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Doctrina

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Código Unívoco
1022
Revista
Derecho Público
Número
20
Título
El “Camino de Sirga” como herramienta ambiental. Dilemas sobre la subsistencia de una reliquia jurídica en nuestro flamante y actualizado Código Civil y Comercial, y su posible vinculación con el derecho al acceso público a los cursos de agua.
Texto

La tan reciente1 sanción del flamante Código Civil y Comercial de la República Argentina nos ha impuesto la necesidad de comentar y discutir la influencia de sus reformas en los más diversos ámbitos de la vida cotidiana de nuestro país.


En ese marco, el presente trabajo se propone -por cierto, muy modestamente- exhibir un breve panorama del resultado de la modificación de una de las restricciones públicas al dominio privado conocida -recién hoy-2 como “Camino de Sirga” y su influencia en el derecho -colectivo- al acceso a los cursos de agua.


Más específicamente, se expondrán ciertos desvelos o dilemas que encierra el significado del mantenimiento en nuestro novedoso cuerpo normativo, de este instituto cuyo desuso es denunciado desde la misma sanción del anterior código.


Sera objeto de estas breves líneas, finalmente, aventurar la vinculación de su supervivencia con el uso ambiental que se le ha intentado asignar, a pesar incluso, de la consolidada jurisprudencia en contrario.


 


I. A manera de introducción: Un Código nuevo para conflictos viejos


Ciertamente entre los más preciados y requeridos bienes pertenecientes al domino público se encuentran los ríos, que involucran -según el nuevo Código- el agua, sus playas y el lecho por donde corren, delimitado por la línea de rivera que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias3.


Sucede, por otra parte, que las mayores extensiones de los ríos transcurren bordeando inmuebles de particulares, y que rara vez lindan con un camino público, determinando por tanto, que permanezcan encerrados entre dichas propiedades y alejados de un acceso para su disfrute por la población en general.


Así visto, ocurre al fin que el uso y goce de dichos bienes pertenecientes -por excelencia- al dominio público, como son los ríos, queda reservado mayoritariamente a quienes dispongan de una vía de acceso al mismo, es decir, quienes ostenten el dominio privado de alguna finca ribereña.


En otras palabras, queda las más de las veces -de hecho- restringido el uso de un bien eminentemente público para un goce exclusivamente privado, cuando por derecho debiera corresponder públicamente a toda la población de la nación, a quien pertenece su dominio.


En la extensa geografía argentina, dicha realidad ha suscitado diversas controversias (entre quienes desean acceder al agua y quienes desean impedirles a éstos el paso por sus privadas propiedades4), y ha motivado que números juristas buscaran entre las herramientas disponibles alguna que les permitiese sortear dicha limitación.


Es por ello que en más de una ocasión, se ha echado mano del viejo instituto que hoy analizamos, utilizándolo como válvula de escape al creciente conflicto deparado por lo que se ha llegado a llamar la “privatización de los paisajes”.


Entre esta postura, y la de quienes intentan su derogación, vamos a reseñar -brevísimamente- las posiciones actuales sobre la temática, para luego comentar la nueva regulación, e intentar finalmente aportar -a modo de interrogantes- una mirada reflexiva sobre el significado que encierra su vigencia.


 


II. Desde el “desuso” y la crítica del Siglo XIX, a la recuperación “ambiental” del Siglo XX


Enseña la doctrina que la restricción al dominio en cuestión (cuyo nombre prefirió omitir Vélez) tiene por origen la práctica - en total abandono- de facilitar el transporte fluvial mediante el remolque de las embarcaciones por cables tendidos desde la orilla y tirados mediante la tracción a sangre.5


Si bien fue utilizada antiguamente en algunas zonas de Europa, no tuvo ningún desarrollo local y su inclusión fue atribuida a la vigencia de una antigua reglamentación del ministro Rivadavia, que mantenía vigencia al tiempo de la sanción del viejo Código.6


Desde antiguo se levantaron airadas voces contra su implementación local, exigiéndose -sin éxito- su derogación.


Ya en 1912 el entonces Senador por La Rioja, Joaquín V. González, presentó un proyecto a tal fin, acusando de inconstitucional e injusto el mentado instituto, preguntándose “¿Cómo va a justificar el Estado la retención puramente abstracta de tierras destinadas a los usos ordinarios de la industria o del trabajo a título de un derecho que no ejercita ni puede ejercitarse…?”.7


No obstante las críticas, subsistió la mentada restricción al dominio en plena vigencia y total desuso8, hasta el momento que sus previsiones fueron vistas con posibilidades ambientales, extendiendo su razón no ya al transporte fluvial, sino para posibilitar el uso “social” de los ríos para fines diversos como la pesca o el esparcimiento.


No fueron escasas las disposiciones administrativas que se sirvieron del instituto, extendiendo sus implicancias y restricciones mucho más allá de lo previsto en el viejo Código.


A modo de ejemplo, se puede citar la ley 273 de la Provincia de Neuquén que establecía la afectación como calle o camino público a las fracciones de treinta y cinco metros de ancho desde la línea de ribera (art. 22) y obligaba a los titulares ribereños a permitir el uso de dicho camino de sirga “a cualquier habitante, a los efectos de la navegación, pesca y de cualquier otra utilización propia de su destino público” (art. 32).


La normativa mereció la censura de la CSJN en el sonado caso “Las Mañanitas S.A.” en donde se declaró la inconstitucionalidad de los citados artículos de dicha ley, pero haber afectado mediante una regulación local los parámetros de la restricción cuyo establecimiento corresponde al Congreso Federal.9


La postura del Alto Cuerpo fue coincidente con la doctrina nacional mayoritaria en asumir estrictamente los márgenes de la restricción: “La finalidad del art. 2693 del Código Civil es taxativa y concreta”.10


Posición por cierto mantenida (y referenciada en el citado fallo) por Marienhoff en cuanto al uso de las márgenes del río “puede ser necesario para otros fines de interés social (construcción de nuevos puertos, astilleros, mercados, paseos públicos, edificios fiscales)”, con la salvedad de la procedencia de la expropiación cuando necesidades de interés público lo justificaran.11


 


III. La nueva regulación


Reza el actual artículo 1974: “Camino de Sirga. El dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de quince metros de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad.


Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios de este artículo”.


De su lectura y comparación con el correspondiente texto del ahora viejo Código Civil12, se puede advertir que:


1- El instituto hoy dispone de un nombre -”camino de sirga”-, el cual fue omitido por Vélez.


2- El requisito de su procedencia -”aptas para el transporte por agua”- se ha ampliado singularmente.


3- La extensión física de la restricción ha sido notablemente disminuida (de 35 a 15 metros).


4- La controvertida obligación de hacer -”dejar una calle o camino público”- ha desaparecido.


5- Las limitaciones (obligaciones de no hacer) son sólo vinculadas al requisito de su procedencia.


6- Se ha otorgado una legitimación amplia para ejercitar su defensa por “todo perjudicado”.


 


IV. Críticas a la nueva regulación, unánimes, pero con muy distintas posturas


En concordancia con el antedicho fin “ambiental” o “social” que se le ha querido en el pasado otorgar al Camino de Sirga, la promulgación del nuevo Código Civil y Comercial ha merecido sonoras quejas desde los sectores naturalistas o ambientalistas.


En consonancia con la reprobación de la poda sufrida por el proyecto original de su truncado artículo 24113, que garantizaba el derecho al acceso al agua, se entendió que la estrecha regulación de la restricción al dominio en cuestión, con marcada limitación -cualitativa y cuantitativa- de su extensión, implica un severo retroceso en el principio de progresividad ampliamente propugnado para los derechos ambientales.14


Por otra parte, quienes ya prescribían la derogación de la restricción desde comienzos del siglo pasado, han renovado sus flamígeras críticas por su mantenimiento en la nueva codificación.15


Mientras tanto, no han faltado quienes festejan su supervivencia16, pero impulsan una resignificación conceptual del instituto que implique su extensión omnicomprensiva para cualquier curso de agua y su parentesco con el régimen de las servidumbres administrativas17.


Paralelamente a las distintas posiciones asumidas sobre el particular, no es posible olvidar que el desarrollo nacional del derecho ambiental está recalificando -entre otras cosas- las concepciones jurídicas sobre los bienes, ya no mas vistas como “cosas” dispuestas para el beneficio del hombre (posición antropocéntrico) , sino como valorables en sí mismas (geocéntrico).


Este desarrollo conceptual ha sido plenamente asumido por nuestra Corte Suprema que, en distintos pronunciamientos ha advertido que el agua integra el concepto de ambiente, entendido como bien de incidencia colectiva,18 que “por su naturaleza jurídica, es de uso común, indivisible y esta tutelado de una manera no disponible por las partes”.19


En ese sentido se ha dicho que “…en los últimos años ha surgido una categoría de bienes que no pertenecen al Estado ni a los particulares en forma exclusiva, y que no son susceptibles de ser divididos en partes que permitan afirmar sobre ellas la titularidad individual de un derecho dominial”.20


 


V. Un nuevo enfoque a partir de la supervivencia del instituto


En una primera observación sobre la controversia, es necesario destacar como hecho sumamente relevante la decisión del codificador de mantener la controvertida restricción vigente a partir de su inclusión en el nuevo Código Civil y Comercial.


Tal decisión en sí misma supone un claro posicionamiento de los autores del Código, y nos conmueve a formular nuestros primeros interrogantes.


¿Qué sentido tiene mantener la restricción? ¿Qué utilidad puede tener en la actualidad esta antigua figura jurídica? ¿Espera el legislador que se renueve la navegación fluvial por medio de la sirga?.


Frente a estos interrogantes, resulta esclarecedor el tratamiento que se le ha dado al Camino de Sirga en los caracteres de su renovada regulación, los cuales nos permiten especular una función “social” o “ambiental” para su servicio, lo cual queda entrevisto en las opiniones al respecto, de los mismos constructores del nuevo Código.


Finalmente será significativo observar la conjugación de esta restricción al dominio particular con la inclusión en el nuevo código de los derechos colectivos, y la coincidencia de su regulación con la armonía de la nueva cosmovisión presente de manera patente en todo el cuerpo normativo.


Es llamativo tener presente, al respecto, la exposición de motivos del nuevo Código en cuanto señala que “El anteproyecto que presentamos tiene una importancia relevante de los derechos de incidencia colectiva, en consonancia con la Constitución Argentina y de modo coordinado con la brasileña. Esto tiene un impacto significativo en modo de relacionamiento con los recursos naturales”.21 ¿Podrá considerarse que el “Camino de Sirga” es una pieza más entre el esquema de herramientas que ofrece el nuevo Código para mudar la forma de relacionarnos con “los recursos naturales”?


 


a) Sobre las implicancias de la subsistencia del instituto


En primer término, es válido destacar que difícilmente se podrá considerar azarosa la supervivencia de la restricción en cuestión: El esmero con que se ha intentado “actualizar” o “aggiornar” los parámetros del viejo Código de Vélez desmerece toda la posibilidad de especular que su vigencia obedezca a la inercia meramente copista del codificador.


Todo lo contrario, su mantenimiento en el nuevo Código supone un sentido y sugiere un preciso motivo del legislador, máxime cuando se ha ocupado de aplicarle reformas cuya descripción pareciera no haber dejado conforme a nadie.


La presencia de una restricción al dominio, de ostensible carácter público, en un Código que regula las relaciones privadas entre los particulares, supone una irregularidad cuya denuncia no es novedosa ni puede haber sido desconocida por los cuidadosos codificadores.


Antes bien, podemos válidamente suponer que si se ha respetado la vigencia de la restricción bajo análisis es porque se la ha considerado útil y conveniente para el siglo que corre, y plausible de un ejercicio actual y concreto. ¿Cuál es entonces tal servicio?


Al respecto, altamente ilustrativos resultan los comentarios a la mentada norma -art. 1974- disponibles en el Código Comentado dirigido por el Dr. Ricardo Lorenzetti, que describen la figura como una “…restricción que alcanza no solo a los ríos y canales navegables, sino también a aquellos cursos de agua que, sin estar comprendidos entre aquellos, forman cauces naturales y puedan servir, sin embargo, al ‘transporte por agua’” y que “…tales aguas forman parte del dominio público, lo que hace razonable que quienes no sean dueños de inmuebles colindantes también puedan tener acceso a sus beneficios”22 (el resaltado y subrayado no pertenece al original).23


Es decir que, si bien se le asigna al instituto los caracteres que han prevalecido pacíficamente en la doctrina y la jurisprudencia (es decir, como restricción al dominio particular) por sobre otras posturas (que lo consideran una servidumbre o de pertenencia al dominio público), y en consecuencia se predican del mismo consecuencias compatibles a tal naturaleza (será necesaria la expropiación si se desea utilizar la superficie para “otras obras” como muelles, puertos o astilleros); al mismo tiempo, se le reconocen funciones que exceden las de meramente sirgar (remolcar embarcaciones desde la orilla) pues se dice que su destino “obedece a las necesidades de la navegación, la flotación y de la pesca.” (el resaltado no pertenece al original).24


Por otra parte, nadie puede sorprenderse con dicha amplitud de criterio entre los integrantes de la Comisión Redactora del nuevo Código: En una llamativa nota a fallo titulada “¿La resurrección del camino de sirga?”, la Dra. Elena Highton de Nolasco, reconocía su servicio para fines diversos del de la navegación.


En dicha nota expresaba que “las normas que tratan sobre el camino de sirga o de rivera originariamente se definieron para favorecer la navegación a la sirga (es decir la de un arco tirado por una cuerda o sirga desde la orilla), siempre han permitido otras utilidades. La franja de terreno constitutiva de la rivera externa o margen del río, sirve tanto para las necesidades de la navegación, como de la pesca, el comercio y el esparcimiento de la población”.25


Es por ello que es posible entrever a partir de las opiniones doctrinarias de los redactores del nuevo Código que no sólo los cursos de agua afectados por la restricción son los navegables, sino también otros que permitan la “flotación”; y que los usos que pueden hacerse de la franja de tierra ribereña no son estrictamente los de la “sirga”, sino que también está dispuesta para el aprovechamiento del río para otros menesteres (pesca, comercio y esparcimiento) cuyo entorpecimiento le está restringido al propietario ribereño y cuya reclamación le corresponde a cualquiera que pretenda servirse de ellos.


 


b) Sobre las particularidades de la nueva regulación del “Camino de Sirga”


Al mismo tiempo, y en sintonía con las opiniones doctrinarias de los responsables del mantenimiento de la figura, también es posible advertir que la nueva regulación luce compatible con una utilidad ambiental y social que suponemos asignada al instituto bajo análisis.


En efecto, del análisis de los cambios reseñados en el punto III del presente, puede notarse que si bien es cierto que se ha disminuido su extensión física de 35 a 15 metros y se ha omitido incluir la obligación de guardar “una calle o camino público” -la cual despertaba confusiones sobre su naturaleza-; por otra parte no es menos cierto que se ha extendido notablemente su influencia a todo curso de agua “apto” para el transporte por agua, y se ha otorgado una amplísima legitimación para ejercer defensa.


Es determinante notar que la aptitud para el transporte por agua implica tan solo una potencia o capacidad para facilitar tal fin, y que ya no se exige un ejercicio actual y consolidado o situación permanente, tal como podía colegirse de los términos y tiempo verbal utilizados por la anterior regulación - “que sirvan a la comunicación por agua”26-, lo cual compromete la extensión de su influencia sobre una mucho mayor cantidad de cursos de agua.


Frente a tal ampliación del esquema de ríos alcanzados por la normativa, luce más que razonable el acotamiento de su extensión física o anchura, en miras de la cantidad de fundos rivereños alcanzados, los fines propuestos y lo exagerado de su dimensión establecida en la anterior regulación.27


A su vez, se ha establecido que la remoción de todo impedimento al servicio del Camino de Sirga podrá ser requerida por “todo perjudicado”, aventándose cualquier duda que pudiera existir sobre la legitimación activa para asegurar la vigencia del instituto, extendiéndola casi ilimitadamente.


 


c) Sobre el encuadre armónico de la restricción en el sistema del nuevo Código, y en especial con la inclusión de los derechos de incidencia colectiva


La interpretación y armonización del nuevo artículo 240 del Código Civil y Comercial constituye una tarea que excede largamente las limitadas pretensiones de este artículo y las modestas posibilidades de su autor.


Sin embargo, a título provisorio, es posible advertir marcadas notas de carácter social y ambiental que van a teñir el contenido de los derechos de los particulares -y del Estado- con las cosas.


Es posible advertir que del citado artículo surgen al menos tres factores condicionantes del ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes públicos y privados: 1) Deberá ser compatible con los derechos de incidencia colectiva; 2) Deberá conformarse a las normas de derecho administrativo nacional y local; y 3) no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros.


Es destacable lo afirmado al respecto en los fundamentos al anteproyecto respecto de la “propiedad” o “pertenencia” de los recursos naturales: “Finalmente los conflictos ambientales, se refieren a bienes que son mencionados en el Código como del dominio público, pero la Constitución y la ley ambiental los considera colectivos, y no solamente de propiedad del Estado. Todo ello requiere de una concepción más amplia que ha sida receptada en el proyecto” (lo resaltado no pertenece al original)28


A ello debemos agregar, en especial vinculación a la restricción que nos ocupa, lo establecido por el nuevo art. 1970, en cuanto establece que “el aprovechamiento y uso del dominio sobre inmuebles debe ejercerse de conformidad con las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción”.


En ese marco, es razonable preguntarnos si es posible considerar aisladamente los avatares de la figura que nos ocupa con esta novedosa función ambiental y social propuesta por el Código, con la que debe compatibilizarse el ejercicio de los derechos individuales; o si su inclusión armoniza con un sistema tuitivo de los bienes ambientales.


Antes bien, es posible indagar como se armonizará el derecho colectivo a acceder a los cursos de agua, preludio indispensable del disfrute de dichos bienes públicos, con el derecho individual del propietario del fundo rivereño a impedirlo en base al carácter exclusivo del dominio que ostenta sobre su finca.


Conjuntamente es interesante especular si frente a aquella colisión de derechos colectivos e individuales, que implica una controversia sobre el uso de bienes públicos solo accesibles a través de inmuebles privados; no será útil herramienta de solución haber mantenido la vigencia de un instituto ideado para prácticas abandonadas, pero renovado con utilidades sociales.


 


VI. Conclusiones


Es evidente que nos encontramos ante una nueva etapa del desarrollo del derecho patrio. En él, se postula la plena vigencia de los derechos individuales, pero armonizando su ejercicio con los derechos de incidencia colectiva, las normas de interés público y su influencia sobre la sustentabilidad de bienes públicos y colectivos como el agua.


Su interpretación íntegra y la conciliación de los intereses involucrados supone un esfuerzo que llevará quizás mucho más tiempo que el que demandado para la redacción y sanción del nuevo Código.


Sin embargo, es posible notar la irrupción en su regulación de una nueva categoría de derechos -los de incidencia colectiva- y un resaltado interés tuitivo sobre ciertos bienes en particular, entre los que se destaca el agua.


Junto con esta renovación, cada vez toma más énfasis la regulación tuitiva del ambiente y el derecho que la estudia, cuyas consideraciones no nos pueden ser ajenas. Sobre la estructuración del dominio de los bienes que nos ocupan, hoy justificadamente considerados “recursos naturales”, se puede destacar que “los cursos y cuerpos de agua constituyen un bien de dominio público inalienable, inembargable, imprescriptible, que reconoce el interés público como su esencial fundamento. Y si bien las disposiciones de agua no son dictadas en el Código Civil en beneficio directo de toda la comunidad (en principio, sus disposiciones al respecto no son de orden público), lo ambiental le da ese carácter al proteger el interés colectivo-social, reafirmando el destino del bien (de cuya normalidad depende el derecho a un ambiente sano y equilibrado).”29


En ese marco luce revitalizado el Camino de Sirga como restricción al dominio privado en interés público, íntimamente emparentada con el agua, los cursos por los que transcurre y el derecho colectivo a su aprovechamiento y uso.


Corresponderá entonces revisar si son justificadas las acusaciones que sugieren que la nueva regulación del instituto obstruye los postulados ambientales que airadamente dice propugnar el nuevo Código Civil y Comercial; o si, por el contrario, debemos considerar que se ha renovado aquella anciana figura para dotarla de actualidad, vigorizarla como herramienta social y ecológica, y resguardarla de la censura constitucional que merecía su anterior régimen.


Pese a ello, si de algo estamos seguros es que el acceso al agua seguirá implicando conflictos entre los hombres y las naciones. El desafío será superarlos en paz, entendiendo que ninguna normativa prevalecerá en tanto no tenga por horizonte asegurar que “nadie sea excluido o discriminado del uso de este bien, que es un bien común por excelencia”.30


 


Notas


1. Al momento de escribir estas líneas, tan solo 20 días de vigencia disfruta el nuevo Código.


2 Adviértase que su denominación es novedosa, toda vez, que Vélez Sarsfield había omitido la palabra “Sirga”.


3 Art. 235 inc c) in fine.


4 Recuérdese la trágica muerte de Cristian González, asesinado por el guardia de un complejo turístico por pescar en la desembocadura del rio Quilquihue. Ver: Diario Clarín: “Una historia extrema sobre los paisajes “privatizados”. Sociedad. 23/9/2012. http://www.clarin.com/sociedad/historia-extrema-paisajes-privatizados_0_779322150.html


5 KANTOR, Daniel: “El camino de sirga en el dominio del propietario ribereño”. Ed. La Ley. LA LEY 07/12/2009, 07/12/2009, 8 - LA LEY2010-A, 37 - LLPatagonia 2010 (febrero), 27/12/2009, 20. Citas Online: AR/DOC/4371/2009


6 En contrario sentido se expresa Carlos Herman Güttner: “El camino de sirga en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” www.infojus.gov.ar , 16/12/2014.


7 OTTONELLO, Néstor J.: “Joaquín V. González y el Código Civil. Su propuesta respecto de los artículos 2639 y 2640”. La Ley. 01/09/2005. AR/DOC/2483/2005.


8 Sostiene el maestro Moisset de Espanes: “Los Códigos europeos más modernos, como el de Italia de 1942 y el de Portugal de 1966, nada dicen sobre el particular, ¡porque la navegación a la sirga ha desaparecido totalmente...! En América tampoco se encuentran referencias al camino de sirga en el nuevo Código de Bolivia de 1975, ni en el Código peruano de 1984.” Moisset de Espanes. Carta a. A. Chávarri. Disponible en versión informática de la Academia de Derecho de Córdoba. http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/artcaminodesirga/at_download/file.


9 “Las Mañanitas S.A c. Provincia de Neuquén s/ acción declarativa”. L.314.XL (2009) Publicado La Ley: AR/DOC/328/2010. Nótese el voto en disidencia de la Dra. Highton de Nolasco, por falta de “caso”.


10 GELLI, María Angélica: “El principio de supremacía federal y derechos propietarios en el Camino de Sirga en el caso “Las Mañanitas”. La Ley. Cita Online: AR/DOC/328/2010.


11 MARIENHOFF, Miguel S.: Tratado de Derecho Administrativo, Tomo IV. Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1998.


12 Código Civil ley 340: Art. 2639: “Los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua, están obligados a dejar una calle o camino público de treinta y cinco metros hasta la orilla del río, o del canal, sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no pueden hacer en ese espacio ninguna construcción, ni reparar las antiguas que existen, ni deteriorar el terreno de manera alguna.”


13 Proyecto de Código Civil y Comercial, art. 241: “Todos los habitantes tienen garantizado el acceso al agua potable para fines vitales.”


14 VIALE, Enrique: “Nuevo Código Civil: chau acceso a los ríos”. http://www.bogasambientalistas.org/2015/07/con-la-entrada-del-nuevo-codigo-civil.html. También disponible en: http://www.resumenlatinoamericano.org/2015/08/03/argentina-los-claroscuros-del-nuevo-codigo-civil/.


15 OTTONELLO, Néstor J.: Ob. Cit.(Referencia 8).


16 DANIELIÁN, Miguel: “Vigencia del “camino de sirga”. Ed. La Ley. DJ1999-1, 541. Cita Online: AR/DOC/17041/2001.


17 KANTOR, Daniel: Ob. Cit. (Ref. 6). En el mismo sentido. Moisset de Espanes; Angel A. Chavarri. Ob. Cit. (Ref. 9)


18 REVASA, MARCOS - GARCÍA ROSSI, MAGDALENA, “El recursos agua y la Constitución Nacional”. Revista de Derecho Público - Año III - Número 10 - Editorial INFOJUS.


19 CSJN “Mendoza, Silvia Beatriz y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios”, 08/07/2008.


20 LORENZETTI, Ricardo: “Teoría del Derecho Ambiental”, Bs. As., La Ley, 2009, p. 7.


21 “Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación elaborados por la comisión redactora” en Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, Bs. As. Ediciones Infojus, 2012, p. 523.


22 Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Lorenzetti, Ricardo Luis (Director) Rubinzal-Culzoni Editores. 2014.


23 Nótese la explicitación de la vinculación del instituto con el acceso público a los cursos de agua.


24 En el mismo sentido: Código Civil y Comercial de la Nación Comentado: Art. 1974. Director J.C. Rivera y G. Medina.. Ed. Thomson Reuters. 2015.


25 HIGHTON, Elena I.: “¿La resurrección del camino de sirga?”. La Ley. 1994. AR/DOC/10250/2003.


26 Código Civil ley 340: Art. 2639.


27 Se ha sostenido que “parece conveniente acotar que en España, de acuerdo a la Ley de Aguas, el ancho del espacio dedicado a sirgar es de un metro, si el arrastre lo realiza el hombre a pie, y de dos, cuando se utilizan caballerías, y no los 35 metros que fija nuestro Código, que sin duda parecen excesivos.” Moisset de Espanes. Ob. Cit. Ref. 7


28 “Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación elaborados por la comisión redactora” en Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, Bs. As. Ediciones Infojus, 2012, p. 523.


29 DEL CAMPO, Cristina: “Dominio Público. La razón de lo público en el marco de la no propiedad de las aguas”. Revista de Derecho Ambiental. Nº 37. Enero/Marzo 2014. Editorial Abeledo Perrot. P. 119.


30 Llamamiento de Su Santidad el Papa Francisco a la Comunidad Internacional respecto del cuidado del Ambiente. Ciudad del Vaticano, 22 de marzo de 2015.


31 Villegas, Héctor B., Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 8° ed., Astrea, Bs. As., 2002, p. 195.


32 Giuliani Fonrouge, Carlos M., Derecho Financiero, 6° ed., Depalma, Bs. As., 1997, v. I, p. 324.


33 http://www.ciat.org/index.php/es/productos-y-servicios/publicaciones/modelos.html.


34 Giuliani Fonrouge, Carlos María, ob. cit., Depalma, Buenos Aires, 1990, p. 319.

Autor
Francisco C. Gonzalez
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