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Doctrina

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Código Unívoco
697
Revista
Derecho Laboral
Número
150
Título
UNA MIRADA ANALÍTICA DE LA CADUCIDAD DE INSTANCIA EN EL FUERO LABORAL.
Autor
Osvaldo Mario Samuel1
Texto

1. Introducción


Pareciera que cuando hablamos de caducidad o perención de instancia habláramos de un tabú generalizado entre la comunidad de operadores en el sistema judicial laboral en la Provincia de Córdoba. En principio se entiende -y ya lo veremos en profundidad- que la caducidad de instancia es incompatible con la naturaleza del procedimiento “de oficio”, y solo se admitiría la misma en casos de incidentes o en la etapa de ejecución de sentencia.


Considero que, frente a una posible reforma del proceso laboral cordobés, la cuestión merece un análisis más acabado o por lo menos se impone una exploración de la cuestión desde la teoría general del proceso y la realidad actual de la justicia laboral en toda la geografía de la República, con la finalidad de ponderar el instituto bajo investigación y poder discernir su utilidad, conveniencia o inconveniencia.


Comenzamos enmarcando la cuestión conceptualmente. Lo primero que se advierte es que comúnmente se utiliza el término caducidad y perención en forma unívoca. Ambas expresiones tienen como significado la extinción anormal del proceso principal o incidental, en las condiciones que la ley establece, como consecuencia de la inacción procesal o desinterés en la continuación del proceso.


En el proceso civil, “la doctrina unánime señala que éste reside en la presunción iure et de iure de abandono de la instancia por parte del actor, aunque también se destaca la tesis de Chiovenda sobre la liberación, por parte de los órganos jurisdiccionales de las obligaciones emergentes de la existencia de un proceso”.2


La necesidad de examinar el arribo del instituto de la caducidad al fuero laboral de la República, con la organización de la justicia independiente en cada estado provincial, reclama un oportuno examen de legislaciones adjetivas federales argentinas para observar su tratamiento.


Nos encontramos con un hallazgo significativo ya que nueve provincias, entre ellas la más poblada, contemplan la posibilidad de la perención o caducidad de la instancia. Así observamos que Buenos Aires (ley 11653, art. 12), Santa Fe (ley 9945, texto seg. refor. ley 13039, art. 37), Misiones (ley 2884, arts. 33/35), San Juan (ley 5734, art. 14), San Luis (ley 2642, art. 50), Corrientes (ley 3540, art. 16), Catamarca (ley 4799, art. 39), Chaco (ley 2383, art. 146) y Tucumán (ley 6204, art. 42) receptan en su ley foral como modo anormal de terminación del proceso la caducidad de la instancia, lo cual nos arroja una primera conclusión: teniendo en cuenta, especialmente, la población de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, la mayoría de los trabajadores de la Argentina están sujetos a este régimen procesal, sin que se hayan observado injusticias significativas hacia los obreros, ni tendencias negativas hacia la búsqueda de la verdad real, pues quien deja perimir el proceso, en realidad ya no busca la tan pregonada verdad real. De lo que se colige que la minoría no está sujeta a esta vicisitud procesal, al menos en el proceso principal. Distinguiéndose -entre esa minoría- por la magnitud geográfica, poblacional y tradición jurídica, las provincias de Córdoba y Mendoza3.


En Córdoba, el legislador no contempló para el proceso principal la caducidad de la instancia. Resulta claro, de la lectura de los comentarios a la ley adjetiva, que el legislador no quiso incluirlo, como señalan Aguirre y Medrano Ortiz4, lo que se encuentra en sincronía con lo apuntado por Reinaudi y Rubio5 “porque aún sin nombrarlo la inclusión en la ley foral del ‘desistimiento tácito’ venía a introducir la perención o caducidad de la instancia, institución que siempre se ha considerado incompatible con el impulso procesal de oficio”. Esta cuestión en realidad fue analizada con bastante anterioridad en las conclusiones de las Segundas Jornadas de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, realizadas en Vaquerías, Sierras de Córdoba del 18 al 20 de junio de 1977, como apuntan Somaré y Mirolo6. “Sin perjuicio de que la Comisión que trató las relaciones del derecho civil con el laboral se pronunciaba por que no era posible la declaración de la perención en el estado actual de la legislación de la provincia (en ese momento); pero postuló la necesidad de dictar una norma específica que contemple este modo anormal de extinción del proceso, con un emplazamiento amplio de 30 días, luego de transcurrido el lapso de un año”.


A la sazón obtenemos de la investigación que ya desde el año 1977 se pregona la necesidad de normar sobre la cuestión de la caducidad de la instancia en la provincia de Córdoba. Profundizamos la investigación en la idea de que la búsqueda nos permita conclusiones más amplias para apreciar la conveniencia o adecuación de este instituto en el fuero laboral de Córdoba a la luz de los distintos procedimientos provinciales.


 


2. Aspecto normativo comparado y eventual incorporación del instituto con la reforma


Efectivamente, la caducidad o perención de instancia no está contemplada en la ley de procedimiento de Córdoba y el fundamento dado por el legislador ha sido que este instituto no es compatible con el trámite de oficio. Pero no todo el trámite es de oficio y existen situaciones que dependen exclusivamente de la parte. Imaginemos una demanda que se dirige contra una persona jurídica cuyo domicilio es ineficaz. El tribunal ordenará se denuncie un nuevo domicilio. Pero no podrá suplir la actividad de la parte. De hecho, con la realidad de nuestros juzgados de Conciliación provinciales, esta situación es más que una quimera.


De un estudio comparado de las jurisdicciones federales de la República, como se refiriera previamente surge que no son justamente pocos los ordenamientos rituales que contemplan el instituto bajo examen: las leyes procesales de Buenos Aires (ley 11653, art. 12) y Corrientes (ley 3540, art. 16) en procedimientos de única instancia y orales se contempla la caducidad de la instancia con la necesaria observación que se trata de un proceso oficioso, similar al cordobés de instancia única y oral. Catamarca (ley 4799, art. 39) y Chaco (ley 2383, art. 146), en ambos casos sin intimación previa del tribunal, se puede declarar de oficio. Misiones (ley 2884, arts. 33, 34 y 35) contempla la caducidad de instancia y la vía incidental con traslado a la contraparte en un proceso escrito de doble instancia, al igual que Santa Fe (ley 7945, art. 37), Tucumán (ley 6204, art. 42) y San Luis (ley 2642, art. 50) donde se abrevian los lapsos a 6 meses en primera instancia y 3 meses en segunda instancia, si bien es una facultad de la partes acusar la perención.


No es práctica usual la utilización interpretativa del Derecho Comparado interno, pero en épocas donde los tribunales del trabajo se encuentran repletos de causas, se pretenden agilizar los procesos, eficientizarlos, buscando una respuesta justa para el ciudadano trabajador, tal justicia está emparentada con el lapso que debe transcurrir para que la petición tenga una respuesta jurisdiccional, ya que el derecho, tiene por objeto la oportunidad7.


Resultaría arrogante no apreciar las visiones procesales y sus respuestas en todo el contexto de las provincias unidas para apreciar la cuestión en su integridad y verificar si la oficiosidad o los procesos mixtos impiden o confrontan con el instituto bajo observación.


Frente a la perención de instancia, se reconoce la reticencia, el recelo y sus fundamentos. No nos es ajeno que si el trámite es de oficio irrumpe como indolente la perención de la instancia en un fuero tan sensibilizado como lo es el fuero laboral. Pero no es menos cierto que la incesante búsqueda de la verdad real, es fundamentalmente, a favor de quien también la busca, no en socorro de quien la abandonó por desidia o desinterés. Existen situaciones donde la inconsistencia es de la parte, que en forma inexcusable no urge y que hace gala de la apatía frente a un compromiso judicial, aprovechándose de la lentitud del sistema. Y cuando hablamos de sistema me refiero en general al de la mayoría de las jurisdicciones provinciales. Donde no se destaca la celeridad, no pudiendo afirmarse que tal cualidad obedece a la oralidad o no del proceso, a la instancia única o doble o al carácter oficioso o no del sistema procesal, pues como hemos estudiado esto no ha sido óbice para que nueve provincias -reiteramos en su conjunto mayoría poblacional- hayan recepcionado la caducidad de la instancia, sin que se verifiquen injusticias o perjuicios de entidad significativa hacia los justiciables trabajadores, como hemos señalado anteriormente.


La situación de lentitud del proceso laboral, no responde a la oficiosidad, oralidad o instancias que lo caractericen, obedece a un sistema político social imperante que involucra a excluidos del mercado laboral de todas las ramas de actividad cuya protección frente al despido arbitrario es ineficaz o que frente a infortunios no atendidos por las aseguradoras de riesgos de trabajo, o sus empleadores, como pretende el trabajador, reclaman a la justicia lo que entienden es su derecho. Esos reclamos son muy numerosos, como cuantiosos son los esfuerzos del sistema judicial. Pero es una verdad evidente que la estructura no es suficiente por escasa, y no permite alcanzar estándares de eficiencia sustentables que coadyuve a lograr los objetivos de todos quienes ejercen la magistratura, de los abogados y de los justiciables, una justicia rápida y eficiente.


Lo que sí se puede afirmar, es que el trámite de oficio o mixto como el de Córdoba, no puede desentender a las partes, porque la realidad hace que ello sea un obstáculo para la rápida solución de la controversia. Los tribunales, la mayoría de las veces son superados en causas, a punto tal que en algunas provincias se habla de colapso en la justicia laboral y en otras de emergencia judicial. Mientras tanto los trabajadores persiguen créditos -que consideran les corresponden- de naturaleza alimentaria.


Ferreirós señala que la caducidad de la instancia “se trata, sin dudas, de un instituto discutido en el derecho del trabajo. Nadie duda de sus ventajas en otros ámbitos. En tal sentido, Calamandrei ha señalado: ‘libres las partes de no impedir la tutela jurisdiccional, y libres igualmente, siempre que estén de acuerdo, de renunciar a ella después de haberla pedido; pero una vez puesta en movimiento la máquina de la justicia, la velocidad de marcha de la misma no puede ya depender de la velocidad de las partes y el juez debe estar provisto de todos los poderes dirigidos al más rápido y real desarrollo del procedimiento’ ... Lo cierto es que hay normas formales que deben observarse porque son pilares de la seguridad jurídica”.8


No consideramos que a priori se deba descalificar al instituto en el ámbito del proceso laboral, porque los fines que persigue no son otros que procurar la acción permanente del proceso, “lo que los italianos llaman un sistema de estímulos psicológicos, por el cual las partes están permanentemente animadas”9 en el marco de plazos razonables, pues la ley no ampara el ejercicio abusivo de derechos (art. 1071, CC), ni aún para sujetos de preferente tutela, como a la luz de la Corte Suprema son los trabajadores10, que pudieran tener de otro modo -en términos hipotéticos- en vilo a un supuesto deudor, por plazos irrazonables. Pues esta idea se resiste con la propia teoría general del derecho, no ya del derecho procesal. Ya que si bien coincidimos plenamente en la necesidad de subordinar la economía al imperio del derecho, no es menos necesario subordinar las pretensiones al imperio del proceso, pues sin reglas claras, justas y apropiadas, es imposible garantizar la seguridad jurídica y por ende la justicia.


Actualmente en la Legislatura de Córdoba se encuentra un proyecto de reforma a la ley 7987, que contempla en forma taxativa la posibilidad de caducidad de instancia11, lo cual apreciamos como un avance sobre razonamientos anteriores, en aras a mejorar la celeridad de los procesos, como se declama desde todos los sectores de los operadores judiciales.


Así lo contemplan muchas provincias, en mayor o menor grado de intensidad no solo del proceso principal, sino también respecto a etapas del mismo para agilizarlo, solo como ejemplo para efectivizar la dinámica en la producción de la prueba, en el orden de la justicia nacional del trabajo (ley 18345), la ley ritual en el art. 84 in fine prevé la pena de caducidad en la prueba informativa para la parte que no acreditase el diligenciamiento del informe ordenado dentro de los sesenta (60) días de la notificación del auto de apertura a prueba. Norma similar establece el art. 41 de la ley 11653 -Procedimiento de la Pcia. de Buenos Aires- respecto a la prueba de informes12, entre otras legislaciones adjetivas provinciales.


Sin perjuicio de ello frente a la caducidad o perención de la instancia la mirada de la mayoría de la doctrina laboralista de Córdoba ha sido diferente, sin reparar en que como instituto de la teoría general del proceso, si bien nace en base al proceso dispositivo, su arribo a los procedimientos laborales oficiosos o mixtos es una realidad consolidada en gran parte del país, como hemos remarcado. No obstante esta aproximación, debemos apuntar que su tratamiento merece adquirir matices diferentes de especiales características, basadas en que se actúa en el marco de un derecho tuitivo, como el derecho del trabajo13. De lo que se sigue, habiendo examinado la totalidad de los procedimientos provinciales y el de Capital Federal, que en la mayoría de las jurisdicciones que admiten la caducidad de instancia en el proceso laboral no parten de una presunción iure et de iure (salvo Catamarca y Chaco), sino de una presunción iuris tantum, de forma tal que se emplaza al litigante inactivo para que manifieste su interés en la continuación del pleito. Aquí recala la diferencia sustancial que debe tenerse en cuenta y que apreciamos como una adecuada asimilación del instituto al proceso laboral, de aquellas provincias que la han admitido.


La caducidad de la instancia, apreciada taxativamente, debe estar encaminada a celerizar el proceso laboral, porque su propia naturaleza lo obliga. Se trata de una reafirmación del compromiso del ministerio abogadil frente a un litigio cuya naturaleza requiere una organización adecuada por parte de los abogados dedicados a tan sensible rama del derecho, de manera tal que los plazos sean tenidos en cuenta como cualquier tipo de proceso. Pues de otro modo no existe igualdad de trato de gestión jurídica, lo que se deriva que el abogado que tenga juicios civiles y laborales, le preste mayor atención a los primeros -por existir la eventualidad de la perención- que a los segundos, por no existir esta eventualidad procesal. Entonces, de esta derivación lógica, es correcto entender que la caducidad de la instancia en el fuero laboral no es nociva para el trabajador, al contrario, debiera alimentar el compromiso de su letrado para agilizar el proceso y colaborar con el Tribunal interviniente.


Si bien en la Provincia de Córdoba la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia ha sentado su postura al igual que la doctrina laboralista que campea en el ámbito cordobés en el sentido de que “el rito laboral no ha recogido la regulación de la deserción de la instancia”14, también cuadra resaltar que si la reforma a la legislación vigente da a luz próximamente, es posible un revisión de la cuestión.


Estamos convencidos que el abogado diligente -la inmensa mayoría- es muy difícil que sufra caducidades y que en caso de aceptarse la caducidad en el proceso laboral cordobés, en la forma taxativa de la reforma, frente al acuse de la contraria, debe ser incidental con posibilidad de defensa e inclusive de dispensa de la caducidad en casos similares a la prescripción15.


 


3. Posición del autor frente a la perención o caducidad de la instancia en los procesos del trabajo


Luego de la reseña efectuada y en el convencimiento de que aquellos ordenamientos que consagraron expresamente la perención de la instancia en sede laboral, lo han hecho en su mayoría (salvo Catamarca y Chaco) con una intimación previa a los fines de que la parte renuente, manifieste su intención de continuar con el litigio (es decir partiendo de una presunción iuris tantum). Los plazos de la intimación en éstos ordenamientos giran en el orden de 3 a 8 días, luego de transcurridos lapsos variables que van de los 3 meses (Provincia de Buenos Aires para los procesos sumarísimos, 6 meses para los demás procesos laborales) a un año. Tiempo razonable para que el actor manifieste su voluntad. Teniendo en consideración que la reforma pretende un arribo moderado del instituto, sin que se hayan verificado inequidades procesales en las provincias donde la caducidad rige en forma plena, advertimos saludable la recepción del instituto, si se concreta la reforma legislativa, en miras a la celeridad del proceso. Nadie más que el obrero y su abogado, deben estar prestos a llegar a la solución del pleito. Y desmerece el principio de celeridad, que también es aplicable a su sujeto principal -el trabajador- la posibilidad cierta de que un litigante descanse en los engranajes de la justicia, en desmedro de otros ciudadanos trabajadores cuyas ansiedades no son procesales, sino vitales.


 


Notas


1 Vocal de la Cámara de Trabajo de Villa María, Córdoba; Magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, Analista en Calidad de la Gestión Educativa, Licenciado en Gestión de la Educación; Profesor universitario de Derecho del Trabajo en grado y posgrado; autor y coautor de libros, artículos y ponencias de la especialidad.


2 Perención de instancia, Mario Perrachione, Ed. Alveroni, Córdoba, 2000, págs. 22/23. Rotman, Edgardo, op. cit. Loutayf Ranea, Roberto G. - Ovejero López, Julio C., op. cit., p. 5, fallo dictado por la Cám. Civil de 1ª Instancia de la Capital, 27/1139, LL, 16-982.


3 En este caso, el Tribunal Superior de Mendoza, en los autos “Leguizamón Julio c/ Tapia Hnos. S.A. p/ Cobro de Pesos” (Revista del Foro, Ed. Dike, t. 6, 1992, pág. 569), recala en una solución bastante curiosa que sería asimilable a la caducidad de la instancia dictaminando a favor de la “Prescripción por desistimiento tácito de la instancia”; esto considerando que el art. 108 in fine de la ley adjetiva mendocina prohíbe la caducidad de la instancia, lo que derivó - posteriormente - que por una reforma a la ley procesal laboral se incorporara otro párrafo al mentado art. 108, por ley 7678, prohibiéndose tener por finalizado un proceso por desistimiento tácito.


4 Ley Procesal del Trabajo de la Provincia de Córdoba, Ed. Advocatus, t. I, Ricardo Seco (director), págs. 199/200.


5 Código Procesal del Trabajo, Ed. Marcos Lerner, 1991, pág. 43. En el mismo sentido Toselli, Carlos - Ulla, Alicia, Código Procesal del Trabajo, Ed. Alveroni, 2004, pág. 113; Brain Daniel, Ed. Advocatus, 2008, pág. 111.


6 Comentario a la Ley Procesal del Trabajo, Ed. Advocatus, 1998, pág. 98.


7 Von Ihering, El fin del Derecho, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 1978, pág. 212.


8 Ferreirós, Estela Milagros, Procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires, Ed. La Rocca, 2ª ed., La Plata, 2007, págs. 122/123. Cita Calamandrei, Instituciones del derecho procesal civil, Ejea , Buenos Aires, 1973, t. I, pág. 402.


9 Ferreirós, Estela Milagros, op. cit., pág. 123.


10 CSJN, 14/09/2004, “Vizzoti, Carlos A. C/ Amsa S.A. s/ Despido”.


11 En el punto 4 de la exposición de motivos del Proyecto de reforma titulado Perención de Instancia se señala: “También en miras a la celeridad del proceso se introduce como excepción a dicho principio la caducidad de instancia prevista de manera taxativa por el art. 18 del Proyecto para determinadas circunstancias (en los incidentes promovidos por terceros, en los juicios ejecutivos y de desalojo, en los incidentes relacionados con medidas cautelares promovidas por el demandado o ejecutado, en los incidentes promovidos en la ejecución de sentencia, y en el propio incidente de perención de instancia). La defensa de caducidad de instancia tendrá el trámite previsto para los incidentes (art. 18 in fine del Proyecto)”.


12 Ver Babio, Alejandro Oscar, Teoría y técnica probatoria en el proceso laboral, Ed. Librería Editora Platense, La Plata, 1998, pág. 297.


13 Del mismo modo interpreta Foglia el instituto de la solidaridad que al trasvasarse del derecho civil al derecho laboral se altera el principio de interpretación restrictiva de la solidaridad que impera en el ámbito del derecho civil, ya que en el ámbito laboral la duda debe interperetarse a favor de la solidaridad (Foglia, Ricardo A., “Un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y algunas consideraciones sobre la solidaridad en la ley de contrato de trabajo”, TySS, 2000-683).


14 “Montoya María Cristina c/ Telecom Arg- Stet France - Telecom. S.A. - Incap. - Rec. de casación”, Sent. N° 23, 31/03/04.


15 Ver Samuel Osvaldo Mario, Ley de Contrato de Trabajo comentada, concordada y anotada, Ed. Novatesis, Rosario, 2005, pág. 581; Código Civil, art. 3980.

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