga la redundancia) sus derechos e intereses, la protección del debido proceso y el acceso a la justicia -entre otros derechos y garantías-.


En relación al segundo debo señalar que se refiere a la oportunidad de ser escuchado con todas las garantías del procedimiento, y el respeto a todos sus derechos dentro del mismo, con una sentencia que tenga en cuenta no solo lo jurídico-objetivo sino también la situación que lo rodea, y que se haga plenamente en la realidad, y el tercero refiere al acceso libre, gratuito (para el consumidor) y sin restricciones a la jurisdicción.


Respecto al primer ítem (necesidad de un procedimiento), hare referencia más adelante.


 


3. Tutela procesal del consumidor sobreendeudado: Proyectos en Argentina


Antes de referirme al título de este capítulo, entiendo que corresponde destacar que “los derechos plasmados en la Ley Fundamental no son solo garantías jurídico formales, al Gobierno en general le viene impuesto el deber genérico de aseguramiento positivo de los derechos fundamentales…”3.


Ahora bien, para que la tutela judicial efectiva se operativice respecto del consumidor sobreendeudado, surge la necesidad de la creación o el diseño de un mecanismo procesal que permita la protección fehaciente de sus derechos y los de los acreedores, específicamente un proceso que acompañe al consumidor, con sus reglas especificas, desde la regulación de competencia, hasta cómo será el proceso de liquidación y rehabilitación del sobreendeudado, con correlato al valor persona, su dignidad y el honrar a las deudas.


No se trata de una creación pretoriana por parte del Juez a lo que me refiero, sino a una decisión del Estado de garantizar y proteger a la frágil y vulnerable, que se encuentra en una crisis económica producto del consumo, excesivo.


En este contexto de necesidad, puedo mencionar que hace unos años se elaboro un proyecto acerca del “Régimen de sobreendeudamiento para pequeños deudores”4 (proyecto S-1422/13), como también el que refiere al de la “Ley de insolvencia Familiar”5, y la modificación a la ley de concursos y quiebras, incorporando el capítulo IV al título IV lo que denomina como “Concurso de las personas humanas que no realizan actividad económica organizada y otros sujetos” elaborado por la Comisión para la Reforma de la ley 245226.


 


a) Régimen de sobreendeudamiento para pequeños deudores


Entre los argumentos que justifican el proyecto de ley, se ha sostenido que su finalidad es brindarles soluciones a las personas que presentan “un grave estado de déficit económico financiero debido a que han contraído deudas originadas en el consumo de bienes o servicios y no puedan hacer frente a aquellas obligaciones vencidas o próximas a vencer.”


Precisamente indican que es necesaria la regulación de una quiebra especial para los consumidores, porque el régimen actual de la ley 24.522 (LCQ) es el procedimiento aplicable, y transgrede gravemente los derechos humanos reconocidos en la Constitución Nacional, como el derecho a una vivienda digna, la intimidad, inviolabilidad de la correspondencia, derecho al trabajo y la libertad de circulación.


Así, frente a esta problemática, señalan los autores, que el proyecto tiene por objeto poner fin a la situación de sobreendeudamiento estableciendo una nueva regulación para todos aquellos consumidores que se encuentren en un estado de sobreendeudamiento, debiendo peticionarlo el deudor cuando tenga deudas domiciliarias y/o familiares no profesionales exigibles y a vencer o próximas ello originadas por el consumo, u obligaciones asumidas como garante o deudor solidario de un empresario individual.


El proyecto en su art. 3 define lo que es el “estado de sobreendeudamiento”, siendo un procedimiento que se inicia a instancia del deudor, respecto de las deudas que sean exigibles y a vencer que se hayan originado por el consumo individual o familiar, y obligaciones fiscales, y las asumidas como garante o deudor solidario, debiendo ser deudor de buena fe.


Una vez que el deudor solicita la aplicación del régimen, el juez competente solicitará la opinión de un síndico, quien deberá dictaminar si corresponde seguir el procedimiento de conciliación extrajudicial (por reunir activos realizables) o si se debe seguir el proceso de restablecimiento personal por no reunir o tener pocos activos realizables.


En todos los casos, el síndico deberá pronunciarse acerca del grado de responsabilidad en que, directa o indirectamente, los acreedores incurrieron para que el deudor se halle en la situación económico financiero que origino la aplicación de la presente ley. Cuando la responsabilidad del acreedor haya contribuido en forma significativa y determinante a la situación del deudor anteriormente mencionada, el juez podrá disminuir proporcionalmente el crédito según el grado de responsabilidad que determine el síndico.


Respecto del procedimiento de conciliación extrajudicial, en este intervendrán como parte el síndico, el deudor y los acreedores denunciados. Establece un plazo de 6 meses como máximo para llegar a una conciliación. Luego ese acuerdo debe ser homologado judicialmente.


Con relación al proceso de restablecimiento personal este se da cuando el deudor se encuentra en una situación irremediablemente comprometida. El juez cita a las partes a los fines de hacerles saber la apertura del proceso, convocándolos a una “audiencia informativa” por la cual los acreedores le comunican la información acerca de la existencia monto y cuantía de su crédito y el deudor podrá ser oído respecto de las causas de su sobreendeudamiento. Se designa un enajenador y se procederá a la enajenación de bienes con excepción de los inembargables o cuya realización sea antieconómica y del inmueble del deudor si es su única vivienda u hogar.


Con las sumas obtenidas, y reservados los gastos y honorarios, se procederá a pagar los créditos que se presentaron. Si lo producido no alcanza para pagar los créditos se pagan los gastos y honorarios del proceso, y el saldo se divide por la cantidad de acreedores denunciados y presentados. Si existieren créditos con privilegios, se aplica lo dispuesto en el régimen de privilegios de la ley 24.522 de Concursos y Quiebras y sus modificatorias. Así una vez pagadas las deudas el juez debe dictar una resolución que declare extinguidas todas las deudas que tuviese el deudor, salvo las originadas por créditos alimentarios, reparaciones pecuniarias y multas fijadas judicialmente, no pudiendo ningún acreedor reclamar en el futuro todo o parte de su crédito impago, sean créditos de fecha anteriores a la promoción del proceso.


Como se observa, este proyecto apunta a dos procesos por los cuales se pretende tutelar los derechos del consumidor. Considero, en mi humilde opinión, que respecto de la conciliación extrajudicial, este proceso se asemeja a un APE, con alguna que otra diferencia, como el dictamen previo del sindico, pero lo más interesante, en cuanto a tutela judicial efectiva se refiere, es que fija un plazo máximo para conciliar y sanciona al que ocasione de la demora; y en relación al segundo, se asemeja -salvando las distancias- a una pequeña quiebra, pero que no termina de proteger al consumidor ni brindarle una solución definitiva.


Lo que es dable a destacar del proyecto es la creación de un Registro Nacional de Personas Sobreendeudadas, que tomara nota de los procedimientos que se lleven a cabo, por la publicidad que significará y a su vez evitará la reincidencia de sobreendeudamiento en un futuro.


 


b) Ley de insolvencia familiar


Este proyecto fue desarrollado por la Unión de Consumidores de Argentina. Comienza por dar definiciones, y en especial pone atención a las causales del sobreendeudamiento: Pérdida de empleo por despido directo y/o indirecto; Precariedad de empleo o empleo no registrado; Incapacidad temporal o permanente; Enfermedad grave o crónica que implique un gasto excesivo en tratamientos y/o medicamentos; Separación personal, divorcio vincular o disolución de la sociedad conyugal; Fallecimiento de uno de los cónyuges o concubino; y Asunción de gastos imprevistos producto de coyunturas especiales.


Fija, como el proyecto anterior dos procedimientos, uno administrativo, que es simple, breve, gratuito y confidencial, que se inicia a petición del insolvente. La autoridad ante la cual se lleva a cabo el proceso debe notificar a los acreedores para que efectúen sus descargos, y luego un equipo técnico apreciara la situación económica-financiera del deudor. Si declara procedente la solicitud, debe contener el plan de saneamiento económico, el cual será presentado a las partes en la audiencia de conciliación.


El plan de saneamiento económico tendrá los siguientes objetivos con respecto a la persona deudora: Recuperar su economía familiar; Restablecer su situación financiera; Garantizar su subsistencia y de las personas que dependan económicamente de ella a través de un monto mínimo existencial de vida colegido de los ingresos familiares; Evitarle cualquier situación de exclusión social e inestabilidad sicológica.


El inicio de este proceso suspende las causas judiciales y prohíbe que el solicitante acceda a créditos o se obligue afectando su patrimonio.


Pone foco en que las entidades especializadas en información crediticia deberán suspender el acceso y el intercambio de la información personal y crediticia del solicitante de forma inmediata al momento de recibir la notificación correspondiente por parte de la autoridad. Si no se logra el acuerdo conciliatorio se sigue el procedimiento judicial


En efecto cuando en el procedimiento administrativo no se lograse un acuerdo conciliatorio, o en el caso de que no fuere exitosa la conciliación con uno o más acreedores, la persona usuaria de servicios financieros podrá requerir la intervención del juez competente, a los efectos de que éste establezca un plan de saneamiento económico del deudor. Este procedimiento es gratuito para el deudor


Se citará al deudor a ratificar la solicitud y se notificara a los acreedores denunciados quienes podrán exponer sus observaciones, dentro del plazo que fije el juez. También se dará publicidad mediante la publicación de edictos o anotación judicial de la admisión del expediente luego de ello se fijara fecha de audiencia en la que deben comparecer deudor y acreedores acompañando la documentación que tuvieren en su poder. El deudor puede acompañar propuesta de pago


Si no se llega a un acuerdo, se procederá a analizar la reestructuración judicial de la insolvencia: en efecto analizada toda la situación económica, jurídica, crediticia y financiera del deudor, el Juzgado dictará sentencia fijando: El plan de reestructuración de deuda, con el objetivo de restablecer la situación financiera del deudor, permitiéndole la satisfacción de sus deudas, y garantizándole simultáneamente el bienestar de su familia y el mantenimiento de un nivel digno de existencia (monto del mínimo de vida); La anotación correspondiente de la situación jurídica que se genere, dentro de los registros de historial crediticio que provean o administren los organismos administradores de esta clase de información; y toda otra cuestión que estime relevante.


Específicamente dispone que el Juez en su resolución debe valorar, las siguientes circunstancias con respecto al Consumidor deudor: La voluntad mostrada para cumplir con sus obligaciones; Su historial crediticio antes de la situación de insolvencia; La veracidad de lo argumentado; y El ejercicio cierto de prácticas de consumo responsable.


Respecto del plan de reestructuración de deuda, este no puede superar el plazo de 5 años.


También se debe poner de relieve que propicia a la prevención del sobreendeudamiento mediante la educación sobre el consumo.


Este proyecto observa una mejor tutela para los consumidores, tanto administrativa como judicialmente, quizás el más acertado de los proyectos que se elaboraron, sin embargo aún no ha tenido el tratamiento que merece. Permite que los consumidores puedan sanear su situación económica y financiera sea llegando a un acuerdo por vía administrativa o por vía judicial.


 


c) Proyecto de “Concurso de las personas humanas que no realizan actividad económica organizada y otros sujetos”


Este proyecto sometido a debate aún, establece un procedimiento que se aplica a personas humanas que sean empleados en relación de dependencia o ejerzan una profesión liberal o actividad autónoma independiente y los que sean empleadores y tengan hasta tres trabajadores en relación de dependencia, que reúnan los presupuestos objetivos de cesación de pagos, dificultades financieras o económicas generales o con sobreendeudamiento.


Establece una etapa de conciliación que debe durar 90 días desde la publicación de edictos de apertura del procedimiento. Los acreedores tienen 10 días para verificar sus acreencias, y el conciliador colabora para que las partes lleguen a un acuerdo, que necesita la aprobación de la mayoría absoluta del capital que se verifica y es admisible. Se puede homologar o se puede otorgar un periodo de 30 días para una nueva conciliación para superar las impugnaciones o la falta de acuerdo. Si en ese caso no se acuerda, el juez puede otorgar una tercera conciliación, o proceder a la liquidación de los bienes, sin que se declare la quiebra.


Brevemente cabe señalar que este procedimiento se aparta de los dos anteriores, en tanto solo prevé una vía judicial, descartando la administrativa y permite la negociación y el acuerdo privado entre las partes. Le da un rol protagónico al conciliador, y el rol del juez se “limita” al control de legalidad y al dictado de la sentencia de verificación y homologación del acuerdo.


 


4. Necesidad de un procedimiento especifico para el sobreendeudamiento del consumidor. Pautas que debe tener para la tutela judicial efectiva


Como se señaló anteriormente, la Ley de Concursos y Quiebras otorga una solución, deficiente, para el sobreendeudamiento del consumidor.


Precisamente, lo expuesto hasta acá denota claramente la necesidad de una regulación urgente, un procedimiento preciso y especifico que permita al consumidor sobreendeudado superar su crisis económica.


Para la elaboración de una regulación específica debemos tener en cuenta que la protección del sobreendeudado tiene raigambre constitucional. Así podemos señalar al art. 14 bis, 16, 17, 42 de la Constitución Nacional.


El art. 14 bis refiere al derecho a una vivienda digna, y el art. 17 al derecho de propiedad. La Corte Suprema de la Nación Argentina, en el fallo Rinaldi, dio prioridad al derecho a la vivienda digna por encima del derecho a la propiedad que tienen los acreedores, ya que consideró que los hogares de los consumidores se encontraban en riesgo de ejecución por parte de los acreedores debido a la grave crisis económica y social del año 2001/2002 en la que se vio sumergida nuestra nación. Claramente señala que “La Constitución, al tutelar a los consumidores, obliga a sostener una interpretación coherente del principio protectorio, que en el caso se refiere, concretamente, al problema del ‘sobreendeudamiento”7.


También el art. 14 bis establece la protección integral de la familia, en tanto el sobreendeudamiento es una problemática económica y social, pues en la mayoría de los casos, cuando se endeuda un consumidor, podríamos hablar también del sobreendeudamiento de su grupo familiar, trascendiendo una cuestión de un particular, siendo necesaria una política que promueva el bienestar general como lo indica el Preámbulo de la Constitución Nacional.


El art. 16 CN, que refiere al derecho a la igualdad, debe ser entendido dentro de un marco en que el consumidor se encuentra en un plano inferior a la hora de efectuar un negocio, pues es la parte débil de la relación de consumo. La ley de defensa del consumidor viene a hacer efectiva esa igualdad, en mayor o menor medida.


El art. 42 CN, incorporado con la reforma del año 1994, ya contempla una protección al consumidor, donde puede encontrarse incluida la problemática del sobreendeudamiento, por lo que esta situación goza de protección.


Ahora bien, siendo estos artículos los principales en lo que hacen a la defensa del consumidor, para que este goce de una tutela judicial eficaz, el proceso por el cual debe ser sometido un consumidor sobreendeudado debe reunir las siguientes características, para poder garantizar un acceso efectivo y real a la justicia:


 


1. Apuntar a un procedimiento abreviado o la simplificación del Proceso


Se sugiere o se alude básicamente a la celeridad dentro de un proceso, que este sea llevado a cabo dentro de un plazo exiguo, principalmente sin dilaciones, que sea ágil y satisfaga la situación que atraviesa el consumidor sobreendeudado.


La ley de defensa del consumidor entre muchas disposiciones, establece el tipo de procesos judiciales para ventilar los pleitos que involucren tales cuestiones; en concreto dispone el art. 53 LDC que en las acciones regirán “las normas del proceso de conocimiento más abreviado” que rija en la jurisdicción. Este proceso más abreviado, generalmente es el juicio sumarísimo, el cual tiene estructurado un trámite que se caracteriza por la concentración de actos y plazos procesales que por la urgencia o necesidad del asunto, concediéndole la ley una tramitación breve. Así, en consonancia a ello, el proceso de concurso o liquidación del consumidor sobreendeudado debe asimilarse en cuanto al tiempo y la celeridad con la que debe llevarse a cabo y la concentración y simplificación de los actos procesales.


Esto además refiere al dictado de medidas tutelares anticipatorias que tiendan a evitar la agravación de la situación del consumidor (presupuesto factico del proceso), como ser el levantamiento de embargos, el cese de la cesión de haberes, entre otras.


El dictado de medidas preventivas, o anticipatorias tiende incluso a un proceso monitorio, en tanto la tutela del consumidor es de interés social, pues el sobreendeudamiento es un conflicto económico, familiar y social.


 


2. Acceso irrestricto a la justicia


Teniendo en cuenta lo establecido en la LDC, se considera conveniente el beneficio de justicia gratuita (art. 53 LDC). Es decir que el pleno acceso a la jurisdicción no debe gravar el ejercicio de peticionar un acuerdo o la liquidación patrimonial del consumidor, ya que el acceso a la justicia no debe ser conculcado por imposiciones económicas.


Ello también tiene en cuenta las disposiciones del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, en tanto el art. 1 de la Convención Americana dispone y obliga la garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades de toda persona.


Además, como el acceso a la justicia es un derecho constitucionalmente protegido, y los magistrados de todos los grados deben brindar una tutela efectiva del derecho, y más cuando se encuentren involucrados personas con alto grado de vulnerabilidad, como lo es una persona que se encuentra en inmersa en una crisis económica, por lo que para que el Poder Judicial pueda garantizar el correcto acceso a la justicia, y los magistrados brindarle la tutela efectiva de sus derechos, el consumidor sobreendeudado debe poseer asistencia letrada por profesionales idóneos acorde a sus necesidad probadas en el proceso judicial.


 


3. Mayores facultades del juez que permitan un rol más activo y activista


Al ampliar las potestades que tiene el Juez, como director del proceso, llevándolo a un verdadero activismo, en el que pueda tener un mejor orden y gestión del proceso, que permita esclarecer las responsabilidades tanto de consumidor sobreendeudado como de sus acreedores, en colaboración con un técnico especializado como lo es el síndico.


Son necesarias también las facultades de control del proceso de conciliación al que se pueden someter las partes, de la elaboración y los términos del acuerdo al que hubieren llegado, y luego control del cumplimiento del acuerdo.


El juez debe ser activo, en tanto me refiero a la diligencia, operatividad y dinámica con la que el juez cumple sus deberes funcionales, como también activista, ya que debe tener una visión que tiende al progreso y la evolución en la sociedad, que interpreta el problema y las circunstancias que rodea al sobreendeudado, y emite sus decisiones constructivamente y que tiendan a “impulsar y guiar, innovadoramente, el accionar del gobierno”8 en la solución de este problema.


 


4. Autocomposición como solución del conflicto -Honrar sus deudas-:


Como lo hicieron algunos proyectos, y como también lo dispone la Ley de Concursos -al regular el APE- se debe dar la posibilidad de que el deudor pueda buscar una solución al problema, un acuerdo con sus acreedores, que sea sometido control jurisdiccional a los fines de evitar un abuso, y como una etapa preliminar al proceso concursal o de liquidación, dependiendo de la situación del consumidor.


Para ello, resulta menester se establezca la obligatoriedad de la comparencia en esta etapa preliminar de los acreedores (por principio de colaboración de las partes y por el interés que tienen de hacer efectivos sus créditos), so pena de que en caso contrario, la conducta que asuma lo haga incurrir en responsabilidad por la situación del consumidor.


Es sumamente importante que el deudor pueda entender y comprender su situación, pueda honrar sus deudas y tenga la posibilidad de lograr un acuerdo, en el que los acreedores denunciados están obligados a comparecer y escucharlos (no así a llegar a un acuerdo).


 


5. Saneamiento del desequilibrio económico


Como sostiene Junyent Bas, respecto de la rehabilitación del fallido “este aspecto también se encuentra impropiamente reglado en la ley que no establece los límites de la liberación, pues parece totalmente injusto que cualquier comerciante o empresario, e incluso un consumidor, pueda quedar exento de pagar deudas alimentarias o los propios gastos del proceso que su quiebra ha aparejado… De tal modo este “nuevo comienzo”, puede ser una solución positiva o negativa según la situación de la persona fallida, y concretamente, con relación al consumidor no existe respuesta legislativa concreta.”9


Es por ello, que resulta necesario que este proceso permita que el consumidor pueda limpiar su pasivo completamente, liberarse de todas sus deudas y pueda volver a empezar en el mundo económico. Es decir que el consumidor pueda empezar desde cero


Esto es lo que se conoce como “fresh start”.


 


6. Determinar responsabilidades para prevenir


Si un consumidor llega a estar inmerso en una crisis económico/financiera, como lo es el sobreendeudamiento, debe haber un responsable. Es por ello que el juez debe preguntarse de quién es la responsabilidad de que el consumidor-deudor se encuentre sobreendeudado. ¿Es responsabilidad suya? ¿Es responsabilidad de sus acreedores? ¿O es una responsabilidad compartida?


De esta forma resulta imprescindible que el Juez pueda efectuar una determinación de responsabilidad del sobreendeudamiento.


En este punto considero oportuno mencionar que la actitud del consumidor permite determinar si su sobreendeudamiento es activo o pasivo. Será activo cuando el deudor ha contribuido activamente para colocarse en la situación de imposibilidad de pago, cuando hay un exceso de toma de crédito (asunción excesiva de deuda). Y será pasivo cuando por circunstancias no previsibles (como el desempleo, una enfermedad, etc.,) afectan gravemente la capacidad económica del deudor colocándolo en dicha situación.


No se debe perder de vista que los proveedores -ahora acreedores del consumidor sobreendeudado- son la parte fuerte en la relación jurídica con el consumidor: ellos son los que tienen los medios necesarios para saber si el deudor tiene los medios suficientes para hacer frente a sus obligaciones, si puede otorgar una garantía de cumplimiento real de la deuda, pues tienen acceso a un banco de datos sobre los deudores y su historial crediticio, pues son los principales interesados en que se lleve a cabo su negocio.


Lo que interesa es que se determine si hubo buena fe en la relación acreedor-deudor, y la influencia que tuvo en el sobreendeudamiento del consumidor.


El juez debe tener facultades para conocer si la parte que otorgó el crédito lo hizo responsablemente, elaborando un estudio sobre el patrimonio del consumidor, sus posibilidades reales de pago, o si ignoró la verdadera capacidad económica del deudor al darle la posibilidad de obtener el crédito con mínimos requisitos, como por ejemplo: los créditos que otorgan los comercios con solo el DNI; y las altas tasas de interés que se aprovechan de la situación real del consumidor.


En este contexto, si se determinare responsabilidad por parte de los acreedores, deben revisarse los contratos celebrados, las condiciones más gravosas o abusivas, y imponerles la renegociación su deuda en caso de negativa, como así también son pasibles de sanciones por su conducta irresponsable. Ello apunta a la protección de los posibles consumidores futuros.


Si es el consumidor el responsable, debe compelerse al cumplimiento de las deudas, y fomentarse la educación del consumidor, como así también su inscripción en algún registro de consumidores sobreendeudados, para evitar que vuelva a colocarse en dicha situación.


Lo importante es que determinándose la responsabilidad, pueda evitarse que en el futuro se realicen actos abusivas o negligentes que coloquen a los consumidores en una crisis de endeudamiento.


 


5. Tutela procesal del consumidor sobreendeudado y su situación en Brasil


De forma breve, he de referirme a la regulación que estableció nuestro país vecino con respecto a la temática. En efecto, debo señalar que el municipio de San Pablo (líder en políticas de atención al consumidor en Latinoamérica y el mundo) creó el “Núcleo de Sobreendeudamiento” oficina destinada a la atención del consumidor sobreendeudado. Además, es dable destacar que en la ciudad de Porto Alegre, se viene desarrollando con gran éxito el llamado “Proyecto Piloto - Tratamiento de las situaciones de Superendeudamiento del Consumidor”10 el cual es una creación conjunta entre el Poder Judicial, la Universidad, organizaciones de defensa del consumidor, etc.


En Brasil no había un tratamiento legislativo específico para el sobreendeudamiento de los consumidores, por lo que, basándose en principios contenidos en artículos de la Constitución Federal Brasilera, el Código Civil y el Código de Defensa del Consumidor, se ha implementado un sistema de renegociación de las deudas de los consumidores, el mencionado “Proyecto Piloto de Tratamiento del Sobreendeudamiento del Consumidor”. 11


Dicho proyecto observa el modelo francés de la reeducación, y es implementado a través del Poder Judicial. Este Proyecto Piloto está fundado en un proceso simple e informal, con la finalidad de no provocar el colapso judicial, además de utilizar la estructura material y los recursos humanos ya existentes.


Asimismo, cuenta con una modalidad de conciliación extrajudicial y una judicial. La primera se desarrolla cuando el deudor sobreendeudado voluntariamente busca beneficiarse con el procedimiento; la segunda en los casos en que ya existe acción judicial entre él y sus acreedores.


Habiendo obtenido resultados muy positivos se elaboró el “Anteproyecto de Ley que dispone sobre la prevención y el tratamiento de las situaciones de sobreendeudamiento de consumidores personas físicas de buena fe” que sirvió como puntapié inicial para que la discusión del problema tome dimensión nacional. Debo destacar también que en Brasil podemos encontrar el Código de Defensa del Consumidor.


Como novedad, en estos últimos días se ha elevado una propuesta en el Senado para que las personas con deudas que sobrepasen o estén cerca de sobrepasar su capacidad de pago puedan garantizar una renta mínima mensual. Este proyecto prevé una fase previa a la llamada insolvencia civil, decretada cada vez que las deudas superan la importancia de los bienes del deudor.


El replanteamiento de las deudas debe ser requerido a un juez y prevé una serie de condiciones para que el sobreendeudado quite sus deudas sin comprometer su supervivencia. Entre ellas están la necesidad de que el deudor compruebe la situación de “vulnerabilidad financiera”, es decir, cuando el “endeudamiento supere o amenace seriamente sobrepasar el valor de sus bienes embargados”.


Los beneficios previstos son, además de la preservación de un ingreso mínimo, condiciones especiales para renegociar las deudas, la dilación del plazo de pago en hasta cinco años y, al final de este plazo, la suspensión del débito que aún queda.


El autor del proyecto señaló que el objetivo es permitir que las personas físicas tengan oportunidades similares a las de las empresas que entran en proceso de quiebra para la recuperación judicial. “Es importante incluso para el acreedor que el consumidor, incluso endeudado, tenga condiciones de recuperarse y vuelva a tener condiciones de regresar al mercado consumidor”, afirmó el senador, que dijo inspirarse en legislaciones ya existentes en países como Francia y Estados Unidos.12


 


6. Conclusiones


El incremento del nivel de endeudamiento de las familias en los últimos años, hace de esta una cuestión importante para el estado pues se debe desarrollar un política de prevención y saneamiento del sobreendeudamiento de los consumidores, por lo menos para aquellos casos en los que la crisis financiera de su economía se origina en contingencias imprevisibles (fallecimiento, desempleo, enfermedad, entre otros) que colocan al consumidor ante la imposibilidad de hacer frente al conjunto de su obligaciones de pago (sobreendeudamiento pasivo).


Las respuestas que hoy brinda el sistema jurídico vigente, no son suficientes para esta problemática puesto que “la situación del consumidor es diferente a la de una empresa”13, resultando que el sistema apunta a solucionar la crisis empresarial y no al sobreendeudamiento del consumidor.


El bien jurídico tutelado en los procesos de crisis empresariales, contemplados por la Ley de Concursos y Quiebras, resulta distinto con el sobreendeudamiento del consumidor, ya que contempla cronogramas precisos, reglas que proveen continuidad a la actividad empresaria y el trabajo y producción, y para los consumidores se debe pensar en un nivel de vida personal y familiar dignos y preservarlos (tutela efectiva).


Los proyectos de ley elaborados no han logrado su sanción, y tampoco podrían aportar una solución que tutele efectivamente los derechos del consumidor sobreendeudado.


Resulta menester la creación de un sistema que tenga en cuenta las pautas aportadas: un proceso simplificado o abreviado, con garantía de acceso irrestricto a la justicia, con jueces que tengan amplios poderes y facultades para proteger al consumidor, que permita la autocomposición del sobreendeudado para honrar sus deudas, y de esta forma lograr el saneamiento real de la situación económico/financiera del deudor con determinación de las responsabilidades de dicha crisis. Además la tarea de hoy no solo debe compeler a solucionar el problema sino también a su prevención, mediante la educación a los consumidores y las sanciones a los proveedores/comerciantes, entre otras medidas.


El proyecto piloto de Brasil y el nuevo proyecto pueden ser la fuente para la elaboración de un proceso, contemplando el derecho a una vivienda digna, su supervivencia, y sobre todo que pueda reinsertarse en el mundo financiero.


Este particular conflicto dentro de una sociedad de consumo requiere la búsqueda de un procedimiento novedoso con técnicas procesales que se adecuen y sean funcionales para su solución, siendo fundamental que se conforme una verdadera tutela procesal diferenciada para el consumidor sobreendeudado, que fundamentalmente garantice un mejor acceso y desempeño de la justicia, y que facilite que el consumidor pueda llegar a cumplir con sus compromisos crediticios, y poder “rehabilitarse” en paz, con perspectivas de un nuevo comenzar en la vida económica social.


 


Notas


1 ANCHAVAL, Hugo, Insolvencia del consumidor, Editorial Astrea Año 2011, p. 18


2 JUNYENT BAS - IZQUIERDO, El sobreendeudamiento del consumidor y el derecho a quebrar, II.4, p. 10


3 BERIZONCE, Roberto Omar, Tutelas Procesales Diferenciadas, p. 22, ed. Rubinzal Culzoni


4 Puede consultárselo en: www.senado.gov.ar/parlamentario/parlamentaria/335027/downloadPdf


5 Puede consultárselo en: www.ucargentina.org.ar/Proyecto-Insolvencia-fliar.pdf


6 Puede consultárselo en:http://fernandojaviermarcos.blogspot.com.ar/2016/12/el-concurso-de-la-persona-humana-que-no.html


7 Cfr. CSJN, “Rinaldi, Francisco Augusto y otro c. Guzmán Toledo, Ronal Constante y otra s/ Ejecución Hipotecaria” Fallos 330:855


8 MORELLO Augusto M., La Corte Suprema en acción, 2° Ed., LexisNexis, Buenos Aires, 2007, pp.134 y ss.


9 JUNYENT BAS Francisco, El sobreendeudamiento del consumidor y las vías de saneamiento - XIX Jornadas Nacionales de Institutos de Derecho Comercial de la República Argentina - Rosario Junio 2012.


10 Puede consultar en:www.tjrs.jus.br/export/processos/conciliacao/doc/projeto_superendividamento.pdf


11 CLEMENT Florencia, “El sobreendeudamiento de los consumidores. Tratamiento en el Derecho Comparado y primeras aproximaciones en Argentina”, XVI Encuentro De Jóvenes Investigadores De La UNL y VII Encuentro De Jóvenes Investigadores De Universidades De Santa Fe -Santa Fe - Septiembre 2012 - puede consultarlo en: www.academia.edu


12 Puede consultarse en: http://atarde.uol.com.br/economia/noticias/1893947-proposta-cria-opcao-para-superendividado-quitar-debitos-sem-decretar-falencia


13 ANCHÁVAL, Hugo Alberto, Los límites de la quita concursal, ¿Son recomendables para un consumidor sobreendeudado?, LA LEY, Buenos Aires, 2008, pág. 2

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