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Doctrina

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Código Unívoco
1095
Revista
Familia & Niñez
Número
157
Título
“L., P. L. c/ R., C. G. s/ derecho de comunicación (art. 652)” Competencia CSJ 875/2016/CSl.
Texto

Introducción


En el marco de un conflicto positivo de competencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación brindó pautas para establecer la competencia territorial en supuestos en los que resulta imposible determinar el centro de vida de un menor de edad.


 


Plataforma fáctica


Entre los progenitores de L., R. L. (L., P. L. y R., C. G.) existen numerosos procesos en trámite, todos ante la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así, sobre alimentos, régimen de visitas, tenencia, denuncia por extorsión y amenazas, y por privación ilegal de la libertad. La menor L. R. L. habitó en la C.AB.A. desde su nacimiento, ocurrido el 16 de agosto de 2013, hasta febrero de 2016. En esta fecha, la madre la trasladó a la ciudad de Mercedes, Provincia de Corrientes, a pesar de lo acordado entre las partes respecto a que la menor debía continuar viviendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salvo acuerdo expreso de ambos padres.


 


Argumentos de las partes


El padre, L., P. L., sostiene que el desplazamiento hacia la provincia de Corrientes fue llevado a cabo contra su voluntad, en violación a un convenio homologado y con afectación del arraigo de la niña y del contacto paterno-filial.


La madre, R., C. G., aduce que se mudó junto a su familia de origen impulsada, sustancialmente, por circunstancias habitacionales, financieras y laborales desfavorables.


 


Dictamen de la Procuración General de la Nación


No existe certeza en cuanto a los motivos que originaron la actual situación; las explicaciones que las partes ofrecen exhiben marcadas discordancias. Frente a esos antecedentes antitéticos, y dado que los procesos no han superado la etapa preliminar, no es oportunidad adecuada para formular juicios sobre aspectos de fondo. Por ende, no es posible determinar si el centro de vida de esta niña se asienta o no en el lugar donde vive con su madre, desde que aquella noción excede de los meros datos fácticos atinentes a la simpe residencia y transcurso del tiempo. Dado que ambos jueces en conflicto se encontrarían en situación legal análoga para asumir la función de resguardo, la elección debe hacerse sopesando cuál de ellos estará en mejores condiciones para alcanzar el amparo integral de los derechos fundamentales de esta niña (cf. Fallos 327:3987).


La menor L., R. L. reside establemente en la provincia de Corrientes; con lo cual, la proximidad de la que gozan los jueces locales constituye un arbitrio ciertamente relevante en el plano de la efectividad de la labor tutelar (cf. Entre otros, Fallos 331:1900). Considero que es necesario priorizar el resguardo del principio de inmediatez, en procura de un cuidado eficaz de aquellos derechos. Es dable concluir que los tribunales correntinos tienen, dentro de su propio ámbito territorial, acceso directo a la persona afectada.


 


Solución judicial


El Código Civil y Comercial de la Nación asigna el conocimiento de los procesos relativos a niños, niñas y adolescentes al juez del foro en el cual se sitúa su centro de vida (art. 716). Asimismo, la ley 26.061 define dicho concepto como el lugar donde ellos hubieren transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia.


En el estado actual de la causa, no es posible determinar si el centro de vida de la menor se sitúa o no en el lugar donde reside actualmente con su madre.


Si los magistrados en disputa están en situación legal análoga para asumir el juzgamiento de la causa, la elección debe hacerse valorando cuál de ellos cuenta con mejores elementos para alcanzar la tutela judicial integral y efectiva de los derechos del niño (Fallos: 327:3987). Frente a las numerosas acciones judiciales iniciadas entre las partes ante la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que involucran los intereses de la menor, en tanto importa la continuidad de la competencia del tribunal nacional a fin de abarcar la totalidad de los aspectos vinculados con el conflicto y permitir la unidad de criterio que evitará el dictado de pronunciamientos contradictorios, es el que en el caso mejor garantiza la citada tutela judicial.


Por ello, se declara que resulta competente para conocer en las actuaciones el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 85, al que se le remitirán por intermedio de la Sala K de la cámara del fuero. Hágase saber al Juzgado de Primera Instancia de Familia y Menores de la ciudad de Mercedes, Provincia de Corrientes.


 


Opinión


Con cautela, arribo que se trata de un “caso difícil”, en términos de Hart. Ello así, en atención a la contrariedad del dictamen de la Procuraduría General. Pareciera que los antecedentes litigiosos de las partes (desconocidos al lector en esta instancia) podrían conmover cuestiones morales no traslucidas en la resolución técnico-jurídica.


El “centro de vida del niño” no es un concepto jurídico indeterminado, ya que se encuentra definido en el art. 3, inc f) de la ley 26061. Sin embargo, en supuestos -como el presente- en los que no es posible determinar dicho carácter, podría verificarse una laguna axiológica, y con ello recurrir al principio de inmediatez para dar solución, tal como propuso la Procuradora General.


La resolución anotada me parece de total acierto. (Casi como perogrullada, los principios de inmediatez y centro de vida encuentran sustento en el supremo “interés superior”). Allende las múltiples aristas que referí (que no se vislumbran adecuadamente), entiendo que el “centro de vida” no ha de ubicarse en el lugar de residencia actual, acorde con el principio de inmediatez. El citado artículo de la ley 26061 expresa: “Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia”. Es claro que si la progenitora trasladó sin consentimiento del padre, transgrediendo un acuerdo en el marco de profundos conflictos parentales, su permanencia en la provincia de Corrientes ha sido ilegítima. No tengo duda sobre ello, máxime la inmediata solicitud cautelar del padre. Por supuesto que habrá zonas grises vinculadas directamente al factor temporal de la nueva residencia, iterando que en esta específica cuestión se tiene en miras el interés del niño y no de sus padres. Pero, para brindar seguridad jurídica entiendo debe abandonarse la interpretación de que el centro de vida es donde actualmente esté el menor de edad. Han de ponderarse, como correctamente se efectuó en este fallo, todos los antecedentes y efectivos convenios celebrados entre los responsables parentales.


 


Competencia CSJ 875/2016/CSl


L., P. L. el R., C. G. si derecho de comunicación (art. 652)


 


Autos y Vistos; Considerando:


1) Que tanto el magistrado del Juzgado de Primera Instancia de Familia y Menores de la ciudad de Mercedes, Provincia de Corrientes, como el del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 85, se declararon competentes para conocer en la causa. Aun cuando lo decidido en sede nacional fue dejado sin efecto por la Sala K de la cámara del fuero y el tribunal correntino no escuchó ni notificó al Ministerio Público Fiscal; la índole del asunto y la existencia de una actuación judicial simultánea de ambos tribunales, exigen una pronta intervención ordenadora, por lo que corresponde a esta Corte dirimir el conflicto positivo de competencia trabado (art. 24, inciso 7°, del decreto-ley 1285/58). 2) Que surge de autos que la menor L. R. L. habitó en esta Capital Federal desde su nacimiento, ocurrido el 16 de agosto de 2013, hasta febrero de 2016, momento en el cual la madre la trasladó a la ciudad de Mercedes, Provincia de Corrientes, a pesar de lo acordado entre las partes respecto a que la menor debía continuar viviendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires salvo acuerdo expreso de ambos padres. Por otra parte, el examen de las constancias correspondientes a estas actuaciones y las relativas a la medida cautelar solicitada por el progenitor, demuestran que, además de la identidad subjetiva, la materia de discusión del proceso radicado en sede provincial comprende la de la medida cautelar tramitada en sede nacional en la que fue solicitada la inhibitoria. Asimismo, existen entre las partes numerosos procesos sobre alimentos, régimen de visitas, tenencia, denuncia por extorsión y amenazas, y otro por privación ilegal de la libertad, que tramitan todos en la jurisdicción de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 3) Que en lo que aquí interesa, el Código Civil y Comercial de la Nación asigna el conocimiento de los procesos relativos a niños, niñas y adolescentes al juez del foro en el cual se sitúa su centro de vida (art. 716). Asimismo, la ley 26.061 define dicho concepto como el lugar donde ellos hubieren transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. 4) Que no puede soslayarse que en el estado actual de la causa, no es posible determinar si el centro de vida de la menor se sitúa o no en el lugar donde reside actualmente con su madre. 5) Que este Tribunal tiene dicho que si los magistrados en disputa están en situación legal análoga para asumir el juzgamiento de la causa, la elección debe hacerse valorando cuál de ellos cuenta con mejores elementos para alcanzar la tutela judicial integral y efectiva de los derechos del niño (Fallos: 327:3987). 6) Que en virtud de ello, frente a las numerosas acciones judiciales iniciadas entre las partes ante la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que involucran los intereses de la menor, en tanto importa la continuidad de la competencia del tribunal nacional a fin de abarcar la totalidad de los aspectos vinculados con el conflicto y permitir la unidad de criterio que evitará el dictado de pronunciamientos contradictorios, es el que en el caso mejor garantiza la citada tutela judicial. 7) Que a todo evento el hecho de que el juez nacional hubiera adoptado una medida cautelar para que se restituya a la niña a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ver copia certificada del acuerdo incorporada a fs. 51/53 y las resoluciones obrantes a fs. 61/62, 186/187 Y 213/214 vta. del expediente CIV 9021/2016/CAl agregado según nota de fs. 284) debe ser considerado a los efectos de determinar cuál es el tribunal competente. Por ello, y oída la señora Procuradora Fiscal subrogante y el señor Defensor General adjunto de la Nación, se declara que resulta competente para conocer en las actuaciones el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 85, al que se le remitirán por intermedio de la Sala K de la cámara del fuero. Hágase saber al Juzgado de Primera Instancia de Familia y Menores de la ciudad de Mercedes, Provincia de Corrientes. Por ello, y oída la señora Procuradora Fiscal subrogante y el señor Defensor General adjunto de la Nación, se declara que resulta competente para conocer en las actuaciones el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 85, al que se le remitirán por intermedio de la Sala K de la cámara del fuero. Hágase saber al Juzgado de Primera Instancia de Familia y Menores de la ciudad de Mercedes, Provincia de Corrientes.


 


Dictamen de la Procuración General de la Nación


I. La presente causa llega a esta instancia en virtud de la inhibitoria resuelta positivamente por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 85 y rechazada por el Juzgado de Primera Instancia de Familia y Menores de la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes (v. fs. 61/62 del3agregado y fs. 272/275 de estas actuaciones, a cuya foliatura me referiré en adelante, salvo aclaración en contrario). En ese contexto, es necesario señalar que lo decidido en sede nacional en tomo a la competencia, fue dejado sin efecto por la Cámara respectiva (fs. 213/214 del agregado). De tal manera, el trámite entablado en los términos del artículo 9° del código de procedimientos, ha venido a quedar desprovisto de uno de sus presupuestos. Por lo demás, el tribunal correntino no escuchó ni notificó al Ministerio Público Fiscal, y el juzgado nacional no ha remitido la totalidad de los expedientes requeridos a fojas 281 (v. informe labrado a fs. 253 del agregado). Sin embargo, es necesario atender a la índole del asunto -que, a mi ver, exige una pronta intervención ordenadora-, y a la existencia de una actuación simultánea de ambos tribunales que, sin dudas, se consideran competentes. En consecuencia, dado que los términos del problema y las posiciones adoptadas por los magistrados actuantes en orden a la competencia aparecen descriptos con suficiente claridad, razones de celeridad, economía procesal y mejor administración de justicia, aconsejan que esa Corte haga uso de la atribución conferida por el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/58, y se expida inmediatamente sobre la radicación de los procesos que atañen a la niña L.R.L. II. En lo que aquí interesa, el Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), asigna el conocimiento de los procesos relativos a niños, niñas y adolescentes, al juez del foro en el cual se sitúa su centro de vida (art.716). A su vez, la ley 26.061 define dicho concepto como el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia, noción que debe interpretarse en armonía con la definición de “residencia habitual” contenida en los tratados internacionales que ratificó la República en el campo de la sustracción y restitución internacional (art. 3, inc. “f’, de la citada ley, y arto 3 del decreto reglamentario 415/2006). Por otro lado, en varias ocasiones se ha destacado la necesidad de examinar prudencialmente los elementos configurativos de cada supuesto, en la convicción de que así lo exige el mejor interés que consagra la Convención sobre los Derechos del Niño (S.C. Comp. 808, L. XLV; del 20/04/10; S.C. Comp. 481, L. XLVII; del 29/11/11; S.C. Comp. 851, L. XLVII, del 27/12/12; S.C. Comp. 960, L. XLIX, del 30/09/14). III. Estudiada la cuestión con ajuste a esos parámetros, se advierte que L.R.L. habitó en esta Capital Federal desde su nacimiento, ocurrido el 16 de agosto de 2013, hasta febrero de 2016, momento en el cual la madre la trasladó a la ciudad de Mercedes. El padre sostiene que el desplazamiento hacia la provincia de Corrientes, fue llevado a cabo en contra de su voluntad, en violación a un convenio homologado y con afectación del arraigo de la niña y del contacto paterno-filial. A su turno, la madre aduce que se mudó junto a su familia de origen impulsada, sustancialmente, por circunstancias habitacionales, financieras y laborales desfavorables. Frente a esos antecedentes antitéticos, y dado que los procesos no han superado la etapa preliminar, no siendo, además, la oportunidad adecuada para formular juicios sobre aspectos de fondo (S.C. Comp. 956; L.XLVIII, del 28/11113). Es que, en este estado, no existe certeza en cuanto a los motivos que originaron la actual situación y a sus reales alcances, puesto que, en principio, las explicaciones que las partes ofrecen respecto de los sucesos que signaron la relación familiar exhiben, en marcadas discordancias; sin que corresponda ingresar ahora en el esclarecimiento de dichos aspectos. Por ende, no es posible determinar si el centro de vida de esta niña se asienta o no en el lugar donde vive con su madre, desde que aquella noción excede de los meros datos fácticos atinentes a la simple residencia y el transcurso del tiempo (S.C. Comp. 105, 1. XLVIII, del 20/12/12; CSJ 374/2014 (50-C) CSI, del 6/10/15; CSJ 3686/2015/CS1, del 2/03/16; entre varios otros). En tales condiciones, dado que ambos jueces en conflicto se encontrarían en situación legal análoga para asumir la función de resguardo, la elección debe hacerse sopesando cuál de ellos estará en mejores condiciones para alcanzar el amparo integral de los derechos fundamentales de esta niña (cf. Fallos: 327:3987). En esa tarea, no puede soslayarse que L.R.L. reside establemente en la provincia de Corrientes; con lo cual, la proximidad de la que gozan los jueces locales constituye un arbitrio ciertamente relevante en el plano de la efectividad de la labor tutelar (cf. entre otros, Fallos: 331:1900, punto III del dictamen al que remitió esa Corte; y S.C. Comp. ClV 87.l19/2014/CSI, del 16/06/15). En este sentido, cabe observar que tanto la medida cautelar de restitución a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la consecuente propuesta formulada a fojas 246/249 del agregado -aún no sustanciada-, encuadran en un contexto netamente provisional. Desde esa perspectiva -sin que ello implique un anticipo sobre la suerte que deben correr las pretensiones de las partes-, considero que es necesario priorizar el resguardo del principio de inmediatez, en procura de un cuidado eficaz de aquellos derechos. Asimismo, no es posible esclarecer aquí la concurrencia de impedimentos al contacto y la supervisión del padre, o de restricciones infundadas en el ejercicio de su derecho de defensa, en función de la distancia. En suma, es dable concluir que los tribunales correntinos cuentan con un elemento privilegiado en el cumplimiento de la función protectoria, puesto que sus jueces poseen, dentro de su propio ámbito territorial, acceso directo a la persona afectada (arg. Fallos: 329:3839; 331:1344; Fallos: 331:1900, punto III del dictamen al que remitió esa Corte; 332:238; S.C. Comp. 465, L. XLVII, del 23/04/2013; S.C. Comp. 237, L. XLIX, del 10112/2013; S.C. Comp. 575, L. XLVI, del 23/06/11 ; S.C. Comp. W 960, L. XLIX, del 30/09/2014; S.C. Comp. 165,L. L, del 27/11/14; CSJ 813/2013 (49-A)/CS1, del 24/02/2015; y S.C. Comp. CSJ 374/2014 (50-C)/CS1, del 6/10/2015, entre otros). En este sentido, es dable agregar que no se advierten, ni fueron alegadas, imposibilidades económicas del progenitor para ejercer su derecho de defensa en el foro provincial. El enfoque aquí propuesto, es coherente con la directiva del artículo 706 del Código Civil y Comercial de la Nación que, entre los principios generales que deben gobernar los procesos de familia, consagra expresamente el respeto de la tutela judicial efectiva y la inmediación. En consecuencia, opino que las actuaciones deben seguir su trámite ante el Juzgado de Primera Instancia de Familia y Menores de la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes. IV. Por último, sin perjuicio del objeto puntual de la vista conferida, atento a las finalidades protectorias de las actuaciones, este Ministerio Público Fiscal no puede dejar de advertir la multiplicación y cronicidad de los conflictos judiciales generados. “En ese marco, recomiendo que los padres, en primer término, y los jueces en su ministerio ordenador, profundicen esfuerzos para llegar lo antes posible a las soluciones más respetuosas de los derechos de esta niña.


Resolución: Por ello, y oída la señora Procuradora Fiscal subrogante y el señor Defensor General adjunto de la Nación, se declara que resulta competente para conocer en las actuaciones el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 85, al que se le remitirán por intermedio de la Sala K de la cámara del fuero. Hágase saber al Juzgado de Primera Instancia de Familia y Menores de la ciudad de Mercedes, Provincia de Corrientes.

Autor
Pablo Fernando Ceballos Chiappero
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