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Código Unívoco
1029
Revista
Penal y Proc. Penal
Número
219
Título
Ejecución de Penas: El Recurso de Reconsideración de Calificaciones del Condenado y su dificultosa aplicación (art. 55 del R.M.B.E. dec. 396/99)
Texto

Desde hace años, la sustanciación de las incidencias de reconsideración de guarismos calificatorios de los internos condenados -art. 55 del Reglamento de Modalidades Básicas de la Ejecución Dec. 396/99- han entre otras cosas, puesto en jaque el normal funcionamiento de los Juzgados Nacionales de Ejecución Penal, colaborando con la congestión laboral ya conocida. Podría atribuirse tal congestión laboral, a la gran cantidad de internos condenados que continuamente permanecen a disposición de cada uno de los tres juzgados pero, no sólo es ese motivo, ya que la sistemática articulación de pedidos desprovista de programática alguna, con la sola invocación del respeto irrestricto de derechos y garantías individuales es, en realidad, una de las verdaderas causas de dicho colapso.


En sí, la intervención tardía de la instancia de ejecución en este tema, guarda relación con cuestiones comunicacionales y geográficas, teniendo en cuenta la distancia existente entre los establecimientos carcelarios y los operadores judiciales, como así también el colapso del sistema penitenciario federal. Debe acotarse para una correcta explicación, que el Servicio Penitenciario Federal, cuenta con más de treinta establecimientos carcelarios que, a excepción de las colonias de Santa Rosa, Viedma y General Roca, permanecen a más de 1.000 km. del sistema legal de ejecución.


Entonces, la adopción de decisiones que implican la implementación de herramientas electrónicas que brinden la celeridad y la eficacia que el sistema, tal como fuera diseñado necesita, es a mi entender la única vía de solución bajo las variables hoy presentadas. La celeridad procesal y la neutralización de esfuerzos entre los distintos operadores del sistema de ejecución es hoy nuevamente, mi mayor preocupación.


La entonces novedosa implementación de audiencias y pericias forenses mediante videoconferencia y la adopción del sistema de comunicaciones de correo oficial entre las partes y las distintas dependencias administrativas del Servicio Penitenciario Federal, con la consiguiente supresión del tiempo y logística que demanda el diligenciamiento de actuaciones de mero trámite sobre papel, dan cuenta sobrada del atinado paso dado hacia la resolución de problemas.


Volviendo al tema de análisis, puede concluirse que bajo las condiciones actuales, el interno condenado al momento de ser calificado trimestralmente respecto de la evolución o involución que haya vivenciado, lo hace en absoluta soledad, dado que no se encuentra contemplada legislativamente la asistencia letrada “en tiempo real” dentro de tal acto administrativo.


Dicho acto de evolución o involución de guarismos, reviste una importancia tal que oportunamente resultará en un parámetro que servirá de base para determinar la aptitud del interno de ser incorporado a distintos institutos contemplados legislativamente, como ser: frecuencia de las visitas, participación en actividades recreativas, educativas, deportivas, incorporación a salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida (art. 104 ley 24.660), entre otros.


Ello, vislumbra la necesidad de decidir cuestiones que hacen a un correcto ejercicio de los derechos constitucionales de asistencia técnica, defensa efectiva y debido proceso que, en caso de verse configurado un agravio actual e inminente, deben efectivizarse de una manera eficaz y oportuna, es decir, desarrollar el procedimiento de revisión en tiempo real y con la intervención de las partes que aseguren una correcta resolución de la cuestión tratada.


No hemos de olvidar que recursos como el que hoy nos ocupa, transcurren originalmente dentro de instalaciones penitenciarias y en la mayoría de los casos a más de mil kilómetros del juez natural y su defensa. Ello, nos obliga a redoblar el esfuerzo para avanzar hacia una más eficaz administración de justicia y para ello, no puedo dejar de observar y destacar la profunda e histórica preocupación de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en custodiar y velar por un amplísimo control y defensa de las garantías individuales de quienes están sometidos a prisión.


Empero, tal objetivo no se conseguirá nunca si la interacción de los distintos órganos y dependencias del sistema de ejecución de penas, concreta su actividad en forma tardía, ocasionando una distorsión en la situación procesal del penado que, generalmente redunda en un retraso dentro de la progresividad penitenciaria y con ello, en la inclusión tardía a los beneficios legales oportunamente mencionados.


Con el fin de seguir los lineamientos establecidos por el Tribunal Superior, y de acuerdo al principio de revisión judicial amplia de la ejecución de la pena privativa de la libertad, es que se considera necesario dotar al procedimiento recursivo específicamente diseñado por el legislador para la apelación de los guarismos calificatorios (art. 55 R.M.B.E. dec. 396/99) de un marco y herramientas técnicas que lo perfeccionen y le brinden la celeridad que requiere.


Para ello resulta necesario que el interno al momento de ser notificado de los guarismos asignados trimestralmente, acceda personalmente a una taxativa descripción de los votos del Consejo Correccional que retrotraen o retienen la calificación y seguido a ello se le garantice un acceso efectivo e inmediato a su asistencia técnica. Es justo allí donde se verificarán respetadas por completo las garantías individuales y procesales en cuestión.


La implementación por parte de los distintos operadores del sistema de ejecución -particularmente la administración penitenciaria y la Defensa Técnica- de las herramientas electrónicas oportunamente puestas en funcionamiento a raíz de lo resuelto en los legajos de ejecución Herbel, Javier Darío s/ ejecución de condena leg. Nº 107.908 rta. el 27/3/2013 y Kepych, Yury Terebiyevich s/ ejecución de condena leg. Nº 7517 rta. el 11/6/2014)1 internos anotados a disposición del Juzgado Nacional de Ejecución Penal nº 4, concretarían eficazmente este objetivo.


Esta parece ser también, la solución al vacío legal y reglamentario que la distancia y el sistema federal penitenciario hacen relucir aún más. El mayor obstáculo evidente en la interacción jurídico-administrativa pese a las obvias distancias geográficas, resulta ser el tiempo de procesamiento de las actuaciones inherentes a cada trámite. Circunstancia esta que, conjugada con la anómala conformación del sistema de justicia de ejecución penal, aparece como responsable de distintas problemáticas.2


La implementación de medidas de gestión electrónica de documentos y su correcta aplicación en los casos puntuales, arrojará un resultado eficaz en la labor de los distintos organismos que interactúan dentro del sistema penitenciario, permitiendo el accionar en tiempo real de las materias traídas a consideración judicial, sin perjuicio de que eventualmente devenga necesario el cotejo de aquellas piezas que en originales, reservadas en las unidades penitenciarias.


 


Normativa vigente y su aplicación


El artículo 55 del Decreto 396/99 que reglamenta la ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad ha previsto “(…) El interno podrá interponer recurso de reconsideración por escrito ante el Consejo Correccional, dentro del lapso de TRES (3) días hábiles desde su notificación. El Consejo Correccional resolverá en definitiva dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes. Ello, sin perjuicio del recurso que le cabe ante el Juez de Ejecución. (…)”.


De dicha norma se desprende que el interno y la defensa cuentan con el plazo de tres (3) días hábiles para interponer el recurso de reconsideración ante la autoridad penitenciaria, quien será la encargada de resolverlo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. Superada esta instancia el legislador no ha determinado un plazo específico para la prosecución del recurso ante la Justicia Nacional de Ejecución Penal, limitándose a indicar “sin perjuicio del recurso que le cabe ante el juez” (art. 55 “in fine” dec. 396/99 R.M.B.E).


Ahora bien, de una interpretación armónica de los distintos preceptos constitucionales y procesales, podemos concluir que no fue la intención final del artículo en cuestión, librar deliberadamente a la vía recursiva que hoy nos ocupa, de un adecuado marco procesal que la regule, sino que al parecer del suscripto obedece a un blanco legal de la norma.


Claramente, los principios procesales de seguridad jurídica, de preclusión procesal, de debido proceso legal, de congruencia y de legalidad, dan un claro panorama sobre las bases en las que debe descansar toda vía recursiva legal; ello, sin perjuicio de la existencia concreta de normativa aplicable al caso, tal como el art. 161 del Código Procesal Penal de la Nación.


Sobrada cuenta de ello resulta, la existencia en todo el ordenamiento jurídico procesal de tan solo tres recursos o vías recursivas diseñadas por el legislador sin exigencias o determinación de plazos de interposición, siendo ellos, los recursos de revisión de sentencia (art. 482 C.P.P.N.), de nulidad (art. 170 C.P.P.N.), y de habeas corpus (Ley 23.098, art. 5). No resulta necesario destacar la importancia de tales institutos procesales.


Del mismo modo, analizando la materia recursiva en cuestión, luce esclarecedora la circunstancia de que la vía de la reconsideración de guarismos se aplica a actos jurídicos-administrativos que en forma trimestral se renuevan y suceden unos a otros al mismo tiempo que sirven de base para la progresiva determinación de las fases y períodos del programa de tratamiento individualmente trazado al condenado.


Es por ello que no cabe interpretar armónicamente que el blanco legal existente en la citada norma resultó deliberadamente previsto por el legislador a fin de asegurar un más efectivo acceso a la justicia de las personas privadas de la libertad, sino más bien, una norma que dificultosamente ha sido aplicada en una realidad institucional absolutamente adversa. Con ello me refiero a la ineficaz gestión documental, y la distancia que separa al interno y su defensa.


Por supuesto, el citado art. 55 del dec. 396/99 no debe resultar la excepción a la regla. En ese sentido no debemos perder de vista que los actos jurídicos y administrativos objeto de revisión por esta vía, son reeditables en forma trimestral y debido a ello, carece de propósito jurídico otorgar al recurrente de una vía recursiva impredecible y no ceñida a un rápido y eficaz proceso de resolución. Aún más, sostengo que tal vía de reconsideración debe -atento la sucesión trimestral de los actos que motivan su existencia- exaltar como ninguna otra, la celeridad del procedimiento, a fin de no desnaturalizar su entidad y propósito revisor con una inoportuna o tardía culminación del recurso.


Una gran parte de la imprevisión que hoy caracteriza a esta herramienta recursiva obedece a una desfasada intervención del interesado y su representación letrada. En sí, la presentación cúlmine y completa del recurso de reconsideración se obtiene –generalmente- en el último paso procesal previo a la resolución propugnada, dejando librado a las resultas de la gestión del Juzgado de Ejecución, la anexión documental de los datos inherentes a la fundamentación de los votos penitenciarios y del agravio del recurrente.


Como puede verse en estos casos, el impropio inicio de las actuaciones recursivas, no sólo colabora con el colapso judicial, sino que lentifica un proceso que debería resultar célero.


A diferencia de cualquier recurso judicial y administrativo, donde el interesado acompaña los motivos y la prueba que asiste a su pretensión, en el caso que nos ocupa opera una inversión de la carga de la prueba en cabeza del magistrado que atiende y sustancia el reclamo. En parte atribuida a la distancia que separa al interesado de su asistencia técnica y en parte también, debido a la falta de precisión de las actuaciones penitenciarias al momento de informar al interno de los fundamentos que impiden su evolución de guarismos. Todo ello redunda en la distorsión y prolongación de la vía recursiva al punto tal de arribar a una desnaturalización de dicha herramienta tal y como fuera prevista.


En este orden de ideas, siendo que la intervención de la defensa resulta improrrogable ante la necesidad de especificar los motivos y agravios en lo que hace a la impugnación del acto procesal -exigencia ab initio aceptada por el ordenamiento jurisprudencial y doctrinario-, es que la oportuna incorporación del concreto agravio o perjuicio y su consiguiente adecuación en derecho y representación defensista, junto con la neutralización de los efectos nocivos de la distancia, son en la actualidad los objetivos a lograr.


 


Acerca del principio de la garantía procesal “reformatio in peius”


Como introducción al tema, debe aclararse que la calificación de conducta resulta sólo susceptible ante la existencia de un proceso sancionatorio disciplinario, mientras que la del concepto, resulta de un consenso emanado del Consejo Correccional, integrado por el voto de cada uno de los jefes de áreas.


Entonces, mientras que una es objetiva, la otra resulta esencialmente subjetiva.


Superado ello y tal como lo señala el principio de “reformatio in pejus”, se encuentra vedado a la autoridad judicial y/o administrativa revisora, agravar las condiciones y situación del recurrente dentro de su propio recurso. En ese orden de ideas advertiré que la sola chance de conocer y anular algún/os voto/s de aquel/los jefe/s de área del Consejo Correccional que hubieran votado positivamente al momento de ponderar las calificaciones a la postre recurridas, vulneraría irremediablemente dicha garantía procesal.


Se ha definido el principio de la prohibición de la “reformatio in peius” como “(…) la veda impuesta al juez o tribunal superior de empeorar la situación del recurrente en los casos en que no ha mediado recurso de su adversario, que, si se verificara, conduciría a la invalidez de lo resuelto.(…)”. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 300:1102, entendió que sólo excepcionalmente se puede exceder de tal límite en caso de que se configure “una cuestión institucional de gravedad suficiente”.


Empero, la protección de la señalada garantía procesal, resulta hoy abiertamente inaplicable. Pues para lograrla, previamente debemos poder asegurar al interesado y su defensa, la inmediata información agraviante, o sea, el contenido de los votos que motivaron retener o retrogradar el guarismo. En la actualidad, dicha información no luce disponible en tiempo real, tanto para el interno como para la defensa técnica.


Ello, en parte obedece tanto a una limitación cultural, como a una funcional. En el primer caso, resulta determinante la falta de asesoramiento y conocimiento del propio interesado sobre qué información resulta esencial para la acción que pretende impulsar, en tanto que en el segundo caso, el impedimento resulta funcional y se ajusta a la imposibilidad fáctica de los letrados y defensores oficiales de poder acceder personalmente y/o presenciar cada sesión trimestral del Consejo Correccional.


En su lugar, consuetudinariamente se recurre a pedidos de gestión informativa sin ningún dato específico que sostenga y motive la acción recursiva o incluso a pedidos de orden global, interesados en conocer -vía requerimiento judicial- la totalidad de los votos que nutrieran dicha sesión del Consejo Correccional, incluyendo a los que resultaran positivos, tal como ya se mencionara.


Es justamente aquí donde la tecnología y el uso intensivo de las cuentas de correos electrónicos provistos oficialmente a cada dependencia del Servicio Penitenciario Federal, Justicia Nacional y Federal, Defensorías Oficiales e incluso Ministerio Publico Fiscal, juntamente con aquellas provistas por el Colegio Público de Abogados a los letrados particulares, pueden ofrecernos la gestión documental completa, detallada y en tiempo real que resulta necesaria.


Entonces, la inicial notificación de las calificaciones al interno, resulta ser la piedra fundamental de una vía recursiva propia y efectiva.


Se obtiene con la puntual información al pretenso recurrente de los motivos que lo agravian. Es en dicha oportunidad donde debe brindarse al interno y a su defensa técnica en forma diferenciada y concisa, sólo las opiniones de los jefes de área que hubieran votado negativamente a la evolución de dichos guarismos y así culminar con la intervención específica y circunstanciada -propia de toda vía recursiva legal- tanto del Consejo Correccional como del Juez de Ejecución Penal.


La posibilidad de que la defensa técnica conozca en tiempo real la situación jurídico y penitenciaria que reviste su asistido, es en la actualidad la única solución posible al tema planteado. Para ello será necesario que tanto los establecimientos penitenciarios como las defensorías oficiales, los juzgados de ejecución y –paulatinamente- los letrados particulares, establezcan a través de sus casillas de mail de uso oficial, un eficaz puente de comunicación.


Finalmente y así como ya lo he expresado anteriormente, la falta de un pensamiento autónomo, esforzado, superador y crítico sobre distintas cuestiones que hacen a la ejecución de penas privativas de libertad, es el motivo primordial por el que a más de veinte años de la sanción de la ley 24.660, existen temas aún no tratados en profundidad3.


Podrá sostenerse que dichos temas resultan a la opinión pública de menor relevancia que otros, como así también que desde el estado no se ha provisto de las herramientas de infraestructura4 y capacitación mínimas necesarias para obtener una mayor profesionalización del trabajo, pero lo cierto que es sin perjuicio de ello, lo que certeramente faltan, son voces de crítica y ansias de superación.


Entonces, si los aspectos inherentes a una profesionalización, asistencia y perfeccionamiento de los órganos destinados a revertir o neutralizar la reincidencia de delitos en una sociedad sacudida diariamente por la inseguridad, no se encuentran en la lista de prioridades ¿qué circunstancia motiva la convulsión social constante y periódica, a raíz del constante surgimiento de noticias relacionadas con el crimen y el delito?


Parece un contrasentido.


 


Notas


1 En dichos legajos se ordenó la notificación a la Defensa Oficial vía correo electrónico, de todo lo actuado hasta el llamado a celebrar la audiencia de notificación y descargo del interno en cada expediente disciplinario, debiéndose adjuntar copia escaneada de la imputación, de la prueba de cargo y descargo producida y de la fecha en la que se realizará la citada audiencia. Modificación esta, inmediatamente receptada por la Recomendación II del Órgano de Seguimiento y Control de Establecimientos Carcelarios del 30 de noviembre de 2013.


2 Según información actualizada, cada Juzgado Nacional de Ejecución Penal mantiene a su disposición poco menos de mil alojados condenados (cantidad que fluctúa diariamente), juntamente con varios miles de suspensiones de juicio a prueba y condenas de cumplimiento suspendido, entre otros. Particularmente y en el presente el J.E.P. 4 mantiene la disposición de 967 internos alojados en distintas unidades penitenciarias del país.


3 Con motivo de analizar la ineficaz asistencia técnica en procesos sancionatorios dentro de establecimientos penitenciarios. “Derecho Penitenciario: Vulnerabilidad del Derecho de Asistencia Técnica en Procesos Sancionatorios” ed. La Ley -Suplemento Actualidad- del 4 de febrero de 2010.


4 A propósito de haber transcurrido 24 años de la creación por ley del Equipo Interdisciplinario que asiste al Juez de Ejecución en sus pronunciamientos y pese a la sexta y última mención en cuerpos legales, sin que exista al presente. La ley 26.813 desde la óptica de la Ejecución Penal (Rev. Derecho Penal y Criminología, año III, nº 7 ed. La Ley).

Autor
Martin Aberasturi
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