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Código Unívoco
1023
Revista
Derecho Laboral
Número
212
Título
ESTADO ACTUAL DEL PROCESO LABORAL EN CÓRDOBA. LA APLICACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. MISIÓN DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO1
Texto

I. Introducción


Apoyándonos en la exacta afirmación jurídica de Bartoloni Ferro: “el derecho procesal no tiene vida propia; nace y vive por y para el derecho de fondo al cual sigue como la sombra al cuerpo”, por ello es necesario tener presente y ratificar, los principios y fuentes del Derecho del Trabajo (derecho sustantivo), conforme lo entiende nuestro Máximo Tribunal Nacional


1. El “Trabajo”, define la existencia humana. Es el medio de sustento y satisfacción de las necesidades básicas; es también una actividad por medio de la cual las personas humanas afirman su identidad, en lo individual y para nuestros semejantes.


2. Es crucial para la elección individual, el bien de la familia y la estabilidad de las sociedades. Debemos lograr una cultura del trabajo como aspiración real para todo el mundo.2


3. El hombre y la mujer, hechos a imagen y semejanza de Dios, se distinguen del resto de las criaturas; están llamados al trabajo, que por ser perenne, fundamental y siempre actual, exige una renovada atención y decidido testimonio.


4. Para la Corte Suprema de la Nación, el trabajo es un medio para lograr las aspiraciones de la persona, alcanzar su desarrollo integral como ser humano, porque es necesaria una “vida digna”, un “trabajo decente”, con “responsabilidad social empresaria, con respeto a los derechos fundamentales de la persona humana (doctrina de las “Vizotti”, “Aquino”, “ATE”, etc.)


5. El trabajador es sujeto de “preferente tutela constitucional”. Se debe lograr las condiciones de vida para que sea posible a la persona desarrollarse conforme con su excelsa dignidad.


6.  Tenemos que aplicar el principio de progresividad, para el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales del trabajador.


7. Derecho a perseguir su bienestar material por medio del trabajo asalariado o autónomo.


8. Adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida y condiciones dignas de trabajo.


9. El compromiso de respetar los citados derechos, genera no interferir directa ni indirectamente el derecho a la realización plena de la persona.


10. El principio “pro homine” o “pro persona”, se traduce en la adopción de pautas para alcanzar los derechos, libertades y garantías, limitándolo solo en la medida prevista en la Constitución, Tratados internacionales y leyes.


11. El hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y fin en sí mismo – más allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y constituye valor fundamental, al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental.


 


II. El Derecho procesal del Trabajo


- Para saber y comprender el Derecho Procesal, es necesario conocer con cierta profundidad:


- 1) Derecho constitucional: Arts.5º, 14, 14 bis, 16, 18, (las garantías del debido proceso y derecho de defensa) ,75 inc. 12 (facultades del Congreso sancionar los código), 121 (los derechos conservados por las pcias.) 126 (Las Provincias No ejercen poder delegado), de la C.N., y las Constituciones provinciales.


- 2) El nuevo CCC (nombre, domicilio, nacionalidad, etc.)


- 3) el Derecho SUSTANTIVO que movilizará el procesal,


- 4) en nuestro caso, además de derecho procesal del trabajo, conocer en profundidad el Código procesal civil, por las remisiones,


- 5) Filosofía del derecho, para conocer y aplicar los recursos extraordinarios


- Conclusión: Exige cultura jurídica y conocimiento interdisciplinario.


- Es difícil – por no decir imposible – concebir las relaciones humanas sin eventuales conflictos, pero impensable el conflicto sin solución.


- Un problema que debe superarse y eliminarse es la MORA EN LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO.


Un artículo publicado por el Diario Comercio y Justicia, del lunes diecinueve de octubre de 2015, afirma que “en la Argentina, la justicia formal tiene altas barreras de acceso, baja calidad en la prestación de sus servicios y problemas relacionados con la falta de transparencia e independencia.


Hay tribunales sobrecargados y carentes de gestión de calidad, que deben atender a una gran cantidad de causas con pocos recursos.


Esto genera un incremento en el nivel de ineficacia del Poder Judicial, que demora en exceso su pronunciamiento y afecta directamente el acceso a la misma.”3


 


- JUSTICIA LERDA NO ES JUSTICIA.


 Un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), las principales falencias del Poder Judicial en general son: 1) no publicación del presupuesto asignado por el PE., ni cómo se lo ejecuta; 2) No publicación de las declaraciones juradas de sus magistrados, 3) omisión en difundir los recursos humanos y, 4) la escasa información sobre los procesos de adquisición de bienes.


-  Un factor negativo y que provoca retardo, ES LA CULTURA ANTIREFORMISTA DEL ABOGADO, somos - por naturaleza y la enseñanza universitaria lo consolida – CONSERVADORES, RENUENTES AL CAMBIO, A LA TRANSFORMACIÓN, A LA INNOVACIÓN, las vetustas estructuras sobreviven, marcando una profunda disociación entre la ciudadanía y los órganos del Estado encargados de aplicar justicia.


- Un ejemplo: desde 1939 que la Facultad de Derecho de la UNC., tuvo la iniciativa de convocar al primer Congreso Nacional de Derecho Procesal, y en las conclusiones propiciara la UNIFICACION DE LAS LEYES PROCESALES, en función del acuerdo, la conciliación, para respetar la disposición constitucional, que otorga esos derechos a cada provincia.


- Se efectuaron tratados interprovinciales, se aprobaron las Bases y Códigos de Tipo, elaborados por Hugo Alsina, Ramiro Podetti, Alfredo Vélez Mariconde y Jorge Clariá Olmedo, sin resultados positivos.


- El derecho procesal argentino, ha recibido la influencia notable de Maestros como Couture, Cargnelutti, Niceto Alcalá Zamora, Santiago Sentís Melendo, recíprocamente destacados procesalistas argentinos participaron en cursos, seminarios y congresos internacionales (americanos y europeos).


- Actualmente, han perdido un poco de esplendor el tema de la UNIFICACIÓN (que no significa archivarlos), teniendo mayor gravitación lo atinente a la HUMANIZACIÓN, la ORALIDAD Y LA CELERIDAD EN RESOLVER LOS PROCESOS.


- Garantía de libre acceso a la justicia,


- El descongestionamiento para facilitar la celeridad en el dictado de la sentencia.


- Un partícipe necesario e inevitable en todo proceso, ES EL ABOGADO, que realmente debe ser un  COLABORADOR DE LA JUSTICIA


- Con razón afirma Gelsi Bidart, “El proceso es un bien frente a otros medios, pero es un mal comparado con otros medios más adecuados”.


- Considero que todo curso sobre derecho procesal, debe ser un medio, un camino para perfeccionar la forma de administrar justicia, y lograr que sea realidad la clásica imagen de la mujer con los ojos vendados y la balanza como signo de imparcialidad y dinamismo.


 La sanción de la ley 4163, en 1949, colocó a la provincia de Córdoba a la vanguardia de los estados argentinos, en cuanto instituyó la organización de los Tribunales de Trabajo y, determinó su procedimiento. Sólo Capital federal y Buenos Aires le precedieron en la iniciativa.


Nuestra provincia hizo realidad la ponencia aprobada diez años antes en el 1º Congreso Nacional de Ciencias Procesales, reunido en esta ciudad que declaró “necesaria la adopción de tribunales y procedimientos especiales para la aplicación de los principios e interpretación del derecho del trabajo.”


 La ley 4163 tuvo vigencia desde febrero de 1949 hasta marzo de 1991 que comenzó a regir la norma actual 7987. Durante este período, ciertamente prolongado, sólo experimentó retoques menores que no alteraron lo fundamental. Ello no implica que no hayan existido proyectos de reforma que fueron desde pequeñas enmiendas hasta un total cambio. Pero tales intentos no lograron sustituir el texto fundamental de la norma.


 Con la sanción de la ley 7987, efectuada el 30 de noviembre de 1990, publicada en el BO el 15 de enero de 1991, concluyó el largo período de la anterior. Su plena vigencia ocurrió en marzo de 1991.


Anotamos la reiterada anomalía que en la ley vigente se repite, la remisión al Código Procesal Civil, circunstancia que servirá para que siga existiendo los desajustes que se producen entre los principios del derecho de fondo aplicable, con las normas procedimentales utilizadas en función de esa remisión.


 Insistimos una vez más, que se han desaprovechado buenos períodos para sancionar un código de procedimiento integral, que tenga la virtud de poseer unidad científica y conceptual. Algún día entenderán, gobernantes y legisladores, que la obra jurídica valedera y permanente debe nacer con unidad de pensamiento y criterio, para ser eficaz y tener posibilidades de perdurar a través del tiempo.


 Pretender corregir la demora en la tramitación de las causas con reformas procesales, importa desconocimiento de la realidad circundante y existente en los tribunales de trabajo.


El gran maestro – de feliz memoria - el profesor Mariano R. Tissembaum tuvo la brillante idea, allá por 1941, de publicar un libro que tituló “Tribunales de Trabajo - Derecho Procesal del Trabajo.” Con la colaboración de destacados juristas como Leónidas Anastasi (“Ley francesa sobre el arbitraje obligatorio.”), Alejandro M. Unsain (“Nuestras posibilidades para implantar el fuero del trabajo”), Eduardo J. Couture (“Algunas nociones fundamentales de derecho procesal del trabajo”), Mario L. Deveali (“Los tribunales del trabajo en función de la naturaleza de los conflictos obreros”), y el propio Tissembaum (“Las contiendas del trabajo y el régimen jurídico para su solución y La inspección del trabajo y su función en el fuero del trabajo.”)


Opinan a favor de la autonomía del derecho procesal del trabajo, entre otros, Couture, según quien “mientras el derecho material, por su parte, fue elaborando todo un sistema jurídico de excepción, el derecho procesal permaneció estacionario sobre las bases y fundamentos del sistema liberal individualista del derecho común...”.


El desajuste entre el derecho sustancial y el derecho instrumental era evidente... Y entre ellos surgió, por la fuerza misma de las cosas, un derecho procesal del trabajo... La fórmula desigualdad compensada con otra desigualdad, parece ser la primera en el orden lógico frente al problema en estudio.


Para crear un derecho procesal del trabajo que restituya a las partes a su posición teórica de igualdad ante el litigio, ha sido necesario modificar los cuatro o cinco principios fundamentales del proceso civil común. Un nuevo derecho procesal, extraño a todos los principios tradicionales, sin exceptuar uno solo de ellos, ha debido surgir para establecer, mediante una nueva desigualdad, la igualdad perdida por la distinta condición que tienen en el orden económico de la vida, los que ponen su trabajo como sustancia del contrato y los que se sirven de él.”


A nuestro juicio, lo entendemos como el conjunto sistemático de normas y principios, que regulan la conducta jurídico - procesal, los derecho y las obligaciones de las partes y de los organismos jurisdiccionales y sus auxiliares, para la justa composición de los conflictos que surgen con motivo de la relación de trabajo, mediante la actuación del derecho material del trabajo, con el objeto de hacer justicia.


Decimos conjunto sistemático, porque no se trata de la simple agrupación inorgánica de disposiciones, sino que están ordenados metódicamente y la integración de principios y normas jurídicas caracteriza y da fisonomía propia a esta rama del derecho procesal.


Disciplina la conducta jurídica procesal de los jueces e integrantes de la magistratura, sus auxiliares y las partes, durante toda la secuela del juicio, esto es, desde la presentación de la demanda hasta la ejecución final de la sentencia. Las normas jurídicas disciplinan la conducta procesal, en cuanto indican, en cada circunstancia, cuál es la actitud a seguir y los principios, en cuanto integrarán el contenido fundamental de las decisiones.


Al referirnos a la justa composición de los conflictos que surgen con motivo de la relación subordinada de trabajo, estamos imputando a la competencia del tribunal y a su objeto.


El derecho procesal del trabajo, en sede judicial, se limita a dirimir las controversias de derecho, es decir aquellas que surgen con motivo de la interpretación controvertida de una norma preexistente, excluyéndose de su ámbito, los llamados conflictos de intereses, es decir, aquellos que surgen con motivo del intento de formulación de una nueva norma, hasta entonces inexistente.


Este procedimiento se instituye con el objeto de aplicar el derecho sustantivo del trabajo, y la naturaleza jurídica de sus disposiciones, el campo de su contenido, denotan la necesidad del proceso especial, que se ajuste a sus características y sea de su misma naturaleza para que la solución resulte acorde a ellas.


La cubierta final, la razón teleológica de su existencia, es el administrar justicia, lograr la justa composición de los diferendos que la inobservancia del derecho sustancial del trabajo suscita.


Volviendo sobre el camino específico, diremos que los principios fundamentales del procedimiento se derivan de las características y naturaleza del derecho sustancial, pues el procedimiento no tiene vida propia originaria, no tiene finalidad en sí, nace y vive por y para el derecho material.


Estas características reconocen como su raíz más profunda o, mejor dicho, como su fuente primera a la Constitución Nacional. El proceso de constitucionalidad de los derechos sociales, que tuvo su primera expresión en México en 1917, entre nosotros adquiere su consagración en la constitución de 1949, y cuando el gobierno militar la deroga, como bálsamo salvador surge la reforma de 1987, con la incorporación del entonces “Artículo Nuevo”, hoy “Art. 14 bis” y, la ampliación del Art. 75, inc. 22, que introduce en la Pirámide “kelseniana” a los tratados y concordatos con jerarquía superior a las leyes.


Por otra parte, la garantía constitucional del debido proceso (art. 18 C.N.), adquiere una especial significación en materia social; por eso, las normas procesales deben ser acordes con la materia que será el objeto de su tratamiento, el derecho sustantivo del trabajo, para consagrar así y hacer efectiva aquella garantía.


Los principios que hacen a la esencia del derecho procesal del trabajo son:


1) el impulso procesal de oficio ( sistema inquisitivo);


2) la inversión de la prueba;


3) el principio de favor o in dubio pro operario;


4)  la equidad;


5) la oralidad;


6) la identidad física del magistrado;


7) la inmediación;


8)  la concentración;


9)  la celeridad;


10) la publicidad;


11) la gratuidad y


12)  la conciliación.


Una importante corriente adiciona los principios protectorio y de progresividad, porque interpretan que simultáneamente son fuentes y principios del derecho sustantivo y procesal.


 


III. Fuentes nacionales e internacionales del derecho procesal


Art. 18 CN: En todo procedimiento (sea administrativo o judicial), necesariamente debe observar las dos garantías constitucionales:


1. Derecho a un debido proceso, y


2. Derecho a una justa defensa.


- Para garantizar tales derecho es necesario e inevitable, el siguiente procedimiento, que tiene su fundamento en el


 Artículo 8. Garantías Judiciales de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José), Y Art. 14 del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS


1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.


2. Toda persona inculpada tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:


a) derecho de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;


b) comunicación previa, detallada, clara y precisa al inculpado, de la acusación formulada;


c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;


d) derecho del inculpado de defenderse personalmente, ser asistido por un defensor de su elección, de comunicarse libre y privadamente con su defensor;


e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;


f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;


g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y


h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.


3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza, y respaldada por prueba independiente,


4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.


5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.


 


Iº. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:


Preámbulo: Es deber del hombre, ejercer, mantener y estimular por todos los medios a su alcance, la cultura, porque es la máxima expresión social e histórica, la moral y buenas maneras constituyen la floración más noble de la cultura, por ello es deber de todos hombre y mujer acatarlas siempre.


Art Vº: Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación, a su vida privada y familiar.


Art. XVIII Toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos, y disponer de un procedimiento sencillo y breve para que la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.


IIº. Declaración Universal de Derechos Humanos


Preámbulo: Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.


Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;


Art. 8 Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.


Art. 10 Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones…


Art. 12 Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.


 


IIIº- Convención Americana sobre Derechos Humanos


Art 8.1 – Garantías judiciales: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.


Art. 25, Inc. 1º y 2º – Protección judicial:


1º. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.


2º. Los Estados Partes se comprometen:


a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;


b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y


c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.


 


IVº. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)


Art. 8º. Garantías Judiciales


1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.


2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:


 


IVº. Reflexiones finales con fe y esperanza


No dudamos que la contemporaneidad y sus signos están presente, e imponen una natural reorganización de la forma de practicar la abogacía, y antes de graduarse, el plan de estudios y cómo debe enseñarse, por el riesgo que corre la abogacía – como rama del saber científico – será pausado y silencioso pero inexorable, terminando por servir poco y, su espacio será ocupado por alguna nueva práctica, tal vez no será profesional, quien se encargará de realizar lo que la añosa y no remozada profesión dejó de cumplir.4


 Coincidimos con Andruet, “que la nueva gran batalla que tendrá que ejercitar la abogacía organizada, estará en saber encontrar prudentemente los límites al derecho, para lo cual tendrá que estar altamente entrenada, y los jueces, por su parte, profundizar la exigencia de la motivación razonable de sus decisiones.”


Los tres ámbitos vinculados con la abogacía, en sentido lato, son: 1º. Las Secretarías de postgrado o de graduados de cada facultad o escuela, deberán organizarse – en lo académico y económico– para la formación de los graduados, acordes con las competencias epistemológicas y profesionales,


2º. Los colegios profesionales deberán estructurarse y programar la práctica profesional en los procesos administrativo y judicial, acordes con los cánones que las leyes de la abogacía imponen,


3º. Respecto a las obligaciones éticas de los abogados, en su actuar judicial y extrajudicial, según las normas deontológicas, será competencia de los Tribunales de disciplina (Ley 5805).5


 Para poder cumplir tales objetivos, es necesario capacitar a los profesionales que desempeñarán dichas funciones, no sólo en los aspectos legales y deontológicos, como también ayudarlo económicamente para que puedan desempeñar las funciones que se les encomienden, con las exigencias temporales de los mismos. 6


 Los entornos académico, colegial y disciplinario, tienen que integrarse con un modo deliberativo de los abogados y jueces, para que se promocione una bifocalidad, para que los tópicos que tratan los litigios judiciales, no se aprecien sólo de cerca, sino de adentro, manteniéndose a la misma distancia. El desafío ha de ser empático (identificado afectivamente con la realidad) y desapegado al mismo tiempo.


Abogados y jueces, cada uno en su lugar deberán hacer el esfuerzo por merituar y meditar los argumentos con la mayor empatía posible, sabiendo guardar cada uno la respectiva distancia, asegurando el abogado la ética profesional, y el juez la imparcialidad7.


Hay que desformalizar el proceso judicial para hacerlo más ágil y eficiente, una reforma integral, una justicia sin expedientes, con fiscales más cercanos a la gente y estructuras menos burocráticas, transformando los recursos que brinda el presupuesto anual, es necesario “que los secretarios, prosecretarios y ayudantes fiscales dejen de ser bocas que alimentan la oficina del fiscal y pasen a ser personas que decidan. Es una transformación cultural que se puede hacer.”8


Una etapa importante para poder cumplir los objetivos precedentes, es lograr un Código Procesal del Trabajo integral, sin remisiones, como lo proyectó la Comisión integrada por José Isidro Somaré, Jorge Jerónimo Sappia, Ramón Edgar Flores y Jorge Sánchez Freytes, designados por la entonces Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba en 1974, entregaron el proyecto en noviembre de 1975, con inmediata aprobación de la citada Cámara. En la Cámara de Senadores lo estaba analizando la Comisión pertinente, interrumpido por el golpe militar del 24 de marzo de 1976. Era un proyecto de Código único, autónomo, sin remisiones, con más de quinientos artículos. Un ejemplo para imitar.


 


Concluyo, convencido que tenemos que derrotar:


· el miedo con la esperanza,


· el cinismo con trabajo duro, permanente y honesto,


· la política negativa, corrupta y que divide, con una visión positiva y honesta, que una a los abogados litigantes, a los académicos y a los integrantes del Poder Judicial.


 


Notas


1.Ponente oficial sobre el tema de esta monografía, en el SEGUNDO CONGRESO PROVINCIAL DE DERECHO PROCESAL, realizado en la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, el 22 y 23 de octubre de 2015.


2.Juan Somavía – Director General de la OIT.


3. Diario “Comercio y Justicia”, Córdoba 19.10.15, Pág.16ª: “Aunque con mejoras, la transparencia de la justicia sigue siendo su talón de Aquiles”.


4. Andruet Armando, en “Realización de la abogacía y una reflexión proyectiva”, diario “Comercio y Justicia”, Córdoba 21.10.15, P. 16A


5. Andruet Armando op. Citada en 4.


6. Nuestra experiencia por haberme desempeñado en el Tribunal de Disciplina para Abogados y en el Tribunal de Ética para Magistrados y Funcionarios, sin perjuicio de la distinción, honorabilidad y reconocimiento que ello significa, no puede exigírsele a los Abogados que todas esas actividades sean ad honorem, desconociendo que deben descuidar o delegar las tareas profesionales.


7. Andruet Armando, en “Los responsables del mejoramiento del ejercicio de la abogacía.”, en diario ‘Comercio y Justicia’, Córdoba 04.11.15, Pág. 16A


8. Gómez Demmel José, Fiscal General Adjunto de Córdoba, en “Nadie se imagina la justicia sin expediente; este paradigma es el que hay que superar”, en diario ‘Comercio y Justicia’, Córdoba 09.11.15.

Autor
Raúl Enrique Altamira Gigena
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