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Jurisprudencia

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Código Unívoco
19110
Fecha
23/08/2016
Materia
Civil y Comercial
Revista
Civil y Comercial
Número
262
Tribunal
T.S.J. Sala Civil y Comercial
Resolución
Sentencia 88
Carátula
Bottero, Juan José c/ Valentino, Alberto Marchessini y otros - Ordinario - Recurso directo (2217143).
Título
DAÑOS Y PERJUICIOS. PRESENTENCIALIDAD PENAL. Prescripción de la acción penal. Efectos sobre la sentencia del juez civil. Alcance. Interpretación normativa.
Texto

El Caso: Los demandados interpusieron recurso directo en razón de que la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso Administrativo de Segunda Nominación de la Ciudad de Río Cuarto le denegó el recurso de casación fundado en el inc. 1° del art. 383 del CPCC.. El TSJ rechazó el recurso de casación.



 


1. El art. 1103 CC. tiene naturaleza procesal, desde que está dirigida a fijar la eficacia o influencia de la sentencia penal respecto de la civil, por su vinculación a principios de orden público y debe ser aplicada de oficio por los jueces.


 


2. El art. 1103, CC.: establece que “Después de la absolución del acusado, no se podrá tampoco alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución”.


 


3. La prescripción de la acción penal no opera el mandato contenido en la norma del art. 1103, CC., afirmando que “En aval de esta última posición se ha expuesto que: “...si la absolución obedeciera a la prescripción de la acción penal, o al vencimiento de los plazos instructorios, o al pago del máximo de la multa, o de muerte del imputado, va de suyo que ello dejaría en absoluta libertad de criterio al sentenciante civil” (Cfr. Bueres Alberto J. “CÓDIGO CIVIL” Hammurabi, Buenos Aires, 1999, T 3 A, pág. 334/335). Es que en las hipótesis antes mencionadas (prescripción de la acción penal, sobreseimiento por falta de requerimiento fiscal) si bien la decisión recaída tiene carácter definitiva en tanto cierra irrevocable y definitivamente el proceso con relación al imputado, como no ha existido un juzgamiento sobre el “fondo de la cuestión”, no tiene efectos de cosa juzgada en el proceso civil y nada se opone a que el sentenciante civil considere y aprecie las circunstancias objetivas y enjuicie en su sede las conductas implicadas en un hecho ilícito (TSJ -Sala Civil- Sent Nº 176 del 08/10/2013).


 


4. El Código Civil y Comercial de la Nación establece en el art. 1775, inc. a) como uno de los supuestos de excepción a la regla de la prejudicialidad penal, la existencia de causas de extinción de la acción punitiva. Y es sabido que la prescripción constituye una de esas causas de extinción, tal cual postula la doctrina autoral al sostener que “De esta forma, el Código evoluciona respecto del único supuesto de extinción contemplado en el artículo 1101 del código derogado (fallecimiento del imputado), e incluye, en concordancia con la opinión de la doctrina nacional, todos los supuestos de extinción de la acción penal. Ellos son, además del antes enunciado, la amnistía, la prescripción, y la renuncia del agraviado, respecto de los delitos de acción privada (art. 59 del Cód. Pen.).” (Lorenzetti, Ricardo Luis “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Ed. Rubinzal Culzoni, Bs. As., 2015, Tomo VIII, pág. 659).


 


5. La resolución penal (prescripción de la acción penal) invocada no pudo producir efecto vinculante alguno sobre la decisión del juzgador civil.


 


6. Si bien en la construcción de la sentencia deben respetarse los postulados de la lógica clásica -principios de identidad, tercero excluido, no contradicción y razón suficiente-, no corresponde reducir la validez de su contenido argumental sólo al estricto respeto del orden estructural de los silogismos que aquella instaura (primero las premisas y luego la conclusión). “... el razonamiento propio de las ciencias sociales en el cual se inserta el razonamiento jurisprudencial no puede ser analizado sólo bajo la luz de la lógica analítica o formal, sino que por su naturaleza práctica debe necesariamente ser atendido a la luz de la lógica dialéctica y de la retórica…” (cfr. TSJ Sent. nº 119 del 04/09/01).


 


7. Habiendo ingresado al proceso lícitamente el sumario penal sin que ello se encuentre controvertido en modo alguno, a punto que las partes han conocido y consentido el ofrecimiento e incorporación de las actuaciones penales y han contado con la posibilidad de refutar su eficacia en el juicio civil mediante prueba en contrario, mal pueden pretender restringir su consideración por los sentenciantes. Esto encuentra sustento en el principio de adquisición procesal el cual determina que, una vez producida la prueba, la misma es asumida para el proceso y sirve para formar la certeza del magistrado, no siendo posible que las partes pretendan relegarlas por no resultarles favorables.


 


TSJ -Sala Civil- Cba. Sent. 88, 23/8/2016, “Bottero, Juan José c/ Valentino, Alberto Marchessini y otros - Ordinario - Recurso directo (2217143)”


 


PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso directo impetrado por la parte demandada?


SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?


Conforme al sorteo que en este acto se realiza, los Sres. Vocales votan en el siguiente orden: Dra. María Marta Cáceres de Bollati, Dr. Carlos Francisco García Allocco y Dr. Domingo Juan Sesín.


 


A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL, DOCTORA MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI, DIJO:


I. El Dr. Guillermo Oscar Aiassa, en representación de los demandados Sres. Gustavo Javier Marchessini y Diego Hilarión Marchessini -quienes intervienen por derecho propio y como sucesores de Valentino A. Marchessini-, interpone recurso directo en estos autos caratulados “BOTTERO, JUAN JOSE C/ VALENTINO ALBERTO MARCHESSINI Y OTROS - ORDINARIO - RECURSO DIRECTO” (EXPTE. N° 2217143), en razón de que la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso Administrativo de Segunda Nominación de la Ciudad de Río Cuarto le denegó el recurso de casación fundado en el inc. 1° del art. 383 del CPCC. (Auto Interlocutorio N° 5 de fecha 12/02/2015), oportunamente deducido contra la Sentencia N° 88 de fecha 25/09/2014.


En Sede de Grado, la impugnación extraordinaria fue debidamente sustanciada, conforme al trámite que prevé el art. 386 del C.P.C.C., corriéndose traslado al actor, quien lo evacuó a fs. 39/44 vta.


Ante esta Sede, dictado y firme el decreto de autos (fs. 67), queda el recurso directo en condiciones de ser resuelto.


II. A los fines de una mejor comprensión de la temática a resolver, resulta de utilidad precisar que en la presente causa se ha promovido acción resarcitoria de los daños que el demandante afirma provocados a consecuencia de la golpiza que le propinaran los accionados en el interior de la vivienda de los mismos, en ocasión de la visita que realizara a sus abuelos paternos.


Al momento de contestar la demanda, se ha negado el hecho lesivo y dado una propia versión de lo acontecido.


En primera instancia la pretensión fue acogida de manera parcial al excluirse algunos rubros resarcitorios, lo que fue confirmado por el Tribunal de Alzada en pronunciamiento cuya casación denegada ha dado lugar al recurso de queja que estoy analizando.


Tras calificar de infundada, arbitraria y expresiva de animosidad a la resolución denegatoria, los articulantes pasan a formular las siguientes quejas:


En relación al rechazo a la falta de fundamentación lógica:


1) Indican que la Cámara desestimó la violación al principio de razón suficiente sosteniendo que anticipar una decisión no implica transgresión a principio lógico alguno siempre que después se brinden las razones que la abonen, lo que -postula- apareja un prejuicio en su contra por la sola condición de demandados y resulta dogmático ya que en la sentencia atacada no se explicitaron las razones que justificaban la conclusión a la que se arribó.


Señalan en ese sentido que si el Tribunal de Mérito sostiene que la decisión fue producto del concurso de indicios graves, precisos y concordantes extraídos de los testimonios que se rindieron en la causa, debió hacer una enumeración taxativa de cuáles fueron aquellos indicios que le permitieron arribar al desenlace adoptado.


Asimismo afirman que cuando los juzgadores explican que la valoración de la conducta de la parte demandada llevó al convencimiento de que el accionante fue físicamente agredido por los accionados, citando el art. 316 del CPCC, es una manera de reconocer que se trata de un convencimiento íntimo y no racional y que tal hecho no fue probado sino presumido, lo que -dicen- no puede fundar un fallo condenatorio.


Apuntan que introducir un argumento fundado en tal presunción recién en el auto denegatorio implica suplir las falencias de la sentencia atacada.


2) Controvierten la inadmisibilidad del planteo de violación al principio de no contradicción, apuntando que no es cierto que la Cámara a quo haya valorado correctamente todos los testimonios y que las declaraciones prestadas en sede policial hayan adquirido eficacia por sobre las declaraciones rendidas en sede judicial.


3) Cuestionan que se haya repulsado la omisión de tratamiento de argumentos dirimentes, afirmando que nada se dijo respecto a estos tópicos: a) la declaración de los testigos en sede policial en modo alguno se contradice con lo declarado en sede civil, sino que concuerdan.


b) no puede darse preeminencia a las declaraciones prestadas en Fiscalía de Instrucción de La Carlota porque no pudieron controlarse en tanto los accionados no fueron notificados de tales audiencias.


c) si para la Cámara a quo tenían preeminencia las declaraciones testimoniales más cercanas al día en que sucedieron los hechos, debieron ser tenidos en cuenta los testimonios brindados en sede policial y no en Fiscalía.


4) También objetan la repulsa del agravio dirigido contra la ponderación del testimonio de la Sra. Raquel Frank desde que -apuntan- no tiene valor remitirse a las circunstancias que se pusieron de manifiesto en la sentencia sin especificar cuáles fueron tales circunstancias, lo que configura fundamentación aparente.


Sostienen que al contrario de lo que predica la Cámara a quo ninguna conjunción de indicios existió en autos que haya llevado a concluir que los demandados agredieron al actor.


Especifican que quedó demostrado que la testigo en cuestión era concubina del actor, por lo que -entienden- el órgano jurisdiccional quebranta el principio lógico de razón suficiente al considerar que no era importante que haya sido concubina al declarar sino que tal estado debía ponderarse al momento de la ocurrencia del hecho y que en ese tiempo no era concubina sino novia.


5) Objetan el rechazo del tercer agravio subsidiario por el cual postularon que, si quedaba acreditado que los demandados habían agredido dentro de su casa al actor, se habría tratado de un caso de legítima defensa.


Precisan que no hace falta que se esgrima tal legítima defensa en la contestación de demanda para que merezca tutela judicial, ya que tanto el juez de primera instancia como los sentenciantes debieron tratarlo sobre la base del postulado constitucional de inviolabilidad de la propiedad como del domicilio (art. 17, CN).


Predican que plantear un argumento en forma subsidiaria no importa reconocimiento alguno ni contradicción con los anteriores y, que por ello, controvierte a los principios del entendimiento considerarlo un reconocimiento tal como ha hecho el Tribunal.


En lo que respecta a la desestimación de la causal de falta de fundamentación legal


Los recurrentes alegan que la Cámara a quo relativizó el resultado de la causa penal al declarar a los demandados culpables del hecho base de la presente acción resarcitoria cuando en el fuero represivo fueron absueltos de la imputación que pesaba sobre ellos a raíz de la denuncia formulada por el actor.


Acusan que se hace así una interpretación errónea del art. 1103 del C.C. al quitarle valor al sobreseimiento de los imputados por prescripción y que no se trata de un tema de culpabilidad sino de existencia o inexistencia del hecho base del juicio.


En lo que se refiere a la repulsa de la causal de incongruencia


Aseveran que este vicio, denunciado como agravio de apelación y también como motivo casatorio, se provocó al condenárselos a pagar más de lo pedido por el actor en la demanda (extra petita), siendo desacertado lo expuesto por la Cámara acerca de que no denunciaron errores en los cálculos realizados por el juez.


Apuntan que el Juez explicó “por qué el actor precisó una fórmula para determinar la indemnización reclamada y él aplicó otra totalmente distinta” (fs. 65 vta.).


III. Así reseñada la queja, adelanto criterio en sentido adverso al pretendido por los recurrentes, toda vez que el análisis que surge de la confrontación de la resolución opugnada, el escrito de la casación y el auto denegatorio demuestra la exactitud de las conclusiones desestimatorias asumidas por el Tribunal a-quo para inhabilitar el motivo impugnativo propuesto.


Para justificar tal conclusión es necesario examinar cada una de las críticas de la queja extractadas con anterioridad.


IV. Con ese propósito e invirtiendo el modo en que se han plasmado los bloques críticos, corresponde en primer lugar ingresar en aquél que finca en la pretensa interpretación errónea del art. 1103 del C.C.


Ello es así por cuanto dicha norma que tiene naturaleza procesal, desde que está dirigida a fijar la eficacia o influencia de la sentencia penal respecto de la civil, por su vinculación a principios de orden público debe ser aplicada de oficio por los jueces.


Ahora bien: la sinrazón de este gravamen deviene impuesta no sólo porque la actividad procesal de los interesados se ha limitado a una reiteración de lo ya sostenido al plantear la apelación y la casación, sino fundamentalmente porque el temperamento que propician prescinde de una particularidad esencial.


Tal es que el sobreseimiento de los demandados aquí quejosos, se produjo conforme ellos mismos admiten, por prescripción de la acción punitiva (fs. 64vta.).


Tengamos entonces presente que el art. 1103, C.C. establece que “Después de la absolución del acusado, no se podrá tampoco alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución”.


Esta Sala ya ha sostenido que ante un pronunciamiento desincriminante sustentado en la prescripción de la acción penal no opera el mandato contenido en dicha norma, afirmando que “En aval de esta última posición se ha expuesto que: “...si la absolución obedeciera a la prescripción de la acción penal, o al vencimiento de los plazos instructorios, o al pago del máximo de la multa, o de muerte del imputado, va de suyo que ello dejaría en absoluta libertad de criterio al sentenciante civil” (Cfr. Bueres Alberto J. “CÓDIGO CIVIL” Hammurabi, Buenos Aires, 1999, T 3 A, pág. 334/335)”.


“Es que en las hipótesis antes mencionadas (prescripción de la acción penal, sobreseimiento por falta de requerimiento fiscal) si bien la decisión recaída tiene carácter definitiva en tanto cierra irrevocable y definitivamente el proceso con relación al imputado, como no ha existido un juzgamiento sobre el “fondo de la cuestión”, la misma no tiene efectos de cosa juzgada en el proceso civil y nada se opone a que el sentenciante civil considere y aprecie las circunstancias objetivas y enjuicie en su sede las conductas implicadas en un hecho ilícito”. (Conf., Sent Nº 176 del 08/10/2013).


Esta tesis resulta ahora confirmada por el Código Civil y Comercial de la Nación cuando establece en el art. 1775, inc. a) como uno de los supuestos de excepción a la regla de la prejudicialidad penal, la existencia de causas de extinción de la acción punitiva.


Y es sabido que la prescripción constituye una de esas causas de extinción, tal cual postula la doctrina autoral al sostener que “De esta forma, el Código evoluciona respecto del único supuesto de extinción contemplado en el artículo 1101 del código derogado (fallecimiento del imputado), e incluye, en concordancia con la opinión de la doctrina nacional, todos los supuestos de extinción de la acción penal. Ellos son, además del antes enunciado, la amnistía, la prescripción, y la renuncia del agraviado, respecto de los delitos de acción privada (art. 59 del Cód. Pen.).” (Lorenzetti, Ricardo Luis “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Bs. As., 2015, Tomo VIII, pág. 659).


Es decir, entonces, que la resolución penal invocada no pudo producir efecto vinculante alguno sobre la decisión del juzgador civil tal como entendió la Cámara a quo en la repulsa y -ex ante- al rechazar el recurso ordinario de apelación, por cuanto “…lo resuelto en sede penal no hizo cosa juzgada en sede civil…” (fs. 50 y en términos similares a fs. 27).


En consecuencia, la censura ha sido bien denegada.


V. Los restantes agravios no correrán mejor suerte.


En efecto: la asumida infracción al principio de razón suficiente sólo puede concebirse como producto de un error conceptual que -per se- alcanza para neutralizarla porque, tal cual se advierte en la repulsa, anticipar una decisión no implica transgredir principio lógico alguno siempre que después se brinden las razones que respalden la misma.


Es que si bien en la construcción de la sentencia deben respetarse los postulados de la lógica clásica -principios de identidad, tercero excluido, no contradicción y razón suficiente-, no corresponde reducir la validez de su contenido argumental sólo al estricto respeto del orden estructural de los silogismos que aquella instaura (primero las premisas y luego la conclusión).


Esta Sala ha dicho antes que ahora que: “...el razonamiento propio de las ciencias sociales -en el cual se inserta el razonamiento jurisprudencial- no puede ser analizado sólo bajo la luz de la lógica analítica o formal, sino que -por su naturaleza práctica- debe necesariamente ser atendido a la luz de la lógica dialéctica y de la retórica…” (cfr. Sent. nº 119 del 04/09/01).


De tal manera emerge que -contrariamente a lo sostenido por los impugnantes- los juzgadores han desarrollado el itinerario racional que los llevó a confirmar la resolución de primera instancia que acogiera la demanda.


A tal fin la Cámara a quo ponderó los elementos probatorios arrimados al proceso predicando que los mismos aportaban indicios suficientes para llevar por su gravedad, número y conexión a la convicción, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, respecto al modo de ocurrencia del hecho base de la acción y a la viabilidad de la pretensión esgrimida en la demanda.


Es así que, valoró en primer término las testimoniales prestadas en sede policial y penal por los Sres. Juan Matteucci, Giovenale Matalia y Elvira Lerda de Matalia, en razón de la inmediatez con el hecho y espontaneidad de sus declaraciones.


Luego la testimonial de la novia del actor en sede policial -Raquel Frank-, por igual motivo, aclarando que se trataba de una testigo presencial directa de los hechos.


Posteriormente vinculó tales testimonios con las constancias médicas de las lesiones padecidas por el accionante y, por último, consideró que del reconocimiento vertido en el responde de los demandados, respecto de la circunstancia de que Valentino Marchessini lo hubiera puesto de rodillas a Bottero frente a sus abuelos para que les pidiera perdón, derivaba que nadie hacía arrodillar a alguien frente a otra persona sin ejercer algún modo de agresión física.


Esto, no sin antes ponderar la conducta procesal desplegada por la parte demandada y descartar asimismo los agravios formulados en la apelación, todo lo cual revela a las claras que no ha mediado la infracción al principio de razón suficiente sobre la que se advierte y que -en abstracto- resulta controlable por el carril de la casación formal.


Más aún y dicho con el único designio de dar algún grado de satisfacción a los presentantes, no era menester y -por consiguiente- no es válido reclamar una “enumeración” de los indicios en tanto el discurrir valorativo del plexo probatorio en su integridad ha sido suficientemente desarrollado para dar base al criterio de resolución finalmente adoptado.


Por otro parte carece de aptitud la crítica que pretende desvirtuar la valoración de la conducta desplegada en el proceso por la parte demandada, puntualmente la que ponderó que ésta dejó perimir el incidente de inidoneidad de testigo que impetrara y que no invocó la legítima defensa al responder la demanda.


Es que, en primer lugar, la decisión adoptada en el pleito no recayó sólo sobre esas presunciones judiciales como sostienen los quejosos, pues en los propios términos de la Cámara a quo -que lucen certeros- aquélla “…fue producto del concurso de indicios graves, precisos y concordantes, extraídos de los testimonios que se rindieron en la causa…” (fs. 46) y que “…A ello se sumó la valoración que se hizo de la conducta de la parte demandada…” (ib.).


Y, en segundo lugar, porque tampoco se ha producido en la denegatoria una ampliación de los argumentos de la sentencia con el objeto de suplir sus falencias, ya que en ésta última no sólo se ponderó claramente la conducta procesal de los demandados sino que además se citó expresamente el artículo 316 del CPCC. (cfr. fs. 26vta.) y, en consecuencia, no resultaba necesario especificar que se trataban de presunciones judiciales.


Ergo, las razones obstativas de la apertura de esta Sede extraordinaria han quedado indemnes.


VI. Igualmente inviable resulta el planteo de quebrantamiento del principio de no contradicción que se rehusó en base a que el mismo importaba una crítica a la valoración efectuada de las pruebas rendidas en autos, lo que no era revisable en casación.


A tal fin es necesario recordar que dentro de la órbita del motivo recursivo intentado (inc. 1° del art. 383 del C.P.C.C.), sólo es factible la consideración del recurso ante la denuncia de la falta de motivación de la prueba, sin que puedan incluirse en él planteos relativos a la corrección o atinencia sustancial con que la Cámara a quo ha valorado los hechos y las probanzas rendidas en autos.


Ello es así, porque la labor jurisdiccional de seleccionar y valorar el material probatorio que realiza el Tribunal de Alzada está exenta del control de este Alto Cuerpo, quien de indicar cuáles son los medios probatorios más relevantes y cuál el valor de convicción de cada uno de ellos, estaría verificando el acierto intrínseco de los fundamentos, lo que excedería ampliamente su cometido de indagar si la sentencia está fundada en los términos requeridos por el art. 155 de la Constitución Provincial.


Y está claro que la argumentación de los impugnantes, lejos de evidenciar dos proposiciones antagónicas en el discurrir de los magistrados, sólo pone de manifiesto su disconformidad con la justipreciación de la prueba.


Es que el planteamiento de casación fue -en resumidas cuentas- que se otorgó preeminencia a las declaraciones testimoniales rendidas en sede policial por los Sres. Juan C. Mateucci, Giovenale Matalia y Elvira Lerda de Matalia sobre las que los mismos brindaran en sede civil, a la par de advertir que dichos testigos no se habrían contradicho.


Asimismo se postuló que si se tenían en cuenta tales testimonios tomados en sede policial, tendría que haberse rechazado la demanda ya que quedó acreditado -entre otras cosas- que cuando el accionante subió a la camioneta no estaba golpeado.


Deviene ostensible -entonces- que no media transgresión alguna al principio lógico de no contradicción como equivocadamente se la rotula.


Si dicho principio, que se enuncia como “nada puede ser y no ser al mismo tiempo” y que en el ámbito de los razonamientos se viola cuando coexisten una afirmación y negación conjuntas de un mismo objeto, sólo puede aseverarse que el fallo carece del mencionado vicio al no existir -como ya dijera- contradicción alguna sino una misma y sola afirmación: dar preferencia a las testificales cumplidas en sede policial y penal.


Así surge con evidencia que el punto neurálgico radica en el cuestionamiento a esa preponderancia que se le asignara a unas declaraciones por sobre las otras y al valor crítico de tales medios probatorios, lo que no es censurable por la vía recursiva propuesta (inc. 1° del art. 383, CPCC).


En ese sentido es necesario precisar que la determinación de la existencia -o inexistencia- de contradicciones entre las declaraciones efectuadas en el proceso resarcitorio y las vertidas en sede penal o policial y, la decisión de otorgar supremacía a una por sobre otra o de negar fuerza persuasiva a ambos testimonios, es de incumbencia exclusiva del órgano de mérito.


Esta tarea en tanto se concrete según las reglas de la sana crítica racional y las máximas de la experiencia, representa materia irrevisable por esta Sala.


Y en ese entendimiento lo cierto es que la Cámara a quo justificó fundadamente porqué otorgaba preeminencia a las declaraciones prestadas en sede policial y penal por sobre las efectuadas en sede civil, advirtiendo que adquirían eficacia en “…función de su inmediatez y cercanía con el hecho y la espontaneidad de sus declaraciones (…) a casi 3 años de acontecido el hecho…” (fs. 27 vta./28) y además “…considerando su condición de parientes de los demandados…” (ib.); siendo que tales circunstancias no fueron negadas por los recurrentes.


En definitiva, habiendo explicitado el Tribunal a quo el valor persuasivo que le otorgó a las testimoniales receptadas en el fuero civil y penal y efectuado un análisis exhaustivo y pormenorizado de cada una de esas declaraciones, como así también un examen global al confrontar unas con otras y la documental que refiere, es innegable que se ha presentado como un demérito formal a lo que en realidad involucra la pretensión de revisión de la fijación de los hechos y valoración del material probatorio.


VII. La censura de omisión de tratar argumentos dirimentes fue descartada por la Cámara de manera contundente al declarar que hizo expresa referencia y una puntal valoración a los agravios planteados por el apelante.


Y sucede que la corrección de la mentada conclusión luce patente tan pronto se repare en que en la sentencia de apelación, los juzgadores expresaron que tales agravios carecían de virtualidad y eficacia suficiente para cambiar el rumbo de las cosas y promover una solución distinta a la acordada por el juez de primera instancia, la que juzgaron acertada y arreglada a derecho a la luz de la valoración de los pertinentes elementos del juicio arrimados al proceso.


Es decir que los agravios que los impetrantes asumen como omitidos, fueron considerados y desechados por considerarlos inidóneos para revertir el resultado del pleito.


Sólo estimo apropiado apuntar que la censura merced a la cual se alega que las declaraciones rendidas en sede policial no tuvieron contralor de parte, no logra representar más que la declamación de un demérito cuya pretenso valor nulidificante queda enervado frente a los datos de la realidad jurídica de la que dan cuenta las constancias integrativas de la presente queja.


Es que habiendo ingresado al proceso lícitamente tal material probatorio sin que ello se encuentre controvertido en modo alguno, a punto que las partes han conocido y consentido el ofrecimiento e incorporación de las actuaciones penales y han contado con la posibilidad de refutar su eficacia en el juicio civil mediante prueba en contrario, mal pueden pretender ahora los impugnantes restringir su consideración por los sentenciantes.


Esto encuentra sustento en el principio de adquisición procesal el cual determina que, una vez producida la prueba, la misma es asumida para el proceso y sirve para formar la certeza del magistrado, no siendo posible que las partes pretendan relegarlas por no resultarles favorables.


Así queda sellada la suerte adversa de este tramo del embate.


VIII. Menos audible es el planteo de falta de fundamentación lógica que se endilgara a la sentencia al haber tenido en cuenta el testimonio de la Sra. Raquel Frank.


Recordemos que por este gravamen los recurrentes arguyeron que se realizó una errónea valoración del citado testimonio en razón de que se trataba de la concubina del actor con quien tiene una hija, lo que fue reconocido por éste en el escrito de demanda y por la misma testigo en el acta de declaración.


Alegaron que la condición de los testigos debe valorarse al momento de prestar declaración y no al momento en que ocurrieron los hechos como sostiene el Tribunal de Mérito en la sentencia y que fundar la existencia del hecho en solo esa declaración que claramente va a beneficiar al actor, se ha afectado el principio de razón suficiente.


Asimismo expusieron que se pretendía vincular forzadamente con dicha testimonial al certificado médico presentado, diciendo que se concretó inmediatamente de producido el supuesto hecho, cuando ello era erróneo en tanto entre el lugar donde fue atendido el actor y el de los hechos existen sesenta kilómetros de distancia.


Tales alegaciones se desmerecieron en la resolución denegatoria en base a estos conceptos: 1) que habiendo planteado los demandados la inidoneidad del testimonio en cuestión por la vía pertinente, dicha pretensión cayó por haberse declarado perimida ante el acuse efectuado por la contraparte.


2) que la sentencia no se fundó sólo en los dichos de aquella testigo sino en una conjunción de indicios.


3) que pese a la distancia entre el campo en el cual habría acaecido el hecho y el lugar donde fue atendido el actor, tal argumento resultaba inverosímil para contraponerse a la derivación de que aquél llegó sano al lugar y se retiró con lesiones.


En la queja los recurrentes solo se conformaron con negar las dos primeras aseveraciones y poner énfasis en la existencia de contradicción entre los dichos de la testigo en cuestión y los restantes a la hora de establecer los hechos base de la acción, sin esbozar intento alguno para enervar la tercera premisa fundante que tiene autonomía.


Tal actitud por cierto resulta inocua para controvertir los fundamentos de la denegatoria y, lo que es más importante aún, demuestra -una vez más- el denodado intento por imponer el propio criterio de resolución que persiguen los interesados ante el que -en el extremo opuesto a sus intereses- ha sido propiciado por las instancias de grado.


Ante tal déficit recursivo los argumentos desestimatorios restan indemnes.


IX. También debe confirmarse la desestimación de la censura mediante la cual los casacionistas sostuvieron que se incurrió en un vicio lógico al rechazarse el tercer agravio de apelación formulado en subsidio.


Tal agravio importaba -conforme al relato efectuado por la Cámara a quo- la invocación subsidiaria por parte de los accionados de la figura de “legítima defensa”, en consideración a que el demandado Valentino A. Marchessini, por la elevada discusión que mantenía con el actor y por la agresión física y verbal proferida por éste, estaba en su legítimo derecho, dentro de su morada, de repelerlas.


En la sentencia se desechó tal planteo al considerarse que: 1) se contradecía con los anteriores agravios. 2) no existía respaldo probatorio alguno.


3) no merecía tratamiento por constituir una circunstancia fáctica no alegada en la contestación de demanda, y que ello fue admitido por los demandados. Es decir, en resumen, que no formaba parte de los términos de la traba de la litis.


En casación los recurrentes postularon que efectuar un planteo en subsidio no puede significar una contradicción con agravios anteriores pues sólo debía ser analizado si eran desechados los primeros y que por más que no se hubiera planteado en la contestación de demanda, esta circunstancia si emana de las probanzas arrimadas en la causa, igual debía ser aplicada por los tribunales.


La crítica articulada por vía directa reitera la impugnación casatoria, reeditando textualmente algunos pasajes y sin aportar ninguna alegación con la eficacia necesaria para revertir el juicio de inadmisibilidad.


Ahora bien: dejando a salvo el criterio que respecto al tópico que ahora nos concierne y que se vincula a la configuración -o no- del demérito de incongruencia por supuesta transgresión a la plataforma fáctica en base a la cual quedó delineada la litiscontestatio en primera instancia en los procesos de daños, lo real y cierto es que en el sublite promedia una razón que repercute con especial énfasis para neutralizar este ángulo de la impugnación.


Concretamente aludo a que la fijación de un temperamento resolutivo que se encuentre en las antípodas del que impera en el fallo en crisis, en nada podría incidir en el concreto caso de autos cuando -ante la exclusión mental de tal premisa- la relegación de ese aspecto defensivo encuentra otro basamento argumental independiente cuya validez formal no ha sido inficionada.


Tal es que, según ha postulado el Tribunal de Alzada en la providencia de apelación, dicha defensa subsidiaria no resultaba asequible en función a la orfandad probatoria de la misma, juicio crítico sobre lo cual no puede aislarse agravio concreto por parte de los quejosos.


En definitiva, el bloque impugnativo es, tal como se afirmó en la denegatoria, formalmente inadmisible.


X. Igualmente inviable es la acusada violación del principio de congruencia llevada como agravio de apelación y también como causal casatoria, con sustento en que se ha condenado a la parte demandada a pagar más de lo pedido por el actor en la demanda (sentencia extra petita), sin que se haya explicado por qué existe diferencia entre lo pedido y lo conferido y por qué el actor precisó una fórmula para determinar la indemnización reclamada y se aplicó otra totalmente distinta.


En la sentencia se rechazó tal agravio de apelación postulando que en la demanda se reclamó utilizando la formula “y/o lo que en más o en menos resulte de las pruebas a rendirse en autos”.


Los juzgadores pusieron de manifiesto que respecto del rubro incapacidad se requirió el pago de la suma de $ 53.750 siguiendo la fórmula de la Ley de Accidentes de Trabajo pero que ello era “sin perjuicio de la suma que en más o en menos resulten del método de cálculos que S.S. aplique de acuerdo a la fórmula que es facultativa del tribunal a los fines reparatorios” (fs. 31).


Refirieron que en primer grado se fijó como indemnización la suma de $ 135.043,92, discriminada en $ 70.388,16 por lucro cesante pasado y $ 64.655,76 por lucro cesante futuro.


Agregaron que se tomó como parámetro el salario mínimo vital y móvil actualizado a la fecha de la sentencia ($ 2300) y no el sueldo que había denunciado el actor en su demanda ($ 2000 a agosto de 2000) que resultaba diez veces superior al salario mínimo vital y móvil en aquél entonces.


Por su parte en el escrito de la queja los demandados se limitan a reiterar los argumentos vertidos en oportunidad de interponer la casación.


Y lo cierto es que la respuesta brindada por los sentenciantes respeta la postura adoptada por esta Sala en algunos precedentes, y por la cual se predica que cuando en la demanda la parte actora enuncia un monto provisorio en la apreciación pecuniaria del daño e incluye la fórmula de práctica “o lo que en más o en menos resulte de la prueba”, o alguna otra expresión equivalente, al dictar sentencia los jueces deben condenar al responsable en función del valor económico que surja de las probanzas instruidas en el juicio y a las que en forma preventiva se aludió en el escrito de introducción, y a la inversa deben prescindir de aquella estimación puramente interina y condicionada. Al decidir de esa manera los magistrados no transgreden el requisito de congruencia que en nuestro sistema procesal delimita y acota sus potestades decisorias, sino que al contrario lo observan y acatan habida cuenta de los términos amplios y flexibles con que el propio accionante designó el objeto mediato de la acción (cfr. Sentencias Nº 23/86, Nº 57/07 y N° 157/11).


En ese sentido, el demandante explicitó en forma preventiva, en el escrito introductorio, en qué consistía su pretensión resarcitoria y, para la cuantificación de un rubro, dejó abierta la posibilidad de que se aplicara el método de cálculo que el tribunal considerara ajustado a derecho, brindando las pautas que deberían tomarse como base para realizar tal faena.


Y en ese entendimiento la Cámara a quo consideró como método las directivas fijadas en el caso “Marshall”, acogiendo el salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha de la sentencia.


Conforme estas claras apreciaciones, no merece acogida la oposición de los accionados que postulan que sería incongruente el pronunciamiento que otorgara una suma mayor a la demandada, pues tal importe fue estimado en forma provisoria sujeto a la fórmula procesal a determinar por el juzgador.


XI. De este análisis que hasta aquí he concretado, emerge con elocuencia que la tarea procesal cumplida por los impugnantes ha fallado en demostrar la real configuración de irregularidades de corte formal que puedan ser revisadas por el conducto casatorio al que se acudió.


Como contracara de ello, se revela que el cuestionamiento ha incursionado sobre ámbitos que exceden a la posibilidad de actuación de esta Sede al tratarse -en el mejor de los casos- de vicios in iudicando in factum e in iure.


Voto en sentido negativo a la primera cuestión propuesta.


 


A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL DOCTOR CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO, DIJO:


Adhiero a los fundamentos brindados por la Señora Vocal María Marta Cáceres de Bollati. Por ello, compartiéndolos, voto en igual sentido a la primera cuestión planteada.


 


A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DOMINGO JUAN SESIN, DIJO:


Comparto los fundamentos expuestos por la Señora Vocal del primer voto.


Así voto.


 


A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI, DIJO:


A mérito de la respuesta dada a la primera cuestión planteada propongo: declarar bien denegado el recurso de casación y perdido el depósito de ley.


Así voto.


 


A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL DOCTOR CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO, DIJO:


Adhiero a la solución propuesta por la Señora Vocal del primer voto.


Voto en idéntico sentido.


 


A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DOMINGO JUAN SESIN, DIJO:


Coincido con el sentido resolutivo que postula la Doctora María Marta Cáceres de Bollati, por lo que me pronuncio en el mismo sentido.


 


Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Comercial,


 


RESUELVE:


I) Rechazar el recurso directo articulado.


II) Declarar perdido el depósito de ley.


Protocolícese e incorpórese copia.


 


Fdo.: CÁCERES DE BOLLATI - GARCÍA ALLOCCO - SESIN.

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