Esta obra, además de oportuna, es imprescindible por varias razones. Principalmente porque aparece en un espacio temporal decisivo en la conformación disciplinar de nuestro derecho administrativo que, en ocasiones, solo brinda visiones circulares de las ideas preponderantes, sin someterlas a un escrutinio respecto de sus consecuencias tanto prácticas como conceptuales. También porque nos invita a pensar sobre cómo pensamos y, sobre todo, porque contiene una propuesta innovadora y alternativa, pues postula una teoría de la razonabilidad como equidad en la acción de gobierno.

Por ello no es un mero texto de derecho administrativo, sino más bien, es el derecho administrativo en reflexión teórico-práctica, que interpela los propios fundamentos, justificaciones, el contexto institucional necesarios para la habilitación y el modo en que debe ser aplicada, entre otros aspectos relevantes.

De allí, que la obra es de lectura obligada no solo por parte de asesores, juristas, litigantes, sino también de los propios funcionarios encargados del diseño de las políticas públicas y de los jueces que tienen la misión de su control judicial posterior.

Como el propio autor afirma, en los sistemas políticos democráticos-constitucionales, las instituciones del derecho administrativo deben responder a un diseño eficaz para evitar la arbitrariedad gubernamental. En vista de este propósito, argumenta con notable profundidad, que la teoría de la razonabilidad como equidad en la acción de gobierno propone un diseño cuya condición de eficacia se funda en una justificación de razonabilidad que es política y procedimental por las razones que brinda.

La afirmación de que la acción de gobierno está políticamente justificada si solo si es equitativa, se integra con una rigurosa reformulación de los conceptos de razonabilidad, gobierno y equidad, tan pocas veces integrados en la argumentación ius publica actual.

Ello se logra en esta obra que se divide en dos partes. En la primera se trata el problema del gobierno razonable, en términos de fundamentación conceptual. En la segunda se examina el impacto que la fundamentación escogida por el autor tiene, en lo que él denomina, las tres instituciones básicas del derecho administrativo: a) la burocracia ejecutiva; b) la acción de gobierno, y c) la revisión judicial de la acción de gobierno. Se trata de dos partes independientes, pero relacionadas.

La primera parte, que comprende los capítulos I a IV, conforma, sin dudas, un ideario de inexorable consulta por quien pretenda indagar con éxito si una determinada acción de gobierno o política pública es razonable o no. A su turno, la parte segunda condensa, a lo largo de los capítulos V a VII, las implicancias prácticas de esas ideas en las categorías del derecho administrativo, tales como la organización administrativa, las acciones gubernamentales (ejecutiva, sancionatoria, reglamentaria y cuasi - jurisdiccional) y los controles sobre la acción de gobierno (controles extrajudiciales y la revisión judicial de esa acción).

En general, la exposición es crítica y, en determinadas secciones, descriptiva.

Tal como adelanta el propio autor, la obra adhiere a una tradición historicista y constitucionalista de conformación disciplinar del derecho administrativo y se afirma en un ideal liberal-igualitario. Según las enseñanzas del republicanismo clásico, respira desconfianza por el poder y el poderoso e interpela al individuo en su condición de ciudadano responsable.

Pero hay más. De conformidad con la tesis sostenida, la acción de gobierno es razonable cuando satisface estándares de libertad, transparencia y equidad. Además, la teoría de la razonabilidad como equidad concibe a la acción de gobierno como un proceso cuya razonabilidad debe ser evaluada de modo integral. Cuestiona agudamente el autor que la decisión, el acto administrativo en la jerga del derecho administrativo continental, implica el tramo final de la acción, el cual solo es separable de los tramos anteriores en la “mesa de disección” jurídica y teórica. Por ello, justifica que la evaluación de razonabilidad no puede responder al criterio de checklist de los elementos necesarios para otorgar validez a la decisión, sino a una evaluación política y procedimental de la acción de gobierno, desde la atribución de jurisdicción hacia una decisión puntual por medio del debido proceso.

De modo desafiante y, a la vez, lleno de sentido común, se postula que el gobierno razonable es un gobierno eficaz, en términos institucionales, un gobierno equitativo, controlado y sometido a la ley. Así, el término gobierno razonable sustituye semántica y pragmáticamente a las expresiones buen gobierno y buena administración, que guardan reminiscencia sustantivas.

En definitiva, la publicación contiene una autentica y fundada teoría de razonabilidad como equidad en la acción de gobierno que, además de redondear el ideario del autor en estos temas - y que, recordemos, había adelantado en su “Towards a prodecedural defintiion of administrative law”, REDAE, n.° 30, jul/ dic, 2019, p. 7 a 25, se constituye en una referencia obligada para todos aquellos que quieran profundizar útilmente en estos estudios.