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Jurisprudencia

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Código Unívoco
20391
Fecha
01/03/2019
Materia
Penal
Revista
Penal y Proc. Penal
Número
256
Tribunal
T.S.J. Sala Penal
Resolución
Sent. N° 42
Carátula
"Soto, Carlos Sebastián y otro p.ss.aa. amenazas, etc. -Recurso de Casación"
Título
JUICIO ABREVIADO. Alcance del consenso. Imposición de la pena. DERECHO AL RECURSO. Impugnabilidad de la individualización de la pena. LEY DE SALUD MENTAL. Imposibilidad de valorar para la individualización de la pena la resistencia a someterse a tratamiento de adicción a las drogas. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. Arbitrariedad. Buen comportamiento carcelario: Imposibilidad de valorarlo como atenuante. COAUTORÍA. Principio de imputación recíproca.
Texto


El caso

Por Sentencia n° 62, una Cámara en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Córdoba, en Sala Unipersonal, resolvió -en lo que aquí interesa- declarar al imputado X coautor de los delitos de amenazas (nominado primer hecho), lesiones graves agravadas por la utilización de un arma de fuego operativa (nominados segundo hecho), amenazas (nominado tercer hecho) y autor de encubrimiento -2 hechos- (nominado cuarto hecho) contenidos en la requisitoria fiscal de fs. 279/295, a tenor de lo normado por los arts. 45, 149 bis primer párrafo, primer supuesto, 90 inc. 1° y 41 bis, 149 bis primer párrafo primer supuesto, 277 inc. 1 “c” y 277 inc. 1° “c” en función del 289 inc. 3° y 55 del C. P. e imponerle para su tratamiento penitenciario la pena de cinco años y seis meses de prisión con declaración de reincidencia y costas (arts. 5, 9, 12, 29 inc. 3ero., 40, 41 y 50 del C. Penal, 408, 412, 550 y 551 del C.P.P.). Declarar al encartado B, coautor de los delitos de amenazas (nominado primer hecho), lesiones graves agravadas por la utilización de un arma de fuego operativa (nominados segundo hecho), amenazas (nominado tercer hecho) y autor de encubrimiento (nominado quinto hecho), amenazas calificadas por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego de uso civil (nominado sexto hecho), en concurso ideal, contenidos en la requisitoria fiscal, a tenor de lo normado por los Arts. 45, 149 bis primer párrafo primer supuesto, 90, 41 bis, 277 inc. 1° “c” en función del 289 inc. 3°, 149 bis primer párrafo segundo supuesto, 189 bis inc. 2° segundo párrafo, 277 inc. 1° “c” en función del 289 inc. 3° y 55 del C. P. e imponerle para su tratamiento penitenciario la pena de cuatro años y seis meses de prisión, adicionales de ley y costas (arts. 5, 9, 12, 29 inc. 3ero., 40 y 41 del C. Penal, 408, 412, 550 y 551 del C.P.P.). El señor Asesor Letrado Penal de la ciudad de Córdoba, interpuso recurso de casación en contra de la sentencia aludida, fundando técnicamente la voluntad impugnativa expresada por sus defendidos, los imputados. Encuadra su agravio en el motivo formal de la vía escogida (inc. 2º del art. 468 del CPP), y solicita la nulidad parcial de la sentencia impugnada, por entender que se ha fundado arbitrariamente la individualización de la pena.




1. A partir de los precedentes “Molina” y en “Pedraza” (TSJ, S nº 294, 27/6/2016 y S nº 9, 13/2/2017), cabe mencionar que, conforme reiterada jurisprudencia de la Sala Penal del T.S.J en relación al juicio abreviado, la imposición de la pena no forma parte del consenso contemplado en el art. 415 del CPP (TSJ, Sala Penal, “Varas”, A. n° 321, 2/9/99; “González”, A. n° 142, 10/4/01; “Ferreyra”, A. n° 104, 13/4/04). Y con respecto a ella se ha sostenido que la facultad discrecional de fijarla es en principio exclusiva del tribunal de juicio, y solo puede ser controlada por el de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia (TSJ, Sala Penal, S. nº 4, 28/3/90, “Ullua”; S. nº 69, 17/11/97, “Farías”; A. nº 93, 27/4/98, “Salomón”; S. nº 162; 22/7/2011, “Defelippi”, entre otras).

2. En oportunidad de pronunciarse sobre el derecho al recurso, la CIDH expresó que, con independencia del nomen que se asigne a la vía impugnativa, “…lo importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida…” (“Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, 2/7/2004, numeral 165). De manera más específica, señaló que ese examen integral comprende la posibilidad de revisar también “…aspectos tales como la individualización de la pena o medida (que abarca la sustitución pertinente), como resulte justo en consideración a la gravedad del hecho, el bien jurídico afectado, la culpabilidad del agente y los otros datos que concurren al ejercicio de la individualización (atenuantes y agravantes o elementos de referencia que guían el razonado arbitrio judicial)…” (fallo cit., voto concurrente, numeral 31). Ello por cuanto, siendo así las cosas, toda restricción a esas posibilidades amplias de revisión del proceso de individualización de la pena consagradas, o a sus efectos nulificantes en ese marco, resultará vulneratoria de la referida garantía convencional. Dentro de ese margen de recurribilidad, relativo a las facultades discrecionales del Tribunal de sentencia, se ha fijado el estándar de revisión en los supuestos de falta de motivación de la sentencia, de motivación ilegítima o de motivación omisiva (T.S.J., Sala Penal, “Carnero”, A. nº 181, 18/5/99; “Esteban”, S. nº 119, 14/10/99; “Lanza Castelli”, A. nº 346, 21/9/99; S nº 162; 22/07/2011, “Defelippi”, entre otros). El control alcanza el monto de la pena -posible entre el mínimo y el máximo de la escala-, cuando éste resulta manifiestamente desproporcionado o incongruente en relación a las circunstancias de la causa (TSJ, Sala Penal, “Suárez”, S. n° 31, 10/3/2008; “Ceballos”, S. n° 77, 7/6/1999; “Robledo de Correa”, S. n° 33, 7/5/2003; “Aguirre”, S. n° 59, 28/6/2005).

3. La Ley de salud mental (Ley 26.657) aborda esta realidad desde la óptica de la salud pública y privada. Precisamente, en su art. 4 establece que “las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental”, agregando que “las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud” (T.S.J, Sala Penal, “Rodríguez”, S. nº 172, 29/4/2016; “Carballo”, S. nº 285,27/6/2016). Y en su art. 7 dispone que el Estado reconoce a las personas con padecimiento mental, entre otras cosas, el derecho a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de sus posibilidades (inc. k). Advirtiéndose, por lo demás, que la legislación sigue en este sentido a la categorización del consumo adictivo dentro de los trastornos mentales por la OMS (CIE 10, F10 -F19). Por ello es que la circunstancia que el imputado que se resista a realizar tratamiento para la adicción a las drogas, no debe computarse como agravante a la hora de individualizar sanción.

4. Pretender una mayor explicitación del valor cuantitativo de la pena, implica desconocer completamente que la naturaleza prudencial de la determinación de le pena y de las circunstancias que el tribunal examina no permiten ocurrir a parámetros numéricos para fijar en tiempos -única forma de mensurar las penas temporales- un valor aritmético de estas condiciones objetivas y subjetivas contenidas en el artículo 41 del CP (TSJ, Sala Penal, A. n° 62, 2/7/01, “Pesci”; A. n° 302, 21/9/00, “Montenegro”; A. n° 357, 1/11/00, “Ramazzoti”; A. n° 218, 29/7/02; “Heinzmann”, aunque en relación a la cuantificación del daño moral, rubro también de fijación discrecional).

5. No parece irrazonable no seleccionar como atenuante el buen comportamiento carcelario, en tanto la sujeción a las normas penitenciarias importa un deber del interno, que de ser satisfecho tendría impacto en la eventual concesión de los beneficios que prevé la Ley 24.660 (TSJ, Sala Penal, “Romero”, S. nº 315, 27/10/2011; “Fraga”, S. nº 241, 23/8/2013; entre otros).

6. Se ha aceptado (“Luna”, S. nº 4, 10/2/2006; “Córtez”, -S. nº 109, 7/6/2007; “Carranza Rodríguez”, S. nº 363, 29/12/2008; “Alucietto”, S. nº 129, 12/4/2016; entre otros) que, en materia de co-autoría, rige el “principio de imputación recíproca” de las distintas contribuciones. Y, en virtud de este principio, todo lo que haga cada uno de los coautores, es imputable (es extensible) a todos los demás. Por ello, puede considerarse a cada coautor como autor de la totalidad del hecho, aunque parte del mismo no haya sido por él ejecutado (Cfr. Mir Puig, Santiago, Derecho Penal. Parte General. 5ª ed., 2ª reimpresión, edit. Reppertor S.L., Barcelona, España, 1999, pág. 386; Jescheck, Hans-Heinrich - Weigend, Thomas, Tratado de Derecho Penal. Parte General, Traducción de Miguel Olmedo Cardenete, 5ta. edición, corregida y ampliada, edit. Comares, Granada, 2002, pág. 727).

7. La omisión de valorar circunstancias fácticas sólo nulifica el decisorio si reviste valor decisivo (TSJ, Sala Penal, “Mansilla”, A. nº 45, 5/7/1985; “Gudiño”, A. nº 47, 28/5/1996; “Messori”, A. nº 224, 16/6/99; “Grosso”, S. n° 215, 31/8/07, entre muchos otros) y pone en evidencia la arbitrariedad del monto de la pena impuesta (TSJ, Sala Penal, “Lescano”, A. n° 251, 21/7/1999; “Sosa” A. n° 95, 16/3/2001; “Medina Allende”, S. nº 12, 8/4/1997; “Ríos Fuster”, S. nº 119, 28/5/2012, entre muchos otros). Por ello, la extirpación de aquello que indebidamente se individualizó para castigar más, debe repercutir a favor del recurrente, esto es, punir en menos, porque cuantitativa y cualitativamente hubo una disminución en las circunstancias agravantes y no subsisten todas las que se ponderaron para fijar la condena.

8. La esencia del juicio abreviado es el acuerdo entre fiscal y acusado sobre la pena a imponer y su modalidad de ejecución, que ambos presuponen morigerada en virtud de que para ello se requiere el reconocimiento del imputado de su participación culpable. Se trata entonces de un acuerdo de carácter material, que, Ministerio Púbico Fiscal, defensor e imputado acuerdan la pena máxima a imponer, que será más leve que la razonablemente esperada de realizarse el juicio, como contrapartida (recompensa) por la utilidad que representa para el Estado el consentimiento de este último para el trámite abreviado, y su confesión. Resulta útil recalcar aquí que el consentimiento del acusado es expresión de lo que él cree que le conviene (Cafferata Nores, José I., Cuestiones Actuales sobre el Proceso Penal, Del Puerto 2000, pags. 153 y s.s.). Consecuentemente, la pena impuesta y su forma de ejecución, deben ser controladas por el tribunal de juicio en los únicos aspectos que puede abarcar ese control: que la anuencia con la pena por parte del imputado sea expresión de su libre voluntad; que la calificación jurídica contenida en la acusación, base del juicio abreviado, sea correcta; y que la sanción sea adecuada a ella por estar dentro de la escala penal prevista para ese delito. Es solo sobre estos aspectos que puede versar el control casatorio. Extenderlo más allá para controlar la fundamentación de la individualización concreta de la pena importaría un reexamen del acuerdo sobre este aspecto -al que prestara su conformidad el imputado con el asesoramiento de su defensor-, desvirtuando así el propósito de celeridad y descongestionamiento del sistema judicial penal que persigue el juicio abreviado. Por cierto, que la medida de la pena impuesta debe responder a la libre expresión de la voluntad del imputado con el debido asesoramiento jurídico. Pero el control de este punto por vía de recurso se encuentra específicamente acordado en el Código Procesal Penal de Córdoba al recurso de revisión, cuando la sentencia condenatoria firme hubiese obedecido a algún vicio de su voluntad (art. 489, inc. 6° CPP). No empece a lo expuesto la jurisprudencia supranacional que estatuye un recurso sobre la pena impuesta, más aun si a este recurso no se lo acuerda en el sentido amplio de revisión que la CSJN entendió corresponde en el precedente “Casal”, y la CIDH exige (“Herrera Ulloa vs. Costa Rica”), sino que se lo reduce a un control excepcional por causas de arbitrariedad, al entenderse que la medida de la pena es una cuestión discrecional del tribunal de juicio, ajena al recurso de casación en principio. Y tal discrecionalidad no existe en el supuesto de juicio abreviado pues el tribunal solo puede imponer como máximo la pena que el representante del Ministerio Público ha solicitado -previo acuerdo con la defensa y el imputado-. (Disidencia López Peña)

9. La arbitrariedad no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable, por cuanto tal desacuerdo no habilita la excepcional competencia para controlar el ejercicio de una facultad, atribuida en principio a otro órgano judicial (TSJ de Córdoba, Sala Penal, “Medina Allende”, S. nº 12, 8/4/1997; “Gallardo”, A. nº 111, 26/6/1997, entre muchos otros). (Disidencia López Peña)



T.S.J., Sala Penal, Cba., Sent. N° 42, 01/03/2019, “Soto, Carlos Sebastián y otro p.ss.aa. amenazas, etc. -Recurso de Casación”



En la ciudad de Córdoba, a los un día del mes de marzo de dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, se constituyó en audiencia pública la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, presidida por la señora Vocal doctora Aída Tarditti, con asistencia de los señores Vocales doctores Sebastián Cruz López Peña y María Marta Cáceres de Bollati, a los fines de dictar sentencia en los autos “SOTO, Carlos Sebastián y otro p.ss.aa. amenazas, etc. -Recurso de Casación-” (SAC 2710546), con motivo del recurso de casación interpuesto por el señor asesor letrado penal del 17º turno de esta ciudad de Córdoba, doctor Horacio Augusto Carranza, fundando técnicamente la voluntad impugnativa expresada por sus defendidos, los imputados Carlos Sebastián Soto y Víctor Hugo Soto, en contra de la Sentencia número sesenta y dos, dictada el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación de esta ciudad-, en sala unipersonal.

Abierto el acto por la señora Presidente, se informa que las cuestiones a resolver son las siguientes:

1) ¿Se encuentra indebidamente fundada la sentencia dictada al individualizar las penas que correspondían a los imputados Carlos Sebastián Soto y Víctor Hugo Soto?

2) ¿Qué resolución corresponde dictar?

Los señores Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Doctores Aída Tarditti, Sebastián Cruz López Peña, y María Marta Cáceres de Bollati.

 

A la primera cuestión

La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo:

I. Por Sentencia n° 62, dictada el 26 de octubre de 2016, la Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación de esta ciudad, en Sala Unipersonal, resolvió -en lo que aquí interesa- “…I.-) Declarar a Carlos Sebastián Soto, ya filiado, coautor de los delitos de amenazas (nominado primer hecho), lesiones graves agravadas por la utilización de un arma de fuego operativa (nominados segundo hecho), amenazas (nominado tercer hecho) y autor de encubrimiento -2 hechos- (nominado cuarto hecho) contenidos en la requisitoria fiscal de fs. 279/295, a tenor de lo normado por los arts. 45, 149 bis primer párrafo, primer supuesto, 90 inc. 1° y 41 bis, 149 bis primer párrafo primer supuesto, 277 inc. 1 “c” y 277 inc. 1° “c” en función del 289 inc. 3° y 55 del C. P. e imponerle para su tratamiento penitenciario la pena de cinco años y seis meses de prisión con declaración de reincidencia y costas (arts. 5, 9, 12, 29 inc. 3ero., 40, 41 y 50 del C. Penal, 408, 412, 550 y 551 del C.P.P.).- II.-) Declarar a Víctor Hugo Soto, ya filiado, coautor de los delitos de amenazas (nominado primer hecho), lesiones graves agravadas por la utilización de un arma de fuego operativa (nominados segundo hecho), amenazas (nominado tercer hecho) y autor de encubrimiento (nominado quinto hecho), amenazas calificadas por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego de uso civil (nominado sexto hecho), en concurso ideal, contenidos en la requisitoria fiscal de fs. 279/295, a tenor de lo normado por los Arts. 45, 149 bis primer párrafo primer supuesto, 90, 41 bis, 277 inc. 1° “c” en función del 289 inc. 3°, 149 bis primer párrafo segundo supuesto, 189 bis inc. 2° segundo párrafo, 277 inc. 1° “c” en función del 289 inc. 3° y 55 del C. P. e imponerle para su tratamiento penitenciario la pena de cuatro años y seis meses de prisión, adicionales de ley y costas (arts. 5, 9, 12, 29 inc. 3ero., 40 y 41 del C. Penal, 408, 412, 550 y 551 del C.P.P.)…” (ff. 333/352).

II. El señor Asesor Letrado Penal del 17º Turno de esta ciudad de Córdoba, doctor Horacio Augusto Carranza, interpuso recurso de casación en contra de la sentencia aludida, fundando técnicamente la voluntad impugnativa expresada por sus defendidos, los imputados Carlos Sebastián Soto y Víctor Hugo Soto (ff. 356/360 vta.).

Encuadra su agravio en el motivo formal de la vía escogida (inc. 2º del art. 468 del CPP), y solicita la nulidad parcial de la sentencia impugnada, por entender que se ha fundado arbitrariamente la individualización de la pena.

Reseña la argumentación proporcionada por el a quo en torno a la cuestión discutida, luego de lo cual se ocupa de desarrollar su agravio.

1. Así, en primer término denuncia que el tribunal de juicio ponderó indebidamente ciertas circunstancias consideradas como agravantes, realizando las consideraciones que a continuación se consignan:

a) Cuestiona que el sentenciante ponderó de manera genérica para ambos imputados la modalidad comisiva en el hecho nominado segundo. Sostiene que dicho extremo debe vincularse específicamente con “la participación que hayan tomado en el hecho”; es decir, que la ley obliga al juzgador a tener en cuenta el aporte concreto de cada uno de los intervinientes activos.

* Plantea que, con relación a Carlos Sebastián Soto, el a quo no reparó en que, en el hecho nominado segundo, tuvo una participación ostensiblemente menor, pues no efectuó el disparo con el arma de fuego, ni tampoco le propinó a Giménez el golpe en la cabeza que produjo las lesiones graves. Apunta que la propia víctima refirió que el accionar del nombrado “no le provoca más que golpes menores”. Señala que en el caso de Carlos Sebastián Soto existe un menor disvalor de acción en comparación con los otros coautores, razón por la cual debió graduarse proporcionalmente su pena, conforme a la magnitud de su injusto.

* Con respecto a la conducta desplegada por Víctor Hugo Soto, critica el recurrente que no se ponderó a su favor que la causación del resultado (lesiones graves por traumatismo de cráneo) no fue producto de su accionar –disparo de arma en el sector de la cadera-, sino que lo fue por el del coimputado no individualizado, quien le propinó con la culata del arma un golpe en su cabeza.

* Denuncia también que el sentenciante omitió valorar (dentro de la pauta “extensión del daño y del peligro causados”) la pronta recuperación de la víctima, quien -a menos de un mes de los hechos- logró recuperar su estado de salud siendo diagnosticado como de “gravedad leve” y sin peligro para su vida (informe médico de f. 82). Cita doctrina (Zaffaroni, Alagia, Slokar) en cuanto a que en la construcción de la respuesta punitiva debe tenerse en cuenta el carácter dinámico del hecho en su conflictividad lesiva y, por lo tanto, el injusto mismo puede alterarse en los casos en que las condiciones del agente y del medio pueden haber cambiado de modo sustancial. Es por esta razón que el último párrafo del art. 41 del CP establece que el juez deberá tomar conocimiento directo y de visu con la víctima. Señala el recurrente que la víctima no compareció a la audiencia, ni justificó su inasistencia, razón por la cual tampoco se puede aseverar que, al momento de la condena, haya presentado secuelas físicas o psicológicas a raíz del hecho.

b) Se ocupa luego de la ponderación como agravante en contra de Carlos Sebastián Soto de su “resistencia” a realizar tratamiento para superar sus adicciones, debido a que el imputado reconoció que incurre en la actividad delictiva por el consumo de estupefacientes. Al respecto, sostiene el impugnante que tal valoración es errónea, ya que el nombrado manifestó expresamente “… que quiere dejar la droga, que se le aplique un tratamiento psicológico para concluir con los problemas que lo llevan a la drogadicción y a esta vida en el delito …” (f. 358 vta.). Expone que ningún reproche corresponde hacerle a Soto, pues, como toda persona con un padecimiento mental, tiene el derecho a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento, como así también a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente y que menos restrinja sus derechos y libertades (cita el art. 7 incs. d y k de la Ley de salud mental nº 26.657). Añade que, además, el consumo adictivo ha sido considerado dentro de los trastornos mentales por la OMS (CIE 10, F10-F19), y apunta -en este sentido- que el art. 4 de la ley de salud mental establece que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Cita jurisprudencia de esta Sala en cuanto a que resulta irrazonable ponderar como circunstancia agravante la adicción a las drogas, por cuanto el comportamiento recurrente –recaídas en el consumo de estupefacientes- “constituye una cuestión ínsita en la problemática misma de las adicciones que no puede serle reprochada, no corresponde con una conducta asumida de manera libre y voluntaria, sino –por el contrario- con un padecimiento que define su condición personal y que se traduce en una afección que limita su libertad” (“Rodríguez”, S nº 172, 2016; “Carballo”, S nº 285, 2016).

2. En segundo término, considera que el a quo no otorgó el debido peso a las numerosas circunstancias atenuantes, a la vez que omitió la consideración de otras. A continuación efectúa las siguientes consideraciones:

a)* Señala que en el caso de Víctor Hugo Soto, las circunstancias favorables valoradas por el juzgador deberían haber justificado la imposición de una pena más cercana al mínimo legal, esto es, de 1 año y 4 meses de prisión (mínimo del delito de lesiones graves agravadas por la utilización de arma de fuego). Ello por cuanto ellas apuntan a una notable mengua del grado de culpabilidad en el hecho. Menciona las que siguen: juventud; ausencia de antecedentes penales computables; confesión parcial de los hechos; arrepentimiento y nula instrucción escolar.

* Expone que en el caso de Carlos Sebastián Soto, se prescindió de valorar en su favor el inc. 2º del art. 41 del CP, en cuanto alude a “la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos”, así como los “demás antecedentes y condiciones personales”. Sostiene que ello es así, pues no se justipreciaron las siguientes circunstancias: el escaso nivel socio económico y cultural de su defendido; su juventud (29 años); que pertenece a una familia de escasos recursos del sector marginal, compuesta por seis hermanos; que no logró concluir sus estudios primarios por realizar changas desde temprana edad; que debido a su adicción ha caído en la actividad delictiva y le ha generado dificultades para ganarse el sustento propio y de su familia. Sostiene que dichos aspectos debieron ser valorados en aras de la atenuación de la pena de Carlos Sebastián Soto, por vincularse con su vulnerabilidad y constituir un motivo menos reprochable de la conducta del autor (cita doctrina en sustento). b)Respecto al hecho nominado cuarto (encubrimiento), denuncia que se omitió ponderar como atenuante la circunstancia de que el damnificado logró recuperar el bien sustraído por sujetos desconocidos. Resalta que tal dato no es menor, pues se relaciona con la “extensión del daño causado”.

c) En relación al hecho nominado sexto, señala que no se valoró como atenuante para Víctor Hugo Soto, que el arma utilizada por él presentaba un funcionamiento mecánico incorrecto (f. 210 vta.); lo cual evidencia una menor puesta en peligro de las personas y de la seguridad pública -lo que se vincula con la pauta “peligros causados”-.

d) Cuestiona que, en cuanto a los “demás antecedentes y condiciones personales” de los imputados y las circunstancias que sean indicadoras de su “mayor o menor peligrosidad”, se soslayó la valoración de los comportamientos y actitudes positivas evidenciadas por ambos durante el encierro cautelar. Destaca que ambos registran conducta “muy buena ocho”, lo que revela la ausencia de problemática de convivencia con el resto de los internos y el acatamiento de las normas de disciplina. Resalta que los dos se incorporaron a la escuela primaria y manifestaron su voluntad de recuperarse de sus adicciones a los estupefacientes, como así también que reciben contención familiar. Apunta  el recurrente que todo ello es un claro indicativo de una menor peligrosidad de los imputados, de un pronóstico favorable de reinserción social y de la necesidad de una pena sensiblemente menor, desde el punto de vista preventivo especial.

Sostiene que la consideración de las circunstancias referidas debió atenuar la respuesta punitiva proporcionada.

Afirma que, por ello, entiende que la fundamentación de la sentencia en este aspecto resulta arbitraria, debiendo anularse este punto. Solicita se reenvíe la causa a otro tribunal, a fin de que imponga a Carlos Sebastián Soto una pena que no supere los 3 años de prisión; y a Víctor Hugo Soto una sanción no mayor de 2 años y 6 meses de pena privativa de la libertad.

Finaliza su escrito con la reserva del caso federal.

III. Como cuestión liminar corresponde destacar que el juicio en el cual resultaron condenados Carlos Sebastián Soto y Víctor Hugo Soto se desarrolló bajo la modalidad prevista en el art. 415 CPP -juicio abreviado- (f. 327 y vta.). En dicha ocasión, al proceder a la individualización de la pena a imponer a los imputados, el a quo efectuó las siguientes consideraciones:

1. En relación a Carlos Sebastián Soto, ponderó a su favor: “… que se ha mostrado arrepentido y ha confesado los hechos, aunque parcialmente el segundo, lo que ha facilitado y agilizado el juicio. Se evitó convocar a los testigos y con ello se ha economizado en recursos del estado y particulares. Ha trabajado y tiene un hija que debe necesitar del acompañamiento del padre …” (f. 350). Y valoró en su contra “… la peligrosidad y persistencia en la comisión de los delitos. En el caso de la familia Giménez, luego de la amenaza por cuestiones banales, lo espera junto a su hermano y un tercer sujeto y sin miramiento alguno lo arrojan al suelo y le disparan a quemarropa, además de los culatazos que le aplican en la cabeza con las serias consecuencias en la salud que ponen en peligro su vida. No conforme con ello la amenazan de muerte a la hermana del damnificado, lo cual es demostrativo de la decisión dañosa que tenían planificada. La reiteración delictiva en un corto período de tiempo, si se tiene en cuenta la cronología de los hechos por los que ahora es juzgado. Tiene cuatro condenas, ha estado privado de su libertad, prácticamente, la mitad de su vida, sin embargo ello no le ha servido para cambiar de actitud ante la sociedad. Ha confesado que incurre en la actividad delictual por el consumo de drogas pero se resiste a realizar tratamiento para superar las adicciones. Tiene una personalidad, de acuerdo a lo descripto anteriormente, proclive a concretar un amplio abanico de delitos –lesiones, amenazas, encubrimiento, etc.- …” (f. 350 y vta.).

Por todo lo expuesto, estimó justo y razonable aplicarle la pena de cinco años y seis meses de prisión con declaración de reincidencia y costas (f. 350 vta.).

2. Respecto a Víctor Hugo Soto, consideró en su favor: “… su edad, es una persona muy joven, tiene 19 años de edad, no registra antecedentes penales computables. Al igual que su hermano se ha mostrado arrepentido y ha confesado los hechos, aunque parcialmente el segundo, lo que ha facilitado y agilizado el juicio. Con esa actitud se evitó convocar a los testigos y con ello se ha economizado en recursos del estado y particulares. Ha trabajado en tareas duras y no ha cursado estudios lo cual lo limita en sus posibilidades de inserción social y laboral. Al concedérsele la última palabra dijo “estar arrepentido”, lo cual esperemos que sea sincero y el comienzo de un camino de recuperación …” (ff. 350 vta. y 351). Y ponderó en su contra: “… que es una persona peligrosa y persistente en la comisión de los delitos. En el caso de los hermanos Giménez, luego de las amenazas por cuestiones banales, lo espera junto a su hermano y un tercer sujeto y sin miramiento alguno lo arrojan al suelo y le disparan a quemarropa, además de los culatazos que le aplican en la cabeza con las serias consecuencias en la salud que ponen en peligro su vida. No conforme con ello la amedrentan de muerte a la hermana del damnificado, lo cual es demostrativo de la decisión dañosa que tenían planificada. La reiteración delictiva en un corto período de tiempo, si se tiene en cuenta la cronología de los hechos por los que ahora es juzgado. Se encamina, al igual que su hermano, por la senda delictual al cual esperemos que abandone luego del tratamiento carcelario …” (f. 351).

En función de lo expuesto, fijó al nombrado la pena de cuatro años y seis meses de prisión, adicionales de ley y costas (f. 351).

IV. 1. Tal como lo he señalado a partir de los precedentes “Molina” y en “Pedraza” (TSJ, S nº 294, 27/6/2016 y S nº 9, 13/2/2017), cabe mencionar que, conforme reiterada jurisprudencia de esta Sala en relación al juicio abreviado, la imposición de la pena no forma parte del consenso contemplado en el art. 415 del CPP (TSJ, Sala Penal, “Varas”, A. n° 321, 2/9/99; “González”, A. n° 142, 10/4/01; “Ferreyra”, A. n° 104, 13/4/04). Y con respecto a ella se ha sostenido que la facultad discrecional de fijarla es en principio exclusiva del tribunal de juicio, y solo puede ser controlada por el de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia (TSJ, Sala Penal, S. nº 4, 28/3/90, “Ullua”; S. nº 69, 17/11/97, “Farías”; A. nº 93, 27/4/98, “Salomón”; S. nº 162; 22/7/2011, “Defelippi”, entre otras).

En ese sentido debe recordarse que, en oportunidad de pronunciarse sobre el derecho al recurso, la CIDH expresó que, con independencia del nomen que se asigne a la vía impugnativa, “…lo importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida…” (“Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, 2/7/2004, numeral 165). De manera más específica, señaló que ese examen integral comprende la posibilidad de revisar también “…aspectos tales como la individualización de la pena o medida (que abarca la sustitución pertinente), como resulte justo en consideración a la gravedad del hecho, el bien jurídico afectado, la culpabilidad del agente y los otros datos que concurren al ejercicio de la individualización (atenuantes y agravantes o elementos de referencia que guían el razonado arbitrio judicial)…” (fallo cit., voto concurrente, numeral 31). Ello por cuanto, siendo así las cosas, toda restricción a esas posibilidades amplias de revisión del proceso de individualización de la pena consagradas, o a sus efectos nulificantes ese marco, resultará vulneratoria de la referida garantía convencional.

Dentro de ese margen de recurribilidad, relativo a las facultades discrecionales del Tribunal de sentencia, se ha fijado el estándar de revisión en los supuestos de falta de motivación de la sentencia, de motivación ilegítima o de motivación omisiva (T.S.J., Sala Penal, “Carnero”, A. nº 181, 18/5/99; “Esteban”, S. nº 119, 14/10/99; “Lanza Castelli”, A. nº 346, 21/9/99; S nº 162; 22/07/2011, “Defelippi”, entre otros). El control alcanza el monto de la pena -posible entre el mínimo y el máximo de la escala-, cuando éste resulta manifiestamente desproporcionado o incongruente en relación a las circunstancias de la causa (TSJ, Sala Penal, “Suárez”, S. n° 31, 10/3/2008; “Ceballos”, S. n° 77, 7/6/1999; “Robledo de Correa”, S. n° 33, 7/5/2003; “Aguirre”, S. n° 59, 28/6/2005).

2. Para comenzar, ha menester aclarar que, el estudio detenido del recurso, conduce a detectar que las críticas que se presentan dirigidas a cuestionar las pautas agravantes computadas por el a quo, se reducen -en definitiva- a una sola, vinculada a la resistencia de Carlos Sebastián Soto a realizar tratamiento para superar sus adicciones. Ello pues -tal como se verá a continuación- las demás agrupadas en el citado colectivo apuntan, en realidad, a denunciar que no se tomaron en consideración ciertos aspectos fácticos -dentro de la agravante “modalidad comisiva”- que, a criterio del recurrente, serían favorables a sus defendidos. Cuestiones éstas que, entonces, serán analizadas al ocuparnos de los planteos recursivos en torno a las circunstancias atenuantes.

3.a. Ingresando al análisis concreto de la cuestión que aquí nos ocupa, adelanto que considero que le asiste parcialmente razón al recurrente, lo que deberá traer aparejado un cambio en la determinación del monto de la pena.

Ello toda vez que entiendo que en el caso existe una motivación arbitraria, al haberse ponderado como agravante en relación al imputado Carlos Sebastián Soto, que éste “... se resiste a realizar tratamiento para superar las adicciones…”, pese a haber confesado que incurre en actividad delictual por el consumo de drogas.

En primer lugar, repárese en que tal afirmación, con el categórico alcance que le ha brindado el a quo, no encuentra pleno sustento en las constancias de la causa. Así, surge de la sentencia que el imputado de mención afirmó que “… no tiene estudios, recién ahora está haciendo la primaria, sabe leer y escribir, como estaba trabajando dejó por la droga, hasta el segundo o tercer grado cursó. Es sano físico y mental. Es afecto a las drogas, consume marihuana y cocaína, desde los 12 o 13 años, hizo tratamiento en el IPAD; no es afecto a las bebidas alcohólicas. Le gustaría superar la adicción a las drogas pero no quiere tratamiento, sólo entrevista con la psicóloga. En el IPAD estuvo 4 meses en tratamiento ambulatorio, le fue impuesto en una condena, pero en la condena por drogas no le dieron ningún tratamiento en el penal de Cruz del Eje, ahora no se droga y está bien …” (ff. 326, 326 vta., 337 y 337 vta., el énfasis es mío). Asimismo, del acta de debate se desprende, por un lado, que la señora Fiscal de Cámara, al analizar la sanción penal que solicitaba en relación al Carlos Alberto Soto, refirió -entre otras cosas- “… que quiere dejar la droga, se le aplique un tratamiento psicológico para concluir con los problemas que lo llevan a la drogadicción y a esta vida en el delito a pesar de tener una familia que lo contiene …” (f. 330 vta.). Y, por el otro lado, que el defensor de los imputados señaló en la misma audiencia que “… ambos quieren tratamiento y piden psicólogos no psiquiatras …” (f. 331).

En base a lo consignado, entonces, no sería posible afirmar con certeza que Carlos Alberto Soto “... se resiste a realizar tratamiento para superar las adicciones …”. Sino que, más bien, las constancias de autos indicarían que el nombrado tendría ciertas preferencias en relación al modo de abordar la problemática que él mismo reconoce padecer. Por ello es que, entonces, la ponderación del a quo no encuentra respaldo en las constancias de la causa. Por otro lado, sin perjuicio de lo señalado, se detecta además que la misma también debe ser descartada, si tenemos en cuenta que alude a una cuestión ínsita en la problemática misma de las adicciones, que no puede serle reprochada. Al respecto, ha menester destacar -tal como se hizo en los precedentes “Rodríguez”, S. nº 172, 29/4/2016; “Carballo”, S. nº 285, 27/6/2016- que la Ley de salud mental (Ley 26.657) aborda esta realidad desde la óptica de la salud pública y privada. Precisamente, en su art. 4 establece que “ las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental”, agregando que “las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud”. Y en su art. 7 dispone que el Estado reconoce a las personas con padecimiento mental, entre otras cosas, el derecho a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de sus posibilidades (inc. k). Advirtiéndose, por lo demás, que la legislación sigue en este sentido a la categorización del consumo adictivo dentro de los trastornos mentales por la OMS (CIE 10, F10 -F19).

Por las razones expuestas, entonces, es que la circunstancia cuestionada por el recurrente no debió computarse como agravante a la hora de individualizar sanción respecto a Carlos Sebastián Soto.

b. A diferencia de lo recién señalado, en cambio, entiendo que no le asiste razón al recurrente en relación a las restantes críticas que formula respecto a sus dos defendidos. Doy a continuación razones de ello.

* En efecto, adviértase que, por un lado, debe rechazarse la objeción que gira en torno a que el sentenciante no les otorgó el debido peso a las numerosas circunstancias atenuantes que consignó.

Ello así toda vez que, el examen detenido de las pautas atenuantes y agravantes ponderadas, demuestra categóricamente que en la individualización de las sanciones se dio gravitación predominante a las primeras por sobre las segundas; al haberse seleccionado penas ubicadas en el primer tramo del espectro punitivo y notablemente alejadas de los máximos de las escalas penales aplicables (19 años en relación a Víctor Hugo Soto y 18 años respecto a Carlos Sebastián Soto).

Sin perjuicio de lo señalado -y más allá de los argumentos vertidos en el capítulo correspondiente de la sentencia, que fueron reseñados supra-, ha menester destacar que, pretender una mayor explicitación de su valor cuantitativo, implica desconocer completamente que la naturaleza prudencial de esta determinación y de las circunstancias que el tribunal examina no permiten ocurrir a parámetros numéricos para fijar en tiempos -única forma de mensurar las penas temporales- un valor aritmético de estas condiciones objetivas y subjetivas contenidas en el artículo 41 del CP (TSJ, Sala Penal, A. n° 62, 2/7/01, “Pesci”; A. n° 302, 21/9/00, “Montenegro”; A. n° 357, 1/11/00, “Ramazzoti”; A. n° 218, 29/7/02; “Heinzmann”, aunque en relación a la cuantificación del daño moral, rubro también de fijación discrecional).

* Tampoco resultan de recibo las críticas que denuncian omisión de considerar circunstancias atenuantes.

Para comenzar, ha menester señalar que algunas de las aludidas en el escrito no necesariamente se presentan como atenuantes.

Así, por ejemplo, repárese en que esta Sala ha dicho que no parece irrazonable no seleccionar como atenuante el buen comportamiento carcelario, en tanto la sujeción a las normas penitenciarias importa un deber del interno, que de ser satisfecho tendría impacto en la eventual concesión de los beneficios que prevé la Ley 24.660 (TSJ, Sala Penal, “Romero”, S. nº 315, 27/10/2011; “Fraga”, S. nº 241, 23/8/2013; entre otros).

Asimismo, surge claro que debe descartarse la tesis del recurrente que apunta a que, la ponderación de la participación que tuvo cada uno de sus defendidos en el hecho, hubiera llevado a mejorar su situación. Tesis esta que, tal como se señaló más arriba, pretende incidir en el peso de la agravante referida a la modalidad comisiva en el hecho nominado segundo. Es que no surge de las constancias de la causa que la intervención de los imputados haya sido ostensiblemente menor o que represente un menor disvalor de acción -a contrario de lo sostenido por el impugnante-. En efecto, repárese en que, analizando los aportes concretos que cada uno de los nombrados hizo al suceso común, se detecta claramente que éstos fueron principales a implicaron la realización de conductas ejecutivas y consumativas del ilícito por el cual resultaron condenados. Ello por cuanto, tal como lo consignó el sentenciante, Carlos Sebastián Soto, blandiendo un arma de fuego de puño, tomó a Giménez del brazo, lo arrojó al piso, se trenzó en lucha y, al caérsele el arma que portaba, le dijo a Víctor Hugo Soto que lo matara. Y en dicha oportunidad, este último, que también blandía un arma de fuego de puño, le efectuó a Giménez un disparo a la altura de las costillas. Luego de lo cual, un tercer sujeto le efectuó a este último un golpe en la cabeza con la culata de una tercer arma de fuego. Todo ello claramente vinculado con las amenazas de muerte proferidas al damnificado -momentos antes- y a la hermana del mismo inmediatamente después de herir gravemente a Giménez, quien presentó “… herida de arma de fuego con orificio de entrada en cresta ilíaca derecha y glúteo derecho, sin orificio de salida, y traumatismo de cráneo con culata de arma de fuego … lesiones de carácter grave, que pusieron en peligro su vida, por las cuales le fueron asignados ciento veinte días de curación e igual tiempo de inhabilitación para el trabajo …”. Ha menester destacar que todo lo referido surge de la plataforma fáctica que el a quo estimó acreditada con certeza y que fue reconocida por los imputados (ff. 333/334 y 338/338 vta.). Lo señalado sin perder de vista, además, que se ha aceptado (“Luna”, S. nº 4, 10/2/2006; “Córtez”, -S. nº 109, 7/6/2007; “Carranza Rodríguez”, S. nº 363, 29/12/2008; “Alucietto”, S. nº 129, 12/4/2016; entre otros) que, en materia de co-autoría, rige el “principio de imputación recíproca” de las distintas contribuciones. Y, en virtud de este principio, todo lo que haga cada uno de los coautores, es imputable (es extensible) a todos los demás. Por ello, puede considerarse a cada coautor como autor de la totalidad del hecho, aunque parte del mismo no haya sido por él ejecutado (Cfr. Mir Puig, Santiago, Derecho Penal. Parte General. 5ª ed., 2ª reimpresión, edit. Reppertor S.L., Barcelona, España, 1999, pág. 386; Jescheck, Hans-Heinrich – Weigend, Thomas, Tratado de Derecho Penal. Parte General, Traducción de Miguel Olmedo Cardenete, 5ta. edición, corregida y ampliada, edit. Comares, Granada, 2002, pág. 727).

Por lo demás, y en lo que hace a las restantes circunstancias que el recurrente entiende deberían haber sido computadas como atenuantes, considero que tampoco asiste razón en su planteo. Ello por cuanto es doctrina consolidada de esta Sala que la omisión de valorar circunstancias fácticas sólo nulifica el decisorio si reviste valor decisivo (TSJ, Sala Penal, “Mansilla”, A. nº 45, 5/7/1985; “Gudiño”, A. nº 47, 28/5/1996; “Messori”, A. nº 224, 16/6/99; “Grosso”, S. n° 215, 31/8/07, entre muchos otros) y pone en evidencia la arbitrariedad del monto de la pena impuesta (TSJ, Sala Penal, “Lescano”, A. n° 251, 21/7/1999; “Sosa” A. n° 95, 16/3/2001; “Medina Allende”, S. nº 12, 8/4/1997; “Ríos Fuster”, S. nº 119, 28/5/2012, entre muchos otros); lo que no ocurre en el subexamen.Es que los impugnantes no logran demostrar, ni tampoco se advierte del análisis efectuado en esta instancia, cómo la ponderación de las pautas aludidas incidiría favorablemente en las penas concretas impuestas a sus defendidos. En efecto, surge evidente que, dentro de una escala penal que va de 1 año y 4 meses de prisión para ambos imputados, a 18 años de pena privativa de la libertad -en relación a Carlos Sebastián Soto- y a 19 años de la misma –respecto a Víctor Hugo Soto-; concurriendo en el caso plurales circunstancias agravantes (lo cual habilita el apartamiento del mínimo legal, conforme inveterada jurisprudencia de esta Sala -TSJ, Sala Penal, “Bazán”, S. nº 274, 21/10/2009; “Chávez”, S. nº 106, 17/5/2011; “Arredondo”, S. nº 392, 26/12/2011; “Ramos”, S. nº 125, 7/5/2014; “Andruchow”, S. n° 514, 30/12/2014), el sentenciante fijó sanciones notablemente alejadas del máximo de las mismas, y ubicadas en el primer tercio del espectro punitivo.

Por ello es, entonces, que el recurso debe ser rechazado en los aspectos señalados en este apartado (b.).

4. Como corolario de todo lo expuesto, entonces, si al fijar la pena respecto al imputado Carlos Sebastián Soto, el tribunal de juicio consideró ciertas circunstancias agravantes, aunque una sola fue arbitrariamente ponderada, el monto punitivo deberá ser reducido en esta instancia o se procederá al reenvío para esta nueva determinación. Ello así porque la circunstancia agravante arbitraria integró el monto de la pena (por ello fue expresamente mencionada como tal), de manera que se impone una reducción.

Este es el modo de concretar que, aun por leve que sea su incidencia en la sanción, debe ser expresiva del conjunto de garantías judiciales convencionales y legales. Por ello, la extirpación de aquello que indebidamente se individualizó para castigar más, debe repercutir a favor del recurrente, esto es, punir en menos, porque cuantitativa y cualitativamente hubo una disminución en las circunstancias agravantes y no subsisten todas las que se ponderaron para fijar la condena.

Así voto.

 

El señor Vocal doctor Sebastián Cruz López Peña, dijo:

I. Adhiero a la relación de causa (Puntos I, II y III), y al análisis de los agravios traídos por el recurrente, efectuados por mi distinguida colega preopinante. Sin embargo, discrepo con la solución que debe brindarse en orden a la incidencia de esas circunstancias en la individualización concreta de la sanción de los imputados.

II. Cabe señalar que la esencia del juicio abreviado es el acuerdo entre fiscal y acusado sobre la pena a imponer y su modalidad de ejecución, que ambos presuponen morigerada en virtud de que para ello se requiere el reconocimiento del imputado de su participación culpable. Se trata entonces de un acuerdo de carácter material, que, Ministerio Púbico Fiscal, defensor e imputado acuerdan  la pena máxima a imponer, que será más leve que la razonablemente esperada de realizarse el juicio, como contrapartida (recompensa) por la utilidad que representa para el Estado el consentimiento de este último para el trámite abreviado, y su confesión. Resulta útil recalcar aquí que el consentimiento del acusado es expresión de lo que él cree que le conviene (Cafferata Nores, José I., Cuestiones Actuales sobre el Proceso Penal, Del Puerto 2000, pags. 153 y s.s.).

III. Consecuentemente, la pena impuesta y su forma de ejecución, deben ser controladas por el tribunal de juicio en los únicos aspectos que puede abarcar ese control: que la anuencia con la pena por parte del imputado sea expresión de su libre voluntad; que la calificación jurídica contenida en la acusación, base del juicio abreviado, sea correcta; y que la sanción sea adecuada a ella por estar dentro de la escala penal prevista para ese delito.

Es solo sobre estos aspectos que puede versar el control casatorio. Extenderlo más allá para controlar la fundamentación de la individualización concreta de la pena importaría un reexamen del acuerdo sobre este aspecto -al que prestara su conformidad el imputado con el asesoramiento de su defensor-, desvirtuando así el propósito de celeridad y descongestionamiento del sistema judicial penal que persigue el juicio abreviado.

Por cierto, que la medida de la pena impuesta debe responder a la libre expresión de la voluntad del imputado con el debido asesoramiento jurídico. Pero el control de este punto por vía de recurso se encuentra específicamente acordado en el Código Procesal Penal de Córdoba al recurso de revisión, cuando la sentencia condenatoria firme hubiese obedecido a algún vicio de su voluntad (art. 489, inc. 6° CPP).

No empece a lo expuesto la jurisprudencia supranacional que estatuye un recurso sobre la pena impuesta, más aun si a este recurso no se lo acuerda en el sentido amplio de revisión que la CSJN entendió corresponde en el precedente “Casal”, y la CIDH exige (“Herrera Ulloa vs. Costa Rica”), sino que se lo reduce a un control excepcional por causas de arbitrariedad, al entenderse que la medida de la pena es una cuestión discrecional del tribunal de juicio, ajena al recurso de casación en principio. Y tal discrecionalidad no existe en el supuesto de juicio abreviado pues el tribunal solo puede imponer como máximo la pena que el representante del Ministerio Público ha solicitado -previo acuerdo con la defensa y el imputado-.

IV. De todos modos, no voy a soslayar que comparto con la señora Vocal del primer voto que le asiste razón al recurrente al rechazar que se valore en perjuicio del imputado Carlos Sebastián Soto que este “… se resiste a realizar tratamiento para superar las adicciones …” (f. 350 vta.), debiendo mantenerse las demás circunstancias agravantes.

Aun así, la sanción de 5 años y 6 meses de prisión impuesta al imputado de mención, no resulta desproporcionada ni arbitraria en relación a las circunstancias de la causa.

Es que, dentro de la escala penal aplicable, y habiéndose ponderado plurales y fuertes circunstancias agravantes, la sanción finalmente escogida evidencia en el sublite que también se han conferido peso a las atenuantes en su favor, además de guardar razonabilidad con la naturaleza de los hechos y con las constancias de la causa.

Vale recordar, en relación con ello, que la arbitrariedad no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable, por cuanto tal desacuerdo no habilita la excepcional competencia para controlar el ejercicio de una facultad, atribuida en principio a otro órgano judicial (TSJ de Córdoba, Sala Penal, “Medina Allende”, S. nº 12, 8/4/1997; “Gallardo”, A. nº 111, 26/6/1997, entre muchos otros).

En síntesis, corresponde el rechazo del recurso impetrado. Así voto.



La señora Vocal doctora María Marta Cáceres de Bollati, dijo:

El señor Vocal del segundo voto da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.



A la segunda cuestión

La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo:

Atento al resultado de la votación que antecede, corresponde -por mayoría- rechazar el recurso deducido por el señor Asesor Letrado Penal del 17° Turno de esta ciudad de Córdoba, doctor Horacio Augusto Carranza, fundando técnicamente la voluntad impugnativa de sus asistidos, los imputados Carlos Sebsatián Soto y Víctor Hugo Soto. Con costas (arts. 550 y 551).

Así voto.



El señor Vocal doctor Sebastián Cruz López Peña, dijo:

Adhiero al voto de la Dra. Aída Tarditti, expidiéndome en igual sentido.



La señora Vocal doctora María Marta Cáceres de Bollati, dijo:

Comparto la solución que da la señora Vocal Dra. Aída Tarditti, por lo que adhiero a ella.



En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala Penal; RESUELVE:

Rechazar, por mayoría, el recurso de casación interpuesto por el señor Asesor Letrado Penal del 17° Turno de esta ciudad de Córdoba, doctor Horacio Augusto Carranza, fundando técnicamente la voluntad impugnativa de sus asistidos, los imputados Carlos Sebastián Soto y Víctor Hugo Soto. Con costas (arts. 550 y 551 CPP).

Con lo que terminó el acto que, previa lectura y ratificación que se dio por la señora Presidente en la Sala de Audiencias, firman ésta y los señores Vocales todo por ante mí, el Secretario, de lo que doy fe.



Fdo.: TARDITTI - LOPEZ PEÑA - CACERES de BOLLATI.

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