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Doctrina

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Código Unívoco
1030
Revista
Penal y Proc. Penal
Número
219
Título
La defensa técnica efectiva en los primeros momentos de la detención.
Texto

“Mandamos que los abogados de pobres estén presentes los sábados a la visita de presos, y tengan bien vistos los procesos”1.


 


I. Introducción


Sabido es que la defensa técnica que se ejerce por medio de los abogados constituye una parte fundamental del derecho de defensa que protege a las personas desde el primer acto de la persecución penal (CN., 18; C. Prov. 40). Si bien desde hace tiempo existen mecanismos bien aceitados para cubrir este recaudo durante casi todo el proceso, en la práctica se ha podido observar que un punto débil o laguna se puede dar en la cobertura durante los primeros momentos de la detención (en sentido amplio, sea con orden judicial o por aprehensión). Muchas veces el primer contacto del detenido con un abogado sucede antes de su declaración ante la autoridad competente (juez de instrucción o fiscal, según cuál sea el régimen procesal aplicable). Y frecuentemente hasta este momento pueden pasar varios días. La situación se agrava cuando el imputado carece de recursos.


 


II. Lineamientos constitucionales


El Pacto de San José de Costa Rica establece que toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales (CADH., art. 7.5). En la interpretación de esta norma, la Corte IDH en el caso “Castillo Petruzzi vs. Perú” (1999) invocó los Principios Básicos sobre la función de los abogados2, que en su numeral 8 fija los estándares para el ejercicio de la defensa estableciendo que a toda persona arrestada, detenida, o presa, se le facilitarán oportunidades, tiempo e instalaciones adecuadas para recibir visitas de un abogado, entrevistarse con él y consultarle, sin demora, interferencia ni censura y en forma plenamente confidencial.


Nuestra Corte Suprema ha desarrollado una extensa y prolífica doctrina sobre la defensa técnica efectiva o eficiente3. Como lo reconoció en “Noriega” (2007), “la tutela de dicha garantía ha sido preocupación del Tribunal desde sus orígenes, en los que señaló que el ejercicio de la defensa debe ser cierto, de modo tal que quien sufre un proceso penal ha de ser provisto de un adecuado asesoramiento legal que asegure la realidad sustancial de la defensa en juicio”, por lo cual es obligación de los tribunales suministrar la debida asistencia letrada que permita ejercer la defensa sustancial frente a los reclamos de quienes se encuentran privados de su libertad, “más allá de los reparos formales que pudieran merecer” (Fallos: 308:1386; 310:492 y 1934, entre otros).


La máxima instancia judicial nacional también ha acudido a criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en virtud de que su jurisprudencia ha servido de guía interpretativa a la Corte Interamericana. Así, en el precedente “Cajal” (2010) citó que la protección de los derechos no debe ser teórica e ilusoria sino, por el contrario, concreta y efectiva, y por ello lo que garantiza el art. 6.3 c es la “asistencia” y no la “designación” de un defensor (TEDH., “Artico”,13/5/1980)4.


La Corte ha considerado afectado el derecho de defensa técnica en situaciones procesales muy diversas, pudiendo destacarse: la carencia de asistencia letrada por consideraciones de índole formal (Fallos, 313:1031; 319:192 y 320:854, entre otros); privación al defensor designado de intervenir realmente conforme las leyes procesales (Fallos, 308: 1386 y 1557); cuando no se atiende el estado de indefensión invocado por el imputado (Fallos, 327: 5095; 330:4925); inactividad de la asistencia letrada o intervención meramente formal (Fallos, 311:2502; 319:1496; 321:1424; 327:5095; 329:1794; 330:1016,5052 y 3526; 331:2520, entre otros).


 


III. Demoras en la asistencia letrada o en el comparendo ante la autoridad judicial


Acerca de la obligación de conducir sin demora al detenido ante la autoridad judicial, la Corte Interamericana ha acudido a la jurisprudencia de su par europea, que sobre el análogo artículo 5 de la CEDH, sostiene que si bien el vocablo “inmediatamente” debe ser interpretado de conformidad con las características especiales de cada caso, ninguna situación, por grave que sea, otorga a las autoridades la potestad de prolongar indebidamente el período de detención sin afectar el artículo 5.3 de la Convención Europea5. En este caso, la Corte Interamericana consideró que una norma que autoriza la detención preventiva por un plazo de 15 días, prorrogable por un período igual, sin ser puesta a disposición de autoridad judicial, contradice lo dispuesto por la Convención (en el caso fueron 36 días).


La Corte Suprema consideró violatoria de todos estos principios que hacen al derecho de defensa, la situación de un imputado en Córdoba, que tuvo por primera vez asistencia letrada cuando fue llevado ante el fiscal 11 días después de ser detenido y después tuvo varios cambios de abogado6. En otro caso, mismo tribunal tuvo que exhortar a la Cámara Nacional de Casación a que “adopte los recaudos necesarios que permitan esclarecer las circunstancias en que el imputado permaneció privado de su libertad por espacio de, al menos, ocho días sin contar con una adecuada asistencia técnica y sin comparecer ante el juez de la causa que había ordenado su detención a los fines de prestar declaración indagatoria y, en su caso, que se dispongan las medidas que correspondan”7.


 


IV. Mecanismos para garantizar el derecho de defensa desde los primeros momentos de la detención


Como vimos, en el plano teórico está clara la necesidad de garantizar el acceso del imputado a la defensa técnica desde el primer momento de la persecución penal. Para hacerlo real no basta con que el imputado sea informado de sus derechos8, ni que sea presentado rápidamente ante una autoridad competente9. Entonces es importante la implementación de mecanismos para evitar la indefensión. No sólo en el interés principal de la defensa, sino también de la persecución penal, porque de acuerdo a lo desarrollado, la falta de acceso a la defensa técnica efectiva, aun durante los primeros días de la detención, puede significar la nulidad de todo el proceso. De esta manera, es útil que tanto los jueces, defensores y los fiscales velen para que esto no ocurra, cada uno por su respectivo interés y función.


La herramienta por excelencia es el pronto comparendo del detenido ante la Fiscalía o Juzgado, según el caso, para que designe defensor y tenga el primer contacto. Mucho mejor es en los sistemas procesales más modernos que prevén audiencia oral de presentación en un término breve, como sucede limitadamente en la Provincia de Córdoba con el plan piloto de San Francisco o el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico. Otro mecanismo puede ser la organización de la defensa pública para atender a las personas privadas de libertad que no han designado defensor, lo cual suele presentar algunas dificultades prácticas.


Mientras se lo haga, no importa cuál sea la vía procesal o de hecho escogida para garantizar la defensa técnica efectiva en los primeros momentos de la detención. Si no se la asegura, será un motivo más de razón a lo que escribió Lucio V. Mansilla, en “Una excursión a los indios ranqueles”, en cuanto a que “los mismos abogados no hacen otra cosa que gritar contra la justicia”. Y si se lo hace, no sólo se estará cumpliendo con el imperativo constitucional, sino también con el mandato bíblico “no violarás el derecho del pobre en su causa”.


 


Notas


1 Ley XXVI, D. Felipe II, Ordenanza 208, “Recopilación de leyes de los Reinos de las Indias mandadas imprimir y publicar por la Magestad (sic) Católica del Rey Don Carlos II Nuestro Señor”, 5° ed., Boix Editor, Madrid, 1841, t. I, p. 287.


2 Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, aprobados por el VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, La Habana, 1990.


3 En el año 1868, resolvió que “puede la Suprema Corte, por equidad, apartarse del rigor del derecho para reparar los efectos de una condenación injusta, de que no se apeló por ignorancia de los acusados o por descuido del defensor” (Fallos 5: 459, “Criminal c/ Peralta, Indalecio y otro”, citado en el voto del Dr. Borinsky, CFCP., Sala IV, 7/4/2011, “Vidal”).


4 Dice en el mismo fallo la Corte Argentina que en términos similares se expidió la de EE.UU. al señalar que “de todos los derechos que la persona del acusado tiene, el derecho a ser defendido por un abogado es por lejos el más penetrante porque afecta la posibilidad de afirmar cualquier otro derecho que él pueda tener”. Y que por ello “la Sexta Enmienda no exige meramente la provisión de un defensor al acusado, sino asistencia para la defensa, [de lo contrario] el nombramiento del defensor se convertiría en una ficción o en una complacencia formal del requisito que establece la Constitución” (“U.S. vs. Cronic”, 466 U.S. 648, 1984) (voto de los Dres. Zaffaroni y Maqueda).


5 Eur. Court H. R., “Brogan and Others”, 23/3/1988, citado por la CIDH, en el caso “Castillo Petruzzi y otros vs. Perú” (30/5/1999).


6 C.S.J.N., 16/11/2004, “Núñez, Ricardo A. s/recurso extraordinario y de queja”. En otro caso muy burdo, igual conclusión adoptó, anulando el proceso, respecto de un imputado que recién a los 15 días de estar detenido le informaron sus derechos y pasaron seis meses hasta que compareció ante el juez (C.S.J.N., 13/9/2011, “Albornoz”).


7 C.S.J.N., 8/4/2008, “Cardozo”.


8 “Producida la privación de libertad el afectado es informado en el mismo acto del hecho que lo motiva y de los derechos que le asisten, y puede dar aviso de su situación a quien crea conveniente; la autoridad arbitra los medios conducentes a ello”(C. Prov. 42). La obligación de informar los derechos a quienes van a ser detenidos o interrogados como sospechosos –un clásico del cine y la televisión- es también conocida en la literatura jurídica como “los derechos de Miranda”, por la carátula del fallo de la Corte de EE. UU. que en 1966 estableció jurisprudencialmente ese deber.


9 Como sucede en Córdoba con el Ayudante Fiscal. Repárese que el art. 7 inc. 5 del Pacto de San José, dice que la presentación puede ser también ante un “funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales”, carácter que claramente reviste tanto por su pertenencia institucional (Policía Judicial, Ministerio Público y Poder Judicial) como por los actos que practica.


 

Autor
Maximiliano Hairabedián
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